Caos y retroceso institucional

La opinión de…

Dorindo Jayan Cortez

La promesa de cambio enarbolada en tiempos electorales (2009) se ha cumplido al dedillo, con la aclaración de que los cambios han generado un verdadero caos institucional.  Y esto no solo por lo que ocurre en el Ministerio Público. Lo que ahí acontece, para detrimento de la imagen de Panamá, es la síntesis de un modelo de administración que pretende imponerse por encima de los principios del estado de derecho. El régimen de democracia formal, construido paso a paso después de una sostenida lucha nacional, ha tenido en los últimos 18 meses un evidente y lamentable retroceso.

El mismo Presidente, a inicio de su gestión, adelantó lo que pasaría.    Dijo que en su gobierno se podían meter las patas, no las manos.   Esto, lo de las patas, se ha cumplido al “pie” de la letra;    las han hundido muy hondo y cada vez resulta más lacerante para la institucionalidad del Estado la manera como se gobierna. La pretendida concentración del poder en el Ejecutivo alerta lo que el Conep, respecto a la procuradora general, consideró como un “atentado a nuestra institucionalidad democrática”.

La situación lamentable de lo que acontece con la justicia y la democracia ha sido observada y sufrida por diversos sectores, sin faltar, incluso, seguidores renombrados del proyecto del cambio.

El ex contralor Alvin Weeden, al oponerse a la eliminación del control previo, lamentó públicamente haber depositado su voto por el actual Presidente. El ex vicepresidente Guillermo Ford, por su parte, criticando la “concentración de poderes del Ejecutivo”, señaló que “esto no puede ser una dictadura, tiene que ser una democracia”.

El caos institucional no es ajeno, entre otros factores, al desconocimiento del valor que representa para la democracia, para la sociedad civil y para la separación de los poderes. El mismo Martinelli, en Cade 2006, criticando a los ex mandatarios (por controlar todo), decía que “lo que tenemos que hacer es volcar estos poderes a la sociedad civil, para que, entre todos, empecemos a resolver el problema”. De más está hacer referencia a la confrontación que el Ejecutivo ha inaugurado con esa misma sociedad civil, a tal grado que la misma Iglesia, al lamentar la disputa institucional que se da en Panamá, la ve como “actos peligrosos que temprano o tarde nos harán pagar un alto precio”.

El desbarajuste en el Ministerio Público, y lo que informa Wikileaks, son ya un “alto precio” que paga la sociedad panameña. Y no como un hecho aislado, sino como resultado de un patrón que apuesta al autoritarismo en el manejo de la cosa pública. El embate de ese modelo, que algunos ya lo catalogan como peor al de los militares (recordemos la represión en Bocas del Toro), lo han sufrido los periodistas, lo sufren los procesos legales, el sistema de justicia y la política exterior. Lo sufren, además, las finanzas públicas con lo que acontece con las licitaciones y la eliminación del control previo. Lo sufriremos todos los panameños, más duramente, si se continúa por el camino de tierra movediza donde las patas seguirán enterradas.

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<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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