Eliminemos el Consejo Nacional Anticorrupción

La opinión del periodista y docente universitario…
GARRITT GENETEAU
ggeneteau@yahoo.es

Consideramos que ya existe una burocracia, a todas luces excesiva, inoperante y muy criticada por la opinión pública pensante, que a lo único que contribuye es a causar gastos al erario público.

Vamos a referirnos a la más ineficaz de estas instituciones: la que comanda el Zar Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, más conocido por su popular apodo, que por la efectividad de sus funciones.

Podemos afirmar que el Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo comandante (FNF) se encuentra huérfano de independencia para realizar a fondo investigaciones que pongan al descubierto aquellos delincuentes que atentan contra las propiedades del Estado, que contribuyan positivamente a que impere la transparencia en las actuaciones del funcionariado público, que está acostumbrado, salvo rarísimas excepciones, a ‘meter la mano’. También diríamos que el puesto exige muchas capacidades y la seriedad del caso.

Hace falta un freno para detener los peculados, el tráfico de influencias y otras ‘triquiñuelas’ que tanto retrasan el desarrollo de este país. Para lograr este cometido se requiere al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, un funcionario con suficiente carácter, independencia y que no le tiemble la mano al señalar a los delincuentes de cuello blanco. Y lo decimos sin ambajes: Núñez Fábrega no reúne estas cualidades. Los que acostumbran violar la ley siguen en sus prácticas delincuenciales porque saben que los zares que han ocupado esos puestos responden directamente a los mandatos del Ejecutivo, desde que se creó la institución hace varios años.

Tenemos que aceptar que ‘Chito’ Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, realiza una mejor labor que Núñez Fábrega, independientemente de que no gana ningún caso, pero por lo menos presenta la denuncia.

Sugerimos que ante la inoperancia en que funciona este organismo estatal, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea de Diputados deben proceder, a la mayor brevedad posible, a la eliminación de esa dependencia porque es indiferente ante el clamor popular que no encuentra respuestas por falta de decisiones y que hasta el momento no conocemos ningún caso que haya sido procesado y condenado por delitos cometidos. Se despilfarran dineros inútilmente del erario público.

En vez de seguir manteniendo estas instituciones inoperantes, se deben reforzar las acciones del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Independientemente que la Defensoría del Pueblo no funciona en estos momentos, se puede lograr un mejor resultado del que pueda dar el Consejo Nacional Anticorrupción.

 

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<> Artículo publicado el 5 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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