El virus de Panamá

La opinión de…

Octavio Gutiérrez

No pertenezco a ningún partido político, nunca he pertenecido a alguno ni soy seguidor de ninguno; tampoco tengo ni he tenido contratos con el Gobierno, soy empleado de la empresa privada y desde que comencé a trabajar lo he sido.

Confieso ser, en parte, responsable de lo que pasa a nuestro querido Panamá, yo voté por el actual gobierno, llevé a mi esposa temprano y la convencí de votar por este gobierno; creí en las promesas y creí que tenían verdadero interés de cambiar los rumbos de nuestra nación; confié en varias de las personas que ocupan ministerios, las que en tiempos de la dictadura arriesgaron su vida, su familia y sus bienes para defender la democracia y las libertades de nosotros como ciudadanos.

El Dr. Miguel Antonio Bernal (con él, la mayor parte de las veces no estoy de acuerdo) dijo en su programa de radio: “Dios mío, qué pecado como sociedad hemos cometido los panameños para merecer estos gobiernos”.

Yo creo que no fue pecado, el problema es que tenemos algún virus en los edificios gubernamentales; personas civilistas se convierten en censores de las libertades civiles y no solo las dictan, sino que las apoyan y defienden. Mi candidato a presidente en las elecciones de 2004 dice ahora que la única forma de buscar dinero para las insaciables arcas del gobierno es aumentar los impuestos a la población, dinero que, por lo que veo, es para garantizar la ganancia a las empresas extranjeras que ahora son buenas y antes eran dudosas y malignas.

Él, que decía que tenía las fórmulas para bajar la canasta básica de alimentos, el precio de la gasolina y demás costos a la población, ahora resulta que se le olvidó cómo hacerlo, y las personas que él escogió para gobernar con salarios que pagamos todos nosotros no tienen ni idea de cómo hacerlo.   La que criticaba todos las mañanas, la inoperancia y la falta de comunicación entre ministerio y educadores ahora no escucha, no habla y no le gusta que le pregunten.

La solución a nuestros problemas está en fumigar estos edificios, comenzando por el Palacio Legislativo, el Palacio de las Garzas y todos los ministerios, principalmente el de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, finalizando en la oficina del director de la Policía Nacional (en este caso, creo que más que fumigación, debe ser un exorcismo o algo más fuerte).

Es vital que nuestros doctores fabriquen una píldora para que nosotros, los ciudadanos, que vamos a votar en las elecciones no olvidemos las caras y nombres de los diputados, representantes y alcaldes que apoyaron estas decisiones, que aumentaron nuestro costo de vida, que aprobaron las leyes que nos afectan, que limitan nuestras libertades y que permiten que empresas inescrupulosas se hagan ricas a costa de nuestra vida, de nuestros recursos y del futuro de nuestros hijos.

Así, recordándolos, no votaremos por ellos nuevamente ni por sus amigos ni defensores.   Cuando los veamos en la calle, sin guardaespaldas y sin el tropel de los periodistas, no los determinemos, quitémoles la mirada en señal de repudio; no los pongamos en posiciones de liderazgo social ni escuchemos o veamos sus programas de radio y televisión; convirtámolos en parias sociales y tal vez los que vienen detrás de ellos en esas posiciones políticas se den cuenta y se inmunicen del virus del poder, la soberbia y el engaño.

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Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘No puedo ni debo ser capitalista’

La opinión de…

Juan Ramón Sevillano 

En Panamá, donde las desigualdades no solo económicas, sino también educativas, se puede decir que son amorales y hasta inhumanas y que se dan en el sistema capitalista en el que vivimos, no puedo ni debo aceptarlas, ya que con este sistema sufren de hambre, enfermedades y otras carencias las grandes mayorías de la población. Los que creemos en Dios, Yavé o Alá, que es el mismo, no podemos pensar que él acepta como bueno nuestro actuar indiferente e indolente ante tanta miseria.

No es con limosnas, ofrendas o donaciones que esta situación cambiará, así que no nos demos cuatro golpes de pecho en la iglesia, en el templo o en la sinagoga, pensando que ya cumplimos.

En nuestro país mueren niños pobres en las montañas de un simple resfriado. ¿Qué han hecho los gobiernos para evitar que eso se vuelva a repetir?, nada. ¿Qué ha hecho la sociedad civil, qué hemos hecho cada uno?, muy poco.

Es incorrecto que mientras algunos se pasean en costosísimos y lujosos autos (ahora están de moda los Audi), otros ni siquiera tengan un burro para llevar a sus familiares al centro de salud más cercano.

He visto en la carretera, yendo para La Palma, en Darién, a niños sin zapatos escolares, bajo fuertes aguaceros, pidiendo un aventón porque caminan grandes extensiones. Cuando llegan a la escuela, cansados y con hambre, nadie puede imaginar que en esas condiciones, hechas a propósito, podrán captar los conocimientos necesarios para salir de la pobreza.

Mira los grandes yates en la Calzada de Amador, en el Club de Yates, en Puerto Piña o las Islas Paridas, gozando de ambos mares.   ¿Sabes que los pescadores artesanales, que faenan en la madrugada sin tener siquiera lo mínimo para su supervivencia, a veces no pueden pescar por el alto costo del combustible?, costo que no es el mismo que en la ciudad de Panamá. Ahora por estos días andan buscando a uno que se perdió.   ¿Sabes cuánto cuesta un galón de combustible en Punta Alegre, Darién?   No lo sabes, ni te interesa saberlo, ya que lo que pase allá, tú piensas, compatriota, que no te afecta.

Los que creen en el sistema capitalista siempre quieren traer productos comestibles del extranjero, los anuncian mucho más baratos que los nacionales, y los gobiernos –todos corruptos– se lo permiten; así entramos en una guerra de precios que afecta a nuestros productores, humildes panameños que en la mayoría de los casos son hasta familiares nuestros. Por supuesto, en los países chicos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no permite los incentivos a estos.

Se abandona el campo con las consecuencias migratorias que todos conocemos, y al dejar de haber competencia los empresarios nos ponen, por ejemplo, los tomates a $1.89 la libra.   Por supuesto, ya no veo los tomatales antes del río Chico, en Natá.

¿Cómo puedo creer en este sistema y en la gente que lo aplaude, si a estos lo único que les interesa es su bolsillo y ser millonarios?   No les importa cuánto sufren los panameños, no les importa que tengan hambre, frío y tampoco les importa que los niños mueran.

Estos supuestos señores asustan a los ignorantes con lo que hace Chávez, pero ni de a vainilla usan como modelo a Lula, jamás le han dicho al pueblo que en Europa impera un sistema social que da grandes beneficios a los trabajadores, esa información es prohibida.

No hay nada que llene más el alma, a los que creemos en Dios, o de satisfacción personal, a los que no creen pero tienen buenos valores, que ayudar o dar de comer a un pobre, cada vez que se pueda; y cuando no se puede, entonces compartir con él.   Mi madre siempre enseñó en nuestro hogar “que donde comen cuatro pueden comer cinco” y así sucesivamente.

Como cristiano católico –igual deben hacer los evangélicos– pienso que no solo es rezar o decir que se cree, sino que es más importante practicar; no puedo ni debo aceptar un sistema en el cual no impera la mejor y mayor enseñanza de Jesús, “el amor con sacrificios por los más pobres”.

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Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Árboles en Darién

La opinión de….

MODESTO A. TUÑÓN F.

Un grupo conformado por varios cientos de pobladores rurales, campesinos y colonos discutió sobre el estado de la tenencia en comunidades en Darién, específicamente en zonas colindantes con áreas protegidas en una reunión con un equipo de funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Dirección de Catastro y el Programa Nacional de Administración de Tierras, entre otras instituciones.

En el diálogo con los representantes gubernamentales, la mayoría de los finqueros, expresó su interés —en términos de exigencia, dijeron varios— de obtener el título de las tierras donde han trabajado —algunos por décadas— para dejar ‘algo’ a sus hijos o sucesores.

En ciertos casos, se escuchó entre estos interlocutores, quejas por no poder ‘tocar’ las tierras dentro de la demarcación de sitios como Canglón, la laguna Matusagaratí, la Serranía Filo del Tallo y hasta el propio Parque Nacional Darién. Algunas familias dijeron que se establecieron allí antes de decretarse la condición de áreas protegidas.

El grupo de quienes coincidieron en la cita con las autoridades fue bastante representativo, por cuanto que los asistentes provenían de comunidades como Aruza, Río Congo, Arimae, Pijibazal, Río Iglesias, Nicanor, Camogantí, Mogue, Santa Fe, El Naranjal, Arretí, Boca de Cupe, entre otras. Es complejo el asunto, sobre todo por la coincidencia de población de diferentes orígenes culturales.

En los planteamientos surgieron tres temas básicos: Los títulos de propiedad de la tierra; la situación de esos títulos con relación a las áreas protegidas y el régimen de tierras colectivas en los sectores indígenas.

En casi su totalidad, ellos se refirieron en términos muy personales a la concesión de títulos de propiedad, al derecho de tener una tierra donde establecer actividades productivas a escala familiar. Se habló también de un rechazo a proyectos de reforestación con especies como la teca (Tectona grandis), porque —de acuerdo a los quejosos— es extraña a sus costumbres y no es nativa de la región.

Darién ha sido el escenario de una migración creciente en los últimos cuarenta años, que ha trastornado las relaciones entre los subsistemas de recursos naturales y los humanos. La exuberancia forestal, característica de esta provincia, se ha menguado por diversas actividades, que han disminuido la cobertura boscosa, como establecen informes comparativos realizados a comienzos de este siglo por la ANAM.

En casi una década, la extensión de la masa arbórea pasó en 1992 de 9907.37 kilómetros cuadrados a 8531.25 en el año 2000; es decir, hubo una diferencia de 1376.12 kilómetros con una tasa de disminución de 1.74% con relación al total. Los informes extraoficiales exponen que en los últimos años la tasa ha disminuido en velocidad, pero el índice de deforestación se ha mantenido en aumento.

La extracción vinculada a prácticas culturales de los poblados no es tan significativa en relación a datos estadísticos sobre los totales de la disminución de la masa forestal total, que sí es impactada sensiblemente por la ampliación de la frontera agrícola y la mala planificación de proyectos como la construcción de caminos, hidroeléctricas o proyectos mineros, como opinan los especialistas.

Una de las actividades que sí influyen en este fenómeno son los permisos de aprovechamiento forestal. Tan solo en el 2008, se expidieron 526 y en el 2009, 543, entre domésticos y de subsistencia.   En el último de estos años, la masa talada corresponde a 14813.03 metros cúbicos, casi la mitad de lo que se aprovechó en el año anterior.

¿Qué relación existe entre las demandas de titulación dentro del bosque darienita y la diversidad biológica de la provincia? Si bien en términos estadísticos, los permisos de aprovechamiento forestal, son un factor menor, la creciente demanda de tierras asociada con el cambio del uso de la tierra en forma masiva y la ampliación de la frontera agrícola, tienen un peso importante.

Por ejemplo, especies como el águila harpía disminuyen su hábitat en la población de árboles de cuipo (Cavanillesia platanifolia), o aumenta el peligro de extinción del jaguar y otros felinos.

Habría que modificar el régimen de concesión de títulos en la tierra para alcanzar el compromiso de quienes desarrollan actividades productivas, que aseguren un programa de reforestación obligatoria, así como cursos y talleres, para un cambio de cultura hacia la tierra a través de modelos de trabajo dentro del esquema del desarrollo sostenible.

Los programas y proyectos, tanto oficiales como privados en esta provincia limítrofe, deben consolidar un conjunto planificado donde desarrollo y preservación de los recursos naturales se concilien en esta zona estratégica, que constituye una reserva de importancia planetaria.

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Artículo publicado el 25 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Inversionista o matón

La opinión del Comunicador Social no vidente….

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Edwin Rodríguez 

La migración media controlada de inversionistas y jubilados provenientes de los Estados Unidos, Europa y Suramérica y de todas las nacionalidades inimaginables, convierte a Panamá, por su ubicación territorial y economía de servicio en la sede perfecta para que los ciudadanos extranjeros se radiquen en nuestro país.

No obstante, la belleza de nuestras islas y costas bocatoreñas, santeñas, tierras altas chiricanas, al igual que las de Colón y Coclé, son el atractivo ideal de los foráneos que viajan hasta nuestro terruño atraídos por la belleza de nuestras islas y paraísos naturales. ¡Sí!, estos mismos que muchas veses son refugios, escondites y testigos cómplices, de actos macabros, por algunos personajes prófugos de la justicia de su país de origen, tales como narcotraficantes, criminales, pedófilos, asesinos en serie y cuanto despojo humano que ni siquiera imaginamos.

Lo sucedido en Bocas del Toro debe poner a las autoridades en alerta suprema y evitar que personajes como “Wild Bill” pasen desapercibidos. Ahora que quede claro que “ni son todos los que están, ni están todos los que son”.

Panamá registra un éxodo masivo de inversionistas extranjeros, por ende los rigores de seguridad, control fronterizo y migración están en desventaja con esta realidad que nos coloca en una situación peligrosa, no sabemos si estamos “durmiendo con el enemigo”.

Por otra parte el valor de las propiedades hace que cada día más personas se vean atraídas por vender sus terrenos, suscitando así otra situación de cuidado, que quien vende emigra a otras provincias a invadir territorios comarcales provocando conflictos por tierras con los nativos.

Y ni hablar del acceso al mar, para los coterráneos es un derecho vedado, debido al acaparamiento indiscriminado y sin control de las playas por parte de los inversionistas.

El caso “Wild Bill” debe convertirse en la campanada que nos alerte de cómo realmente nos hallamos en materia de seguridad, sí estamos usando tecnología adecuada para el intercambio de información. Es inaceptable que con la pluralidad de herramientas que existen hoy para tal fin, tengamos debilidades muy marcadas en este sentido.

La reglamentación de empresas que explotan el turismo, deben ser evaluadas con urgencia a fin de que garanticen la observancia de sus clientes, de tal manera que se mantenga un contacto permanente con los turistas e inversionistas.

Definir políticas en esta materia a mediano y largo plazo es tarea que queda por hacer.

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Artículo publicado el 24 de agosto de 2010 en el diario el Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Decir misa

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministra de Estado….

MARIELA SAGEL

En esos duros términos se refirió el presidente Martinelli a las declaraciones de la procuradora separada Ana Matilde Gómez,  una vez conocida su condena.   Y es que nuestro primer mandatario no se caracteriza precisamente por tener un léxico lleno de adjetivos, sino todo lo contrario, ha dado cátedra de chabacanería y desprecio por el buen verbo.

La misma respuesta la dio recientemente el cantante colombiano Juanes, que ha celebrado varios conciertos por la Paz, ante las críticas que le hizo el músico argentino Fito Páez de que sus conciertos son un negocio, señalando que él (Juanes) sabe lo que hace y que los demás “ya pueden decir misa”.   ¿Será que nuestro mandatario sabe muy bien lo que hace no sólo él sino lo que hacen sus cercanos colaboradores?

Pero del juicio, sus vicios y también de sus consecuencias inmediatas y futuras, mucho se ha dicho y se dirá. Concentrémonos ahora en lo que pueda ocurrirnos directamente a cada uno y que seguramente la mayoría de los usuarios no saben que está pendiente desde la apertura de las telecomunicaciones.   Me refiero a la “portabilidad numérica” y que es la simple transferencia del mismo número de teléfono que uno tiene con un proveedor y se cambia a otro proveedor por mejores ofertas, precios o cualquiera otra razón.

Han sido ya varios los intentos por llegar a tener esa portabilidad numérica, establecida mediante la ley de telecomunicaciones y que debió empezar a regir desde el mismo día que se abrió el mercado, el uno de enero de 2003. Esa rebuscada expresión que pocos entienden y todos los que tenemos derecho a ella ignoramos, ya tiene una mora de siete años.

El caso no es nuevo, en otros países del área, como Argentina, las autoridades obligaron a los operadores a brindar este servicio de forma gratuita, no solamente en la telefonía móvil, sino hasta en la fija. Lo consideran, tal como debe ser, un derecho, toda vez que al cambiar de número de teléfono se pierden clientes, en caso que sea un teléfono comercial.

Se acaba de celebrar la licitación para proveer el servicio y estamos a la espera del resultado.  Hubo una licitación anterior y tuvo que ser declarada desierta al detectarse irregularidades. Mientras tanto, seguimos en mora con el servicio. ¿Se dirá otra vez que podemos decir misa y se escogerá a los que ya se tienen designados?

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Artículo publicado el  23 de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde

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La necesidad de una política criminológica en Panamá

La opinión de…

Severino Mejía

Debo empezar mi escrito señalando que no soy criminólogo, sin embargo he logrado construir mis conocimientos a través del aprendizaje significativo, transitando a mi zona de desarrollo próximo (Vigotsky) con el apoyo de las enseñanzas de la directora del Instituto de Criminología y demás compañeros investigadores de esta importante unidad de investigación de la Universidad de Panamá.

Desde que nos incorporamos a esta dependencia generadora de docencia e investigación, descubrimos un cúmulo de información valiosa (más de 60 investigaciones ligadas a la conducta antisocial)  que muy poco ha sido aprovechada por los gobiernos.   Hay una riqueza invalorable de información que da luz al desarrollo de acciones concretas en la lucha contra la criminalidad, bajo esquemas técnicos y científicos.

Una de estas propuestas es la política criminológica, cuyo fundamento se basa en la elaboración del diagnóstico y análisis sobre los diferentes temas relacionados a la génesis, caracterología, fenomenología, control y prevención de la criminalidad en Panamá.

Este trabajo profundo fue realizado por un esfuerzo conjunto, del Gobierno y la sociedad civil, en el año 2004 cuando se presentaron sus resultados luego de los valiosos aportes de especialistas de diversas disciplinas ligadas al tema. Lamentablemente, el documento se congeló a pesar del Decreto Ejecutivo No 260 del 7 de junio de 2006 que adopta los lineamientos generales de esta política. Se quedó en la gatera, no arrancó.

Este documento debe constituirse como una agenda de Estado y parte fundamental de las políticas sociales del país. Con el surgimiento de ese gran movimiento social de la Cruzada por la Paz, la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, da su aporte de incluir –como parte importante de los 14 puntos entregados al señor Presidente de la República– la propuesta para que se adopte de forma definitiva la política criminológica como una agenda de Estado, convencidos de que es la herramienta apropiada para prevenir y contener el incremento de la violencia criminal en nuestro país.

Hay que aclarar que la adopción de esta política no debe verse como una pócima mágica, que una vez adoptada hace desaparecer de forma instantánea la inseguridad en el país. Es un proceso de mediano y largo plazo que permitirá cumplir los siguientes objetivos: Fomentar la participación coordinada e integral de las instituciones involucradas en los temas de seguridad y de la sociedad en su conjunto; analizar los factores que generan el comportamiento antisocial; fomentar el enfoque social por parte del Estado, pues a través de sus programas se logra la justicia social. Además, la política criminológica tiene los siguientes alcances: reducir y disminuir la conducta antisocial; se mantiene en el tiempo, no importa los cambios de gobiernos es una política de Estado; aborda el problema del fenómeno delictivo de manera técnica y científica.

La Cruzada por la Paz, cuando hizo entrega al señor Presidente la República de importantes contribuciones, manifestó de forma reiterativa que nada de esto se visibilizará si no hay la voluntad política de implementarla. Y es que concretada su adopción, se obtendrán los siguientes objetivos y logros:

1. Será una iniciativa de alto impacto del Estado panameño en su lucha contra la criminalidad.

2. El Gobierno nacional, como parte del Estado, reforzará su política social.

3. Se constituirá en un marco de referencia sobre el cual derivan los planes operativos de la Fuerza Pública, el Sistema Penitenciario, el tratamiento del menor, etc.

4. Se reforzará el apoyo internacional.

5. Permitirá tener una visión más clara del tratamiento de los privados de libertad.

6. Fomentará la coordinación interinstitucional de manera efectiva.

Estamos a la espera que el Presidente apruebe el decreto ejecutivo que la adopte como política de Estado. Confiamos en que así sea.

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Este artículo se publicó el 25 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.