La honestidad se enseña en casa

La opinión de la integrante del Club Rotario…

Lidia Stec de Samudio

Mediante el discurso y el ejemplo.   Sí, es cierto que nuestros padres se desviven orientándonos y nosotros a nuestros hijos en el valor de la honestidad.   No obstante está en nosotros, que desde niños nos atrae la excitación de tomar lo ajeno o copiar en un ejercicio sin ser descubiertos.   Muchas veces no por el interés de lo obtenido sino por la emoción y la sensación del éxito de nuestra habilidosa travesura. Por retar al miedo de hacer algo que sabemos está mal.

El problema es que algunos no superan esa etapa. Se convierte en una costumbre decir mentiras, medias verdades, omitir la parte de la verdad que pudiera perjudicarnos ante la mirada de otros. Está en nosotros convencernos de que no se debe cruzar la raya y menos hacer de ello un hábito. En ese caso la sensación que se siente es más pasiva pero igual gratificante al saber que, pudiendo haber engañado, haces lo correcto.

La honestidad se mide en el diario quehacer. A grandes escalas y en pequeñitos detalles: Por ejemplo en la forma de realizar tu trabajo. Lo puedes hacer honestamente, dando todo de ti, o haciendo el mínimo necesario para ser remunerado por el menor esfuerzo. Si te dan un carro para diligencias del trabajo y mientras trabajas paras a recoger un amigo, o a comer, o a hacer tus compras en el vehículo ajeno y en el tiempo que te pagan, eres deshonesto.

Si haces compras para tu empresa y de paso recibes un ‘incentivo’, éste le corresponde a la empresa, no a ti hasta que los jefes sean informados y lo aprueben. No se trata de quedarte o no con un ‘vuelto’, de llevarte o no los útiles de tu oficina para el uso de tus hijos en la escuela o de pasar e imprimir las tareas de ellos en el equipo y tiempo de la empresa. Es más profundo. Es a conciencia ser y hacer con rectitud. Si al actuar sientes que te daría vergüenza que alguien te descubriera en lo que haces y continúas sin pensarlo, créeme que eres deshonesto y desleal a tu propio juicio.

Si piensas: “que no me vean ahora mismo”. “Que no pase un compañero en este momento y se entere”. “Si el jefe me descubre, que pena”. Escúchate. Nuestra conciencia nos lo hace saber claramente y siempre. Es uno mismo que se engaña para hacer lo que prefiere y lo justifica con cualquier excusa que sabemos no tiene peso.

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Este artículo se publicó el  19  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

La baja ejecución presupuestaria

La opinión de…

Eloy Fisher

Uno de los problemas de tener un ambicioso plan de gobierno, es precisamente llevarlo a cabo. No se trata de mala voluntad, incapacidad o de demagogia, sino de los escollos operativos que afectan a toda administración. Tener un plan no significa ejecutarlo: para realizarlo, es necesario no sólo conseguir las partidas, sino ser fieles a un cronograma con innumerables contigencias en su desarrollo.

El diseño de un presupuesto es un asunto complejo de hacienda pública, y no aburriré a los lectores con los detalles; sólo me concentraré en la fase de ejecución presupuestaria.   De acuerdo a los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta ejecución se realiza en asignaciones mensuales que deben presentar las instituciones al Consejo de Gabinete apruebe el presupuesto.   En ese documento se cotejan los ingresos y los egresos, los saldos en caja y cómo se concatenan estas cifras con las metas del proyecto, establecidas con relación a programas de trabajo y cronogramas definidos con antelación.

Por eso, se requiere mucha planificación y más importante aún, seguimiento y evaluación de las metas presupuestarias. En administraciones con interés en realizar cambios apresurados, esta parte de la ejecución presupuestaria se enfrenta con el grave desafío de revisar los planes periódicamente.

Peor aún, en nuestra legislación existen distorsiones que aceleran el proceso, a riesgo de menor transparencia, planificación y evaluación. En lo que respecta a inversiones de ejecución a corto plazo, una vez aprobado el presupuesto, las instituciones estatales deben contratar a quienes realizarán los proyectos y con eso, empatar objetivos y flujos de efectivo de antemano de acuerdo al principio de disponibilidad presupuestaria, hecho que añade un nivel de complejidad adicional. A raíz de los recursos legales disponibles en un sistema de justicia demorado, existen incentivos para recurrir a la contratación directa ante el MEF, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete, y con ello, a menores niveles de fiscalización presupuestaria.

Sin duda, existen muchas salvedades, el Estado en materia de gasto público se administra diariamente por excepciones y no por reglas, especialmente en países tan políticamente impredecibles como Panamá.   Pero es claro que el gobierno contrató directamente en un año casi 200 millones de dólares, y e incluso tuvo que reformar esta ley a fin que las instituciones públicas accederían a ventanas favorables en caso de urgencia social.   Si bien el Ministro Vallarino reconoció que en muchos de estos gastos no existe alternativa, el problema radica en que el no tener alternativa da pie a estos resultados.

El regaño del Presidente Martinelli es meritorio por lo anterior, pero también lo debe ser una revisión a la premura con que hoy se gestiona y los incentivos existentes para menores niveles de planificación y seguimiento. Existen proyectos que hoy se llevan a cabo dentro de un plan coordinado, que si bien no es perfecto, pueden ser de gran provecho nacional: el Metro es un candidato viable. Sin embargo, otros tantos, especialmente aquellos llamados a resolver situaciones de urgencia social no parecen engarzarse dentro de un plan coordinado y comprensivo, y son estos los que merecen más atención… o regaños, según sea el caso.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Nueva era de democracia o tiranía?

La opinión de…

Rodrigo Noriega

Decía Jean Paul Sartre que los franceses nunca habían sido tan libres como cuando los alemanes ocuparon Francia.   Esto era porque todos soñaban y anhelaban la libertad individual y la soberanía nacional.   Parece que los panameños estamos a punto de experimentar ese tiempo de libertad escrito por Sartre.

Panamá hace un tránsito regresivo en su débil institucionalidad. La todavía húmeda tinta del fallo de la Corte Suprema que condena a la ahora sí, ex procuradora Ana Matilde Gómez Ruiloba, representa el entierro infortunado que nunca tuvo la cruzada civilista.   Este movimiento nacido en 1987 y que buscó derrocar a la dictadura militar fue incapaz de concretar su proyecto político debido primero al secuestro que de la gran causa nacional en contra de la dictadura hicieron los partidos políticos más tradicionales, y segundo, una infame invasión que supuso el desmantelamiento de la sociedad civil y su capacidad de organización. No se quería repetir el ejemplo de Filipinas donde un gran movimiento nacional sacó al dictador Ferdinand Marcos. La invasión evitaba que la sociedad civil panameña fuera agente de su propio destino.

La procuradora Gómez no fue quizás la mejor ni la mayor perseguidora de los delitos del poder en Panamá.   Solo basta recordar los casos de alto perfil desde Vanessa Márquez, hasta Murcia para darse cuenta que el Ministerio Público hacía aguas por muchas partes.   Sin embargo, la agenda reformista era esperanzadora y la mejora sustancial en el ejercicio de la vindicta pública se hacia evidente.   Su período coincidió con una sistemática fricción con la ex presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, y con la pérdida de la Policía Técnica Judicial a manos de una siempre voraz Policía Nacional.

Una vez devuelto el Canal a manos panameñas, y concluidos los caudillismos de Arnulfo Arias y Omar Torrijos encarnados respectivamente en una viuda, y en un hijo, ¿a dónde se iría la clase política panameña? La respuesta es clara.   Se fue al vacío.

El vértigo institucional de los últimos 14 meses es apabullante. Desde las reformas fiscales hasta periodistas y ciudadanos perseguidos, incluyendo la derogación y modificación de leyes claves de tutela de los bienes públicos y los derechos individuales y sociales de la población y finalmente Bocas del Toro, apuntan a una carencia de rumbo y a la confusión del Poder Ejecutivo con el poder personal del Presidente.

En una situación similar, a mediados del siglo XX con los dos grandes caudillismos de la época desvanecidos del horizonte político (el porrismo por la muerte de Belisario Porras, y el arnulfismo con la inhabilitación de Arnulfo Arias), le abrieron el camino a una estructura autoritaria y militarista de ejercer el poder: el remonato.

José Antonio Remón Cantera (1909–1955) fue el primer comandante de seguridad en Panamá de la Guerra Fría.   Su amplio dominio de las relaciones con el bajo mundo, y su exitoso control electoral en las elecciones de 1948 cuando impuso a Domingo Díaz como Presidente, y en 1952 en forma más escandalosa cometió un fraude electoral para colocarse él mismo la banda presidencial.   Remón no tardó en volarse a la Corte Suprema, desmantelar a la Guardia Presidencial, reformar las leyes electorales haciendo tremendamente difícil formar un partido político y a la vez muy caro el hacer una campaña electoral.   Debido a la amenaza “externa” y para poder recibir asistencia militar de Estados Unidos, la Policía Nacional se transformó en Guardia Nacional.

Remón fue tristemente asesinado el 2 de enero de 1955   mientras veía una carrera de caballos.   En uno de los más oscuros y tenebrosos casos judiciales de la República, su magnicidio jamás fue aclarado. Se culpó a los comunistas, a la mafia peruana e italiana y a la propia CIA.

En alguna ocasión el constitucionalista César Quintero me contó que la oposición a Remón temía que este haría una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial inmediata una vez se aprobase el Tratado del Canal Remón–Eisenhower, documento que fue aprobado en abril de 1955, tres meses después de su muerte.

El remonato es la forma normal de gobernar en Panamá en tiempos de crisis y transición de los caudillismos. En otras palabras, la clase política panameña ha vuelto al libro de magia que siempre ha usado.   Queda a los ciudadanos cambiar esa historia. Es en ese sentido, que el 11 de agosto de 2010 debe entenderse como la aurora de una nueva era de democracia o tiranía.

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Este artículo se publicó el 18 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El engaño vía acciones carentes de seriedad

La opinión del Abogado…



Alberto E. Fadul N.

Las representaciones, desacertadas, de acciones públicas, cuando las personas ocupan o han ocupado, cargos públicos de relevancia; como la Procuraduría General de la Nación, deberían ser delito, castigable con pena de cárcel y máxima condena pública.

Es inverosímil que personas con cargos importantes en el área de la educación privada, el periodismo, organizaciones de la sociedad civil y otras, sin conocimiento de causa o verdad del los hechos, defiendan a calzón quitado, a personas como éstas.

En Panamá se practica el “Derecho Romano” no el “Sajón”; es decir la Ley es la última palabra, el funcionario público no podrá, sin cometer falta o delito, actuar más allá de lo prescrito en las Leyes. De hacerlo será juzgada y declarada culpable.

Sin duda comprendo el hastío de personas comunes y profesionales sobre la corrupción/impunidad que hostiga nuestro país, de todas fuentes de gobierno, particularmente de aquellas que administran justicia; es por ello, que personas de buena presencia, hombres o mujeres, también de buenas costumbres e intelecto, saben moldear sus facciones y manipular a gentes de elevada inteligencia, posan sus manipulaciones antes las cámaras y acuden a iglesias, etc., con lágrimas de pena por el aparente abuso sufrido y aprovechan para adelantar representaciones carentes de seriedad. Éstas son peligrosas y dañinas pues desvalorizan las instituciones de un país que busca el cambio. Se dan una importancia de la cual carecen. Hablan de detractores como si fueran figuras propias de homenajes múltiples. Encienden las dudas en los espíritus de personas decentes y correctas. Empañan todo su alrededor, sin razón para ello y con propósito. Si un elevado funcionario o sus asesores conocían que le era prohibido utilizar, por ejemplo, escuchas telefónicas y las efectúa sin la autorización de autoridad pertinente, entiende el peligro de sus actos. Su abogada, explica que la acción de su defendida, fue producto de una mala interpretación de la Ley.

Semanas antes del juicio, según los medios de comunicación escritos, cuatro magistrados emiten salvamento de voto a favor de la persona, basándose en que, a su juicio, no observaban acto doloso en la acción de la acusada. Lo que se esperaba era un actuar profesional   ¡Hubo o no, falta o delito!   De no considerar lo actuado, grave, pudieron haber votado en contra, sin el “show” del salvamento de voto; así, lo interpretado y el voto salvado, fue el verdadero acto político.

La arrogancia no conduce a buen puerto. Estas personas no deben lavar sus trastos en público; después del fallo, del cual nunca dudó, indicar su arrepentimiento. Que irá a las cortes internacionales. Que sus detractores quieren que corra para la presidencia de la república. ¿Somos ignorantes?

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Colombia: ¿Mejores augurios para los paisas?

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

ROBERTO  A.  PINNOCK

Luego de escuchar el discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, deseo referirme a uno de los puntos de su propuesta de gobierno que pudiesen tener implicaciones para nuestro país.

Este es el concerniente a la inusitada migración de hermanos de ese país hacia otros sitios, entre ellos el nuestro.   Con lo de la famosa ‘feria’ de la Dirección de Migración hace un par de semanas, fue fácil confirmar lo que muchos ya sabíamos: Que los latinoamericanos que más han emigrado a Panamá en los últimos 10 años son los colombianos.

Pues bien, el señor Santos, prometió implantar una serie de mecanismos institucionales destinados a hacer ‘retornar a sus parcelas a los desplazados y víctimas de la violencia’.   Ciertamente, buena parte de las migraciones internacionales de colombianos obedecen a la crítica desigualdad socioeconómica agravada con el gobierno del señor Uribe y otro tanto por los desplazamientos provocados en áreas rurales. Por un lado, por lo que indica la CEPAL, al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América, hoy es el primero.

Por otro lado, se sabe que más de tres millones de personas son desplazadas: Los paramilitares y los caciques regionales, que hicieron parte del engranaje del Uribismo, les arrebataron más de cinco millones de hectáreas de tierras; por cierto, no en cualquier tierra, sino en sitios altamente productivos y con potencial para la minería que se muestra en alza en ese país.

A una porción de esos desplazados los podemos encontrar no solo en Darién, sino también en áreas pobres de San Miguelito, en Curundú o en Arraiján.   Ahora bien, nos asoman interrogantes obligadas en este asunto:   ¿Hasta dónde llegará esta intensión del presidente Santos?   En caso que tome acciones, ¿lo hará manteniendo la impunidad y el terrorismo de Estado que caracterizó al gobierno de su antecesor Álvaro Uribe?

Me explico. Ya a estas alturas es inocultable (al menos para el pueblo de ese país) que la famosa política de ‘seguridad democrática’ del señor Uribe estaba basada en la desaparición de cuanto activista que fuera defensor(a) de los derechos humanos se alzara como disidencia a su régimen, tanto como campesinos con tierras atractivas para el enriquecimiento, cual ‘asesino Bill’ acá en Bocas del Toro.

No por azar, Colombia posee las cifras más elevadas de América Latina respecto de dirigentes sindicales ‘desaparecidos’. Las mismas son parte de la enorme cuantía de desaparecidos del periodo Uribe. La Fiscalía General de la Nación recién emprendió un censo nacional sobre cadáveres enterrados como ‘NN’ (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina.

Gran parte de estos muertos sin nombre ya habían sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones. Al menos 1700 de las víctimas son ‘falsos positivos’:   jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate.

Como quien dice, el general Noriega no es más que un bebé de pecho al lado de estas horrendas masacres; pero no he visto el más mínimo pronunciamiento de los medios internacionales ni locales de Estados Unidos, ni de quienes le hacen eco en nuestros países al respecto de estas realidades.

Así, si el nuevo presidente está dispuesto a no ignorar las razones de los desplazamientos que dice querer revertir, esto es, no dejar en la impunidad a sus autores y regresarle las tierras a los campesinos de los que hoy se benefician los mismos del equipo uribista, entonces ¡reciba nuestras congratulaciones desde ya! Las razones de la excesiva migración de nuestros(as) hermanos(as) colombianos(as) se reducirían sensiblemente y por ende, sus odiseas en países como el nuestro.

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Este artículo fue publicado el  17 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Un Presidente arrepentido?

La opinión del analista Político…

Gil Moreno 

En días pasados, el Sr. Lewis Galindo, persona muy allegada a Ricardo Martinelli, en un artículo publicado en el Panamá América (29-7-10 ), había afirmado que el problema que tiene el Sr. Presidente “consiste en la forma en que las cosas se vienen haciendo”, en otras palabras, daba a entender que su gestión no ha sido del todo buena, principalmente por falta de buenos asesores, con criterios políticos.

Además dejaba entrever que durante su primer año de gobierno se habían cometido algunos errores, que fácilmente se podían subsanar, mejorando su relación con los medios informativos , y pienso, que también con la sociedad civil y el pueblo en general, cosa que no ha sucedido porque como el mismo Martinelli ha dicho, no lo eligieron para co-gobernar con minorías.

Yo siempre he creído que el Sr. Lewis Galindo tiene cierta influencia sobre Martinelli. Por eso no me extrañó que después de sus anteriores apreciaciones, relacionadas con el comportamiento político del Sr. Presidente,   éste haya reconocido sus errores: que ha hecho cosas malas, que tiene poca experiencia política, que necesita que lo aconsejen, que se siente arrepentido y que quiere mejorar, con la ayuda de todos los panameños.

Si esto es así, si de verdad está lleno de buenas intenciones, el primer paso que debe tomar es hacer los cambios necesarios. Es comprensible que después de tantos errores que ha cometido en este su primer año, no va poder rectificarlos todos, pero por lo menos debe corregir algunas cosas, derogando la ley 30 y poniendo todo su empeño para que se le haga justicia a la Procuradora, reincorporándola a su cargo .

Y digo esto porque me parece que si él hace un buen gobierno no debe tener ninguna clase de temor. En ese sentido, lo primero que tiene que hacer el Sr. Presidente es cambiar él mismo, él no puede manejar el país como si fueran sus empresas. Yo creo que ahí fue donde dimanó su error, que él mismo está lamentando ahora. ¿Será verdadero este arrepentimiento de Martinelli?

Y digo esto porque cuando se reunió, por primera vez, con los gremios cívicos, se sinceró; pensamos que las cosas iban a mejorar.   No fue así.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde están las élites?

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Entiendo muchas de las pasividades que medran el ánimo del país.   Quién va a protestar por el dolor que le produce a los campesinos del río Santa María en Veraguas la pérdida de su cauce y de sus tierras “en pro del desarrollo”;   por qué se iba a movilizar la sociedad ante un nuevo tramo de la cinta costera que confirmará el extraño empeño de nuestros gobiernos de acabar con el Patrimonio de la Humanidad que ha sido el Casco Viejo; qué motivaría a los que están entretenidos en la difícil tarea de sobrevivir a hacer vigilia a favor de la Procuradora, víctima del juicio express y de la vendetta del Ejecutivo; en qué momento un movimiento ciudadano se tomaría la Asamblea Nacional para tratar de refundarla desde sus ya humeantes cenizas…

La pasividad no es casual.   Son décadas, si no siglos, de educación adormecedora, formadora de seres sumisos que aceptan los golpes del poder con ese extraño silencio del que nos ha provisto ese mismo poder enfermo y enfermante.

La vida se ha convertido, sin más, en un tránsito bastante aburrido del trabajo a la casa hacinada y de la tristeza a la borrachera del olvido;   las protestas ya no son derecho sino el revés de unos cuantos tildados de antisistema, de enemigos de lo correcto. El país va camino del desbarrancadero mientras la mayoría sonríe en la fiesta de la desmemoria y el sinfuturo.   Pero… ¿y las élites? ¿Dónde están las élites?

No es que yo sea un patrocinador de esos clubes de empresarios que dicen velar por el desarrollo de nuestros pueblos, ni que crea que una teletón sea la solución para nuestros desvelos… pero sí pensaba –de forma ingenua, probablemente- que las élites económicas del país querían proteger la gallina de los huevos de oro, sus inversiones, sus cuentas de ahorros abultadas por la desigualdad y la injusticia.

Por eso, insisto, pensaba que las élites le pondrían freno a esta locura a la que estamos asistiendo. Es cierto que no frenaron a Martín Torrijos, pero es que este trabajó directamente para ellas: Martín fue el mejor CEO que podían soñar los millonarios reales y los potenciales, les parceló el país, hizo las leyes a su gusto y beneficio, los protegió y, además, logró dar una apariencia de cierta paz democrática –mentirosa, pero eficaz-.

Sin embargo, con el gobierno que se hace el loco las cosas no van bien. Cualquier empresario inteligente entendería que el golpe de Estado de facto con el que el Ejecutivo se ha metido en el bolsillo a la justicia supone la defunción oficial de la tan cacareada “seguridad jurídica”;   sabría que por mucha plata que se reparta a punta de contratos directos para las megainfraestructuras prometidas se está generando una bomba de tiempo en barrios y poblaciones afectadas por los mismos;   comprendería que sin un mínimo marco democrático la prosperidad de las élites se verá amenazada por embargos, bloqueos económicos o juicios internacionales;   intuiría que, si la imagen internacional de Panamá se empaña –como ya está ocurriendo-, muchos de los negocios que precisan de inversión extranjera o de compradores fulitos se irán apagando; temería por este rearme policial que ya parece militar y que dejará sin poder real a quien no controle esas “tropas”.

Creo que ha llegado el momento de las élites.   Las hay egoístas y acaparadoras, y esas deberían estar moviendo ya sus hilos para cambiar el rumbo de este gobierno y provocar cambios a su favor.   Hay élites, y soy consciente, preocupadas sinceramente por su país y el futuro de los suyos, y a esas les tocaría fomentar una reforma profunda del sistema que no se haga en el clóset del cabildeo sino a la luz de las mayorías.

Pareciera que este gobierno estuviera en su cuarto año, pero no es así. Y las élites, al igual que el pueblo, no van a salir indemnes de esta locura política que parece no tener límites.

Cuando se dice que con este actual gobierno los dueños del país se han puesto al frente de lo público se miente. Quien dirige el actual gobierno es la élite tradicional, el gamonal en su más pura expresión, los finqueros del ayer jugando a los gobernantes del presente.

Debe haber, y las hay, élites modernizadas que entienden que sin un marco democrático donde las mayorías reciban algo del cake y tengan los derechos básicos asegurados lo que peligra no son sus fortunas sino su tranquilidad, sus vidas, el mismo sistema.   Salgan del clóset y ayuden a enderezar este entuerto.

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Este artículo se publicó el 17 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.