Descuento directo en materia hipotecaria

La opinión de…

Edgardo Lasso Valdés

Cada cierto tiempo, que puede ser de meses o años, se nos presenta el denigrante espectáculo del desalojo de familias enteras de sus residencias, incluyendo niños y ancianos, por la alta morosidad acumulada a través de los años del pago a las hipotecas adquiridas a través del Banco Hipotecario Nacional.

Si bien es cierto que el Banco Hipotecario Nacional fue constituido para facilitar la adquisición de casas para las familias humildes del país, nunca se consideró que éstas no estaban obligadas a pagar las mensualidades que, de acuerdo al tamaño y lugar de cada residencia, se les asignaba.

La idea original era que, con el apoyo del propio Estado panameño, cada ciudadano contara con un techo que lo cobijara a él y a sus dependientes, y con las mensualidades pactadas formar un fondo que permitiera extender esas mismas facilidades a otras familias.

Al no poder cobrar puntualmente las mensualidades prefijadas a cada familia, se afectaba la continuidad del plan, con el consecuente perjuicio a otros humildes panameños.

El permitir que los usuarios de estas facilidades residenciales cubran sus compromisos de pago, en forma voluntaria, no ha rendido los resultados que se buscaban al inicio del programa.

Lo conducente en estos casos, así como en cualquier otro parecido que involucre a personas de escasos recursos económicos, es hacer obligatorio el descuento de las mensualidades pactadas, tanto a los empleados del Estado panameño como de la empresa privada, de la planilla correspondiente.

Esto ayudaría a las familias a vivir con la certeza de que nunca serán desalojadas, pues siempre estarán al día en sus compromisos con el Banco Hipotecario y, a su vez, el banco podrá continuar ayudando a otras familias en la adquisición de viviendas propias.

El gobierno de turno es el administrador de la hacienda pública y, como tal, está obligado a buscar las mejores condiciones de vida y progreso de todos los ciudadanos; como lo hace un buen padre de familia con los suyos.

Hay que ayudar a los humildes a entender que casa, ropa y comida son tres elementos indispensables para una convivencia digna, sobre todo, para quienes tienen familias dependientes de ellos; no es posible ni aceptable que cada uno decida si cumple o no con sus obligaciones de familia.

Existe la obligación legal y moral de los gobiernos de ayudar a conseguir a todos los ciudadanos la paz y el sosiego necesarios para mantener la paz social de todo el país. Con la medida de aplicar un descuento salarial para cubrir los compromisos de vivienda propia, se estará caminando por el rumbo correcto.

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Este artículo se publicó el  7  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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