Vilipendio

La opinión del Abogado y Profesor Universitario en Derecho Procesal Penal ….

 

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

Dentro de mis escasos conocimientos de la ley, trato de acoplarme al principio de legalidad tan apreciado en nuestro bamboleante medio como una regla de oro, el cual establece la seguridad jurídica, denominado también en la doctrina como principio de la primacía de la ley, lo que es fundamental en el derecho público.

Todos estamos sometidos a la majestuosa voluntad de la ley y su jurisdicción y no depende de la voluntad de las personas. Esto quiere decir que se debe interpretar de manera taxativa frente al imperio de la ley.

Claro que hay variadas reglas de interpretación de las normas. Si vemos en la etimología, el concepto denominado hermenéutica que preexiste desde Grecia y tiene que ver con el Dios Hermes. Esto siempre me recuerda la parte divina de la ley por los efectos de la lógica, pero en aquella época Hermes mediaba entre Dios y los hombres y por lo tanto, podemos decir que es a través de la hermenéutica, como se interpreta y devela el sentido de los mensajes, con una posible comprensión del sentido de la norma.

Para el caso concreto que nos ocupa, la verdad es que leo y releo el artículo 37 de nuestra Constitución Política, sobre aquello del libre pensamiento sea de palabra, por escrito o por cualquier medio sin la previa censura y de allí, la legislación cambia de norte para advertir sobre las responsabilidades si como consecuencia de la divulgación del pensamiento se atenta contra la reputación, honra de las personas, pero la norma agrega al final: ‘contra la seguridad social o el orden público’ dos conceptos agregados que tienen que ver con seguridad pública y de seguridad social al más alto nivel político.

Hay otras formas de interpretación como la exégesis, que encontramos en Internet sobre Wikipedia, la Enciclopedia Libre, y que se refiere a la exégesis lo que presupone un intento de ver el texto objetivamente.

Tenemos un documento sobre la interpretación de la Norma jurídica, del autor peruano, que superficialmente mencionamos en lo que se refiere a la fuente de la interpretación de la ley: doctrinal, judicial, auténtica; según los alcances: declarativa, modificativa, extensiva, restrictiva; según los métodos: gramatical, lógico, sistemático, histórico, teleológico, empírico, sociológico y finalmente, las doctrinas de interpretación para mencionar las teorías: Exégesis, Dogmática, evolución histórica, libre investigación científica, del derecho libre, pura del derecho, y Egológica.

Con estos tenemos que hacer un alto en la valoración de lo que buscamos. Alguien expresó que no teníamos una cultura evolucionada, como para respetar las investiduras de los cargos.

Otro asunto son las conquistas en el mundo desarrollado, en el que se tiene el periodismo investigativo como un arma de combate intelectual contra la corrupción pública, pero pareciera entonces, que nosotros dentro de este parapeto de interpretaciones de tantos jueces de lengua que se excusan de no ser abogados, algunos confundimos la libertad con el libertinaje. La realidad con la fantasía. La verdad con la mentira.

Nada puede ser más dañino que la desmedida aplicación del desacato, cuya necesaria evolución decrece en la medida en que la sociedad evoluciona. El desacato es una desobediencia a la autoridad.

El 31 de octubre del año pasado, publicamos en este mismo periódico sobre ‘aquellas épocas tempranas, ya en los gobiernos se regulaba sobre el desacato. En la Antigua Roma no se podía atentar contra el imperio y claro está que además se extendía a los que gobernaban, tanto así, que se consideró como un delito de lesa majestad.

Los gobernantes gozaban de esa potestad y dignidad propia de quienes hacían cumplir la ley y garantizaban igualmente la soberanía, como dicen los historiadores y relatores en la página ‘Especialización Penal, Abogados’, para considerar esta descortesía de comportamiento en sus dos vertientes, primero con lo denominado: la potestas y la dignitas. Nos dicen que ahora solo se protege aquella potestas. Este interesante documento anuncia la tendencia en los gobiernos democráticos a eliminar las figuras contra aquellos que atenten contra la dignitas (injurias, calumnias, insultos) y a entenderse que no son sino delitos comunes contra el honor’. Vemos que el trabajo gana actualidad, pero a la fecha seguimos en lo mismo, especialmente en los ataques de índole político partidista. Sobre el principio de abajo el que suba.

 

*

<> Este artículo se publicó el  16  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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