Sociedad, víctimas y victimarios

La opinión del Comunicador Social…

 

ERNESTO  A.  HOLDER
ernestoholder@gmail.com

Cuando se dan hechos que atentan contra la colectividad y el bienestar común, en el ejercicio por definir responsabilidades o culpas, muchas personas lo tratan a la ligera.   Hay quienes hacen un esfuerzo maduro – frío, no emocional – por realizar un análisis detallado y puntual sobre el tema. Pero, desafortunadamente, están los que ven la oportunidad de aprovechamiento personal, político y muchas veces económico que nubla las posibilidades concretas para que la sociedad busque correctivos a largo plazo.

El sábado 8 de enero, afuera de un supermercado en Tucson, Arizona (Estados Unidos) la congresista demócrata Gabriel Giffords patrocinaba un evento al aire libre llamado ‘Congress on your coner’ (El congreso en tu esquina).    No repartía bolsas de comida ni pasaba ‘salves’ para ‘poner la paila’ o para comprar un tanque de gas.   Allí recibía a sus contribuyentes o atendía a todo aquel que deseaba tener unos minutos con ella para conversar sobre asuntos de la comunidad.

La senadora fue herida con un arma de fuego en la cabeza por el aparente desquiciado Jared Loughner; con evidentes muestras de una errática conducta personal, marcada por las influencias del entorno socio-político en que se desenvuelve. Otras seis personas en el área del evento murieron; entre ellos, una niña de nueve años y otros trece resultaron heridos. Veinte personas en total. Este violento atentado, en lo que debió ser una tranquila mañana de enero, parece encaminado a ser un acontecimiento que puede incidir significativamente en la retórica política de la sociedad estadounidense; que parece haber recrudecido desde que Barack Obama fue electo presidente de ese país.

El domingo 9 de enero, una reyerta provocada por un grupo de jóvenes detenidos en el Centro de Cumplimiento de Menores en Panamá dejó seis quemados (de los cuales, a la hora de preparar esta entrega, han muerto dos) y siete heridos, en un hecho en donde la inmediatez de las trasmisiones televisivas han permitido presenciar la presunta participación negligente de varios representantes de las entidades de custodia que deberían tener la seguridad y protección de estos menores como su responsabilidad primordial.

Un agente de la policía, que ha trabajado con menores infractores, me cuenta de los directos y constantes abusos que enfrenta en estos centros de parte de los que allí son recluidos. Tanto verbales como físicos en algunos casos. Esto lo menciono porque hay que tener en cuenta el contexto general de todas las situaciones y recordar, por más difícil que sea, de quiénes estamos hablando. Estos muchachos son peligrosos, muy peligrosos. Pero, esto no es excusa de ninguna manera. La primera reacción ante la amenaza a la vida humana es, y debe ser, la de preservarla a como de lugar.

Las imágenes captadas durante el incendio en el Centro muestran la degradación de la conducta humana, no hay otra manera de ponerlo. Frente a las súplicas desgarradoras porque los dejaran salir del área en peligro, las evidencias visuales y de audio presentadas en los medios son sencillamente inhumanas.

Me llama la atención que en el recuento de las circunstancias, se enfocó mucho en el hecho de cuánto tiempo le faltaba a tal o a cual menor por cumplir con su reclusión: 10, 15 ó 40 días. Nadie, particularmente padres y abogados, hasta donde he podido seguir el tema, ha hablado de procesos de resocialización o de seguimiento social para velar porque aquellos recluidos no regresen dentro de unos meses.

Para algunos y, aparentemente para las familias, cumplir con el tiempo de censura mediante el aislamiento en centros como estos es suficiente.   Y lo que ha venido sucediendo desde aquel fatídico acontecimiento es que los que oficialmente deben velar por la responsabilidad de proteger a estos jóvenes (y a la sociedad mediante su resocialización) han venido preparando su defensa: pasándose la culpa y refugiándose en los entramados legales del sistema judicial.

Lo que sucedió en Tucson, aquella mañana del 8 de enero pasado, es el resultado de un atentado contra la sociedad, no del desquiciado con su arma que redefinió la vida de tantas personas, sino de un sistema que permite, y da pie a, que legalmente, cualquiera tenga la oportunidad de adquirir armas letales, por encima de las preocupaciones de instituciones sobre su estado y capacidad mental para convivir pacíficamente en sociedad (ya había advertencias sobre Loughner).

Y lo que repercute en Panamá sobre el caso del Centro de Menores, es igualmente un insensato atentado contra la posibilidad de que le demos otra mirada a la conducta delictiva y peligrosa de estos jóvenes; la responsabilidad de sus padres y del Estado en su resocialización y a atender la indiferencia que mostramos por el bienestar y la recuperación de sus víctimas que no aparecen en la discusión actual.

Este artículo se publicó el 17 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Nacimiento de la Policía penitenciaria

La opinión del Abogado y Militar de Carrera…

EDGARDO  FALCÓN
edgardofalcon@hotmail.com

Hace mucho tiempo gravitaba la necesidad de que quienes custodiaban los centros carcelarios no fuera los miembros de la Policía Nacional, una organización que no se ha profesionalizado en los últimos sesenta años.

Su última modernización vino de la mano de José Antonio Remón Cantera, Manuel Antonio Noriega modernizó el ala militar de la Guardia Nacional y las llevó a convertir en Fuerzas de Defensa.   En otra oportunidad me ocuparé de ese tema, pues los últimos gobierno y principalmente éste piensa que aumentando los salarios se obtiene una Policía moderna olvidando que ese renglón es una de las pestañas que ayuda a modernizar la institución.

Las otras vienen del adiestramiento, re-adiestramiento, cosa que no se da actualmente, la disciplina y la moral.

Ahora después de los incidentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, renace la necesidad que los custodios del Sistema Penitenciario se hagan cargo de la totalidad de la seguridad interior de los mismos.

Para que esto ocurra de forma profesional, primero estos agentes penitenciarios, deben tener el mismo salario que los policías y los miembros del Servicio Nacional de Fronteras, con escalafón paralelo, que desarrollen carrera y asiendan tal cual ocurre en los otros cuerpos policiales del país.

Debe tener su propio director y este cuerpo de custodios debe estar bajo el mando directo del Ministro de Seguridad Pública.

El intentar reclutar agentes sin tener un verdadero programa conllevará a obtener más de lo mismo, personal con baja moral, fácil de corromper y algunos con malas costumbres traídas de sus antiguos trabajos (policías jubilados o dados de baja por mala prácticas).

El colocar a quienes tienen la misión de custodiar los Centros Penitenciarios en el mismo escalafón que los miembros de los otros órganos de seguridad del país, permitirá obtener un mejor producto que el que hasta ahora se ha venido obtenido, que estos miembros de la Policía Penitenciaria, sepan que su misión es tan importante como la de los otros miembros de seguridad del país.

El Ministerio de Gobierno, le corresponde entre sus funciones, coordinar con el Órgano Judicial o el Ministerio Público los traslados de los detenidos a las distintas sedes donde son requeridos, llevar el cómputo del tiempo que mantienen detenidos y su puesta en libertad, su alimentación, su asistencia médica, la organización de sus días de visitas y otras cosas de carácter administrativo, en síntesis administrar los centros carcelarios.

Por último se requiere una adecuación de las normativas legales que regulan la materia que en algunos casos confiere facultades a quien no deben tenerlas y en otros casos le quita facultades a quien debe ejercerlas, adecuar la Ley Penitenciaria en un solo bloque normativo, estableciendo misiones claras para cada órgano.

Solo así podremos generar cambios profundos que perduren, no tratando se solucionar un problema porque se generó una crisis; solo de esta forma estaremos gobernando hacia el futuro, no para el momento.

La función de un estadista es esa, gobernar para el futuro no para el presente.

Este artículo se publicó el 18 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,

Reformas electorales, equidad y participación

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

 

A finales del 2009 se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual tendría la responsabilidad de analizar las quejas y fallas suscitadas durante el último torneo electoral y proponer medidas correctivas.

Otras funciones encomendadas contemplaban el análisis en temas sensitivos, como la inscripción de adherentes para constituir nuevos partidos, financiamiento y propaganda; así como la preparación de un proyecto de ley de reformas electorales, que contribuya a mejorar la acción fiscalizadora del Tribunal Electoral y garantizar el desarrollo de procesos transparentes, equitativos y eficaces en los torneos electorales.

A un año de reuniones y debates, con la participación de partidos políticos, diversos actores de la sociedad y representantes del Tribunal Electoral, la CNRE está por concluir la tarea para la cual fue designada y entregar al Tribunal Electoral la propuesta de ley que modificará el actual Código Electoral.

De conformidad al protocolo establecido, el Tribunal Electoral deberá presentar próximamente el anteproyecto de ley concensuado por la CNRE, a la Asamblea Nacional de Diputados para debate y aprobación, modificación o rechazo.

A este panorama, se suma una nueva perspectiva, ya que el gobierno ha informado que ‘prepara cambios paralelos en materia electoral’. Entre los temas que el Ejecutivo proyecta incluir están la segunda vuelta electoral, la elección de los gobernadores y el recorte del subsidio electoral.

Según informaciones, este recorte propone disminuir lo establecido por el actual Código Electoral del 1% (del total de los ingresos corrientes del presupuesto) a 0.5%. Además de redistribuir esta partida, destinando un 50% para funcionamiento de los colectivos políticos; mientras que el otro 50% se utilizaría para la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, adscrito al Tribunal Electoral.

La propuesta descarta la entrega del subsidio preelectoral y postelectoral, a los partidos políticos, como lo establece el actual Código. También pretende transferir la designación en cinco (5) anualidades. Iniciando la entrega el 1° de julio del 2014 (año de los próximos comicios electorales).

Luego de las experiencias vividas en nuestro país, hemos expresado, por diferentes medios, la urgente necesidad de realizar un profundo análisis sobre las normas y procedimientos establecidos en materia de sufragio, a fin de alcanzar mayores niveles de equilibrio, igualdad y participación.

Sobre el particular y de conformidad a las informaciones del Tribunal Electoral, la Comisión logró el análisis en mención y alcanzó un consenso en la mesa de discusión, el cual culminó con la propuesta de un anteproyecto de reforma al Código Electoral. Si ello es así, corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados someter a un debate objetivo, lo consensuado respetando lo actuado.

Compartimos algunos planteamientos del Ejecutivo, como el porcentaje de disminución al subsidio electoral y la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, pero en lo relativo a la entrega del susidio debe continuar entregándose como está establecido, a fin de evitar abusos del partido en el poder.

Este artículo se publicó el 19 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Cuestiones panameñas

La opinión de….

 

MILTON VARGAS JURADO
vargasjurado@gmail.com

Estoy bastante anodadado con algunas cositas que voy a señalar a continuación, y que empiezan por el grave problema del suministro del agua potable en la ciudad capital.

Resulta ser que desde la cabeza del director del IDAAN, piden, y hasta demandas internacionales sugieren algunos grupos, por razón de lo esbozado arriba.

Supongo que también el noreste de Australia, que a fines del año 2010 sufrió las peores inundaciones en décadas, dejando bajo el agua miles de casas y negocios, con pérdidas de varios miles de millones de dólares, resultará culpable el gobierno panameño. Y ni hablar de que por la cercanía a Colombia, los más de dos millones de damnificados de este país hermano entablarán juicio a nuestras autoridades también.

Hasta he escuchado por ahí, que ‘el pueblo’ (panameño) debe tirarse a las calles para exigir que se acabe con este problema del agua, clara reacción ante señalamientos de altos (y no tan altos) políticos oposicionistas… ¿Qué puede ser lo siguiente?

La sábana tiene la culpa también en lo que los ‘angelitos’ del Centro de Cumplimiento de Tocumen, hayan incendiado y atentado en contra de sus propias vidas, lo que ha traído como consecuencia que también organismos o personas que dicen representar estos entes, manifiesten que (adivine, complaciente lector), el gobierno también es culpable.

Aquí deseo extenderme un poco, empezando conque en el primer quincenio de los ochenta, y con el concurso de distintos clubes cívicos (David y Potrerillos), el PNUD, la entonces Magistrada del Tribunal Tutelar de Menores, Lic. Yolanda Jurado de Vargas, promovió planes e infraestructuras (como el Centro de Resocialización de Menores de Tocumen, convertido hoy día en prisión), que empezaron a marcar un rumbo distinto y un futuro (en aquella época) para los ‘huérfanos de padres vivos’ o menores infractores.

No hay justificación alguna para que la sociedad panameña pueda defender lo que está sucediendo ahora, ya que, primero en plena dictadura y luego en la incipiente democracia, cometimos el pecado nacional de apartar del camino, estas importantísimas metas que buscaban la recuperación de estos panameños jóvenes.

No pueden esgrimirse excusas al respecto, ya que la delincuencia se multiplicó logarítmicamente, sin ningún instrumento que siguiese sirviendo para la reinserción de quienes, en su momento, no representaban la cantidad tan importante de participación en la criminalidad de este país, como lo es ahora.

Fácil es enfilar juicios en contra del gobierno, cayendo estrepitosamente en ignorancia supina, tanto en el asunto de la provisión de agua potable, ocasionado realmente por los cambios climáticos (calentamiento global, que le llaman), que han traído desastres de grandes proporciones, tanto en Panamá como en otros lares.

De igual manera aplico estos pensamientos a la situación de alta criminalidad, sobre todo en adolescentes, ya que no es difícil colegir, que de haber continuado todo lo trabajado, tanto por esos grupos cívicos como de la funcionaria aludida, los índices de delincuencia en nuestro país no estuviesen tan altamente marcados. ¡Cuestiones panameñas, he dicho!.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  15 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un acto de barbarie

La opinión de la Escritora….

ROSE  MARIE  TAPIA  R.
rosetap@gmail.com

Mi comentario sobre el acto criminal de los miembros de la Policía Nacional y de los custodios contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento no es una reacción, es una reflexión matizada por la consternación, el dolor, la frustración, el espanto.

Es como hacer un viaje al pasado cuando las Fuerzas de Defensa masacraban a mansalva al pueblo panameño.

Todos habíamos pensado que esa era una etapa superada y que nuestros policías eran dignos de confianza. Pero ahora nos asalta la duda. Y no solo es por el acto de barbarie que presenciamos en los canales de televisión, sino por el intento de justificación que dieron dos miembros de esta fuerza en el programa del periodista Álvaro Alvarado.

Ellos argumentaron que los detenidos intentaban fugarse. Los siete lesionados estaban por cumplir su condena. Por favor, no insulten nuestra inteligencia.

Esas unidades de la Policía y los custodios que realizaron este acto son minorías, por ahora. No obstante, sus compañeros no deben justificar sus acciones porque involucionaríamos hacia la barbarie sin la posibilidad de retorno a un país civilizado.

Somos conscientes de que estos jóvenes están pagando sus delitos con una condena a prisión.   Lo que no entendemos es que esas condenas se convirtieran en sentencias de muerte.   La dirección de Responsabilidad Profesional debe de inmediato separar a las unidades involucradas y ponerlas a órdenes de las autoridades judiciales.

La Policía es la encargada de velar por la integridad de todos los ciudadanos, incluso aquellos que han delinquido.   Constituirse en verdugos que al calor de un incidente, por violento que sea, ejecuten una sentencia de muerte es inamisible.

Pregunto: ¿Se han deshumanizado de tal manera que no los conmovió los gritos de estos jóvenes llamando a sus madres? Por supuesto que no. La respuesta de uno de los policías fue: ‘No son hombrecitos, aguanten, muéranse’.

H ace años cuando escribí la novela:  Roberto por el buen camino, tuve la oportunidad de tratar a diecisiete jóvenes del Centro de Cumplimiento. Ellos asistían todos los meses a las reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andreve coordinado por el profesor Ricardo Ríos Torres. Estos chicos son seres humanos como sus hijos, nacieron buenos, la sociedad y el entorno los corrompió. La mayoría desea tener la oportunidad de retomar el buen camino. En el corazón de estos chicos renació la esperanza y gracias a Dios muchos de ellos han logrado incorporarse a la sociedad como hombres productivos.   Al joven fallecido se le cercenó esa posibilidad. ¿Es justo?

Espero nunca más contemplar una escena tan terrible como el acto criminal y bárbaro contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento. Escuchen bien: no permitiremos un abuso más. Los delincuentes deben estar detenidos cumpliendo condena, no pueden estar en la Policía o como custodios en los centros de detención.

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<> Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Propina obligada?

El cobro de propinas en la cuenta de un restaurante infringe una norma básica de protección al consumidor

La opinión del Administrador General de ACODECO….

PEDRO  MEILÁN

Hace algunos días, en compañía de mi familia, salí a cenar a uno de tantos restaurantes que existen en la ciudad capital, donde tienen excelentes y exquisitos menús para los comensales más exigentes y variedades populares para niños y jóvenes.

Sí,   fuimos a uno de ellos y la cena estuvo deliciosa.   Un pescado a la plancha con ensalada y un lomo salteado.

¡Qué delicia! Los niños ordenaron deditos de pollo apanado, papas francesas y postre. Todos muy contentos.

Buena atención y un sitio agradable. Cuando pedimos la cuenta, ¡sorpresa!    Miramos los precios de los platos y ya venía incluida la cantidad de la propina, cosa que nos sorprendió.

Yo no estoy acostumbrado a tener este tipo de cuentas.   La mayoría de negocios y restaurantes colocan la propina voluntaria claro que otros hacen lo mismo que el sitio donde estuvimos.

Este tipo de situaciones, por más que el restaurante tenga buena comida y excelente servicio, hace que el cliente no vuelva.

Es más,  si es un cliente exigente, no paga la propina y dice que va a colocar una denuncia para que se investigue al restaurante.

También, el restaurante perdió uno, dos o tres clientes esa noche, que pudieron en el futuro ser unos comensales satisfechos que gracias a la buena atención hubiesen recomendado ese lugar, a través del tradicional sistema del   ‘boca a boca’.

Es ahí donde los comerciantes, gerentes, empresarios y dueños de negocios deben ser más cuidadosos para evitar estas anomalías.

El nombre del restaurante nos lo reservamos.

Cada vez que un restaurante cobra la propina en la cuenta, sin antes haberlo informado o sin haberlo listado en el menú, están infringiendo una norma básica de protección al consumidor.   Agentes económicos de cualquier naturaleza que sean denunciados por esta falta serán sancionados.

Seguro que es una práctica copiada de alguna otra latitud, pero aquí en Panamá es sancionada por ley.

Sugerimos a los gerentes de restaurantes que cambien su política de informarlo con la cuenta o simplemente lo anotan en el menú.

Ya el consumidor, con la información disponible, podrá decidir si se queda y ordena del menú o decide marcharse.

A veces me cuesta entender este tipo de situaciones.

Estábamos contentos, había una buena camaradería, el ambiente estaba de lo más acogedor cuando, de repente, el cuetazo.

Y en acto seguido, el bajonazo. Llamé al gerente, le expliqué y, por supuesto, me escuchó. Y me dijo que, en efecto, lo iba a incluir en el menú.

No he regresado más, pero estoy seguro que por lo que le dije al gerente, me entendió. Me trajeron otra cuenta al final sin la propina incluida.

Pero el daño ya estaba hecho. Y en vez de quedar hablando de lo bueno de la velada, nos mirábamos las caras en señal de que, así como a nosotros, se lo han hecho a miles de comensales.

Generalmente, las personas no conocen su propio negocio y menos aún saben de mercadeo. Deseamos que el restaurante crezca y se mantenga, pero que lo haga competitivamente.

Y cobrar propina directamente en la cuenta, sin haberlo anunciado en el menú, es un golpe bajo y se castiga como infracción a las normas que protegen al consumidor.

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<> Este artículo se publicó el 13 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La crisis del agua y la planificación

La opinión del Profesor Universitario e Investigador asociado al CELA….

MARCO  A.  GANDÁSEGUI
gandesegui@hotmail.com

Hace varias semanas los panameños residentes de la ciudad de Panamá y sus alrededores no tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas. Desde el 8 de diciembre de 2010, fecha en que un frente climatológico procedente del norte sorprendió a la región con lluvias torrenciales, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), está improvisando para resolver su desgreño administrativo. Por un lado, ha dejado de distribuir agua a gran parte de la ciudad capital. Por el otro, produce agua impotable que no pueden beber los habitantes del área metropolitana de la urbe capitalina.

El gobierno nacional ha culpado a la ‘naturaleza’ por el desastre urbano. Alega que las lluvias han ‘enturbiado’ las aguas del lago Alajuela, que provee a la ciudad del líquido precioso.   La excusa no tiene sustento alguno en la medida en que hay que tomar en cuenta que el istmo de Panamá recibe fuertes cantidades de lluvia todos los años y que los distintos gobiernos fomentan la deforestación de las cuencas de los ríos.

La causa del desastre administrativo es la falta de planificación por parte de las autoridades electas por el pueblo.   Cuando el IDAAN ‘descubrió’ que no podía controlar la situación creada por el alto nivel de sedimentación en su planta potabilizadora, debido a la falla de piezas claves, comenzó a buscar una solución.   Lo primero que hizo fue emitir un comunicado señalando que las piezas no le habían llegado a tiempo.   Después le pidió las piezas a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al gobierno de Costa Rica.   Solicitó algunos días de ‘paciencia’ por parte de la población para resolver la falta de distribución de agua en la metrópolis panameña, lo que hace más de un mes no logra.

Hay un gran parecido entre lo que pasa en el IDAAN y lo que acontece a nivel del gobierno nacional.   El presidente Ricardo Martinelli plantea que el país ‘está abierto a los negocios’.    Todo es medido con la vara empresarial.   Si la iniciativa arroja una ganancia entonces debe emprenderse inmediatamente.    No importa cuales puedan ser las consecuencias para el país o para la población. Si la actividad no es rentable, entonces es abandonada (no recibe mantenimiento) y las autoridades gubernamentales se desentienden.

Los gobiernos de turno – y el actual no es una excepción – nunca han entendido que para hacer lo que el presidente Martinelli llama ‘negocios’, un país necesita una infraestructura sólida que incluye una distribución de agua potable, la recolección sistemática de la basura, vías de circulación, transporte público y energía eléctrica. Igualmente, tiene que tener una población educada y servicios de salud   ‘igual para todos’ para que la población pueda acudir sana y sin interrupciones a sus trabajos.

Las políticas neoliberales de las dos últimas décadas han tirado por la borda toda noción de planificación. Apurados por acumular riqueza basada en la especulación financiera, inmobiliaria y comercial los políticos han construido ‘castillos de arena’ que la marea ya se está llevando.

La semana pasada, apenas, el gobierno nacional le dio a los ex – productores de arroz del país, que protestaban por el abandono del sector, un porcentaje de las cuotas de importación de ese producto fundamental en la dieta panameña. Medida demagógica que convierte a todos los panameños en perdedores. Gobernantes y oposición partidista celebran ‘el crecimiento económico’ del país cuando saben que tal incremento es sólo fruto de su afiebrada imaginación.

Según cifras oficiales, hace dos décadas los sectores productivos del país están estancados y todo indica que han comenzado a decrecer.

Lo que crece es la expansión del crédito financiero. Hay una pequeña minoría de panameños y extranjeros que especulan con la expansión del crédito y compran bienes raíces, viviendas, carros, paseos y mercancías de toda clase.    El desenfreno, producto de la especulación y no de la producción, es la causa de la crisis del agua. Crisis que fue antecedida por el problema de la recolección de la basura, aún sin solución. La especulación abanicada por el gobierno también es la causa de la crisis del transporte, de la falta de vías de comunicación tanto en la ciudad como en el interior y el colapso de los dos puentes que cruzan el Canal de Panamá.

La única solución al problema del agua en la ciudad de Panamá es la planificación a mediano y largo plazos. Así se hizo durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué abandonaron la planificación los malos políticos neoliberales hace 25 años?

 

 

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<> Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.