Posicionando a las instituciones del Estado

La opinión del  Empresario….


RAFAEL CARLES

A raíz de una opinión publicada recientemente en esta columna, sostuve una conversación con amigos periodistas de medios de comunicación sobre el impacto y el alcance del discurso del presidente Martinelli de cara a la inauguración del IV Foro de Agencias Gubernamentales de Defensa del Consumidor,  y su perspectiva para el posicionamiento favorable de las instituciones del Estado en la mente de los ciudadanos del país.

Sin duda, el esfuerzo de muchos funcionarios y la implantación oportuna y efectiva de políticas estratégicas contribuyen para que la población reconozca y califique a algunas instituciones de manera positiva. Pero esto no debe mirarse, bajo ninguna circunstancia, como la culminación de una etapa o el logro de algún objetivo específico.

Al contrario, llegar a ser instituciones reconocidas, aceptables y productivas del país simboliza el inicio de una nueva etapa de trabajo que se enfoca en la atención decisiva y en la solución inmediata de los problemas que más aquejan al país. Porque así como las encuestas arrojan cifras positivas y alentadoras, en ausencia de mecanismos eficientes de respuesta y de actitudes asertivas y de atención a la sociedad, también estas evaluaciones pueden dar un giro y reflejar lo contrario. Y tratándose de percepción, no hay segundas oportunidades.

Para explicar mejor el asunto sobre el posicionamiento de una marca, siempre me gusta referirme a lo que por medio siglo hizo que todos pensáramos que Volvo era la marca de auto más segura del mundo. El punto clave aquí es que nunca nadie preguntó, ¿por qué es el más seguro? La respuesta no tiene nada que ver con el diseño de cajón que representa al Volvo, ni la calidad de los materiales con que se fabrican, ni nada parecido. Entonces, ¿por qué su fuerte posición en la categoría de autos seguros? Todo inicio hace años cuando se realizó un estudio comparativo para determinar qué autos sufrían menos accidentes, y resultó que los Volvo estaban de primero en la lista, y se dedujo entonces que los Volvo eran más seguros. Por supuesto, los expertos del marketing no esperaron y tomaron rápidamente la idea y la colocaron en la mente de la gente. ¡Excelente!

Pero eso no es la verdad. El estudio anterior no contemplaba el análisis demográfico de los conductores de los autos. Y solo al extraer esa información —muchos años después—, se descubrió que la gente que compra un Volvo es estadísticamente de edad adulta y, por consiguiente, conducen más cuidadosamente. Esto es muy diferente a señalar que la seguridad de los Volvo es consecuencia de su diseño, de los materiales de fabricación o de cualquier otro proceso tecnológico que Volvo quiera aducir en sus campañas publicitarias de que sus autos son los más seguros. Pero ya es tarde: en la mente de la gente, Volvo sigue siendo el auto más seguro.

Igualmente ocurre en otras áreas donde la gente se hace ideas sobre personas, empresas o instituciones, y son estas percepciones las que al final cuentan a la hora de opinar o consultar. Por ejemplo, entre las instituciones con mayor credibilidad en el país se mencionan a la Iglesia Católica y algunos medios de comunicación. Históricamente, se han realizado encuestas que confirman lo anterior, y no importa qué ni cuánto hagan sus detractores, siempre marcan sólido en esa categoría específica. Lo mismo ocurre en el segmento negativo, en donde siempre la Asamblea Nacional y los partidos políticos marcan mal. Repito, esa es la percepción de la gente y al final eso es lo que cuenta.

Por tanto, es conveniente que las instituciones del Estado se posicionen en una categoría que impacte favorablemente la institucionalidad del país. Para ello, sus funcionarios deberán cumplir las leyes, trabajar con honestidad, dar la milla extra, procurar la equidad y la transparencia, crear mecanismos eficientes de trabajo, aumentar el bienestar de la sociedad, fortalecer el comportamiento competitivo del mercado, eliminar el juegavivo, defender los principios básicos de moralidad y decencia, y respetar los derechos de los consumidores. Solo así la gente percibirá y hablará bien de quien trabaje en y para el Estado.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¿Conviene privatizar los Correos?

La opinión de la Ex Directora de los Correos Nacionales


MARTA AMADO
packyamado@hotmail.com

Me siento comprometida a expresar mi opinión sobre la última ocurrencia del gobierno actual de privatizar los Correos, no tanto porque es otra decisión tomada a la ligera, sino por el ingente esfuerzo que hicimos durante la gestión del quinquenio anterior y que coloca a COTEL como un servicio público básico a la altura de los países que dependen de él con la seguridad y confianza que llega hasta a aquellos lugares más remotos.

El tema postal no es así de simple, porque hay que recordar que se tiene que tomar en cuenta el costo—beneficio para los que dependen de él. La prestación del Servicio Postal Universal (SPU) debe ser a precios accesibles en todo el territorio, sin ningún tipo de discriminación.

Las privatizaciones en el sector postal han tenido que revertirse, porque es obvio que aquel que resulte beneficiado con la concesión encarecerá el servicio en poblaciones lejanas, pues el costo de transportar la carga postal hasta esos remotos lugares hace oneroso el servicio. Tomar una decisión de privatizar una institución, hacer despidos, encarecer un servicio únicamente porque una revista llega tarde, es injusto para todos.

Nuestro plan maestro de trabajo fue producto de muchos estudios con expertos de correos oficiales de organismos internacionales postales, que revisaron y estuvieron al corriente de todos los avances alcanzados. La legislación actual está muy dispersa y data de 1904, el modelo de gestión es obsoleto y la entidad solo aprueba compras por mil dólares. Existe un alto nivel de burocracia, porque las gestiones se hacen desde el Ministerio de Gobierno.

Por ser una dependencia, tiene fuertes limitaciones presupuestarias. Hay muy poca motivación del recurso humano por los bajos salarios. Los nombramientos que se realizan no son producto de las necesidades y perfiles que COTEL requiere.

Antes que privatizar debe hacerse en forma urgente la separación del rol de operador público y regulador. La carencia de regulación impide conocer las estadísticas de movimiento por destino, origen y peso de los envíos postales. La mayoría de los prestadores privados no cumplen con estándares de calidad y medición dispuestos por normas internacionales y encima, las desconocen. No hay estrategias postales, por lo que urge definir una política para el sector postal que incluya divulgación y capacitación a los actores sobre las estrategias, planes, programas postales mundiales y las prohibiciones de envíos (armas, órganos, drogas, etc.). Por no existir una regulación efectiva puede darse un incremento en el tráfico de sustancias, materias y objetos ilícitos por medio de la red postal.

En vez de pensar en una privatización, se debería transformar CORREOS DE PANAMA en una entidad pública autónoma, con presupuestos dignos para actualizar su tecnología, controles informáticos y seguridad, capacitación de personal, incrementos salariales, incentivos por desempeño, cambio de imagen corporativa y una cultura de servicio orientada a la satisfacción de todos los que dependen del servicio.

También es urgente la prestación de nuevos servicios postales, financieros y complementarios con lo cual se pudieran aumentar los ingresos de la Institución. En las estafetas se podrían comprar o pagar servicios, venta de material necesario para embalar las encomiendas, por ejemplo.

De la misma forma, se deben aplicar normas de contabilidad de costos, no las gubernamentales, para poder conocer el costo de cada envío y presentar la cuenta al Gobierno, para que costee el SPU como compromiso adquirido por el Estado, según los convenios de la Unión Postal Universal. El SPU es el costo social. Hay que diferenciar el costo del SPU del resto de los servicios.

Como servicio público, debe tener una regulación, adscrita a la ASEP, de manera que se cumplan las normas internacionales y los consumidores puedan gestionar sus reclamos. Actualmente COTEL debe cumplir ambos roles, pero esto no es ético ni equilibrado, porque no se puede ser juez y parte.

En vez de una privatización que solo beneficiará a unos pocos y dejará en la calle a una gran cantidad de personas que han servido por años a la Institución, se debe transformar COTEL en el operador público oficial, orientado al cumplimiento del SPU y a la explotación de nuevos servicios comerciales sujetos a regulación postal.

El operador público recibiría compensaciones financieras por los costos operativos de la prestación del SPU y la capacidad para enfrentar nuevas tendencias del mercado aplicando nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, explotación de nuevos servicios postales y financieros, logística integrada y comercio electrónico. Se crearían ventanillas multiuso, para que el operador público pueda alcanzar equilibrio financiero y mantener un fondo de reinversiones.

Existe un gran potencial para un nuevo servicio de correos en Panamá, operado públicamente con eficiencia, que apoyaría decididamente la agenda social del Estado.

Durante mi gestión se presentó un anteproyecto de Ley que fue discutido en la Comisión de Transporte de la Asamblea de Diputados, incluso se creó una subcomisión integrada por COTEL, empleados, ASEP, representantes de los prestadores privados y funcionarios de esa comisión. Homologamos conceptos y se presentó el informe, pero allí quedó. Fue frustrante no concluir el plan, porque soy consciente de la necesidad y desfase que tienen estos servicios, que no marchan al ritmo del desarrollo del país. Creo que el gran impedimento fue que el sector privado no acepta la regulación, además CORREOS DE PANAMA podría convertirse en un competidor fuerte, pues, contaría con más de 100 oficinas a nivel nacional.

En el sector postal el costo—beneficio de las operaciones no interesa, pues hay que cumplir con el derecho a la comunicación que está consignado en la Carta de Naciones Unidas. Finalmente, el usuario podrá escoger su prestador de servicio de acuerdo a servicio, calidad y precio, manteniendo la libertad de empresa del sector privado, pero con una regulación adecuada.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Peligros en nuestra democracia

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO  A.  ROGNONI
marognoni@cwpanama.net
Cuando se pierde la democracia y se cae en un rompimiento del orden constitucional democrático es cuando más los ciudadanos son conscientes del valor de la democracia. El respeto al orden constitucional, la separación de los poderes del Estado, las libertades individuales, son todos elementos que hacen de la democracia el mejor de los sistemas. Todo lo anterior nos da la suma de factores que favorecen el fortalecimiento democrático. Una nación donde se pierden las libertades ciudadanas, o bien donde no exista separación de poderes o simplemente no se respete el orden constitucional, es el caldo de cultivo más propicio para los movimientos populares de reivindicación.

Los gobiernos que cojean en alguna de estas áreas históricamente se tornan populistas, al buscar que las capas populares sientan beneficios directos al margen de las persecuciones, arbitrariedades y desmanes que se den. Eso explica cómo dictaduras militares en nuestros países pasan a la historia dejando grandes obras y leyes sociales, mientras se registran desapariciones, asesinatos y todo tipo de ilegalidades. Pan y circo, decían los romanos. Pan y circo aun en nuestro mundo moderno parece funcionar. Hasta cuando un pueblo algo más educado, algo más preparado, empieza a ver más allá del circo la verdad de lo que acontece.

Panamá no escapa a esta realidad política. Solo que somos una democracia joven, en esta etapa, con solo veinte años de experiencia en la nueva República. Yo recuerdo días después de la invasión norteamericana, tuve un encuentro con el coronel Hassan, quien salía de una reunión con el general Cisneros. Me preguntó si pensaba seguir mi programa de radio, ahora en oposición. Le dije que lo estábamos pensando y me pidió que no lo parara, para los norteamericanos, me dijo, lo más importante era la libertad de prensa, una prensa responsable que sirviera de peso y contrapeso a las gestiones de gobierno, señalando y denunciando irregularidades si se daban.

Los gobernantes panameños, sin embargo, han tenido en estos veinte años serios encontrones con los medios de comunicación, tratando muchas veces de silenciar la critica o cerrarles las opciones de continuar. Un verdadero problema para una democracia es el perder la libertad de prensa, especialmente de una prensa objetiva e imparcial, investigativa y analítica. Los problemas diarios del pueblo, del electorado, sin embargo, no son los problemas de la democracia. El pueblo se preocupa hoy por el costo de vida, la falta de seguridad, la corrupción. Pero la democracia peligra por la falta de una real libertad de prensa, la concentración de los poderes del Estado y la corrupción en los órganos del Estado. Una corrupción que hoy afecta mayormente al Órgano Judicial, creando una serie de problemas colaterales a la democracia y el desarrollo.

Hoy, el panameño no cree en la justicia oficial. Hoy, la credibilidad en la Corte Suprema, Tribunales Superiores, jueces y fiscales esta en entredicho. La seguridad jurídica ansiada por inversionistas peligra y el propio ciudadano común constantemente se enfrenta a situaciones con corregidores, policías, autoridades civiles sintiendo que no hay un verdadero sentido de justicia en el país. Mientras las cárceles continúan con detenidos que no han sido procesados, otros detenidos por situaciones que no ameritan su arresto, pero simplemente como parte del uso de la fuerza que la autoridad detenta. La misma sacada de la procuradora general afectó la imagen del Órgano Judicial y de paso tocó igual al Ejecutivo.

Hoy muchos dudan de la independencia del Órgano Judicial, al margen de la imagen que proyecta.

Panamá tiene que hacer un alto y evaluar nuestro desempeño. Hay que corregir aquellas cosas que permiten las actuales distorsiones. Garantizar una verdadera separación de poderes, garantizar una verdadera libertad de prensa, asegurar con medidas imparciales las designaciones de los más capacitados en los cargos claves de contralor general, procurador general y magistrados de la Corte Suprema, quienes a su vez deben garantizar los nombramientos adecuados de jueces y fiscales. Una legislación adecuada de contrataciones públicas y una verdadera política de transparencia garantizarían al país el camino adecuado al desarrollo integral. Los peligros hoy a la democracia deben ponernos a todos, independiente del partido político en que militemos, a unirnos en el diseño de la nueva república. Con el compromiso formal de la clase política y la sociedad civil de aportar lo que sería mejor al país y no lo que favorece mis ambiciones personales o partidistas.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Sueños de esperanzas

La opinión del Doctor en Medicina….

EDUARDO  REYES  VARGAS
earv31@hotmail.com

¿Qué es la vida?.. Una ilusión, dijo Calderón de la Barca. Cada día sueño que nuestro país además de crecer económicamente, distribuya mejor su riqueza y fortalezca sus instituciones democráticas. Es realmente lamentable que en esta particular democracia sus tres poderes sean percibidos por la mayoría de la población, (distintos estudios ya publicados), como instituciones de escaso aporte al bienestar de las mayorías en sus diarias esperanzas.

Los problemas de salud, educación, seguridad, entre otros, contrarios a resolverse en una forma que satisfaga a sus ciudadanos, aumentan.

La pérdida de valores éticos y morales en esas instancias de poder y decisión, con las debidas excepciones, contribuyen con la desesperanza de aquellos que día a día sufren las consecuencias de los problemas señalados.

Creo que Panamá exige un nuevo marco constitucional, no para ajustar aspiraciones de minorías privilegiadas o personales, sino las de esas mayorías.

Sueño que la elección de nuestros magistrados de la Corte Suprema obedezca más a decisiones basada en la meritocracia que las sustentadas en amistad, política partidista o poderes factuales.

Sueño que nuestra Asamblea de Diputados reduzca sus miembros y que los mismos se dediquen a legislar y no a realizar funciones propias de los representantes de los corregimiento con el consiguiente ahorro (producto de sus actuales privilegios) y dedicarlos a salud y educación. ¿Ha calculado cuánto nos cuesta per cápita cada ley? ¿Son costos útiles o eficientes?

Sueño que el Poder Ejecutivo y quien lo presida en cualquier época, sea sujeto a leyes más rígidas, de tal forma que por tácitos abusos de poder les permitan directamente a quienes lo eligieron su oportuno juzgamiento y condena. No esperar hasta finales de quinquenios, cuando esos abusos han causado graves daños a los ciudadanos. Actualmente los tres poderes parecen protegerse entre sí, ¿y la voluntad soberana del pueblo?

Ya se han cumplido 21 años del inicio de gobiernos democráticos luego de similar cantidad de años de gobierno militar. Sume los primeros 68 años llamados ‘democráticos’.

No negamos algunos avances, pero la esencia de los problemas subsiste y se ha acrecentado un pecado social: la corrupción. Y lo de moda: ‘porque quiero, porque puedo y porque me da la gana’. Interprétese.

El estudio publicado de las Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales (FLACSO) recoge algunas de esas preocupaciones sobre la gobernabilidad democrática.   Es preocupante lo allí señalado en Panamá.   Que no sea el camino propicio para ‘sargentazos’ al estilo batistiano o para conductas colectivas violentas que denomino ‘jordache’, ante tanta desesperanza.

Sueño en materia de salud, entre otras cosa, que se regulen y abaraten los precios de medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) y de alimentos saludables: frutas, vegetales y otros. De lo contrario, se haría real la ecuación: No tienes dinero= morirás prematuramente. Prevalezca la vida sobre el mercado salvaje.

Sigo soñando… con esperanza.

**CAMINE CADA DÍA, al menos TREINTA MINUTOS, INVERSIÓN PARA SU SALUD**.

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Consenso de Seúl a Washington

La opinión de…


ALEXIS   SOTO
sotopanama@gmail.com

En los años ’90 se impuso la corriente del Consenso de Washington, la liberalización unilateral de mercados, privatizaciones y reducciones drásticas del déficit.  Era el ritmo al que bailaban nuestros países en ese tiempo y la música la imponían los organismos multilaterales (Banco Mundial, FMI, etc.).

Panamá tuvo que adoptar muchas de estas medidas a costas de graves sacrificios en nuestras políticas de desarrollo interno, so pretexto de que de otro modo quedaríamos aislados del mundo.

Bajo estas premisas, nuestros productores agropecuarios aceptaron drásticas reducciones de aranceles, la apertura del mercado nacional, así como el desmantelamiento y demonización de todo apoyo estatal o subsidio al agro a partir de la adhesión a la OMC en 1998 y así durante todos los gobiernos subsiguientes estas políticas fueron paulatinamente dejando en la postración a nuestro sector agropecuario.

Hoy, casi dos décadas después, el mundo ha dado muchas vueltas, aquel mundo regido por las economías más poderosas desde la II Guerra Mundial ha tenido que dar un espacio a los llamados países emergentes. Así la ONU aceptó ampliar el Consejo de Seguridad y el G20 se abrió para dar entrada a Corea, Argentina, México y Brasil.   El texto de la última cumbre del G20 celebrada en Corea hace dos semanas, conocido como el ‘Consenso de Seúl’ es reflejo de ese cambio de ritmo.

Ahora se habla de un equilibrio entre crecimiento económico y desarrollo social, pero sobretodo se habla de políticas nacionales de desarrollo que no sean impuestas desde afuera. Tanto el Director del FMI como del Banco Mundial coincidieron en que las políticas económicas de los países deben ser consecuentes con su realidad doméstica y no pueden uniformarse para todos.

Hoy vivimos otro mundo. La crisis del petróleo en 2007 que devino en una crisis de precios de los alimentos llevó a la FAO a instar a los países a desarrollar políticas de desarrollo agropecuario y de seguridad alimentaria, parte del texto del ‘Consenso de Seúl’ reitera estas prioridades enfatizando en la necesidad de retomar las discusiones de la ‘Ronda de Doha’.

Ahora cuando nuestro país avanza en la negociación de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Fiscales con países miembros de la OCDE, es importante que nuestras autoridades tomen en cuenta los nuevos paradigmas globales. No se trata de regresar a políticas arcaicas de sustitución de importaciones, se trata de fomentar la producción nacional tanto agropecuaria como industrial para aumentar nuestras exportaciones y no sacrificar la primera so pretexto de impulsar la segunda. El crecimiento del país no puede darse a espaldas del desarrollo de nuestra industria y del sector agropecuario ya que son los que nos darán el necesario valor económico y la seguridad alimentaria.

<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¿Por qué los niños siguen trabajando?

La opinión de…

Mayteé Zachrisson

Muchas veces cometemos el error de ser tolerantes ante distintas situaciones; pensamos que si bloqueamos lo que nos incomoda, desaparecerá; que despertaremos y todo estará resuelto. La erradicación del trabajo infantil es uno de esos temas con los que hemos sido tolerantes. El año pasado se dio a conocer que había crecido a 89 mil 767 la cifra de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, que realizaban algún tipo de trabajo, según datos de la Encuesta de Trabajo Infantil que realizó la Contraloría en 2008.

En su momento se explicó que esta encuesta fue mucho más técnica y abarcó otros tipos de trabajo que no se habían contabilizado en la anterior, realizada en 2000, y que daba a conocer que 47 mil 976 personas menores, en las mismas edades, trabajaban en Panamá y que, por lo tanto, los indicadores iban a ser más precisos; situación completamente lógica y corroborada. Debo ser sincera, tenía la esperanza de que disminuyera. Desde mi perspectiva, muchos actores colaboramos activamente para contribuir a la causa de la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en las peores formas, lo que garantizaba más personas combatiendo este flagelo; pero la realidad es que las cifras no mienten y aún falta mucho por hacer.

El trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los menores de su niñez, potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Algunos confunden este término con las tareas realizadas por los niños al ayudar a sus padres y madres en el hogar, en un negocio familiar o con las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones, que en cierta medida son importantes para la formación de los pequeños y que a veces les llamamos “trabajos de ayuda familiar” y que, por lo tanto, no son remunerados.

En nuestro país la edad mínima para admisión al empleo es de 14 años. El Estado ha asumido el compromiso de eliminar las peores formas del trabajo infantil para el año 2015. Es decir, esa obligación es tanto suya como mía, por lo que no podemos ser ajenos a este problema.

Una de las maneras, sino la única segura, es la de lograr disminuir el trabajo infantil a través de la educación. Este flagelo no lo pueden eliminar por sí solos el Gobierno, los organismos internacionales, empresas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales; debe ser un compromiso y una responsabilidad compartida de toda la sociedad. En este sentido, incentivar la promoción de trabajo decente para los adultos responsables de los menores de edad que realizan el trabajo que los “grandes”, se debe hacer para garantizar que vayan a la escuela.

La coordinación de esfuerzos, la ejecución de estrategias y acciones en muchas direcciones pueden hacer posible alcanzar este objetivo. Mi recomendación es sencilla: no se quede esperando a que otros resuelvan el problema, comprométase con la causa y ayude a que Panamá alcance la meta de país libre de trabajo infantil. ¡Juntos podemos lograrlo!

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<> Este artículo se publicó el 30  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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Cuando se ataca al poder

La opinión de…

Albis Riquelme

Las declaraciones dadas al país por el ex presidente Álvaro Uribe retratan a cuerpo entero los tentáculos del poder, que cuando ven afectados sus intereses, entonces, arremeten contra quienes de manera valiente enfrentan sus arbitrariedades. Uribe habló y sentenció “con la espada desenvainada enfrenté a los malos, con toda la fuerza que me dio la ley y la razón”.

“En mi gobierno –afirmó– disminuyó la ofensiva guerrillera, se incautaron grandes toneladas de droga, depuramos hasta donde se pudo el Estado colombiano que había sucumbido en manos de la corrupción, se enfrentó y desarticuló a las Autodefensas Unidas de Colombia e incautó miles de bienes mal habidos. Se extraditó a más de mil 200 personas acusadas de delito.

Cuántos intereses se tocaron en su gestión de gobierno, me imagino que muchos y mucho dinero de por medio. Entiendo que esa gente afectada tiene el poder para comprar sindicatos, medios de comunicación y atentar contra el bienestar de quienes, en nombre de la ley defendieron la democracia usando como arma la justicia.

La prueba más palpable de que la gestión de Uribe fue buena, es la elección del presidente Santos, quien formó parte de su gabinete. Uribe le cumplió al pueblo y el pueblo premió su mandato.

El asilo territorial dado a la jefa del DAS solo evidencia lo peligroso que se torna la lucha contra los poderes ocultos de la corrupción, que mina los países del mundo. Quien se levante contra ellos, sentencia para siempre su vida. Cómo evaluar a un hombre con un valor enorme como Uribe y triste ha de ser no poder garantizar la seguridad de quienes en nombre de la Constitución hicieron lo que era correcto y hoy son prófugos de su país, perseguidos, por haber hecho lo correcto.

En Panamá, la actual gestión probablemente corra con igual suerte que Uribe. Es común ver las grandes incautaciones de drogas, por miles de toneladas, se le ha cerrado las fronteras a los insurgentes, los que evadían impuestos ahora están obligados a pagar, se está llevando a juicio a los monos gordos, que jamás se pensó que un día se podía hacer. Los chantajes económicos han sido rechazados y la gente que le robaba al Estado hoy no puede hacerlo, pues se respeta la ley.

Al igual que en Colombia, el poder ha comprado medios, los sindicatos protestan, aparecen periodistas sicarios con su pluma, disparando en nombre de causas, argumentando derechos conculcados en los cuales no creen; pero los usan como señuelos o dardos envenenados. Derechos humanos, libertad de expresión, abuso de justicia, demasiado poder. Entre otros, son los temas anzuelo. Todo es lo mismo, los panameños tenemos que aprender la lección de Uribe; una analogía similar de lo que pasa en nuestra nación, donde el poder reacciona para defender sus intereses, en los que el pueblo no cuenta, solo es víctima inocente de la gula de riqueza.

Hay que saber diferenciar el trigo de la paja y, al igual que en Colombia, en Panamá la labor de gobierno tiene niveles de aceptación muy positivos, pues la población sabe premiar el esfuerzo de sus gobernantes. Ojalá el vía crucis que están pasando los miembros del equipo de Uribe no desanime a los nuestros, ya que el bien siempre triunfa sobre el mal.

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<> Este artículo se publicó el 30  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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