Equilibrios entre el Estado y el mercado

La opinión del Empresario y Escrito…

RAFAEL CARLES

Desde hace varios años se ha estado realizando una serie de cambios estructurales que son vistos por algunos como reformas del Estado. Si bien muchas de estas reformas no solo son importantes, sino que también eran ineludibles, no creemos que tengan que ser vistas como una verdadera reforma del Estado, sino como una ampliación del papel del mercado. Tal es el caso de las leyes creadas a finales de los años 90, con la intención de promover la competencia, privatizar las empresas públicas e incentivar las fuerzas del mercado, como mecanismo para asignar recursos en toda la gama de actividades en el país.

En este sentido, se entiende que una reforma exitosa del Estado es aquella que logra un adecuado equilibrio institucional entre el Estado y el mercado.  Sin ese equilibrio, la ampliación del papel del mercado seguramente no dará los frutos esperados por todos; es decir, no podrá alcanzarse un desarrollo sostenido ni en el plano económico ni en el social.   Este es claramente un tema relevante en gran parte del mundo. Tanto es así que el Banco Mundial dedicó su último informe anual para recordárselo a los distintos gobiernos que han hecho cambios, pero se han olvidado de los objetivos. La preocupación es especialmente válida en el caso panameño, donde muchas de las reformas se hicieron solo para cumplir con los requisitos de las instituciones financieras, pero sin la elaboración efectiva de las instituciones que deberían ayudar a dar forma al nuevo Estado. Y por esa razón es que vemos en muchas áreas del acontecer nacional un profundo desequilibrio entre el funcionamiento del mercado y el del Estado.

Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entender la problemática y vemos que los beneficios del proceso privatizador no han sido del todo automáticos.   Ahora sabemos que dependen de la transparencia, del diseño y de los mecanismos de fiscalización y control de las agentes que operan en cada uno de los mercados; igualmente, obedecen al grado de desregulación y competencia, de la estructura del mercado y de las tecnologías disponibles en los mismos.   La experiencia panameña, salvo algunas excepciones, es claramente deficitaria en estos aspectos. La impactante concentración económica no solo es consecuencia del proceso de globalización y de reformas estructurales inconclusas, sino que en gran parte es resultado de un Estado ausente y cómplice por las pérdidas al bienestar de los consumidores, cada vez que asume posturas monopolísticas cuando patrocina y permite las posturas y fijaciones de precios y mercados.   Del mismo modo, al Estado le ha faltado iniciativas para la puesta en marcha de políticas activas en materia de desarrollo productivo, que no solo requieren capacidad y voluntad para su diseño, sino también, como muestra la experiencia internacional, de una sólida capacidad institucional que permita implementarlas.

Quizás una de las áreas donde más se ha notado la ausencia de esta capacidad institucional es el de las pequeñas y medianas empresas.   Sin duda, un desarrollo económico sustentable requiere de adecuadas instituciones públicas de manera que aseguren previsibilidad y planeamiento conveniente al sector privado, al tiempo que eviten las desigualdades producidas por actos de corrupción y por medidas estatales arbitrarias. Nuevamente la experiencia en este terreno es deficitaria. La falta de una oportuna atención a los sectores más desprotegidos, más allá de su dimensión ética, se torna incompatible con la marcha de la política económica.

Hay muchos casos que pudiéramos citar para ilustrar esta situación respecto de la necesidad de avanzar en la gran reforma estructural pendiente en Panamá. Por ejemplo, junto con la discusión del Estado que queremos, debemos preocuparnos respecto de su financiamiento.   Si bien es difícil pensar que mediante la tributación se pueda mejorar sustancialmente la distribución del ingreso, al menos se pueden evitar algunos efectos negativos. Y es por eso que la mala distribución de los recursos atenta contra el financiamiento de funciones esenciales del Estado y además contra el logro de una mayor equidad.   Si bien es cierto que las demandas de un mundo más globalizado hacen difícil el diseño autónomo de muchos componentes de la estructura tributaria, también es cierto que la evasión es un despropósito que no se puede permitir la sociedad panameña, tal como representan más de 40 millones de dólares en concepto del ITBMS reportados en el primer semestre del año.

Es decir, sin una verdadera reforma del Estado que incremente apreciablemente su capacidad de gestión, será muy difícil alcanzar un desarrollo económico sostenido y una sociedad más equitativa.

<> Artículo publicado el 28 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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