La tercera transición

La opinión de…

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César A. Ruiloba 

Con meridiana claridad, Dieter Nohlen (La Democracia, Instituciones, Concepto y Contexto), ha puntualizado que si bien en América Latina se han generado reformas institucionales, estas se han visto reducidas en dos áreas: la transición política y la transición económica. De la primera se puede decir que ha sido concluida. La segunda, la transformación neoliberal, ha avanzado de forma heterogénea, de ahí que la evaluación de sus resultados es controvertida. Según Nohlen, la tercera transición, la reforma del Estado (administración y justicia) y la transformación de la relación Estado–sociedad, objeto de nuestro análisis, está aún en pañales.

La problemática actual pasa por entender y hasta tolerar que los actores de nuestra sociedad civil ejerzan un cierto control sobre los procesos políticos, con el fin de colaborar en la consolidación de una sociedad más democrática. Este aporte bajo ningún contexto debe pretender, directa o indirectamente, construir una especie de sociedad que se pueda autorregular, fenómeno contrario a los valores de nuestra democracia representativa.

El estado actual de la situación, que de seguro influye en el divorcio permanente que existe entre la sociedad civil, partidos políticos y los estamentos de poder, devienen como consecuencia directa en el discurso permanente con el que estos dos últimos actores políticos han logrado hilvanar y, de cierta manera, modelar la opinión pública para facilitar la tacha y descalificación a priori de los voceros y representantes de la sociedad civil.

Sin duda alguna, esta circunstancia per se resulta peligrosa, antidemocrática y perversa, ya que no tiene sentido discriminar a estos actores sociales, por el sólo hecho de que sus líderes o la cantidad de su membresía no sean del afecto de los grupos de poder, puesto que es una idea casi universal que la base de legitimación de estas organizaciones civiles, por naturaleza, es limitada y particular.

El verdadero debate trasciende el concepto y debe llegar a la acción, es decir, tenemos que ponderar en su justa dimensión cuáles son los objetivos y fines reales de estos grupos dentro del escenario político y, aún más importante, si sus acciones constituyen una colaboración real y eficaz dentro del escenario democrático, en cuanto a su calidad de intérpretes e interlocutores directos entre las necesidades de la sociedad y las esferas del poder, habida cuenta de que los partidos políticos han caído en un marasmo de agendas eminentemente electoreras y clientelistas.

En esencia, ni los partidos políticos ni los grupos organizados de la sociedad civil, en su participación dentro de los procesos políticos, deben olvidar que su garantía de legitimidad y validez no se concentra sólo en la cantidad de sus miembros o en la empatía que puedan causar sus líderes en la sociedad o frente a los medios de comunicación, sino en el blindaje ético que ofrece la moralidad política, como discurso permanente en la retórica y acción política de estos grupos.

<> Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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