La violación de un contrato

La opinión de….

Gabriel Ortega 

En la actualidad las compañías que ofrecen el servicio de distribución de energía eléctrica son privadas; ellas realizaron un contrato con el Gobierno en donde lo plasmado entre ambos no se puede cambiar, pues atenta contra la seguridad jurídica de las partes. Posteriormente, de forma individual, estas compañías realizaron contratos con cada una de las personas que necesitan la luz eléctrica (casas, negocios, industrias).

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones, en donde la voluntad de las partes en común acuerdo es plasmada en un documento, que a la final es respetado por ambos.

Este contrato es protegido por la llamada seguridad jurídica, un principio de derecho universal que busca darle a las partes garantía legal, por si surge alguna controversia o disconformidad en el futuro, pues habrá variables que en el camino darán ventaja a uno de los firmantes. Por eso esto se maneja como contrato-ley.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones dentro de la sociedad, es el actor llamado a salvaguardar la voluntad plasmada en un contrato

La seguridad jurídica es la garante dada al individuo o a un grupo por el Estado, de modo que sus bienes y sus derechos sean respetados.

Si yo, como ciudadano, firmo un contrato con las compañías de distribución eléctrica, cómo es posible que ahora se pretenda desconocer este contrato y prácticamente obligarme a pagar la basura de forma casada. No es que no quiera pagar la basura, es lógico pensar que debo pagar por el servicio.   Pero qué hay con la seguridad jurídica.   Esto significa que yo puedo alterar los contratos ya firmados con las distribuidoras eléctricas y las de teléfono. Ojo, ustedes están inventando.

Si usted quiere que las personas paguen por el servicio de basura, simplemente, si no pagan, no se las recojan o busquen otro mecanismo.

Soy de la opinión que el proyecto de ley 180, que crea la Autoridad Nacional de Aseo (ANA) no es malo, pero plasmar artículos como este es algo muy temerario, crea el precedente de que sí se pueden modificar los contratos con las compañías de servicio.   Cuando el pueblo se queja de que los servicios son muy caros, los gobiernos dicen que no se puede hacer nada, que es un contrato y no pueden obligar a las compañías a bajar las tasas de luz y teléfono. ¿Y qué pasó ahora? ¿Es esto un exabrupto jurídico? ¿Es una punta de lanza para modificar otros contratos?

El vínculo entre la tasa de aseo y la tasa de electricidad viola el contrato firmado entre el consumidor de energía eléctrica y el distribuidor.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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