Derechos Humanos: el gobierno reprueba

La opinión del Secretario General de CONUSI  FRENADESO….

GENARO   LÓPEZ  
rologe54@yahoo.com

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU inició los trabajos de la IX sesión del Examen Periódico Universal (EPU), en el cual revisa la situación de 16 países. En la reunión de Ginebra, el Gobierno de Panamá estuvo representado por Roxana Méndez, ministra de Gobierno. En este examen, el gobierno pretendió ocultar la masacre de Bocas del Toro.

Diversos países expresaron su preocupación por lo sucedido en Bocas, exigieron explicaciones y que los responsables de esta violación a los derechos humanos sean conducidos a los tribunales. Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Países Bajos demandaron al gobierno de Martinelli aclarar los sucesos de Changuinola, en donde al menos siete personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas.

A pesar de la condena, el gobierno persiste en ocultar los muertos. El procurador de la Nación, Guiseppe Bonissi, insiste en reconocer dos asesinatos, a pesar de que el informe de la Defensoría del Pueblo señala que podrían haber fallecido hasta siete personas y la Comisión Investigadora que designó Martinelli contabilizó cuatro. Con estas posiciones, ¿qué justicia se garantiza al pueblo?

Sin embargo, ésta no es la única materia donde fracasa el gobierno. Un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó al gobierno a frenar el elevado número de asesinatos de mujeres; existe preocupación porque la legislación penal de Panamá no aborda en forma contundente el feminicidio; sin embargo, el gobierno no ha dado pasos para frenar este fenómeno. Igualmente expresó su preocupación porque en la práctica los afropanameños y los pueblos indígenas aun son víctimas de discriminación racial y, por ende, de violaciones a sus derechos humanos. En el caso de la niñez se cuestionó el trabajo infantil y se instó al gobierno a corregir la falta de protección de las menores.

Canadá, dejó sentada su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión y por las represalias y la presión oficial ejercida de manera directa e/o indirecta contra periodistas y medio de comunicación social.

El equipo de Naciones Unidas observó ‘faltas’ en los procesos en Panamá de solicitud de refugio y en el cumplimiento de los principios básicos del derecho de asilo, de no devolución y de no discriminación. La falta de mecanismos en Panamá dificulta proteger a las personas que, debido a los flujos migratorios, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sumado a ello, el último informe de Transparencia Internacional señala que Panamá se mantiene como uno de los países con peor índice de percepción de corrupción. Igualmente, el último Informe sobre la Desigualdad del PNUD. Panamá ocupó el noveno lugar en el deshonroso ranking de la desigualdad social.

A este examen deben incorporarse los problemas ambientales. En materia ambiental se acelera la flexibilización de las normativas: reforma al Código Minero, mecanismos que evaden los estudios de impacto ambiental, venta de nuestro territorio (costas, playas e islas), protección a empresas que lesionan el medio ambiente.

En este orden, en el cuestionado proyecto de ampliación del Canal, ha estado favoreciendo a la empresa LBG (Louis Berger Group), la cual ha admitido haber defraudado al gobierno estadounidense en trabajos de reconstrucción en Irak y Afganistán. La empresa realizó dos contratos con la ACP: elaboración del plan de manejo socioambiental del lago Gatún ($197000) y servicios de consultoría para la revisión de los estudios técnicos del programa de ampliación ($564210). Además, LBG también ha realizado proyectos con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). ¿Qué criterios se siguen para otorgar estos proyectos y qué importancia brinda el gobierno al medio ambiente?

Lo planteado en los diversos informes demuestra que cada vez más se cercenan los derechos humanos del pueblo panameño, se desconoce el derecho a la vida digna.

Tenemos que trabajar en la democratización de la sociedad panameña, para ello se requiere construir poder popular; de allí la necesidad de impulsar los esfuerzos para crear un instrumento político electoral, como alternativa real para promover la justicia y equidad social.

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

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