La calumnia e injuria en el nuevo Código Penal

La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris Jiménez 

En alguna ocasión, hace algún tiempo, aunque consciente de que de todo hay en la viña del señor, me referí a la clase periodista latinoamericana como “guardianes de la libertad“ , haciendo referencia a una obra literaria de dos comunicadores sociales latinoamericanos, que exponen como por el trabajo periodístico valiente de algunos periodistas que se dedican a la investigación, se han llevado al banquillo de los acusados a algunos políticos delincuentes de cuello blanco en algunos países de nuestra América Latina.

 

Y han sido pocos porque precisamente ha existido un instrumento del cual se han servido muchos políticos corruptos y cobardes para perseguir, chantajear y encarcelar, a aquellos que valientemente nos hemos atrevido a denunciar públicamente las acciones u omisiones de muchos funcionarios que utilizan su poder político y económico desde sus altas posiciones, para servirse de la patria y no para servir a los verdaderos intereses de la Nación y mediante el terrorismo judicial, han utilizado la figura del delito de la calumnia e injuria para tratar de acallar a las voces y las plumas valientes que se han atrevido a denunciar las actuaciones ilegales e inmorales de muchos funcionarios públicos de alta jerarquía. Esto ha sido una realidad en nuestro país.

 

Nuestro nuevo Código Penal tipifica a partir de su artículo 190, los Delitos contra el Honor de la Persona Natural, sancionándose por estas condenas a sus actores a penas de prisión o su equivalente en días multas, sin embargo, el mismo cuerpo de leyes establece en el párrafo segundo de su artículo 193, que “cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho”.    Es decir, despenalizan estos delitos cuando los supuestos ofendidos se tratan de funcionarios con poder político y económico, los cuales tienen el deber de rendir cuentas de sus actuaciones.

 

Estos funcionarios tienen actualmente otras ventajas procesales cuando están vinculados por una razón o por otra a procesos penales en su condición de funcionarios y usualmente esta condición los favorece, ventajas que también deben de desaparecer, sin embargo, cuando son denunciados, cuestionados o criticados en el ejercicio de sus funciones públicas, han recurrido inmediatamente al instrumento de la denuncia penal por calumnia e injuria, en contra de quienes se atreven a denunciarlos, cuestionarlos o criticarlos y por fortuna de ellos muchas veces han encontrado como aliados a funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que se han prestado para ejercer el terrorismo judicial.

 

Los funcionarios a los que se refiere el artículo 304 de la Constitución Política, son El Presidente y Vicepresidente de la República, Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Especiales y Ordinarios, El Procurador General de la Nación y de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, El Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, El Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía y los empleados o funcionarios públicos de manejo, conforme al Código Fiscal.

 

Señores periodistas, aunque sabemos que cuando se encarcela a un hombre, no se encarcelan sus ideas, hoy vuestras voces y plumas valientes, pueden continuar siendo vuestras armas como guardianes de la libertad, para seguir velando por la seguridad jurídica y los verdaderos intereses de todos los que habitamos en nuestra querida patria, sin el temor de ser perseguidos penalmente por aquellos funcionarios corruptos y cobardes, que utilizan el terrorismo judicial para pretender avasallar las voces y plumas valientes.

<> Artículo publicado el 3 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
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