¿Dónde queda nuestro derecho al agua? …

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La opinión de…

Andrés Barrios López

Según las Naciones Unidas, “Ningún recurso es más básico que el agua. El agua es esencial para la vida, crucial para aliviar la pobreza, el hambre, y la enfermedad, y crítica para el desarrollo económico. Centenares de millones de hombres, mujeres y niños aún no tienen acceso al agua potable y sanitaria. Muchos permanecen desempleados porque los recursos hídricos no son suficientes para el crecimiento industrial y agrícola. Los problemas del agua en definitiva terminan siendo problemas de personas” (CEDHA: Centro de Derechos Humanos y Ambiente).

Panamá, no estaba exento del problema de garantizar el derecho al agua a toda su población. En el 2002, “(…) el 92,5 % de los hogares del país disponían de agua potable y (…) en el área rural sólo el 80,2% (…)”, lo cual incluía hogares de comunidades indígenas (OPS/OMS). Esa ocasión, se mencionó que el MINSA realizaba las gestiones necesarias para garantizar el derecho al agua en las áreas rurales.

Actualmente estamos pasando por la crisis del agua, es decir; ante el problema de garantizar el derecho al agua. El 8 de diciembre del 2010, inicio el problema de no garantizar nuestro derecho al agua. Al principio se justificó el problema y la solución que el Estado y sus entidades públicas estaban brindado (que se pensó sería transitoria). Pero, ¿Qué esta sucediendo? El problema no ha sido resuelto (se prolonga), empeorando la situación de necesidades básicas y condiciones de vida de nuestra población. Estamos ante un doble problema que se relaciona con el vital líquido.

El primer problema, es la escasez del agua que todavía el gobierno no ha dado la solución concreta, la cual debe ser una distribución constante que conlleve la posibilidad de beberse de manera satisfactoria este valioso líquido. El segundo, se relaciona con el primero; es decir, ante la imposibilidad de beber el agua, lo cual el gobierno y sus entidades públicas manifiestan que todavía se encuentra contaminada. Esto ha obligado a la población a realizar gastos económicos para comprar aguas embotelladas; favoreciendo a las empresas privadas que se dedican a la producción de ese lucrativo producto.

Es indiscutible la necesidad de nuestra población de garantizar este derecho, lo cual la ausencia de poder beberla a través de un servicio público de distribución; obliga a la población panameña a recurrir a su ingreso económico. Un ingreso económico que la mayoría de las personas y familias panameñas no cuentan actualmente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población urbana desempleada es de 7.7% para el año 2010. Esa cifra correspondería a la población que no logra garantizar actualmente su derecho al agua.

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<>Artículo publicado el 8  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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