Se juega la fe del pueblo en el derecho

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…


Raúl Leis R.

Casi simultáneamente mientras la mayoría de la CSJ intentaba hacer desaparecer de la vida pública a la Procuradora (11 agosto), diversas entidades de la sociedad civil buscaban a través de un habeas corpus la aparición con vida de un indígena desaparecido hace más de un mes durante la represión en Bocas (12 de agosto).

Como señala un comunicado ciudadano en el caso de Ana Matilde Gómez, la audiencia contra la Procuradora General de la Nación se realizó en medio de denuncias de manipulación por parte del Órgano Ejecutivo y en medio de un escándalo por delitos mayores en contra de la institución que solicitó la separación del cargo y llamamiento a juicio de la Procuradora.

La condena de la Procuradora que ha sido proferida con el voto de los cinco magistrados nombrados por los partidos de la Alianza en gobierno, y el voto en contra de los cuatro magistrados nombrados por el partido hoy en oposición, lo que deja en la percepción ciudadana que es una fallo con connotaciones políticas.

Exigimos una administración de justicia independiente del poder político, sin corrupción, sin agendas políticas, ni tráfico de influencias, que garantice y asegure la democracia y los derechos humanos, finaliza el comunicado.

Este es un caso deplorable que demuestra el pozo insondable en que se encuentra la justicia en Panamá.   El reverso se encuentra en lo que afirma el magistrado Rubén Galecio: “Si el concepto de juez es una idea-símbolo,   también es una idea-fuerza,   es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso.   Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho”

En cuanto al segundo caso afortunadamente apareció vivo Valentín Palacio, que había presuntamente desaparecido luego de ser arrestado por la policía.   Lo realizado por las entidades de la sociedad civil con la solicitud de habeas corpus, fue lo indicado, puesto que tanto familiares como amigos del señor Palacio, como los informes de derechos humanos daban cuenta de la situación y en estos casos era un deber acudir a la defensa de los derechos humanos de los posibles afectados.

Precisamente por ello, y dada las discrepancias en los datos de lo ocurrido al Palacio creo “que para lograr la Verdad, la Justicia y la Reparación en este caso, como en el de la mayoría de víctimas de Bocas del Toro, es urgente la investigación por parte de una comisión independiente conformada por la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales, Iglesias y la asistencia técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional con experiencia y credibilidad. Asimismo, solicitamos un examen físico y psicológico inmediato y completo por parte de médicos independientes para determinar el estado de salud y las supuestas heridas de Valentín Palacios” (Human Rights Everywhere).

La fe del pueblo y del país en el derecho y la justicia está en crisis, la respuesta ya la proclamó Justo Arosemena hace más de siglo y medio: “Vista la urgencia, ¿Cual es la esperanza de una reforma completa, general y concienzuda de nuestro cuerpo de derecho?”

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Este artículo se publicó el  18  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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