Millones en publicidad engañosa

La opinión del Secretario General del SUNTRACS – FRENADESO….

GENARO LÓPEZ R.

¿ Cuánto del presupuesto nacional se destina a publicidad? Desde hace varios años el pueblo panameño viene cuestionando las cifras millonarias que se destinan a publicidad engañosa por parte del gobierno. Recursos que deberían ser utilizados para cubrir el déficit en la atención de las necesidades sociales, son utilizados para mentir a la población.

Según informe de la Secretaría de Comunicación del Estado el presupuesto para publicidad estatal en el 2010 es de 22 millones de dólares.   Mucho se ha dicho sobre la utilización de los fondos del Estado para montar campañas tendientes a vender leyes antipopulares; tal es el caso de la reformas tributarias (aumento del ITBMS a 7%) y hoy para lavar la cara del gobierno frente a la masacre de Bocas del Toro ante la imposición de la Ley 30.

Durante semanas el gobierno mantiene en diversos medios de comunicación publicidad engañosa sobre la Ley 30, que aparece bajo el título ‘La verdad de la ley 30: seguridad y progreso’.    Dicen:   ‘La ley 30 no quita derechos laborales:   No se elimina el domingo, las vacaciones, el fuero de maternidad, el cargo por horas extras…’. Es preciso recordarle al gobierno, que días antes de llevar la Ley Chorizo a la Asamblea Nacional, fue el Ejecutivo (ministra de Trabajo) quien colocó estos temas en la agenda nacional, a través de varias declaraciones en medios de comunicación social y en la OIT, al punto tal que voceros de la Iglesia Católica emitieron opinión pública rechazando la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio.   Ahora bien, el movimiento obrero, al igual que la comunidad de Bocas del Toro, jamás han confundido la llamada primera oleada de reformas al Código de Trabajo con lo que establece la Ley 30, que sí vulnera derechos laborales en sus artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

Por otro lado, la publicidad engañosa sostiene que ‘no se eliminan los estudios de impacto ambiental’.    Los artículos 32 y 33 de la Ley Chorizo reforman la Ley General de Ambiente (Ley 41), exonerando al Estado de la obligación de estudios de impacto ambiental cuando el Consejo de Gabinete así lo considere necesario.

Igualmente dicen que ‘no se permite el abuso de la Policía’.   Los artículos 27 y 28 exoneran a los miembros de la Fuerza Pública del cargo de abuso en el uso de la fuerza.    Les da impunidad para avasallar al pueblo.   Lo vivido en Bocas del Toro es la muestra más evidente del ejercicio de la Ley 30.

En medio del ‘diálogo de YO con YO’ el gobierno ha incrementado su publicidad engañosa, lo que no contribuye a crear un clima honesto para el mismo, por lo que exigimos que se suspenda inmediatamente el derroche de nuestros impuestos en propagandizar la represiva Ley Chorizo.

La publicidad estatal debe invertirse en campañas donde hay que comunicarle al pueblo temas de relevancia (campañas de salud, campañas para alertar y combatir epidemias, prevención de riesgos, entre otras), debe estar regida por un criterio de utilidad social. Asimismo en toda propaganda del Estado debe señalarse que esa obra se ha hecho con el dinero de los contribuyentes, evitando así el ensalzamiento personal al que muchas autoridades son adictos con los recursos de todos.

Cerramos señalando que todavía el eco de los gritos y el llanto de las viudas y los hijos de Antonio Smith y Virgilio Castillo resuenan en los oídos del pueblo panameño, en ese marco de dolor e impotencia los diputados han abofeteado nuevamente el clamor popular, al imponer un proyecto que no deroga la Ley 30.    Estos son los ‘padres de la patria’, que no conformes con sus altos emolumentos, mañana destinarán miles de dólares en publicidad (en medios de comunicación de su propiedad), para esconder su traición al pueblo.

Ante la mafiocracia enquistada en todos los Órganos del Estado, al pueblo trabajador no le queda otro camino que organizarse y construir su propio instrumento político.

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Este artículo fue publicado el  15 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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