El financiamiento público de los partidos políticos

La opinión de….

Mario J. Galindo H.

Con el anuncio de que se propone eliminarlo, el señor Presidente ha puesto en el candelero político el tema del financiamiento público de las actividades de los partidos.

La iniciativa presidencial –se nos informa– obedece a la necesidad de utilizar los fondos estatales que por esa vía se liberarían para aumentar el monto de las exiguas pensiones de vejez que la Caja de Seguro Social les reconoce a la gran mayoría de los asegurados.

Estoy seguro de que, sometida a un sondeo de opinión, la medida resultaría popular. Como también lo sería, sin duda, cualquier otra que, con el mismo propósito, suponga la eliminación de las muchas erogaciones estatales que representan, esas sí, un auténtico despilfarro de fondos públicos. La lista sería interminable. Cabe entonces preguntarse ¿con arreglo a qué criterio se seleccionó, entre las muchas otras posibilidades, la eliminación de la subvención oficial de los partidos políticos? La pregunta admite toda suerte de conjeturas.

Es de lamentar, eso sí, que un tema de tanta trascendencia para el perfeccionamiento de nuestra democracia política haya sido manejado desde una perspectiva eminentemente populista.

No es esta la primera vez que defiendo la conveniencia de dotar a las colectividades políticas de fondos públicos que les permitan desarrollar sus actividades con autonomía frente al Gobierno y a los grupos económicamente poderosos. Todas las democracias occidentales importantes lo vienen haciendo desde hace años no por ociosidad, sino porque entienden que es necesario.

Abogué por la medida hace 40 años cuando dicté en la Universidad de Panamá una conferencia, publicada en la revista Tareas, en la que, en plena dictadura militar, condené el ucase que en 1969 determinó la extinción de todos los partidos políticos y aplazó indefinidamente la constitución de nuevos partidos.

En ese entonces, luego de poner de presente las características negativas de los partidos políticos de la época, señalé que, en mi opinión, su patología obedecía, en gran medida, a la falta de un esquema financiero que les permitiera funcionar adecuadamente y agregué que no veía al respecto otra solución “que la de establecer un subsidio estatal obligatorio a favor de todos los partidos políticos legalmente reconocidos. Esta subvención, cuyo desembolso estaría condicionado a que el partido que la ha de recibir convenga en ceñirse al juego democrático para alcanzar sus fines, tendría que ser tasada adecuadamente, con la mira de dotar a dichos partidos de una renta anual que permita el adelantamiento de campañas permanentes de orientación y divulgación; el estudio sereno y serio de los problemas nacionales; la captación de adhesiones y, en fin, el conveniente desarrollo de las actividades que tipifican lo que debe ser el quehacer partidista”.

En 1974 dicté una conferencia que se publicó en la revista Diálogo Social en la que defendí una vez más la subvención estatal a favor de los partidos políticos, sin la cual, afirmé, éstos seguirían sumidos en la inopia ideológica y en la propensión al caudillismo que los había caracterizado históricamente.

Insistí en el tema cuando participé en un seminario convocado en el año 2005 por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) para analizar un anteproyecto de constitución elaborado por ese prestigioso gremio, en el cual figuraba una norma que prohibía tajantemente la financiación pública de las actividades partidistas. Discrepé entonces de la propuesta de la Apede.

Convengo en que en esta materia lo ideal sería que cada partido se autofinanciara mediante las cuotas de sus miembros y las donaciones privadas de sus simpatizantes, sometiendo estas últimas a límites razonables para desincentivar, en lo posible, el tráfico de influencias.

Lamentablemente ningún país democrático importante ha logrado siquiera aproximarse al referido ideal y de allí que casi todos hayan aceptado la necesidad de garantizarles a los partidos la financiación de sus gastos legítimos con fondos públicos.

El pro y el contra del sistema ha sido estudiado a profundidad por innumerables juristas y politólogos, que han llegado a la conclusión, prácticamente unánime, de que los beneficios de la medida pesan más que sus disfunciones.

En tesis general, se estima que si los Estados democráticos pluralistas tienen que apoyarse, inevitablemente, en partidos políticos y que éstos están llamados a cumplir cometidos de tanta envergadura como los previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos, resultaría incongruente y aun peligroso dejarlos librados a una financiación privada que, para algunos, nunca llegaría y que, para otros, sobraría.

Refiriéndose al caso de su país, los tratadistas mexicanos Raúl Morodo y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, (véase El ordenamiento constitucional de los partidos políticos, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2001, págs. 181–182), apuntan que “pecaría de ingenuo todo intento de limitar la financiación partidista a la que cada formación logre de sus afiliados y simpatizantes en forma de cuotas o de donaciones. Dar ese paso, equivaldría a desequilibrar gravemente las posiciones de partida de las fuerzas políticas, en grave perjuicio de las minoritarias, y favorecer en exceso las posibilidades de actuación de los grupos de presión. La realidad es la que es y no es previsible que cambie de la noche a la mañana”.

En Panamá no ocurriría nada distinto. Nuestra precaria cultura política y nuestras poco recomendables costumbres electorales, que solo ahora empiezan a sanearse paulatinamente, permiten vaticinar, con absoluta certeza, que la eliminación del financiamiento público de las actividades partidistas es tanto como crear una situación en la que el único provecho sería para los grupos que cuentan con recursos propios en cantidad suficiente como para servirse con cuchara grande.

Por ello no estuve en su momento de acuerdo con la propuesta de Apede y por ello estoy ahora en desacuerdo con la iniciativa del señor Presidente.

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<> Este artículo se publicó el 18  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor: https://panaletras.wordpress.com/category/galindo-h-mario-j/

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