¿Reformas o nueva Constitución?

La opinión de…

Franklin Castrellón

Una de la promesas que, a mi juicio, más caló en el electorado panameño durante la pasada campaña política fue la formulada por el actual presidente, Ricardo Martinelli, cuando en su propuesta de impulsar “el verdadero cambio”, se comprometió a fortalecer la democracia mediante “la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral” vía “las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional”.

Desde su inicio como república, Panamá ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, esta última emparchada en cuatro ocasiones desde que fue promulgada por el régimen militar. De acuerdo con la Constitución vigente, el poder público lo ejercen los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Sin embargo, el poder que le da la Constitución al Ejecutivo es tal que puede nombrar a discreción allegados suyos en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y utilizar el presupuesto general del Estado como arma para subordinar a los demás órganos a su voluntad y hasta para arrinconar a adversarios políticos.

Con el advenimiento al poder de la Alianza por el Cambio confiaba en que se iniciarían prontamente los pasos para cumplir con la promesa de campaña.   Lamentablemente, a 18 meses de gestión no hemos detectado visos concretos de que cumplirá ese vital componente de su oferta política. Todo lo contrario, hemos visto acciones dirigidas a fortalecer el poder presidencial hasta reducir a los demás poderes públicos a meros instrumentos del Ejecutivo.

Ni siquiera bajo el supuesto de la buena fe presidencial se puede justificar semejante práctica que pone en riesgo lo que los juristas denominan Estado de derecho que, según lo definió el barón de Montesquieu (Charles–Louis de Secondat) en el siglo XVIII, descansa en la “separación de los poderes” y en el consecuente sistema de “pesos y contrapesos” (checks and balances en el régimen anglosajón). Ese sistema es necesario para prevenir excesos por uno de los órganos del Estado en detrimento de los intereses de la Nación.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos el Legislativo sirve de contrapeso al Ejecutivo al poder encausar al presidente (caso Richard Nixon) y rebasar el veto presidencial; al Judicial cuando aprueba los jueces federales y puede encausarlos (cámara baja); y a sí mismo, pues cada cámara supervisa a la otra. En cuanto al Ejecutivo, este ejerce contrapeso sobre el Legislativo al poder vetar leyes, mientras que el vicepresidente preside el Senado; y al Judicial por designar a los magistrados.

El propio Ejecutivo tiene en el vicepresidente un contrapeso, pues este puede –en combinación con el Gabinete– separar al Presidente por incapacidad para ejercer sus funciones. Finalmente, el órgano Judicial supervisa la legalidad de las leyes aprobadas por el Legislativo y el magistrado presidente actúa como presidente del Senado cuando este encause al Presidente de la República.

Más que una reforma como las que se han aprobado a la Constitución de 1972, Panamá requiere de una nueva Constitución que surja de una Constituyente integrada por notables. Y cuando menciono notables me refiero a juristas, representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones cívicas de incuestionable reputación. La vía de una Asamblea Constituyente paralela está contemplada en el artículo 314 de la constitución, y la misma puede ser por iniciativa ciudadana o del Ejecutivo.

Además de perfeccionar la precaria democracia panameña mediante una auténtica separación de los poderes, la nueva Constitución debe fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, revisar las funciones de la Asamblea para eliminar fuentes de corrupción como el acceso a fondos para obras comunales, crear normas claras para agilizar la administración de justicia, y eliminar dualidades como las contradicciones sobre la existencia o no de suplente del procurador general de la nación.

En interpretación de leyes de igual categoría, la hermenéutica jurídica indica qué ley tiene prelación, pero en el caso citado el Ejecutivo pudo imponer su voluntad por ausencia de contrapeso en el Órgano Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados (La Prensa, 12 de marzo de 2010) se pronunció a favor de impulsar la convocatoria de una Constituyente. Otras destacadas figuras del foro nacional, como la ex procuradora Mercedes A. de Grimaldo y el constitucionalista Miguel A. Bernal, han hecho lo propio.

Y el presidente Martinelli renovó su promesa de campaña, mencionando temas tales como la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el periodo presidencial. Cabe ahora tomar iniciativas concretas para que los panameños contemos con una Constitución moderna que perfeccione nuestra democracia.

*

<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-franklin/

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