Home made, hecho en casa

La opinión de la Periodista…

ADELA  CORIAT
adelitacoriat@gmail.com

¿ Si invirtiéramos el sentido de los cables de Wikileaks, qué podrían decir los locales del papel que juegan las embajadas norteamericanas en sus países?

¿Quién fiscaliza la labor de los diplomáticos o jefes de estación de las agencias de inteligencia?

Un caso muy particular surgió en la ciudad de Panamá, donde un FOIA al FBI confirma la sospecha sobre la autenticidad de los documentos que presentó la embajada de Estados Unidos en Panamá a nombre de esta agencia.

Se trata de la asistencia que esclarecería la muerte del jefe antinarcóticos de Panamá, Franklin Brewster (2006), quien supuestamente fue envenenado. Con este propósito el asesor jurídico de la embajada norteamericana dijo haber enviado al laboratorio de Quántico Virginia las muestras forenses del envenenado y brindó la experticia de tres peritos en poligrafía del FBI para examinar a compañeros y familiares del fenecido jefe antidrogas.

No obstante, entregó a la fiscalía panameña vía fax los resultados en copias simples, sin firmas, sin sellos de la embajada o del FBI, sin originales, y con un número de caso que no existe en la clasificación de delitos del FBI.

A solicitud de esta periodista, un juez retirado de la Corte Suprema de Justicia panameña los analizó y concluyó que no cumplen con las formalidades del sistema jurídico que requiere la documentación procedente del extranjero. Adicionalmente, el asesor jurídico de la embajada norteamericana se retiró de sus funciones un mes después de haber entregado las copias, nunca facilitó a la fiscalía panameña el original de laboratorio, ni de las gráficas del detector de mentiras, hecho penado en el Código Judicial panameño así como el norteamericano.

¿Aceptaría Estados Unidos una colaboración con estas particularidades en un caso sensitivo como el mencionado?

Hay una explicación muy clara en todo esto; evitar cualquier responsabilidad en lo que aparenta ser una conspiración.

El FOIA (Freedom of Information Act) del FBI, apostillado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, solicitado por esta periodista indica claramente que ‘no existen records’ de Franklin Brewster en los archivos del FBI.

¿Cuál es la justificación de la embajada a todo esto?

Una respuesta por escrito de la embajadora Bárbara Stephenson lo explica de esta forma: ‘Desafortunadamente, la Embajada de los Estados Unidos no puede proporcionar ningún documento del caso Brewster. Hasta lo que le concierne al Buró Federal de Investigaciones, el caso Brewster no está cerrado’.

El caso fue sobreseído en el 2008 por la Corte Suprema de Justicia panameña. En el fallo los magistrados no encontraron méritos de culpabilidad de los dos detectives de la unidad antidrogas que pasaron dos años en la cárcel acusados del homicidio. Según la opinión del poligrafista del FBI, los detectives mostraron signos de engaño ante el posible envenenamiento, estos resultados no se pudieron corroborar ya que las gráficas, o sus copias, no reposan en el expediente.

¿No hay justificación para que los detectives pasen dos años en la cárcel acusados por una gráfica de polígrafo que no existe?

¿Qué intención tendría la Embajada para no colaborar en el esclarecimiento de la verdad de la muerte de Brewster?

Sumado a esto, esta servidora recibió una comunicación por estafeta diplomática de la embajada cuyo emisor era el Departamento de Estado. El sobre recibido tenía signos de haber sido alterado, razón que motivó un reclamo presencial ante el encargado de correspondencia de la embajada. El funcionario posteriormente demoró en retornar el sobre en cuestión, lo que dio la impresión de que tenía la intención de quedarse con el mismo para evitar que permaneciera la prueba y eliminarla, pues esta acción, además de ser penada por la ley estadounidense, es elocuente de entorpecer la investigación periodística.

¿Acaso estamos ante una posible agenda oculta en el tráfico de drogas en complicidad de ciertas agencias de inteligencia de los Estados Unidos y personal de la embajada en Panamá? ¿Sospecharían las autoridades panameñas que al solicitar la colaboración del FBI y la DEA recibirían documentación no verdadera?

¿Quién responde por la actuación de los diplomáticos en un asunto de esta naturaleza donde más bien, quien busca esclarecer los hechos, como es mi caso, queda siendo investigado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos?

¿Es este un ejemplo de libertad de expresión o de transparencia en el ejercicio diplomático?

Adicionalmente, a las pocas semanas de solicitar una explicación a la embajada sobre los hechos en cuestión se efectuaron varios movimientos de personal sin que estos hayan culminado su periodo en el istmo.

Tres embajadores, o su personal, no han ofrecido respuesta a estas inquietudes, el director del FBI, Robert Mueller, esta al tanto de esta situación.

Varias cartas han sido recibidas en la Casa Blanca y en el Senado de USA, en espera de contestación del Departamento de Estado, pues la falta es sancionable por la Justicia Federal o Corte Suprema de Justicia de USA.

El historial de estas experiencias fueron enviadas y recibidas por el Presidente Barack Obama a través de un enlace de un conocido del mandatario. Esta periodista cuenta con un dossier de toda la correspondencia cruzada con la Embajada y copia de estas comunicaciones han sido enviadas al Presidente de los Estados Unidos.

El ‘Panamá Desk’ debería contar, de igual forma, con la información suministrada.

En cualquier país serio, mínimo ameritaría una indagación preliminar por parte del Senado, y es lo que esperaría que se hiciera por parte del Senado de los Estados Unidos.

Quien calla o procede en silencio se convierte automáticamente en cómplice del delito, hecho que la justicia norteamericana castiga severamente. Al recibir ésta denuncia las autoridades norteamericanas pueden actuar de oficio y sancionar esta complicidad por la omisión y el silencio guardado.

El recuento de los delitos en mención amerita acción por parte del sistema judicial norteamericano.

 

<> Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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