Una jornada nacionalista

La opinión de…

 

Carlos Guevara Mann

La fecha de hoy figura con prominencia en los anales del nacionalismo panameño. Tras intensas protestas populares, el 22 de diciembre de 1947, la Asamblea Nacional rechazó el convenio de bases que, días antes, el gobierno del presidente Enrique A. Jiménez había sometido a su consideración.

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos –conocido en nuestro medio con el nombre de “Filós–Hines”, en honor de sus suscriptores: el ministro encargado de Relaciones Exteriores Francisco Filós y el embajador estadounidense Frank Hines– fue firmado en Panamá el 10 de diciembre de 1947 y presentado a la Asamblea Nacional dos días más tarde. Una vez se conoció su contenido, la respuesta popular no se hizo esperar.

Tal cual lo señalan los historiadores Pizzurno y Araúz (Estudios sobre el Panamá republicano, págs. 332-40), grupos de jóvenes y profesionales de inspiración nacionalista, agrupados en la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), el Frente Patriótico de la Juventud, el Magisterio Panameño Unido, la Asociación Nacional de Educadores, la Unión Nacional de Mujeres y otras organizaciones se tomaron las calles de la ciudad.

Bajo el mando de José Antonio Remón, recién nombrado primer comandante de la Policía Nacional, la fuerza pública reprimió las protestas con salvajismo, empleando por primera vez bombas lacrimógenas contra los manifestantes e hiriendo a decenas de ellos, incluyendo al estudiante Sebastián Tapia, quien quedó paralítico como consecuencia de las lesiones recibidas.

El convenio lastimó la conciencia nacionalista porque pretendía prolongar la presencia militar estadounidense fuera de la Zona del Canal. Dicha presencia respondía a las planificaciones estratégicas de Estados Unidos sin tomar en cuenta los intereses nacionales.

Años atrás, ante el aumento de tensiones en Europa y el Pacífico, la administración del presidente Roosevelt había solicitado al gobierno del Dr. Arnulfo Arias el establecimiento de sitios de defensa en varios puntos del territorio nacional. El presidente Arias propuso la reconsideración de algunos aspectos de la solicitud, excesivamente onerosos para Panamá, lo que no satisfizo a Estados Unidos.

Luego del desalojo del Dr. Arias en octubre de 1941, el gobierno de facto que lo sucedió –encabezado por Ricardo Adolfo de la Guardia– firmó con Estados Unidos el Convenio de Bases de 1942, que permitió a Estados Unidos erigir 114 sitios de defensa fuera de la Zona del Canal, entonces, bajo jurisdicción estadounidense. Según los términos del acuerdo, la ocupación extranjera de esas bases terminaría un año después de que concluyera la guerra mundial.

Tras la rendición de las potencias del Eje en 1945, los grupos nacionalistas panameños esperaban la clausura de los sitios de defensa. Estados Unidos, sin embargo, deseaba prolongar su ocupación, lo que coincidía con las aspiraciones de algunos sectores económicos en Panamá, a los que la presencia estadounidense producía réditos.

Apoyados en la Policía Nacional, esos sectores deseaban imponer sus intereses. Pero la represión policial no consiguió amilanar el ánimo nacionalista, que finalmente prevaleció y condujo al rechazo unánime del convenio por la Asamblea Nacional.   “Ha nacido la Segunda República, una República libre de ataduras intervencionistas”, exclamó entonces Carlos Iván Zúñiga, presidente de la FEP (La Prensa, 17 de diciembre de 2005).

La jornada nacionalista de 1947 provee importantes lecciones. Hoy como ayer, es necesario instituir un sistema de representación democrática que permita definir adecuadamente los intereses nacionales y evite que objetivos particulares o foráneos, contrarios al bienestar general, se impongan en la agenda pública.

En última instancia y a pesar de las presiones del Ejecutivo, así actuó la Asamblea Nacional de la época, salvaguardando el bienestar colectivo, lo que indica que operaba con cierto grado de autonomía, factor fundamental para el mantenimiento del gobierno republicano.

El carácter civilista del nacionalismo panameño –no solo opuesto a la presencia militar estadounidense sino, además, a la militarización de la fuerza pública– también se manifestó en diciembre de 1947. Sin embargo, apoyada por Estados Unidos, la fuerza pública seguiría militarizándose hasta convertirse en el centro del poder político durante la dictadura castrense.

La militarización de los servicios de seguridad produce efectos dañinos sobre la salud de la sociedad.   Entre sus principales efectos están la restricción de los espacios para la expresión individual y colectiva y el incremento en los niveles de violencia mediante el uso desmedido de la fuerza. Esta es otra de las lecciones importantes de 1947 que no podemos olvidar.

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<> Este artículo se publicó el 22 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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