La fábula del tiburón y las sardinas

La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

El libro lo escribió el ex presidente de Guatemala, Juan José Arévalos. Trata de la relación de Estados Unidos (EU) con los países de América Latina. Lo tomo prestado para referirme a un tema puntual que está ocurriendo en nuestro país: Las vallas publicitarias.

Hay un tiburón que tiene más del 60% de ese negocio. Ese tiburón se bañó junto al Excelentísimo en la piscina flotante que éste último tiene en su yate el 1 de enero pasado en Las Perlas.   ¿De qué conversaban?   No creo que de las lunas de Júpiter. Tal vez el ex vicepresidente que estaba presente nos puede ayudar.   El satélite no pudo precisar el licor que bebían.

El artículo 4 de la Ley 11 de 2006 prohíbe la construcción de nuevas vallas publicitarias.   Esa ley ha sido reglamentada. Pero ahora surge un nuevo Batman en el escenario público: el ministro de Obras Públicas, un tal Suárez, quien el 5 de enero de este año emite una resolución de mero cumplimiento por medio de la cual ordena la eliminación inmediata de las vallas publicitarias, excepto las de los corredores Norte y Sur y de la autopista Madden-Colón. Como es ya sabido, para el Gobierno no existe la Constitución, de manera que el artículo 19, que señala que no hay fueros ni privilegios, es ignorado por el Batman del MOP.

¿Quién es el dueño de las intocables vallas? El bañista.   Las 20 sardinas, dueñas del resto de las vallas, que constituyen la UPPEX, Unión de Productores de Publicidad Exterior, salen del negocio.   Quedarán 2 mil empleados directos sin trabajo y otros 2 mil indirectos. ¿Por qué desaparecerán?   Porque el negocio se le va a dar a otra empresa, llamada Cosmo Publicidad S.A., que se encuentra registrada a la ficha 583116, documento 1205512. Esta sociedad se registró originalmente con el nombre de Bloques del Istmo.    Sus primeros dignatarios fueron Luis Enrique Martinelli, hijo del Excelentísimo, el hijo de un ministro de Estado que aún no ha renunciado y Rolando Shahani. Por supuesto que ahora aparecen nuevos dignatarios.

Como la infraestructura vial de nuestro país, incluyendo los puentes, están en perfecto estado,    el Batman tiene tiempo de sobra y se ha dado a la tarea de llamar a los clientes de las sardinas para amenazarlos con multas si no desmontan las vallas. Peor aún, las nuevas vallas tienen que ser unipolares, con un costo superior a los 30 mil dólares, en tanto que las convencionales rondaban por los 5 mil.   Solo los tiburones tienen ese dinero. Cosmo Publicidad coloca ahora los denominados mupis, mobiliario urbano para información, que se ubican en sitios concurridos, como las casetas de buses, etc.

Panamá es un país pintoresco, vistoso.   Lleno de color. Las vallas publicitarias no ofenden a nadie. Tal vez se requiera algún tipo de regulación. Ya la misma UPPEX presentó una propuesta que debería ser atendida en la Asamblea Nacional.

Si los panameños seguimos durmiendo, los tiburones nos comerán a todos. Claro que orquestados por el Excelentísimo, el tiburón mayor, quien en días pasados no solo “regañó” a sus ministros con una nota pública recordándoles que el dueño y señor absoluto de Panamá era él, sino amoratándoles el trasero con sendas patadas de botas de cuero, porque ya botó las zapatillas del pueblo. Lo triste es que los ministros, mientras recibían los golpes, gritaban:   “Más duro, Excelentísimo, más duro”. Me dice el personal del Palacio de las Garzas que el más escandaloso era Mulino.

Le quiero dar otro consejo gratuito. La próxima vez que salga en la televisión, solicítele al Inac que le haga el favor de contratar a un buen director de teatro, porque la cara de conmiseración que se esforzó en presentar, al expresar sus sentimientos por los asesinatos de los menores, no convenció a nadie.    También puede, a través de alguno de sus ministros del Opus Dei, que le presten una sotana. El mensaje es más auténtico y la gente puede pensar que ya tomó la decisión de empezar a apartarse del becerro de oro y acercarse a Dios.

Ahora bien, no me quedó claro cuando dijo que a los asesinos les “caerá todo el peso de la ley”.   ¿Se refiere a la misma ley que se les aplicó a los asesinos de los indígenas de Bocas?,   porque no hay un solo detenido. ¿O será la ley que inmuniza a los policías?   La que establece que cuando matan a alguien no se les detenga, sino que se les envíe a jugar dominó y que pueden circular libremente dentro y fuera del país.     Tome el consejo de la sotana, así si no dice más mentiras puede participar en la liturgia del Viernes Santo, aunque sea de monaguillo.

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Este artículo se publicó el 26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Con el libro no se meta, Alcalde

La opinión de la Jurista…

Priscilla Delgado

Panamá por años ha sido catalogado como el país donde no se lee; se han esgrimido toda clase de razones para justificarlo y una de las más poderosas es que el libro aquí es muy costoso.   Reconociendo que el libro es costoso en todas partes del mundo por las diferentes alzas en las cadenas que tienen que ver con este elemento cultural, es imperativo que se conozcan las razones de por qué no se puede gravar con un nuevo impuesto.

Panamá cuenta apenas con una docena de librerías y como mucho cinco editoriales nacionales que hacen grandes esfuerzos por editar sus obras y luego venderlas en un mercado local en el que la población lectora es inferior al 10%, debido a que aún, y pese a todos los esfuerzos colectivos que se han desarrollado en el sector privado, como las ferias del libro, no se ha podido llevar la lectura a la gran población y sigue siendo el privilegio de unos pocos.

Ahora bien, si nos vamos a argumentos rígidos que sustentan el no a un aumento a la tasa que se paga en todos los comercios y que no exime a las librerías, tendría que decir que Panamá es signatario del acuerdo de Florencia de 1950 y ratificado en 1976 por el protocolo de Nairobi, en el que se dice textual y literalmente que Los estados contratantes se comprometen a no imponer gravámenes a la importación y venta de libros, favorecer el conocimiento y facilitar la libre circulación de las ideas por medio de las palabras” Con este compromiso, esta ley viola lo firmado por nuestro país.

Pero además y para tal efecto la Cámara Panameña del Libro hace buen rato lleva adelante el proyecto de ley del libro que persigue eliminar todo tipo de trabas, tanto arancelarias como para-arancelarias, y establecer estímulos tributarios a fin de que este pequeño sector crezca y se fortalezca, tal como debe ser y es en la mayoría de países.

No puede ser que se miren todos los sectores involucrados en esta ley que aumenta el gravamen a los comercios sin mirar cada uno por separado y las implicaciones que tienen los diferentes gravámenes en la economía.

El Alcalde debería hacer excepciones con reglas muy claras y de una vez por todas dejar de manifiesto la eliminación del impuesto existente, toda vez que casi todas las empresas dedicadas a la venta de libros lo tienen que hacer a crédito, con un ingreso que no corresponde al real, debido a que al libro se le otorga crédito de meses y a en el caso del placismo (venta de libros de gran formato) hasta años. Con este nuevo impuesto, sin la menor duda, el pequeño sector del libro tendrá que cerrar muchas de sus puertas porque significa que no podrán continuar operando.

Por las razones arriba expuestas y porque la ganancia en el caso de que se vendiera al contado, tal vez es uno de los márgenes de ganancia más estrechos del mercado, en donde la utilidad de un libro no supera jamás el 30%.

Si queremos una población más inteligente, más productiva, más sensata y que tenga la opción a través de la lectura de focalizar mejor sus ideas y de tomar mejores decisiones, créame, Alcalde, el libro es un instrumento valioso y me parece que usted es un fiel creyente de esta teoría.

Dicho esto, le solicito respetuosamente, que no toque al libro, objeto consagrado por la Unesco como bien inmaterial de la humanidad.

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Este artículo se publicó el 27  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Los illuminati

La opinión de…

 

Xavier Sáez-Llorens

xsaezll@cwpanama.net

No hablaré de religión, pueden seguir leyendo sin temor. Lo que está sucediendo por estos lares me trajo a la mente la obra de Dan Brown, Ángeles y Demonios. El autor describe los intentos de una legendaria sociedad secreta para destruir al Vaticano. Las pistas que encuentra Langdon, el experto en descifrar símbolos antiguos, lo conducen a inspeccionar los llamados Altares de la Ciencia.     Cada altar se refería a los clásicos cuatro elementos vitales (tierra, aire, agua y fuego) que forman parte primordial de la existencia de todos los seres vivos, incluyendo a la irracional especie humana.   Los cardenales más influyentes de la época habían sido asesinados utilizando un método vinculado al elemento en cuestión. Curiosamente, las mismas técnicas están siendo utilizadas para destruir a Panamá.    Los jefes de las instituciones Anam, Alcaldía, Idaan y policía son nuestros Illuminati.

La Tierra está sufriendo los estragos de empresarios avariciosos y políticos inconscientes. Los negociados de madera, piedra y arena han acabado con gran parte de bosques y playas. La caótica proliferación de torres de concreto ha mermado la apreciación de paisajes urbanos, aniquilado áreas verdes, asfixiado el entorno de parques, diezmado espacios para caminar o estacionar, estancado drenajes pluviales y embotellado la ciudad en un laberinto inmobiliario. Cada vez hay menos manglares al sur de la metrópoli, se rellenan terrenos pantanosos y se fabrican islas artificiales para albergar a ricos o famosos.   La explotación minera indiscriminada, riqueza para unos y miseria para muchos, agrede la estabilidad ecológica del país. La Tierra tiende a cobrarse lo que le quitemos.   Las generaciones venideras pagarán caro las codicias de hoy.

El aire está más contaminado.   Humo de fábricas y emisiones tóxicas de una creciente maraña de vehículos que circulan por calles y avenidas trancadas recurrentemente. La basura, además de representar una amenaza microbiana a la salud ciudadana, emite una multiplicidad de gases irritantes que incrementan episodios de asma y otras afecciones respiratorias. La incapacidad de la comuna capitalina ya rebasó los límites de la imbecilidad.   Tenía razón Einstein. La estupidez es infinita, mucho más que el vasto universo.

Como respuesta, aparece una nueva autoridad de aseo. Me preocupa que haya sido incorporada como dependencia del Minsa, un ministerio que tiene tantas funciones que por mucho abarcar quedará sin apretar en nada. Para rematar, el panameño promedio tiene nula conciencia sobre su peligrosa práctica de tirar desperdicios en suelos, alcantarillas y riachuelos a su alrededor.

El agua, antes motivo de orgullo nacional, sucumbe a la torpeza y voracidad de los partidos en el poder.   La sempiterna intromisión política en las instituciones públicas tiene siempre efectos adversos a mediano o largo plazo. ¿Cuándo llegará el día en que los méritos técnicos sean los que determinen la designación de directores?    El problema actual del agua traduce la crónica de una escasez anunciada. Había informes científicos, elaborados hace más de 20 años, que alertaban sobre la crisis del lago Alajuela. Hace medio siglo, el 80% de la cuenca canalera estaba cubierta por bosques y ahora solo un 20%.

La deforestación, la invasión humana de hábitats silvestres y la improvisada construcción de caminos han facilitado los deslaves provocados por las lluvias y propiciado mayor sedimentación de los lechos lagunares.    Si, a todo esto, agregamos la falta de mantenimiento de estructuras y la nula previsión ante potenciales desastres, los malos presagios tienden a cumplirse. La ausencia de dosificadores es un simple ejemplo de ineptitud administrativa.

El fuego se usa para diezmar a la población carcelaria. Lo que acaba de acontecer con reclusos adolescentes, la mayoría pagando condenas menores, es realmente inverosímil. Por más delincuentes que hayan sido los jóvenes afectados, empero, verlos quemándose y no actuar para ayudarlos es típico de siniestros individuos de la peor bajeza moral. Lo inaudito fue visualizar a dos policías mofándose de la incineración en tiempo real, uno gritando “muéranse” y el otro riéndose con sarcasmo. El calificativo de cuadrúpedos sería un insulto a cualquier vertebrado. En el reino animal, se mata por supervivencia, no para disfrutar la agonía del otro. A estos agentes les debe caer el máximo de pena jurídica. No hacerlo sería evidencia palpable de la complicidad de unas autoridades que irrespetan derechos humanos básicos.

Ando crispado por lo que veo en Panamá.   En Escandinavia, los responsables renuncian por dignidad.   En China, los pasan por la guillotina. Aquí, los perdonan y condecoran.   El pasado nos encadena y el presente nos tortura.   Que mala pinta nos depara el futuro. Hay quienes creen, todavía, que estamos cerca del primer mundo.  No me jodan.

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Este artículo se publicó el 23  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Solo una vez, pero con segunda vuelta

La opinión de…

 

Rubén Darío Paredes

Aunque no es el tema de este artículo, durante su redacción ocurrió el vergonzoso y salvaje asesinato y trato cruel e inhumano de siete menores privados de libertad, bajo la responsabilidad del Tribunal de Menores y el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Este acto bestial y aberrante con agravantes, ya con cinco defunciones, y con la intención evidente de complicidad, paternalismo y tolerancia con cálculos políticos demagogos, propiciado por las más altas autoridades del Gobierno Nacional, constituye la prueba más difícil por resolver del recién inaugurado procurador y el fiscal Guevara.

Este proteccionismo equivocado que induce a los uniformados a arrogarse hasta el derecho a matar mediante leyes creadas por el gobierno del presidente Martinelli, a quien más daño está causando desfigurando su imagen ante la ciudadanía, es precisamente a la Policía Nacional, como un cuerpo prepotente y represivo contra su propio pueblo, que retrotrae episodios negros de la guardia norieguista.   Esta conducción no inteligente de la Fuerza Pública podría estar gestando el embrión de un monstruo Leviatán que de repente crezca y se trague a sus propios creadores, tal como sucedió el 11 de octubre de 1968.

Ahora, a las reformas constitucionales: El Presidente con frecuencia en declaraciones inexactas expresa cosas que luego resultan no ciertas.   Cuando se le preguntó sobre sus planes de restaurar el túnel abandonado que utilizaban los norteamericanos en el cerro Ancón y en el que invertirían unos $3 millones, respondió que “era un invento y que por su mente nunca había pasado esa idea”. A la semana el ministro de la Presidencia, Papadimitru, convocó en el propio túnel a una conferencia de prensa para anunciar la restauración, y los fondos ya estaban incluidos en el presupuesto de 2011.

Por otra parte, la controversia con la embajadora Barbara Stephenson, que se agravó con los cables de Wikileaks, sugiere que el Presidente tiene fuerte vocación por las escuchas y espionaje telefónico contra sus adversarios políticos. ¡No es cierto que el crimen organizado ventile sus asuntos por teléfono! Luego, descalifica los cables y dice que “son bochinches”.    Ante la duda, sugeriría convocar otra conferencia de prensa nacional e internacional, en el cerro Ancón, en las instalaciones del Consejo de Seguridad, y permitir libre desplazamiento a los periodistas con acceso seguro y sin restricciones a todos los edificios y casas que allá existen. Entonces sí despejaríamos la duda sobre las declaraciones del Presidente cuando respondió a los medios: “Jamás se me ha ocurrido intervenir los teléfonos de alguien…”.

Ahora bien, cuando un estadista presenta ante su pueblo la iniciativa de reformar la Constitución o nuevo contrato social , según Jacobo Russeau, se espera que su intención reformadora sea satisfacer anhelos y aspiraciones del pueblo, corrigiendo vicios y debilidades del contrato, para modernizar y fortalecer la democracia por la vía del “balance y separación de los poderes en la República”.

Sin embargo, esta vez es diametralmente opuesto a la convocatoria de las reformas de hace 28 años, en abril de 1983, que consistió en “desmilitarizar la constitución de 1972 y escoger los diputados de la Nación por la vía electoral”, cuando fue eliminado el artículo 2, en el que a la Guardia Nacional se le reconocía jerarquía y peso constitucional igual a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.   Esta vez solo escuchamos reformas para introducir la posible reelección del presidente Martinelli y la segunda vuelta, 100 para los 70, beca universal, etc. Este manejo político de mala calidad, sin ningún brillo patriótico, exhibe un oportunismo y glotonería por conservar el poder y dormir con el presupuesto nacional bajo la almohada de los que detentan hoy el poder sin rubor ni sonrojo.

Mientras el pueblo esperaba un discurso mejor elaborado del Presidente, que lo proyectara como el verdadero dirigente explicando que había llegado la gran oportunidad del reimpulso de la Patria y de construir los resortes constitucionales, “pesos y contrapesos” para regular los concursos públicos por méritos al margen de los intereses políticos, para crear el método novedoso de escoger y nombrar en lo sucesivo al procurador, contralor, magistrados de la Corte Suprema, el fortalecimiento de la carrera policial y respeto a su escalafón como lo señala el artículo 305 de la Constitución y designación de los jefes de la fuerza pública cada quinquenio, y así terminar juntos los panameños en un ambiente de plena armonía y civismo, de anclar constitucionalmente la real separación de los poderes del Estado y fuerza pública y terminar de una vez con el desfile cada cinco años de presidentes que al llegar al Palacio nos convierten a todos en un santiamén en sus súbditos o rehenes, y bailen a su antojo e intereses el órgano Legislativo y el Judicial.

Finalmente, como sentencia superior, no debemos temer a la reelección de los presidentes y demás cargos de elección popular, siempre que sea por una sola vez y con el ejercicio novedoso de la segunda vuelta. Sin embargo, se necesita del presidente gestos de desprendimiento y buena fe, y que se comprometa a honrar e incluir en el documento reformador que se someterá en referéndum al pueblo panameño lo ya expresado: concursos para seleccionar a los procuradores, contralores, miembros de la Corte Suprema y jefes de la fuerza pública que emerjan de la institución a base del escalafón cada quinquenio, como lo contempla el artículo 305.

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Este artículo se publicó el 24  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El nuevo procurador general

La opinión del Empresario…

Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en diferentes despachos, lo que que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá. Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación.

La titular del Ministerio Público Ana Matilde Gómez fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales a la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos. Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Guiseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones relevantes; sin embargo, su nombramiento fue ratificado sin ninguna consulta de los diferentes sectores políticos y sociales del país.

De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público. Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.

Después de todos esos incidentes políticos, sociales y administrativos surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual fue ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado con base en sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad, de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público de llamar, en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales, a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia. Tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero, donde sus castigadores son los sicarios, y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos, igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado.

Escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, pues los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país sin Policía

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Ya que este país se dio cuenta tarde de los despropósitos que conlleva tener Ejército, ahora debería plantearse a tiempo eliminar a la Policía Nacional por orden constitucional y pedirle a Bosco Vallarino que organice las tropas de Boy Scouts para traernos orden y seguridad.    Hoy, no sabemos si en Ancón han llegado a trabajar en labores administrativas los agentes de policía acusados de homicidio por la muerte de cuatro muchachos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

Lo hacen sin miedo. Trabajan seguros de que su jefe directo, el silencioso Gustavo Pérez, y su jefe supremo, el ministro de ¿Seguridad? José Raúl Mulino, los protegerán hasta el final y que si, por un error, judicial, fueran condenados, el presidente de esta mafiocracia les concederá un indulto (como ha hecho con otros agentes involucrados en actos delictivos).

También en estos días sabemos que la Policía ha desplegado un gran operativo para detener a los desgraciados que robaron a la selección tica y que empañaron la imagen del país.   Es decir: quemar adolescentes en un centro de rehabilitación no enturbia el buen nombre de la patria; constatar que muchos agentes de policía, de migración y aduanas son cómplices de tráficos ilícitos en el aeropuerto internacional, tampoco.

Vemos a los diligentes agentes de la autoridad “cuidando” el carril exclusivo de mentira (hombro y medio) dedicado al improvisado Metrobús, quizá colaboren también repartiendo botellas de agua a los sedientos (ya que están acostumbrados a cuidar los camiones de Coca Cola y de otras empresas que embotellan la poco agua sana que sale de Chilibre).

Lo que pasó en Tocumen es de una gravedad extrema, aunque la mitad del país le reste importancia porque las víctimas no eran más que “maleantes”.     El ministro Mulino, en una de sus bravuconadas, no se indigna con los hechos, sino que se pelea con su colega de Gobierno Roxana Méndez y ésta, tierna ovejita contratada para promover la imagen suave de su amigo Ricardo, no sabe ni qué responder y pone a Hincapié a pelear en los medios para no asumir la responsabilidad.

Nada nuevo. Este Gobierno ha perfeccionado la técnica de la irresponsabilidad política practicada por sus antecesores. Sólo Luis Cortés ha pagado con su cargo el error en el escudo impreso en los pasaportes; pero no hay un solo responsable material o intelectual de los sucesos de Bocas del Toro que haya pagado por lo acontecido; ni uno que responda por la crisis de la basura; por la crisis del agua; por el hundimiento del acceso al puente Centenario; por las mentiras sobre los operativos en Darién; por la persecución a líderes de la sociedad civil; por las decisiones en asuntos ambientales que están hipotecando a las futuras generaciones…

Aquí no hace falta más Policía. Lo que es necesario es algún juez que trabaje y que tenga las agallas de enfrentarse al poder, que demuestre que todos somos iguales a la hora de asumir nuestras responsabilidades, que de una vez por todas acabe con la impunidad oficial, con este hacer y decir lo que les dé la gana sin que pase nada. Tendrán que ser los jueces, porque los ciudadanos bebieron “dormitrón” y no hay quién los despierte, quién los haga ver que tienen derechos y que los pueden exigir. Aquí no hace falta Policía porque no hay nadie que altere el orden público, que salga a las calles a exigir lo elemental (agua y comida), excepto Eladio y Jované.

Aquí no hace falta esta Policía, lo que necesitamos es un cuerpo de funcionarios ejemplares, honestos y sensibles, y no un grupo de machotes a los que por mucho que se les cambie el color del uniforme (jugosos contratos) será difícil cambiarles el alma.    La culpa no es de ellos.   Los agentes de la Policía son tan excluidos y tan pobres como los muchachos a los que dejan quemarse y en la institución,   soy testigo,   hay hombres y mujeres honestos y valerosos,   pero son la minoría y están solos ante el apoyo que reciben las manzanas podridas de sus superiores.

Las familias de los muchachos asesinados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen ya saben que en la búsqueda de justicia no les acompañará el Estado que debería protegerlos. Mucha suerte y toda mi solidaridad.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La diplomacia es un asunto serio

La opinión de…

 

Elvira Elena Barrios Icaza

La política exterior de nuestra nación la define el Presidente de la República y se ejecuta a través del ministro de Relaciones Exteriores, pero la diplomacia, serio asunto, es ejercida por los diplomáticos. No puede ser de otra manera.

El diplomático es aquella persona que envía el Estado para llevar a cabo su representación y, por tanto, la representación de sus nacionales. La diplomacia debe ser ejercida con inteligencia y mucho, mucho tacto, que debería ser el equivalente a buena educación, lo que a su vez debería traducirse en conocimiento, buenas costumbres, cortesía y urbanidad.

El diplomático ideal es el funcionario de carrera diplomática y consular, porque tiene la invaluable ventaja de formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que accedió a su cargo por estricta preparación profesional y rígido concurso.

Es, bajo todo punto de vista, improbable pretender que todo el personal de las embajadas y consulados de nuestro país lo conforme solo personal de carrera diplomática y consular.

Es improbable, porque tenemos alrededor de 42 embajadas y 50 consulados en el mundo y contamos, al día de hoy, con 62 funcionarios de carrera diplomática y consular. Lo que sí debería ser, es que el personal de nombramiento político enviado a laborar en las embajadas y consulados de nuestro país, vaya meticulosamente preparado para evitar en lo posible las lamentables actuaciones llevadas a cabo por improvisados diplomáticos.

Los diplomáticos que llegan a sus cargos por nombramientos políticos pueden provenir de otras carreras o ámbitos, pero siempre teniendo en cuenta que la actuación de los diplomáticos de un país confirma la cultura de la Nación. Los Estados perciben a través del cuerpo diplomático de un país su cultura. Por tanto, en base a eso, debería estar constituido el personal de una misión diplomática. Convendría estructurar una lista básica de méritos que tendría que tener la persona que sin ser diplomático de carrera, aspire a ser nombrado en un cargo diplomático político.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como una de sus principales misiones la profesionalización del servicio exterior panameño, por tanto, debería ser de estricto cumplimiento el hecho de que en todas las embajadas y consulados de nuestro país estuviera asignado al menos un diplomático de carrera diplomática y consular, situación que no se da hoy día, ya que el mismo ofrecería sin duda la invaluable ventaja de su preparación profesional y sobre todo su experiencia al desempeño exitoso de la misión.

Esto se lograría estructurando el personal profesional por medio de llamados a concursos científicamente programados para lograr cubrir en el tiempo la necesidad de funcionarios de carrera y en esa forma lograr los objetivos de profundizar el efectivo y necesario acercamiento entre nuestro país y las naciones del mundo que es, en suma, la razón de ser de este asunto serio llamado diplomacia.

 

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.