El manual del funcionario


La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO  A. ROGNONI
marognoni@gmail.com

La mayor crisis del actual gobierno, similar a algunos gobiernos anteriores, nace de la falta de conocimiento por parte de los altos personeros del manual del funcionario público. De un tiempo atrás, ya el Doctor Arnulfo Arias Madrid en su conocimiento político les había cambiado el título de funcionario a servidor público.   Lo inteligente del cambio radica en lo que implica. El servidor público debe entender primeramente que es un servidor pagado por el Estado para colaborar con los ciudadanos en su mejoramiento y calidad de vida. Eso implica que debe atender al ciudadano en sus funciones.

La característica de la mayor cantidad de oficinas públicas, sin embargo, es el pésimo trato que reciben los ciudadanos que acuden a ellas.    Ministros, viceministros y directores de entidades, por regla general no devuelven ni atienden llamadas telefónicas. Secretarias evitan dar citas con sus jefes y cubren, como parte de su eficiencia, las deficiencias del superior.    Los empleados en general adoptan la actitud de que están haciéndole un favor al ciudadano al atenderlo y, en más de una ocasión, la forma de garantizarse atención esmerada es a base del pago de una coima, lo que se ha generalizado a los más bajos niveles del escalafón.

Mientras en la empresa privada ‘el cliente siempre tiene la razón’, en el gobierno el ciudadano es el menos importante de la situación. Con la llegada de un empresario exitoso a la Presidencia pensé que la actitud del funcionariado cambiaría, impulsada por la fama del presidente del manejo de sus complicadas empresas, donde el trato al cliente es básico para mantenerse al frente del sector.   Pero, curiosamente, la situación ha empeorado, ahora agravada por la noción del supuesto servidor público, convertido hoy en empleado estatal simplemente, que debe atender solo a copartidarios del presidente y en segundo lugar a ciudadanos miembros de los partidos de su alianza, relegando cualquier intención de atender a miembros de los partidos opositores a la más lenta velocidad posible.

El problema de la eficiencia de gobierno cae presa de estos servidores públicos, que no comprenden su rol y la necesaria imparcialidad política en su manejo cotidiano.   Pero tampoco podemos culparlos cuando ellos se sienten presionados por las direcciones de los partidos gobernantes, que los podrían afectar cuando miembros de los mismos los denuncien por maltrato o lentitud en sus trámites. Por supuesto, en nuestra sociedad política, una denuncia de un opositor no pesa, como sí lo hace la denuncia por un aliado.   Si a todo lo anterior agregamos que no existe una ley de sueldos ni tampoco se respeta una carrera administrativa, no hay justificación para exigir mejores rendimientos. El servidor público de hoy sabe que le debe su puesto a un dirigente que lo recomendó, su permanencia la garantiza su padrino y su partido, sus aumentos dependen de su fuerza política o relación con el superior. No hay una escala de salarios ni pruebas de evaluación, hay influencias.

Al final del día, difícilmente puede el jefe de un departamento aspirar a un nivel de eficiencia como vemos en la empresa privada. Si sumamos a esto que no hay por qué evitar costos innecesarios, porque la utilidad no está en juego, el derroche por exceso de nombramientos es bien visto, porque en fin de cuentas produce más inscritos en el partido o más seguidores electoralmente. Para un político con aspiraciones, el éxito lo refleja el número de adherentes que logra a través de su cargo, al margen de la incapacidad e ineficiencia del funcionariado. Pero, admito, hay un momento en el que la ineficiencia se paga con despido: al darse un cambio de gobierno y entrar un nuevo partido a dirigir la institución, entonces la razón de los despidos es justificada porque los servidores que no son aliados son identificados rápidamente como ineficientes y se dan las grandes barrerías de cada cinco años.

Ricardo Martinelli dijo en campaña que ‘gobernaría con los mejores, no importaba afiliación política’ y creó una gran esperanza de que quizás veríamos finalmente un gobierno para todos.   Sin embargo, los dirigentes de los partidos de su alianza han girado instrucciones directas contrarias a la intención del presidente y la carrera por sumar adherentes y destituir opositores no termina, a casi 18 meses de iniciado el gobierno. Habrá que esperar otro gobierno para ver si finalmente adoptamos un manual justo, aprobando además una carrera administrativa y una ley de sueldos moderna.

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<> Este artículo se publicó el 7 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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