Pensemos en la gente

La opinión de…

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Eduardo Morgan Jr.

De mis viajes a China la impresión que más impacto me ha causado no son sus imponentes y hermosas ciudades que compiten, con ventaja, con las principales metrópolis europeas y americanas.    No. Lo que me llamó la atención de Beijing (que en belleza y majestuosidad ya está a la par de París), de Shangai y otras ciudades, es que están hechas para la gente.

Son ciudades amigables, con amplias aceras, y calles y avenidas llenas de flores. Me tocó atravesar a pie una gran avenida y, para mi sorpresa, el puente peatonal estaba hecho en tal forma que se podía caminar llevando una bicicleta de la mano. Era una pendiente tan suave que personas de la tercera edad no tenían que subir empinados escalones.

El contraste con Panamá es deprimente. Nuestro país no está hecho para la gente. Es triste, cuando recorremos la carretera Interamericana hacia el interior y pasamos por ciudades y poblados, ver nuestros puentes peatonales. Nuestra población, sobre todo en el interior, se mueve generalmente a pie o en bicicleta.

Nuestros jóvenes estudiantes y compatriotas la usan para trasladarse entre poblados, o para ir a la escuela o al trabajo. La Interamericana es un bisector de ciudades y poblados, de tal forma que tiene que ser cruzada varias veces por muchos de los que allí habitan. Para un estudiante de escuela primaria, trepar la bicicleta en los puentes peatonales es más que imposible, así que se ven obligados a cruzarla esquivando el tráfico vehicular que cada día es más denso.

Si gastamos cientos de millones en una cinta costera en la ciudad de Panamá, en helicópteros y radares para el combate del narcotráfico, en mejorar la infraestructura vial de la capital, y en programas como los acueductos que benefician la metrópoli, me pregunto: ¿no merece nuestro olvidado pueblo del interior que protejamos a sus niños y mayores invirtiendo en la construcción de pasos elevados adecuados? ¿Cuántas vidas ayudarían a salvar? Es seguro que muchas muertes por atropello que se han producido en la Interamericana se hubieran evitado. Hacer verdaderos pasos elevados a lo largo de la Interamericana no costaría lo que va a costar uno solo de los helicópteros que evitarán que la droga llegue a los ricos países consumidores, pero sería un paso adelante para que en nuestro país empezáramos a pensar en la gente.

Otra sugerencia para empezar a pensar en la gente: los hombros de las carreteras. Nuestro pueblo, tanto en el interior como en las afueras de nuestras ciudades principales –como ya dije– se mueve en trayectos cortos principalmente a pie o en bicicleta. La ampliación de la Interamericana es un ejemplo, al estar, dotada de hombros amplios a ambos lados. Este debe ser un principio sine qua non en la construcción de toda vía que una nuestras poblaciones. Debemos ponerla como condición de todo trabajo de ampliación o de toda vía nueva.

Y empezar a ejecutarla en las vías existentes, como es la continuación de la Interamericana después de Santiago. Nuestro compatriota del interior tiene derecho a que él y sus hijos puedan caminar con seguridad por la vera de todos nuestros caminos. No hay que ser egoístas con la mayoría de nuestra población. Somos 3 millones y medio de panameños y la gran mayoría no tiene automóvil.

Finalmente, en la ciudad de Panamá se hace inaplazable resolver el problema de las aceras. La metrópoli, llena de rascacielos, pareciera estar hecha para mirarla en postales. Pero no es para nada una ciudad amigable. Vamos a tratar de reiniciar con la Universidad de Panamá, con el apoyo decidido del rector y del profesor J. R. Garrido, el proyecto conjunto que diseñamos en 1996 que tiene como meta (usando el lenguaje folclórico de Omar Torrijos) “acerizar” Panamá. El proyecto se circunscribe al centro bancario, pero debe servir también de ejemplo y de guía para el resto de la ciudad. En los gobiernos anteriores no obtuvimos el respaldo necesario, pero confiamos que con éste será distinto. Pensemos en la gente.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Sí a la Libertad de Expresión

La opinión de la Periodista…

Betserai Richards 

A través de los años, los fallos judiciales desatinados de calumnia e injuria contra periodistas y la libertad de expresión han impactado en Panamá.

Por supuesto, este legado de desaciertos incluye al gobierno del “cambio” luego de haber consolidado los poderes del Estado.

No fue sorpresa ver expresiones tristes y melancólicas entre los estudiantes de periodismo de la Universidad de Panamá. Estaban conscientes de la violación a los derechos de la libertad de prensa.

Entre ellos, una joven tuvo la iniciativa de comprar cintas de color negro como medida de protesta ante el peligroso amordazamiento de la profesión. Posterior a la repartición de las cintas negras entre los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, otras entidades dentro de la Universidad fueron sumándose con entusiasta solidaridad.

Uno de los estudiantes demostró perplejidad sobre las decisiones incongruentes que toman las autoridades del país, al que ama tanto. Agregó que el indulto que el Presidente de la República les otorgó a dos periodistas, era para apaciguar a los medios de comunicación y la opinión pública que salieron en defensa de los comunicadores penalizados.

Me pareció interesante el planteamiento del estudiante, pero preferí no profundizar más en su análisis. Para colmo de males, la semana pasada se condenó a Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio, el tercer periodista en un mes, a una pena de 18 meses de prisión.

Pareciera que estamos marchando en reversa. Durante la época de las botas militares, el General Paredes utilizó la frase “Desde Ya” en 1982, al responder a un grupo de periodistas sobre su decisión de cerrar algunos medios de comunicación.

En esta ocasión, disfrazado con zapatillas del pueblo, el sistema judicial en general se suscribe al cambio desfavorable contra la libertad de expresión.   Debemos tener cautela para que no se repita la represión contra el periodismo.  A todos los periodistas nos preocupa esta situación. Es sumamente importante resistir la censura en contra de la libertad de prensa y expresión.

Cerremos filas con organismos internacionales que exhiben solidaridad con nuestra justa causa. Las conquistas por nuestros derechos como comunicadores sociales deben prevalecer.

 

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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La ética se adquiere

La opinión del miembro del Club Rotario de Panamá…

FERNANDO MANFREDO JR.

La educación es apropiadamente percibida como una fuerza liberadora, un medio hacia la libertad, afirmación de la vida, libertad del individuo de sus limitaciones de ignorancia, prejuicio, lugar y tiempo.   Sin embargo, debemos recordar que nadie es una isla.   Como decía Albert Schweitzer, ‘afirmación de vida… es el acto espiritual por medio del cual la persona deja de vivir de forma irreflexiva; afirmar la vida es profundizarla, exaltar el deseo de vivir’.

Nosotros no tenemos otra opción que ponerle fin al encarcelamiento de uno mismo y tomar conciencia de que necesitamos un centro moral, no un encerramiento moral. Debemos ser capaces de sensibilizarnos al dolor de nuestro prójimo. Es importante no solo ser capaces de involucrarnos en nuevas ideas, sino estar dispuestos a hacer declaraciones públicas de nuestras convicciones y compromisos para luego traducirlas en acciones.

No podemos ser optimistas en cuanto a la ética, ésta no tiene final, no es un producto, se adquiere. Nuestro carácter se forma a través de la vida. No puede ser comprada y no se puede obtener a través de cursos tomados en escuelas de Medicina, Derecho o Negocios. Tenemos que darle significado dentro de nuestras propias vidas y compromisos. Cuídense de manuales y recetas instantáneas. No existe tal cosa como 50 grandes momentos en la ética.

El filósofo Henry Bergman escribió en una oportunidad que la persona tiene una inmensa ‘reserva de indeterminación’ y que nuestro poder de escogimiento entre lo bueno y lo malo es enorme. Es a través de escogencias que uno se convierte en un individuo. Tengamos presente que los valores morales no desarrollan raíces en las arenas secas del materialismo.

La ética no es solo obediencia a las reglas, sino la preocupación por el carácter personal ‘la reputación y buen nombre’ y, más importante aún, cómo se siente cada uno.

Peter Drucker resume el tema de la ética como ‘ser capaz de mirarse la cara en un espejo’. Los estudiantes y educadores en Panamá concuerdan en la enseñanza de valores y ética. Los valores morales derivan su fuente de experiencias humanas. La ética nace de las necesidades e intereses humanos. La razón y la inteligencia son los instrumentos más efectivos que posee el ser humano. Sin embargo, esto no excluye la enseñanza de la religión.

La enseñanza de los Diez Mandamientos y preceptos similares de la ética judeo—cristiana en las escuelas, es de inmenso valor. Los beneficios primarios son de un valor doble. Primero, los Diez Mandamientos les enseñan a los niños que la ética es más que una lección de utilidad; y segundo, los Diez Mandamientos les amplía las perspectivas terrenales.

<> Este artículo se publicó el 21 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Propuesta sobre la libertad de expresión

La opinión del Jurista…

Ramiro Guerra Morales

Acotan algunos estudiosos de los temas jurídicos y políticos que las crisis suelen ser parteras de buenas nuevas y, en efecto, eso es lo que ha ocurrido con la sentencia del Segundo Tribunal Superior, rama de lo penal, que condenó a dos periodistas por delitos relacionados con la dignidad, el decoro y el honor de ciudadanos que se sintieron afectados por una investigación de naturaleza propia del periodismo investigativo.

El fallo de marras, tratándose de un derecho humano tan importante como la libertad de expresión, recibió el rechazo generalizado en el país y allende fronteras.

Como consecuencia de lo anterior, dos iniciativas han sido llevadas a la Asamblea Nacional con el propósito de regular o establecer el cómo ha de actuar la tutela penal por parte del Estado allí donde se entiende o presume que el ejercicio de la libertad de expresión ha producido una especie de disminución o afectación a la dignidad, el decoro y el honor de la persona humana.

Por un lado, el licenciado Rogelio Cruz, presidente de la asociación gremialista de abogados, propone un incremento de la pena por los delitos de calumnia e injuria, que el proceso se realice a través de jurados de conciencia y un bajo perfil del ministerio público en este tipo de delitos.

Por otro lado, los juristas Silvio Guerra Morales, Miguel Antonio Bernal y  Sidney Sittón, apoyados por gremios periodísticos, proponen penas pecuniarias mínimas, dejando a salvo la impetración de la esfera civil y la exclusión de determinados servidores públicos para ejercer la acción penal por razón de los delitos mencionados.

La propuesta de Cruz se aleja de la cultura de la despenalización que se ha venido abriendo paso en el mundo, y la segunda –a mi juicio– mantiene los tipos penales de la calumnia e injuria, con una penalidad de días multas exigua, cuando medie sentencia en el sentido de que el ejercicio de la libertad de expresión ha causado lesión a la dignidad de la persona.

Esta reforma, desde el punto de vista de la penalidad, representa un avance, pero soy del criterio y así se lo manifesté a Silvio Guerra, que si realmente se aspira a la despenalización, lo correcto era derogar las normas pertinentes del Código Penal que consagran estos delitos y remitir al Código Civil todo lo pertinente a la tutela de la dignidad humana, con el debido resarcimiento pecuniario y retractación pública, cuando el ataque a la dignidad se hubiera concretado a través de un medio de comunicación social.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Reflexión sobre la condena penal a Sabrina Bacal y Justino González

La opinión del  Doctor en Derecho y docente universitario…


Hernán A. De León Batista 

Son muchas las personas, especialmente los que laboran en los distintos medios de comunicación, que no han escatimado en dar sus muestras de solidaridad y respaldo hacia los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, con motivo de la sentencia que profirió el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al condenarlos penalmente por el delito de calumnia en perjuicio de dos ciudadanos, traduciéndose eso, para algunos, en una crítica al gobierno de turno y a los magistrados; sin embargo, admito que en el calor de este debate, muchos no se han dado a la tarea de leer el fallo, que a mi criterio, no contiene vicios de ilegalidad alguna, y por tanto, la misma tiene que ser respetada en virtud del sistema de Estado de Derecho que rige en Panamá.   Si es así, entonces tenemos que preguntarnos: ¿el problema es de hombres o de leyes?

Para los estudiosos del Derecho Penal, saben que si se comete un delito, tiene como consecuencia una sanción, que nos guste o no, un Juez lo va a decidir, tal como sucedió en el caso de Bacal y González.

Este tema definitivamente no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener a veces una epidermis muy débil, ya que para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información es aquella que no tiene mayor restricción legal que aquella plasmada en un Código de Ética; sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño a la persona del ofendido), se puede perjudicar con facilidad la reputación o divinidad de una persona al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional donde se analicen las normas referente a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países-, a fin de establecer nosotros como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Ciclo de la oligarquía

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q. – –

Fue Aristóteles (384 a. C. -322 a. C.) quien definió la oligarquía como una forma pervertida de gobierno, en la que una minoría compromete la democracia con el único fin de satisfacer su avaricia.  ‘No hay que perder de vista que la oligarquía es una categoría política, no una categoría social.    No es oligarca todo miembro de una clase social y en particular no lo es todo miembro de la burguesía nacional’, explicó el politólogo Marcel Salamín en su revelador ensayo El ciclo social democrático y revolucionario del Torrijismo.

Salamín aseguró que ese nuevo ciclo social debe ocupar el lugar preponderante en un proyecto de poder político, económico, cultural y moral. Y habilitar a los panameños para construir una economía nacional democrática, justa y plena de oportunidades para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Pero advirtió la amenaza de una facción minoritaria del poder económico que ha extendido su control hegemónico al poder político e impone un modelo particular de economía de mercado. Algo similar a la experiencia vivida en 1968 con un país atrapado por una oligarquía que prolongó las inequidades en la distribución de la riqueza nacional.

Esa facción oligárquica es la que controla actualmente el poder político y pretende intervenir lo económico, cultural y social para ‘embalsamar la pobreza a perpetuidad y convertir a los ciudadanos en mendicantes del favor público’. Mientras, simultáneamente, relanza su modelo conservador, a fin de continuar apropiándose, en forma inequitativa e inmoral, de una porción del patrimonio que pertenece a toda la Nación panameña.

Para legitimar ese proyecto, autoritario e intolerante, esa facción oligárquica, viola el ordenamiento jurídico, destruye la separación constitucional de los poderes y, sobre todo, envilece la democracia hasta dejarla irreconocible como forma de organización política, denunció Salamín.

Las herramientas para consumar sus planes son el dinero y el control de los medios de comunicación. ‘El dinero para comprar silencios, complicidades, lealtades, votos, traficar con la pobreza, la discriminación, la marginalidad y la indefensión’, sostuvo Salamín. Los medios de comunicación y la propaganda para ‘devaluar todo proyecto de poder alternativo que no convenga a sus intereses corporativos y de clase social’. Está, además, la represión para evitar que la oposición use ‘el conflicto social para construir ciudadanía y para plantearle al electorado un proyecto de poder autónomo y democráticamente alternativo’.

Salamín identificó la existencia de debilidades, conflictos, vulnerabilidades y el carácter autodestructivo del ciclo oligárquico. Está ‘la corrupción incontinente’ y un inocultable rechazo social a la inmoralidad de las prácticas de dominio político, lo cual obligará al régimen a emplear más la coerción y la represión.

El ciclo oligárquico es incompatible con la democracia. Salamín anticipó la institucionalización de las peores prácticas políticas de la oligarquía y la consiguiente destrucción de la autonomía de lo político frente a lo económico.

Pero también adelantó que ‘esta vez, las enormes fuerzas que liberará la sociedad no se canalizarán en contra de una potencia extranjera ocupante colonial del territorio patrio, sino contra el modelo oligárquico de la economía de mercado’.

Para recuperar las normas éticas y rescatar la democracia de esas ‘fuerzas envilecedoras’, Salamín propuso al Torrijismo y al PRD volver a sus raíces y escuchar para interpretar al colectivo social, hacer propuestas y asumir su papel de vanguardia política.

Los vicios del ciclo oligárquico no deben tener cabida en el PRD. Hay que retomar en forma consecuente ‘aquellas prácticas éticas del Torrijismo que colocaban los intereses de la institucionalidad democrática y del colectivo social por encima de los intereses electoreros y pecuniarios personales’, resaltó Salamín.

Eso demanda refundar al PRD ‘para cumplir nuevas tareas en un nuevo ciclo de su devenir y superar el orden social dominante’. También ‘presupone tener un proyecto de poder alternativo y en condiciones de hacerse valer tanto en oposición como cuando se ejerce el gobierno’.

Todo pasa por reconocer a los ciudadanos, más que como titulares de derechos y obligaciones, como titulares de poder. Gobernar, es reconocer el poder de los otros y convocarlos a pactar, a negociar, a ceder, y ganarse la jerarquía moral para liderar, sostuvo Salamín.

Finalmente, llamó al PRD a corregir su conducta ‘como único recurso para recuperar la reserva de moral, de cariño, de confianza y de credibilidad que Omar Torrijos todavía tiene en el pueblo panameño. Solo así podremos emprender, junto al colectivo social, la construcción de un proyecto de poder político democrático y de un orden social auténticamente justo, fundados ambos en la participación de todas las fuerzas sociales, políticas y culturales’.

<> Este artículo se publicó el 21 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La despenalización de la calumnia e injuria

La opinión de….

Jacinto Hernandez Ábrego

Nuestro criterio es absoluto en relación a apoyar la despenalización de la calumnia e injuria, los periodistas deben tener total libertad para comunicar a los ciudadanos los hechos ocurridos sobre cualquier tema. No deben existir limitaciones que puedan propiciar que el comunicador social se sienta amedrentado o cohibido por publicar la información en referencia.

Los funcionarios o los servidores públicos, cuando aceptan el cargo, deben entender sus limitaciones fijadas por ley, no pueden hacer más allá de lo señalado por la norma. Es entendible que su posición pública los coloque sobre el ciudadano común, por cuanto tienen la responsabilidad de manejar, controlar y decidir sobre los recursos de toda la población.

Y, precisamente, el uso de esos bienes tiene como función básica proveer un beneficio comunitario de carácter social, económico o de mejorar las condiciones de convivencia entre los habitantes del país. Es esta la esencia de la libertad de expresión que los ciudadanos exigimos para tener conocimiento en todo momento, de los proyectos, actividades y tareas que el funcionario realiza; a los medios de comunicación y a los periodistas les corresponde esta sagrada misión; investigar y comunicarnos qué está pasando con los recursos estatales.

Pero el debate público sobre este tema no profundiza sobre uno de los problemas más serios y preocupantes que afecta el libre ejercicio de la libertad de expresión. El papel ético y profesional de los periodistas y los medios de comunicación. En nuestro país los medios están en manos de grupos poderosos, que manipulan y condicionan todo lo que publican de acuerdo a sus intereses. Dependiendo quién está en el poder y cómo eso afecta sus intereses empresariales o personales, en esa medida abordan los temas que afectan al ciudadano.

Hay medios y periodistas que todos los días desacreditan, ofenden y manipulan las noticias para dañar o beneficiar una persona, un proyecto, una organización o institución. Con el concepto sagrado de “reserva de la fuente” no tienen reparos en tirar a la basura la dignidad de una persona. Cuando esto ocurre, el funcionario o persona agraviada tiene derecho, consagrado en la ley de réplica, de acudir al medio o al periodista para que le dé la oportunidad, con la misma beligerancia, de defenderse o aclarar la información que a su criterio es falsa o incorrecta.

Pero la mayoría de las ocasiones esto no ocurre, y ante la opinión pública la persona o el funcionario queda desacreditado y humillado. Muchas veces se recurre al comité de ética de los periodistas, buscando que se permita la réplica o se sancione al medio o al periodista que manipuló, desinformó, u ofendió la dignidad del afectado, tarea infructuosa porque nada se logra.

Es aquí donde radica el problema. Queremos con justa razón mantener la despenalización de la calumnia e injuria, entonces los gremios periodísticos y los poderosos medios de comunicación tienen que fijar pautas y normas de honestidad, profesionalismo y responsabilidad. Si los ciudadanos confiamos en que el periodista o el medio que incurra en injuria y calumnia será sancionado ejemplarmente por sus mismos colegas, la penalización de estos delitos por la autoridad pública no tiene razón de ser.

Si el funcionario, no importa su nivel, y el ciudadano común confiaran en la honestidad de las organizaciones periodísticas y que cuando se mancilla su honor se les dará la oportunidad a plantear sus descargos, no tendría razón de ser la penalización por autoridad pública.

Señores periodistas, dueños de medios, no abusen de ese enorme poder que tienen; igual que el funcionario, ustedes administran recursos que los ciudadanos comunes no tenemos, por ende, tienen la obligación de rendir cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas tienen que estar permanentemente en su agenda. En la medida en que los ciudadanos confiemos en su ética, en su honestidad y en su responsabilidad para divulgar los hechos que hacen noticia y que nos afectan, la penalización de la calumnia e injuria por autoridades públicas no tiene razón de ser.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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