Desaparición forzada y la Ley 30

La opinión del Activista en Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

Las encuestas oficialistas han salido a manipular, una vez más, la realidad nacional.   El Tribunal Electoral, por su parte, agita el electorelismo por todos los medios a su alcance.   La fiebre de las escuchas telefónicas y los pinchazos resultan ser una epidemia gubernamental.  El caso “Wild Bill” compite con la basura y Bosco en las pequeñas pantallas.   Todo ello no impide que la propaganda oficialista insista en culpar a otras personas por los sucesos de Changuinola, sin que las autoridades den seguridades de que los responsables de los abusos serán llevados ante la justicia.

La imposición de la Ley 30 y los sucesos de Changuinola han arrojado una cadena de violaciones de los Derechos Humanos, entre las cuales, la desaparición forzada.   El informe de Human Rights Everywhere (HREV) establece que:   “Hay un Detenido-Desaparecido: Valentín Palacios, detenido en Finca 66 a la vista de múltiples testigos el jueves 8 de julio y desaparecido hasta el momento.   Los familiares, a través de un colectivo de abogados, han denunciado la desaparición ante el Ministerio Público.”

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cuya realización ofende la dignidad humana y atenta contra un régimen justo y democrático.

La Convención Interamericana sobre Desaparación Forzada de Personas, aprobada en junio de 1994, es Ley de la República desde el 28 de junio de 1995. Su principal objetivo es definir como delito la desaparición forzada de personas: “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”

La desaparición forzada es una conducta que debe ser totalmente ajena a los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública. Es una conducta que carece de cualquier relación funcional con el servicio las fuerzas policiales.

El gobierno olvidó no solo “su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos…”, también su compromiso de no practicar, ni permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas.

La Convención sobre Desaparición Forzada que, además, es Ley de la República, contempla que “cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba una petición o comunicación sobre una supuesta desaparición forzada, se dirigirá, por medio de su Secretaria Ejecutiva, en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno, solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida y demás información que estime pertinente… “

Procede entonces preguntar, preguntarles y preguntarnos: ¿Dónde está Valentín Palacios?

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Este artículo se publicó el  13  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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