¿Check and balance?

La opinión del Jurista y Docente….

Salvatore Bacile Ladaris

Los acontecimientos acaecidos en este primer año de gobierno, los cuales parecen marcar la tónica de lo que nos depara hasta el 2014, han vuelto a poner en la palestra pública un tema harto discutido por catedráticos en ciencias políticas en todo el mundo desde el siglo XVIII. Me refiero al concepto de separación de los poderes o el “check and balance” anglosajón.

La idea de la separación de los poderes, compartida durante la ilustración por pensadores como Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, influenciados por la “Política” de Platón, ve su consagración con la revolución francesa y la aprobación el 26 de agosto de 1789 de la Declaración de lo Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuando en su artículo 16 se dispuso. “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Bajo este principio, las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales.

El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general.

En la realidad contemporánea, estos tres poderes ciertamente suelen estar mucho menos separados de lo que teóricamente deberían y de alguna forma esto es comprensible, pero la pregunta surge entonces, ¿Dónde está el límite?

¿Estamos frente al nacimiento de una dictadura civil, donde todo el poder se concentrará en una sola persona? Y si esto es así ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de este país, de que quien ostente tales facultades, no las utilizará en su provecho propio o para abusar de los individuos?

El camino iniciado por la actual administración, parece no ser el correcto y la sociedad panameña ya ha empezado a reclamar nuevamente, el respeto por sus instituciones jurídicas, que aunque imperfectas como toda obra del hombre, representan ese límite que no puede ser olímpicamente transgredido sin consecuencias. Por ello no es caprichoso que esta figura deba respetarse, considerando que es precisamente este principio el que más caracteriza al estado de derecho moderno.

Es importante recordar a Montesquieu cuando decía: “la libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro”.

<> Artículo publicado el 22  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
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