‘Quo vadis, iustitia’

 

La opinión de…

 

Ramón Morales Quijano

Hace poco menos de dos años pensé hacer un análisis crítico de la total desnaturalización del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pero cedí el paso a la infusión de optimismo que me dispensó el futuro gobierno del cambio. Ahora, habiéndose hecha patente la continuada destrucción del sistema judicial y en vista de los últimos escándalos en la Procuraduría General de la Nación y en la Procuraduría de la Administración, considero imperativa la intervención de la ciudadanía entera.

Si una alta funcionaria del Ministerio Público involucrada en la liberación ilegal de cuatro narcotraficantes califica la institución como una cloaca, y el Procurador encargado revela que desde hace dos meses su despacho manejaba la información sobre el plan para liberarlos (La Prensa 21/12/2010), ¿qué más queda por descubrir?

Es tal el envilecimiento de la administración de justicia, que bien se puede decir que los magistrados y jueces están administrando la injusticia. Lo que la mayoría de los magistrados, fiscales y jueces le están dosificando a los ciudadanos son acciones grotescas y monstruosas, modeladas por el soborno y los intereses políticos, y los ciudadanos tenemos la obligación de pararlas si queremos la supervivencia de nuestras instituciones fundamentales. Los criticables fallos que se suceden en la Corte Suprema, en las procuradurías y en casi todos los tribunales “de justicia” han desnaturalizado la función del sistema judicial, dejándonos a todos en absoluta indefensión.

¿Cómo salir de la gravísima situación de conflicto existente entre las metas políticas que fomentan la corrupción y los valores de la estructura constitucional y judicial del país? Estamos, como en tiempos de la tiranía militar, entre mercenarios institucionales pervertidores de la Ley, violadores de los derechos humanos y cercenadores de las libertades públicas.

La Constitución y las leyes han sido contaminadas por magistrados, procuradores, fiscales, jueces y funcionarios pusilánimes o corruptos; son incontables los que han demostrado no tener marcas ni de distinción ni de dignidad. Y lo más grave es admitir que ellos sobreviven y lucran gracias a una ciudadanía despreocupada y conformista, y a los poderosos políticos que se aprovechan de la situación. Es inconcebible y degradante moralmente que continuemos viviendo indefinidamente sin extirpar este cáncer que ha corroído las fundaciones mismas de nuestra nación.

El problema tiene que ser atacado en sus fuentes, para rescatar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de las garras de los individuos de baja calidad profesional, de dudosa reputación y comprometidos políticamente; y para también eliminar las manipulaciones y válvulas de escape procesales que les han servido de escudo para incumplir sus obligaciones.

Aún queda la frágil esperanza de que en nuestro medio surja pronto un movimiento que, haciendo gala de nuestros anhelos de democracia, justicia y libertad, se rebele contra la corriente que pretende hacernos perder la memoria y el sentido histórico de la nación. Queremos un verdadero estado de derecho; y más vale que los correctivos se den ya, antes de que sean fuerzas explosivas las que decidan el destino final de todo el sistema. Esto sería, más que lamentable, trágico.

 

*

<> Este artículo se publicó el  28  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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