Testimonios de una época

La opinión de…

Carlos Guevara Mann 

El nuestro no es un país de estadistas ni pensadores. Una politiquería chapucera y barata –sustentada en la corrupción, el militarismo y una seudointelectualidad mediocre, acomplejada y charlatana– impera en la esfera pública.

A semejante pobreza moral e intelectual podemos atribuir, en medida nada despreciable, las malas políticas públicas, la conculcación de nuestros derechos y el menoscabo de nuestras condiciones de vida característicos del Panamá contemporáneo.   Por ello, cuando del ingenio de algún compatriota emanan análisis sensatos y orientaciones lúcidas, una sensación de que no todo está perdido alienta el espíritu cívico de quienes sentimos hondamente la panameñidad.

Ha sido esa, precisamente, mi reacción a la publicación de una colección de artículos periodísticos y ensayos del Dr. Carlos Iván Zúñiga por la Editorial Libertad Ciudadana, titulada Testimonios de una época.   Sus cuatro volúmenes recogen el pensamiento perspicaz del apóstol de la democracia panameña y valiente expositor de los postulados históricos del civilismo, la probidad, la soberanía y la justicia social.

La obra del Dr. Zúñiga contiene los elementos necesarios para el buen gobierno y el logro del bien común. Por ello, si a nuestros “políticos” les interesara promover esos objetivos, la consultarían con interés y entusiasmo. Encontrarían en sus páginas opiniones inteligentes y recomendaciones juiciosas al respecto de una multitud de temas de actualidad.

Escritas en 2002, las líneas que siguen –por ejemplo– transmiten una excelente observación al respecto de la política partidista, tan válida entonces como ahora: “Si los partidos políticos no toman, bien dosificado, el depurativo que reclama su organismo enfermo de cleptomanía y de gula, podría venir en acción recurrente el nocivo purgante totalitario que, además de extinguir al enfermo, se llevaría de calle a la precaria democracia obtenida con grandes sacrificios por el pueblo panameño (“La depuración de los partidos”, Vol. I).

Ante un estallido ocurrido hace una década, similar –aunque no tan intenso– como el de julio pasado, el Dr. Zúñiga se preguntó: “¿Qué hacer con esos levantamientos sospechados pero inesperados como el de Bocas del Toro? ” Su respuesta fue contundente: “Ir al lugar de los hechos, pisar la tierra embravecida, presentarse al mismo ojo de la tempestad, como Daniel en el foso de los leones, tomar el toro por los cachos, dialogar, ejercer la autoridad, encontrar soluciones razonables y pactar con la pobrería que arrastra su dolor de centurias” (“Entre la tranca y el diálogo”, Vol. I).

Una preocupación por la ecología inspiró estas palabras, escritas en 2007: “Las cabeceras de ríos y quebradas deben ser inventariadas y sembrar en ellas tantos árboles como sea posible. Se debe desempolvar la vieja ley, de la patria vieja, que instituyó el Día del Árbol y en la semana en que cae ese día, todos los estudiantes, maestros y padres de familia de la República deben sembrar árboles en los ejidos de sus pueblos. Pero no sembrarlos para que en el futuro los arboricidas hagan su agosto, sino para dar belleza al paisaje, frescor al ambiente y protección a las aguas. Si yo fuera autoridad, promovería una moratoria de la tala de árboles (“Las virtudes de la solidaridad”, Vol. III).

Y sobre la extraña e inconveniente proclividad de ciertos seudointelectuales, corruptos y militaristas, de convertir a la Universidad estatal en botín político y económico, el Dr. Zúñiga sentenció en octubre de 2000: “No existe mayor lesión al buen nombre de la universidad y a los fines de la cultura superior que el rector se convierta en un dispensador de canonjías o en mago de pactos politiqueros. Los rectores deben estar marginados de la política partidaria y sólo deben estar comprometidos con la política académica. Por eso siempre he creído en las bondades de la no reelección, en nuestro medio aún inmaduro y oportunista (“La identidad y el rumbo universitario”, Vol. IV).

Organizado por Nadhji Arjona y prologado por el director fundador de este diario, I. Roberto Eisenmann, Jr., el compendio de escritos del Dr. Zúñiga trae al inicio una semblanza suya redactada por la Dra. Sydia Candanedo, esmerada poetisa y compañera fiel del extinto patriota durante más de medio siglo de jornadas cívicas y realizaciones familiares. Su lectura –no cabe duda– resultará muy provechosa a todo aquel que la emprenda.

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Este artículo se publicó el 18 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Educación escolar

La opinión del Abogado y Comentarista…

Guillermo Márquez B.

La noticia nos ha causado preocupación: “MEDUCA y educadores analizan clases de 60 minutos y trimestres.”

Está comprobado que el tiempo ideal para la enseñanza es el de 45 minutos. La atención, si se excede de ese término, fatiga, disminuye la capacidad de atención de los alumnos y los conduce a divagar sobre cosas ajenas a lo que se les está exponiendo.

Es de desear, y lo sugerimos con la mejor de las intenciones, que el Ministerio de Educación reconsidere la situación con la serena y desapasionada colaboración de personas autorizadas en la materia.

En cuanto a las horas que se proyecta escoger para dictar las clases, se contempla que la jornada matutina sería de 7:00 a.m. a 12:15 p.m. y que aquellas se reanudarían de 12:30 p.m. a 5:45 p.m.

Obviamente, resulta irreal que los alumnos puedan ir a almorzar a sus casas y dispongan tan sólo de 15 minutos para ir a ellas y regresar al colegio para cubrir la jornada de la tarde.

Fervientemente deseamos que en esto haya habido una confusión y que las cosas no se han estado proyectando conforme se ha anunciado, porque de ser así, el proyecto, una vez puesto en práctica, sufriría un rápido y rotundo fracaso.

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Este artículo se publicó el  19  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Educar no es prioritario

La opinión de…

Elda Maúd De León

El Gobierno anuncia una lista larga de proyectos y maneras de encontrar fondos, pero a la ministra Molinar la discriminan. Hace una o dos semanas expresó que los horarios escolares no se incrementarían porque el costo es alto y el dinero no alcanza.

En Panamá todos creen que la educación es la mejor vía para disminuir la pobreza y que la oferta panameña necesita mejorar su calidad. Los dirigentes políticos saben que con horarios y calendarios tan cortos, lo demás que hagan por la educación funcionará como parches.

No creo que el plan de reforma de los planes de bachillerato sea “improvisado y no consensuado”, porque en el diálogo educativo de 2002, coordinado por el PNUD, se acordó la transformación curricular de la escuela media, mejorar la evaluación y acoger las competencias de Jacques Delors: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. El plan de estudio 2005–2009, intentaba cumplir con la ley que creó la educación básica en 1995 y reformaba el currículo de la media.

Pero en el ministerio como en palacio, todo va despacio… Es esperanzador que los comentarios de los estudiantes en la reciente evaluación del ministerio apunten a lo fundamental: 1. La metodología de la enseñanza ha cambiado muy poco, “hasta en la asignatura taller estamos sentados frente al profesor”. 2. Sí hay especialización, aunque la ministra diga que no, “según Adela, ella y sus compañeros han sido obligados a escoger el bachillerato en el décimo grado, cuando antes se hacía en el undécimo” y “María que cursa bachillerato en turismo en el Moisés Castillo…” (La Prensa, 9/8/2010).

Los pedagogos no necesitaban que la evaluación dijera que se precisaba “mayor capacitación y mejorar el equipamiento escolar”, estos son prerrequisitos de cualquier cambio. Si solo se capacita en técnicas didácticas tal vez un mes baste, pero para una transformación curricular se requiere capacitación en metodología que es más amplia, teórico–práctica y necesita tiempo.

Esta primera evaluación debería inducir a superar las carencias y errores, es lo que espera la comunidad educativa en función de que el gasto genere un buen resultado para los estudiantes.

En primer lugar, 16 ofertas de bachillerato es demasiada división y atomización del conocimiento, sobre todo en un país con tan poco desarrollo industrial, y ello influye negativamente en lo que denominan “el tronco común”. En la escuela media el mismo debe tener mínimo dos años, idealmente deberían ser tres, aunque al tercero se adicionara algo de especialización, pero básica. ¿Qué clase de cultura general adquirirá un bachiller en servicios turísticos si el programa solo le asigna dos horas semanales a historia, geografía de Panamá, historia de Panamá, cívica, filosofía, ética y durante un solo año de los tres?

Los padres deben exigir que se construyan más escuelas de bachillerato y se den más becas para asegurar el ingreso. Que el ministerio asuma, de una vez por todas, que hace 50 años la función de la media era otra, que ahora la especialización se adquiere en la universidad o mediante cursos de educación superior no universitaria. No es cierto que el bachillerato dará las competencias para la vida en este siglo en que los cambios tecnológicos son tantos y tan acelerados. Lo que sí debe garantizar son habilidades y capacidades mentales para seguir aprendiendo, así como la sólida conciencia moral del que ha accedido al nivel de lo justo y lo bueno.

Los futurólogos dijeron en 1990 que en el siglo XXI los trabajadores tendrían que cambiar tres o cuatro veces de profesión –no solo de empleo–. Un bachillerato con 16 especializaciones seguirá enfatizando la diferencia entre los que pueden seguir estudiando y los que tienen tan poca formación que tendrán que conformarse con empleos mal pagados.

El bachillerato está obligado a ofrecer una base cultural amplia y una mentalidad de cambio, no una especialización cuando se tienen 18 años.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Política alimentaria y producción nacional

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

Aún cuando nuestro país ha descollado durante la última década por mantener una economía sana frente a la crisis financiera internacional que afectó a la mayoría de los países del mundo, por lo cual logró el reconocimiento de grado de inversión internacional, todavía mantiene un considerable cordón de pobreza.

Situación originada producto de desequilibrios sociales, causados por la implementación de corrientes políticas y económicas, que históricamente han creado polarización, fortaleciendo pequeñas elites en menoscabo de las grandes mayorías poblacionales.

A la faz de este escenario, la actual gestión gubernamental enfrenta uno de los retos más grandes de la administración pública, para lo cual debe focalizar una serie de estrategias que conlleven al desarrollo de programas y proyectos que vayan más allá del cumplimiento de promesa de un periodo presidencial; de forma tal que se instituya un verdadero cambio, encaminado al sostenimiento de políticas de Estado que favorezcan efectivamente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

En aspectos de política pública, el presidente Martinelli expresó en su discurso de toma de posesión, el 1 de julio de 2009, en materia de reforma agraria y desarrollo agropecuario, acciones encaminadas a la titulación de tierras, así como a la promoción de más crédito al sector agropecuario y apoyar las granjas sostenibles.

Si bien estas acciones van encaminadas a lograr mayor generación económica, no es menos cierto que se requiere de un conjunto de acciones concatenadas con otros sectores que conlleven al desarrollo de proyectos integrales, que permitan la construcción de nuevos centros poblacionales y el fortalecimiento de los ya existentes, en diferentes áreas de la geografía nacional, que garanticen servicios básicos, den reales oportunidades de generación de ingresos para garantizar la independencia económica como mecanismo de sostén que coadyuve a la cohesión familiar y a controlar el constante flujo migratorio de áreas rurales a centros urbanos.

Mucho se habla de crecimiento económico, pero poco de seguridad y soberanía alimentaría, aún cuando nuestro nivel de consumo depende en gran medida de importaciones, consecuencia de la instauración del actual modelo de globalización.

Ello implica que la disponibilidad de nuestra alimentación estará cada vez más supeditada a la oferta de productos y precios del mercado internacional.  Así como a la especulación de los intermediarios en el mercado interno, quienes encarecen el precio de los alimentos en perjuicio del consumidor, resultado del abandono de nuestro sector agropecuario, limitando con ello el acceso a disponer de alimentos básicos esenciales para nuestra alimentación.

Esta situación debe llamar a la reflexión de nuestros gobernantes, en procura de visualizar estrategias que vuelvan su mirada al campo, y den cumplimiento al mandato constitucional que en su capítulo 6° Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, artículo 110, primer numeral indica: ‘Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure la disponibilidad, el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados’.

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Este artículo fue publicado el  18 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Se juega la fe del pueblo en el derecho

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…


Raúl Leis R.

Casi simultáneamente mientras la mayoría de la CSJ intentaba hacer desaparecer de la vida pública a la Procuradora (11 agosto), diversas entidades de la sociedad civil buscaban a través de un habeas corpus la aparición con vida de un indígena desaparecido hace más de un mes durante la represión en Bocas (12 de agosto).

Como señala un comunicado ciudadano en el caso de Ana Matilde Gómez, la audiencia contra la Procuradora General de la Nación se realizó en medio de denuncias de manipulación por parte del Órgano Ejecutivo y en medio de un escándalo por delitos mayores en contra de la institución que solicitó la separación del cargo y llamamiento a juicio de la Procuradora.

La condena de la Procuradora que ha sido proferida con el voto de los cinco magistrados nombrados por los partidos de la Alianza en gobierno, y el voto en contra de los cuatro magistrados nombrados por el partido hoy en oposición, lo que deja en la percepción ciudadana que es una fallo con connotaciones políticas.

Exigimos una administración de justicia independiente del poder político, sin corrupción, sin agendas políticas, ni tráfico de influencias, que garantice y asegure la democracia y los derechos humanos, finaliza el comunicado.

Este es un caso deplorable que demuestra el pozo insondable en que se encuentra la justicia en Panamá.   El reverso se encuentra en lo que afirma el magistrado Rubén Galecio: “Si el concepto de juez es una idea-símbolo,   también es una idea-fuerza,   es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso.   Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho”

En cuanto al segundo caso afortunadamente apareció vivo Valentín Palacio, que había presuntamente desaparecido luego de ser arrestado por la policía.   Lo realizado por las entidades de la sociedad civil con la solicitud de habeas corpus, fue lo indicado, puesto que tanto familiares como amigos del señor Palacio, como los informes de derechos humanos daban cuenta de la situación y en estos casos era un deber acudir a la defensa de los derechos humanos de los posibles afectados.

Precisamente por ello, y dada las discrepancias en los datos de lo ocurrido al Palacio creo “que para lograr la Verdad, la Justicia y la Reparación en este caso, como en el de la mayoría de víctimas de Bocas del Toro, es urgente la investigación por parte de una comisión independiente conformada por la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales, Iglesias y la asistencia técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de otro organismo internacional con experiencia y credibilidad. Asimismo, solicitamos un examen físico y psicológico inmediato y completo por parte de médicos independientes para determinar el estado de salud y las supuestas heridas de Valentín Palacios” (Human Rights Everywhere).

La fe del pueblo y del país en el derecho y la justicia está en crisis, la respuesta ya la proclamó Justo Arosemena hace más de siglo y medio: “Vista la urgencia, ¿Cual es la esperanza de una reforma completa, general y concienzuda de nuestro cuerpo de derecho?”

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Este artículo se publicó el  18  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ha muerto la justicia

La opinión de…

Vitelio De Gracia Perigault

La condena a la procuradora general de la Nación a seis meses de cárcel o cuatro mil balboas de multa no sorprende, pero lacera la conciencia ciudadana. Las circunstancias que rodean esta condena son absurdas e incomprensibles, tanto en lo legal como en materia de derechos humanos, además constituye un golpe certero a la democracia, que ya no peligra… está gravemente herida y su muerte es segura.

Creemos en la inocencia de Ana Matilde Gómez y nos solidarizamos con su frustración y desencanto con la justicia. Tiene suficientes argumentos, todos sustentados legalmente, para declarar su inocencia, lo que no tiene es el poder. Ese poder que en el pasado reciente tenían “los hierros”, hoy lo tiene “el miedo”.

Al testigo Zambrano, origen de esta tragicomedia, le niegan comparecer, dando espacio a todo tipo de especulaciones.   Siendo él quien, buscando justicia para su hija, puso la denuncia de solicitud de coima en la Procuraduría y pidió que se escucharan sus conversaciones con los individuos que le pedían dinero a cambio de beneficios para su hija.   Aunque aun con su testimonio no hubiera cambiado el curso del veredicto, sí hubiera logrado dejar en evidencia el lado oscuro de los veredictos la Corte.

Pero no nos distraigamos con cosas pequeñas, lo más dañino es el papel que han jugado algunos miembros la otra hora honorable Corte, a la que percibimos usada por la política y los intereses creados que rodean al Ejecutivo.  El mensaje que envía la Corte es que no hay justicia y que sobre esta prevalecen los intereses políticos.

Esto da miedo. ¿Será que vamos rumbo a una dictadura, sin pesos y contrapesos?   ¿Qué quieren los que gobiernan el país?   ¿Qué necesidad hay de caer en estas honduras, si teniéndolo todo cometen gansada tras gansada?   Quizás la pregunta no es ¿qué quieren? si no ¿de qué adolecen?   Me temo que la respuesta no les gustará y meterán más miedo y manipularán hechos y justicia, condenado y apresando a quien se oponga a sus intereses y arrebatos para gobernar.

Lo peor es que como creyentes y defensores de la democracia como único instrumento para administrar un país, nos los aguantaremos hasta cumplir su periodo constitucional.

A los políticos en Gobierno y a los hacedores de justicia es oportuno recordarles el pasaje bíblico que dice “Con la misma vara que midas serás medido”, “y una cuarta más”, añade el pueblo.   La justicia está de luto, porque ha muerto. Así lo percibo, así lo escribo.

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Este artículo se publicó el 18 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.