Modificaciones al código minero

La opinión de…

 

Harley J. Mitchell Morán

El debate social sobre el Proyecto de Ley Nº 277, relativo a las reformas al Código de Recursos Minerales, se ha limitado a ser político, ignorando las enormes lesiones al sistema jurídico que este tendría de verse aprobado.

La propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual del código. Evadiendo el artículo 290 de la Constitución que dice: “Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrá adquirir dominio sobre ninguna parte del territorio nacional”, definido “dominio” como “la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas”.

Por su parte, el artículo 257.6 de la Carta Magna señala que los yacimientos “podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas. La ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”.

Pero, ignorando el principio de estricta legalidad, el artículo 20 de la propuesta de ley trata de reescribir el texto constitucional mencionado así:   “En virtud de lo dispuesto por el artículo 257, numeral 6 de la Constitución Política los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas, titulares de concesiones para exploración o explotación de los recursos minerales”.

La ley solo puede reglamentar “las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”,   no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas o autorizar la misma. Esto no es un error de redacción.

El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio y responsabilidad no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede fusionarse, quebrarse o trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países. ¿Quiénes serían sus dignatarios? ¿Su agente residente? ¿Serán funcionarios, o empresarios privilegiados por encima de otros empresarios? ¿Los actuales emprendedores mineros no se verían también afectados?

Las distorsiones de poder así creadas serían inmensurables: Los pobladores, la muy debilitada Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), los ecologistas y gobiernos locales ya no contenderían con empresas apoyadas extrajurídicamente por el Estado ante riesgos o peligros ambientales, como ha pasado durante los últimos años, sino contra “súper empresas” que tendrían a disposición diversos poderes extrajurídicos sobre los ciudadanos comunes y autoridades: lobbies, presiones, encuentros diplomáticos, empresariales e industriales dentro o fuera de nuestras fronteras, donde se mezcla lo que Michel Roberts llamó “la Élite del Poder”.

Los proyectos de ley deben ser evaluados sobre si su aprobación no cause desarmonía con el resto del ordenamiento legal, no únicamente con base en las opiniones personales, políticas o económicas de quienes participan, solicito a quienes tienen esta responsabilidad, que analicen ante la Carta Magna y la ley, los numerosos errores legales que plagan esta norma tan superficialmente discutida por nuestra sociedad.

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Este artículo se publicó el 29  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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