Sobre la condena penal a periodistas

La opinión del Jurista, Doctor en Derecho y Docente Universitario…

Hernán A. De León Batista

Inicio por manifestar,   gracias a ese derecho de libertad de expresión que hay en Panamá,  que no conozco a la periodista Sabrina Bacal y al hoy abogado Justino González,   por lo que emitiré una opinión objetiva respecto a la condena que les impuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia No. 250–S.I. de 28 de septiembre de 2010, por ser responsables del delito de calumnia en perjuicio de Rosendo Rivera y Aida Castro.

Si los conociera o yo trabajara en TVN, no hay duda que me solidarizaría con ellos 100%, sin necesidad de leer la sentencia, que ha sido cuestionada por el gremio de comunicadores sociales; en mi criterio el sólo saber que hay una pena de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión es suficiente para estar en contra.

No obstante, como vivimos en un estado de derecho, donde deben respetarse las instituciones y el sistema jurídico que hemos acogido, en este caso la doble instancia, en el que un tribunal superior puede revisar la decisión de un juez de inferior jerarquía,  es por lo que hay que respetar la sentencia condenatoria en aras del principio de independencia judicial y del sistema de legalidad, y pese las críticas que se le hacen a nuestros juzgadores, muchos de los cuales se quedan en la obsoleta aplicación de un positivismo-legalista riguroso más que en la aplicación de principios,  específicamente, en el respeto de los derechos humanos.   La interrogante que nos hacemos entonces es: ¿se trata de un problema de hombres o de leyes?

Si nos ponemos en los zapatos de los magistrados que emitieron la sentencia, veremos que la tarea de administrar justicia no es fácil, porque ellos deben aplicar una sanción de prisión que establece nuestro Código Penal (que no es inventada caprichosamente) a un hecho que consideraron delito (calumnia), al divulgarse una información que no fue verificada, lo que provocó graves perjuicios a los ofendidos Rivera y Castro,   por vinculárseles a una supuesta red de traficantes de personas. De no aplicar el Tribunal Superior una sanción, estaría propiciando la impunidad.

Es como si alguien cometiera otro tipo de delito, como puede ser un homicidio, y que de considerar el Tribunal su culpabilidad y responsabilidad, no aplique sanción alguna.   Es entendible que al calor de este debate se trate fácilmente de endilgar la culpa por la condena de los periodistas Bacal y González a la Corte Suprema, lo que se hace a menudo de forma errónea –como si la Corte fuese parte del universo de personas que conforman el Órgano Judicial– así como al gobierno de turno, lo que es común observar en el mundo, porque la libertad de expresión le resulta incómoda a los políticos,  los somete a un permanente escrutinio y una constante crítica.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional en el que se analicen las normas referentes a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países–, a fin de establecer como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

Este tema, definitivamente, no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener una epidermis muy débil,   porque para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información son aquellos que no tienen mayor restricción legal que la plasmada en un código de ética;   sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño),   se puede perjudicar con facilidad la reputación o dignidad de una persona, al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Sólo hay que ver el ejemplo reciente de la cadena de red social Twitter, similar a Facebook, cuando se esparció un supuesto mensaje del escritor colombiano Gabriel García Márquez, con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa,  que los medios confirmaron como falso.

Espero que se dé un debate de altura y no se abuse de la manipulación de masas, como podría estar dándose.    De ahí que muchos autores a través de la historia hayan denominado a la prensa como un cuarto poder del Estado.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Prensa y el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/de-leon-batista-hernan-a/

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