Fallos del mercado y del Estado

La opinión de…

Francisco Íbero

Salvo anarquistas y comunistas, los segundos con excepciones, todos asignamos un rol legítimo al Estado y al mercado. Las diferencias están en las magnitudes respectivas.  Mis convicciones pueden sintetizarse así: Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Tengo preferencia por la interacción voluntaria, lo que no me impide considerar argumentos en contrario.

El mercado nos aparece engañosamente simple, pero es altamente complejo. Ambas circunstancias explican, en cierta medida, nuestra tendencia a fijarnos más en los fallos del mercado que en sus éxitos, y a esperar de la intervención del Estado lo que difícilmente puede dar.

Al discutir los fallos del mercado, merece la pena hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son los estándares con los que juzgamos? ¿Exigimos la perfección, sea competencia perfecta, racionalidad perfecta o conocimiento perfecto?   El mercado es una institución humana, por tanto, imperfecta.   El asunto es si funciona mejor o peor que las alternativas.

En días pasados, un economista decía que, como había asimetría de información entre vendedores y compradores, el Estado tenía que suplir la brecha de información.   Su argumento no me convence.    Primero, el comprador tiene muchas formas de eliminar o reducir la asimetría.    Segundo, porque implica un ejército de funcionarios con sus costos respectivos.   Y tercero, porque el consumidor puede ejercer su iniciativa y formar asociaciones que respondan a sus necesidades.

Más preguntas que debemos hacer para evaluar el mercado. ¿Es razonablemente libre? ¿Existen leyes o regulaciones que hacen más difíciles o costosos los intercambios voluntarios? ¿Existe un sistema judicial confiable y rápido que resuelva los inevitables conflictos?   ¿Existen procedimientos burocráticos que hacen lenta o costosa la creación de empresas? ¿Interviene el Estado en la economía para crear ganadores o perdedores mediante subsidios, leyes preferenciales, impuestos diferenciales u otros mecanismos?  ¿Están bien definidos y protegidos los derechos de propiedad?

Veamos un ejemplo de la influencia de la legislación y las instituciones sobre el buen o mal funcionamiento del mercado. Durante los dos últimos años, muchos economistas, políticos y comentaristas locales han atribuido el contraste entre la crisis financiera en Estados Unidos y su ausencia en el mercado panameño al hecho de que aquí tenemos abundantes regulaciones y allí no. La realidad es la contraria. Nuestro mercado financiero tiene menos regulaciones y es más libre. No tenemos banco central que manipule las tasas de interés. Tampoco leyes que obliguen a dar préstamos a quienes no califiquen. No tenemos una compañía estatal que garantice los depósitos bancarios. Tampoco existen monstruos financieros con privilegios públicos. Y sobre todo, no hay ninguna garantía, explícita o implícita, de que el Gobierno rescatará a un banco si toma decisiones equivocadas.

Pasemos a los fallos del Estado. ¿Se aplican los mismos estándares de exigencia al Estado y al mercado para decidir sí están fallando? ¿Cuánto tiempo se necesita para concluir que hay fallos del Estado cuando éste realiza mal alguna de sus actividades? ¿Por qué los fallos del Estado se achacan a los gobiernos aunque todos ellos fracasen? ¿No se supone sin mayor prueba que ciertas actividades tienen que ser, no solo financiadas por el Estado, sino ejecutadas directamente por él? Recientemente un doctor afirmaba que la atención médica debía estar en manos del Estado porque, de otro modo, las ganancias de las aseguradoras la encarecerían demasiado. Dejo de lado que hay alternativas sin que participen las aseguradoras. Si el argumento del doctor fuese válido para la atención médica, habría que aplicarlo también a la producción de alimentos, la construcción de viviendas y prácticamente a todas las actividades económicas.

Si hay una actividad en la que el Estado panameño ha fallado consistentemente durante los últimos 40 años es la educación. Vale la pena preguntarse qué hubiera pasado si la educación hubiera estado en manos privadas con los mismos resultados mediocres que ha tenido el Estado.

Sin duda, se hubiera exigido su estatización. Sin embargo, lo poco que se hace para mejorar la educación estatal supone que el marco básico es el único posible. No lo creo. Pienso que los padres de familia deben tener libertad para quedarse en el sistema o llevarse su cheque escolar al sector privado, que podría dinamizarse con cooperativas de educadores o sociedades anónimas laborales. También, que cada institución privada debe ser libre para establecer su curriculum y otros aspectos del trabajo educativo. Este sería un comienzo para poner la educación en manos de sus legítimos dueños, los actuales convidados de piedra. Nos queda la última pregunta. Si falla el mercado ¿implica esto que el Estado lo haría mejor? No necesariamente. También podría hacerlo peor. A veces es más rápido pasar una ley que esperar un ajuste o corrección del mercado. Pero lo que hoy parece bueno, puede que mañana resulte malo.

<> Este artículo se publicó el 4  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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