Sociedad, víctimas y victimarios

La opinión del Comunicador Social…

 

ERNESTO  A.  HOLDER
ernestoholder@gmail.com

Cuando se dan hechos que atentan contra la colectividad y el bienestar común, en el ejercicio por definir responsabilidades o culpas, muchas personas lo tratan a la ligera.   Hay quienes hacen un esfuerzo maduro – frío, no emocional – por realizar un análisis detallado y puntual sobre el tema. Pero, desafortunadamente, están los que ven la oportunidad de aprovechamiento personal, político y muchas veces económico que nubla las posibilidades concretas para que la sociedad busque correctivos a largo plazo.

El sábado 8 de enero, afuera de un supermercado en Tucson, Arizona (Estados Unidos) la congresista demócrata Gabriel Giffords patrocinaba un evento al aire libre llamado ‘Congress on your coner’ (El congreso en tu esquina).    No repartía bolsas de comida ni pasaba ‘salves’ para ‘poner la paila’ o para comprar un tanque de gas.   Allí recibía a sus contribuyentes o atendía a todo aquel que deseaba tener unos minutos con ella para conversar sobre asuntos de la comunidad.

La senadora fue herida con un arma de fuego en la cabeza por el aparente desquiciado Jared Loughner; con evidentes muestras de una errática conducta personal, marcada por las influencias del entorno socio-político en que se desenvuelve. Otras seis personas en el área del evento murieron; entre ellos, una niña de nueve años y otros trece resultaron heridos. Veinte personas en total. Este violento atentado, en lo que debió ser una tranquila mañana de enero, parece encaminado a ser un acontecimiento que puede incidir significativamente en la retórica política de la sociedad estadounidense; que parece haber recrudecido desde que Barack Obama fue electo presidente de ese país.

El domingo 9 de enero, una reyerta provocada por un grupo de jóvenes detenidos en el Centro de Cumplimiento de Menores en Panamá dejó seis quemados (de los cuales, a la hora de preparar esta entrega, han muerto dos) y siete heridos, en un hecho en donde la inmediatez de las trasmisiones televisivas han permitido presenciar la presunta participación negligente de varios representantes de las entidades de custodia que deberían tener la seguridad y protección de estos menores como su responsabilidad primordial.

Un agente de la policía, que ha trabajado con menores infractores, me cuenta de los directos y constantes abusos que enfrenta en estos centros de parte de los que allí son recluidos. Tanto verbales como físicos en algunos casos. Esto lo menciono porque hay que tener en cuenta el contexto general de todas las situaciones y recordar, por más difícil que sea, de quiénes estamos hablando. Estos muchachos son peligrosos, muy peligrosos. Pero, esto no es excusa de ninguna manera. La primera reacción ante la amenaza a la vida humana es, y debe ser, la de preservarla a como de lugar.

Las imágenes captadas durante el incendio en el Centro muestran la degradación de la conducta humana, no hay otra manera de ponerlo. Frente a las súplicas desgarradoras porque los dejaran salir del área en peligro, las evidencias visuales y de audio presentadas en los medios son sencillamente inhumanas.

Me llama la atención que en el recuento de las circunstancias, se enfocó mucho en el hecho de cuánto tiempo le faltaba a tal o a cual menor por cumplir con su reclusión: 10, 15 ó 40 días. Nadie, particularmente padres y abogados, hasta donde he podido seguir el tema, ha hablado de procesos de resocialización o de seguimiento social para velar porque aquellos recluidos no regresen dentro de unos meses.

Para algunos y, aparentemente para las familias, cumplir con el tiempo de censura mediante el aislamiento en centros como estos es suficiente.   Y lo que ha venido sucediendo desde aquel fatídico acontecimiento es que los que oficialmente deben velar por la responsabilidad de proteger a estos jóvenes (y a la sociedad mediante su resocialización) han venido preparando su defensa: pasándose la culpa y refugiándose en los entramados legales del sistema judicial.

Lo que sucedió en Tucson, aquella mañana del 8 de enero pasado, es el resultado de un atentado contra la sociedad, no del desquiciado con su arma que redefinió la vida de tantas personas, sino de un sistema que permite, y da pie a, que legalmente, cualquiera tenga la oportunidad de adquirir armas letales, por encima de las preocupaciones de instituciones sobre su estado y capacidad mental para convivir pacíficamente en sociedad (ya había advertencias sobre Loughner).

Y lo que repercute en Panamá sobre el caso del Centro de Menores, es igualmente un insensato atentado contra la posibilidad de que le demos otra mirada a la conducta delictiva y peligrosa de estos jóvenes; la responsabilidad de sus padres y del Estado en su resocialización y a atender la indiferencia que mostramos por el bienestar y la recuperación de sus víctimas que no aparecen en la discusión actual.

Este artículo se publicó el 17 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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