La baja ejecución presupuestaria

La opinión de…

Eloy Fisher

Uno de los problemas de tener un ambicioso plan de gobierno, es precisamente llevarlo a cabo. No se trata de mala voluntad, incapacidad o de demagogia, sino de los escollos operativos que afectan a toda administración. Tener un plan no significa ejecutarlo: para realizarlo, es necesario no sólo conseguir las partidas, sino ser fieles a un cronograma con innumerables contigencias en su desarrollo.

El diseño de un presupuesto es un asunto complejo de hacienda pública, y no aburriré a los lectores con los detalles; sólo me concentraré en la fase de ejecución presupuestaria.   De acuerdo a los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta ejecución se realiza en asignaciones mensuales que deben presentar las instituciones al Consejo de Gabinete apruebe el presupuesto.   En ese documento se cotejan los ingresos y los egresos, los saldos en caja y cómo se concatenan estas cifras con las metas del proyecto, establecidas con relación a programas de trabajo y cronogramas definidos con antelación.

Por eso, se requiere mucha planificación y más importante aún, seguimiento y evaluación de las metas presupuestarias. En administraciones con interés en realizar cambios apresurados, esta parte de la ejecución presupuestaria se enfrenta con el grave desafío de revisar los planes periódicamente.

Peor aún, en nuestra legislación existen distorsiones que aceleran el proceso, a riesgo de menor transparencia, planificación y evaluación. En lo que respecta a inversiones de ejecución a corto plazo, una vez aprobado el presupuesto, las instituciones estatales deben contratar a quienes realizarán los proyectos y con eso, empatar objetivos y flujos de efectivo de antemano de acuerdo al principio de disponibilidad presupuestaria, hecho que añade un nivel de complejidad adicional. A raíz de los recursos legales disponibles en un sistema de justicia demorado, existen incentivos para recurrir a la contratación directa ante el MEF, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete, y con ello, a menores niveles de fiscalización presupuestaria.

Sin duda, existen muchas salvedades, el Estado en materia de gasto público se administra diariamente por excepciones y no por reglas, especialmente en países tan políticamente impredecibles como Panamá.   Pero es claro que el gobierno contrató directamente en un año casi 200 millones de dólares, y e incluso tuvo que reformar esta ley a fin que las instituciones públicas accederían a ventanas favorables en caso de urgencia social.   Si bien el Ministro Vallarino reconoció que en muchos de estos gastos no existe alternativa, el problema radica en que el no tener alternativa da pie a estos resultados.

El regaño del Presidente Martinelli es meritorio por lo anterior, pero también lo debe ser una revisión a la premura con que hoy se gestiona y los incentivos existentes para menores niveles de planificación y seguimiento. Existen proyectos que hoy se llevan a cabo dentro de un plan coordinado, que si bien no es perfecto, pueden ser de gran provecho nacional: el Metro es un candidato viable. Sin embargo, otros tantos, especialmente aquellos llamados a resolver situaciones de urgencia social no parecen engarzarse dentro de un plan coordinado y comprensivo, y son estos los que merecen más atención… o regaños, según sea el caso.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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