Un escudo para los corruptos

La opinión de…

Brittmarie Janson Pérez

El anteproyecto de ley número 105 revierte Panamá a la época de la dictadura. Recordemos que, para silenciar al pueblo panameño, la Junta Provisional de Gobierno –producto del golpe militar que derrocó a un presidente libremente elegido por el pueblo panameño– emitió el Decreto de Gabinete 342, del 31 de octubre de 1969, estableciendo penas de cárcel de dos meses a dos años para quienes insultaran, menospreciaran o, en cualquier forma, ofendieran la dignidad de una vasta gama de autoridades.   Es más, como las penas de cárcel contempladas por quienes promueven este anteproyecto de ley son de dos a cuatro años, si se llegara a aprobar, la sanción sería más drástica que la impuesta por las armas durante la dictadura de los militares y sus socios civiles.

No queda la menor duda de que el gobierno de Cambio Democrático pretende silenciar las críticas por medio de amedrentar con penas de cárcel.   Por lo menos desde octubre del año pasado –meses antes del escrito de Mauro Zúñiga que supuestamente provocó la reacción del diputado suplente de Cambio Democrático (CD), Agustín Shellhorn– el procurador encargado Giuseppe Bonissi promovía la pena de cárcel para quienes ofendieran el honor de altos servidores públicos. Además, el mismo presidente Martinelli se ha manifestado a favor de la iniciativa que, también, recibió el apoyo del presidente de la Asamblea, José Muñoz, quien opinó que hay un “uso desmedido y exacerbado de crítica” contra Martinelli (La Prensa 7/1/2011).

De aprobarse, este “proyecto mordaza” sería un escudo que protege a los corruptos y a los abusadores del poder, porque todos tememos parar en la cárcel. Falta ver qué dice el texto del anteproyecto, pero hasta ahora se entiende que un crítico podría decir la verdad, sustentando sus acusaciones con pruebas, pero terminaría en la cárcel tan solo porque un funcionario manifestara sentirse ofendido por sus palabras.

Este nuevo atentado contra la libertad de expresión y el derecho del pueblo a ser informado sobre lo que hace su gobierno, indica que hay quienes tienen mucho miedo de que salgan sus sinvergüencerías a la luz pública. Especialmente, llama la atención que sus proponentes hayan estipulado que los beneficiarios serían los funcionarios elegidos por votación popular. De hecho, el “proyecto mordaza” pretende proteger no solo al presidente y vicepresidente, sino también a los mismos diputados que deben aprobarlo o rechazarlo. Por lo tanto, hay que observar con sospecha a los diputados que apadrinan este auto-escudo.

También llama la atención la declaración del alcalde de la capital, quien en días pasados afirmó: “Yo arriesgué mi vida para defender la libertad de expresión, pero no para que fuera mal utilizada” (La Prensa 8/1/2011). Indudablemente cuando Bosco Vallarino luchaba contra la dictadura de los militares y sus socios civiles, arriesgó su vida para defender la libertad de expresión. No hay que ser genio para entender por qué ahora, siendo miembro del gobierno de Cambio Democrático, el controvertido alcalde ha cambiado de dirección.

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Este artículo se publicó el 11  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.
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