Hacia una nueva justicia penal

La opinión de…

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Raúl E. Olmos E.

En poco menos de 12 meses, nuestro país experimentará una nueva respuesta judicial en materia penal, bajo el esquema acusatorio adversarial.   Las provincias de Coclé y Veraguas (según la Ley No. 63 de agosto de 2008) serán las primeras en implementar el modelo de juzgamiento criminal basado en la oralidad, en el que la investigación criminal estará bajo la estricta dirección de un fiscal, con el auxilio de los organismos de investigación policial.

Sus actividades investigativas dirigidas a incursionar en derechos fundamentales, como la libertad y el domicilio, por citar algunas, recibirán el control previo o posterior de un juez de garantías, quien se convertirá en el nuevo operador jurídico que estará de turno, atendiendo las peticiones que le formulen. El nuevo esquema procesal fija plazos puntuales, por tanto, es una herramienta jurídica que combate la mora judicial y fija un plazo para la detención preventiva que no podrá exceder un año, ni tres en caso de delitos complejos.

Este nuevo esquema introduce procedimientos para que las personas reciban una respuesta judicial a corto plazo, sin perjuicio de mecanismos como las salidas alternas a la solución de conflictos, la mediación y la conciliación, para citar algunas.

La situación de inocencia y culpabilidad de una persona dejará de ventilarse en un cúmulo de papeles, pues a partir del 2 de septiembre de 2011, en las citadas provincias, los jueces deberán fundar su convicción solo en las evidencias desahogadas o reproducidas en el juicio oral.   Es decir, desaparece el culto de impartir justicia a partir de un esfuerzo en el levantamiento de un expediente.

Panamá y Uruguay son las únicas naciones de Latinoamérica que no han implementado el sistema. Es hora de que nuestro país se incorpore al nuevo modelo, más cuando en los países vecinos ha tenido muy buena aceptación y positivos resultados.

Una lectura de la nueva normatividad permitirá encontrar muchas de las respuestas a los problemas que aquejan el sistema vigente, por tanto, las afirmaciones de que no resolverá las deficiencias del Sistema Penal son apresuradas y en ellas se denota una postura sesgada sobre el tema.

Por ello, es importante que los funcionarios encargados de su implementación, aun cuando algunos no compartan el espíritu, aparten sus percepciones y pongan todo su empeño en lograr que la ley cobre vigencia, para así darle al ciudadano común, principal destinatario de la ley penal, una respuesta judicial más eficiente y efectiva, basada en la oralidad y la transparencia.

<> Este artículo se publicó el 29  de septiembre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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