Reformas en tiempos de Wikileaks

La opinión de…

 

Dorindo Jayan Cortez

La novedad que ahora recorre el país se llama “reforma constitucional”.   Pero, ¿cómo justificar el gasto de las finanzas públicas en esa tarea, si luego lo menos que se respeta es, precisamente, la Constitución?   ¿Es una propuesta razonada o un trastorno más? El mismo Presidente hizo el anuncio en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, siendo oportuno, al dedillo diríamos, porque en el debate en los medios nacionales e internacionales se venía cuestionando duramente al Ejecutivo, tanto por el desastre en el Ministerio Público como por las revelaciones de Wikileaks.

¿Qué es lo que se pretende cambiar?   Se nos habla de la segunda vuelta electoral, de extraditar nacionales, de incluir la elección de diputados nacionales y gobernadores, de recortar el periodo (de 10 a 5 años) para la postulación de los presidentes salientes.  Para encontrar apoyo popular, incluyen “los 100 para los 70” y “las becas universales”, el caramelo de la propuesta. Los problemas esenciales, generados por los mismos proponentes de las reformas, están ausentes.

Las reformas constitucionales son necesarias en determinados contextos. Hoy, indiscutiblemente, también lo son, pero no para los fines anunciados; el sentido verdadero de un esfuerzo como ese estaría en refundar la institucionalidad, fortalecerla, de manera que se impida con sanciones categóricas y expeditas la manera como los mismos proponentes, o cualquier otro gobierno, pretendan trastocar y desconocer el orden constitucional establecido.

En Panamá, desde 1972 con la Carta Magna de los militares, hemos transitado por cuatro reformas a la Constitución (1978, 1983, 1994 y 2005; quien escribe participó en la aprobación de esta última).

La “política del parche”, sin negar los avances, ha dominado el escenario del reformismo constitucional y la “debilidad” con que opera el régimen constitucional, al desgarrársele con tanta facilidad, no es culpa del texto escrito, sino del poder que está detrás.

Por ello, pensamos que los problemas álgidos que sufre Panamá, ahora agudizados, van mucho más allá de la Constitución; más allá de esas hojas escritas carentes de cultura política y, en ausencia de esta cultura y presencia, más bien de una mentalidad antidemocrática; sin vocación ni voluntad no habrá Constitución alguna, por más perfecta que parezca, que haga reinar el estado de derecho y, mucho menos, la democracia.

Reformar la Constitución no debe ser, por lo que significa para la estabilidad del país, un juego de coyunturas que se saca repentinamente de la manga con temas que dejan muchas dudas de que estemos ante un verdadero planteamiento institucional.

Esto de permitir la extradiciones (con nombre y apellido) y de los otros asuntos, esencialmente, de carácter electoral y de grupo, nos dice claramente que seguimos por un camino sin rumbo para el país, porque para los proponentes sí están definidas sus intenciones.

Desde luego que las hojas de papel soportarán lo que se escriba y se apruebe, pero habría que ver las cabezas que han de llevarlas adelante. ¿No sería preferible que primero reformen sus cabezas, y luego la Constitución? De repente, es más necesario y urgente el cambio de mentalidad de la clase política que nos dirige, que tenga cultura política y respeto por las ordenanzas establecidas, que reformas de tinta y papel.

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Este artículo se publicó el 7  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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