Ante la reciente tragedia nacional

La opinión de…

Roberto Motta Alvarado

El pasado martes 7 de diciembre, Panamá experimentó las lluvias más torrenciales acaecidas en los últimos 50 años.

El diluvio puso en peligro la seguridad del Canal de Panamá, los puertos, el acueducto del área metropolitana, la Zona Libre de Colón y la mayor parte de la provincia caribeña, la vía Transístmica y los accesos al Puente Centenario. La ciudad de Portobelo, la hidroeléctrica del Bayano y las áreas circundantes fueron severamente afectadas, tanto en sus poblados como en su producción agropecuaria. También fue gravemente afectada la comarca Kuna Yala y el pueblo de Yaviza, en Darién.

Ante estos serios daños, el Gobierno decretó un estado de emergencia nacional. Reparar y reconstruir todas estas infraestructuras requerirá de la inversión de muchos millones de dólares, en consecuencia, el Gobierno debe reconsiderar su plan de inversiones y priorizar en la reparación y reconstrucción de los sectores vitales afectados. Los periódicos y los noticieros de televisión nos presentan los cuantiosos y graves daños que inciden en todos los renglones de la economía del país, a los que urge darle respuesta inmediata.

Si a todo esto le sumamos el grave problema de la recolección de la basura en el distrito capital, la crisis se hace aun más grave.

El Gobierno Nacional debería cancelar, ante la actual coyuntura, proyectos tales como la construcción de la torre financiera, la compra de los corredores, los gastos publicitarios en los medios, algunos subsidios innecesarios, los cinco hospitales (llave en mano) que se pretenden construir, etc.

Escucho, con preocupación, que el Gobierno contempla la idea de solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización de elevar el índice de endeudamiento, por arriba del 2.5% del PIB, que se tiene en la actualidad autorizado. A mi juicio, eso sería un craso error, porque elevaría los índices de endeudamiento a niveles que pudieran poner en el peligro el grado de inversión que el país actualmente goza.

Observo, también con preocupación, que el Gobierno insiste en hacer obras por contratación directa, sin el control previo requerido. Esta acción nos conduce de seguro al despilfarro y la corrupción. Muchas de las obras que se están otorgando, carecen de planificación, coordinación y mano de obra adecuada, por consiguiente, visualizamos que muchas de ellas no se terminarán, y se dejará al próximo gobierno y al país una abultada carga financiera.

Ojalá que estas observaciones hagan recapacitar a nuestro gobierno sobre la necesidad de modificar el maratónico ritmo de inversiones que está planeado.

Hay que tener siempre presente el viejo adagio que dice: “El que mucho abarca poco aprieta”.

*

<> Este artículo se publicó el 21 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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