Democratización de la universidad

La opinión de…

Eduardo Flores Castro 

Lo correcto era que la consulta del referendo universitario se hubiese regido por el voto igualitario o al menos por la ponderación que la Ley Orgánica tiene para la elección de las autoridades. Sin embargo, era tanto el temor al veredicto de los universitarios que acomodaron las reglas a su conveniencia. Disminuyeron la ponderación docente para igualarla a la ponderación del sector administrativo, y en vista de que el número de administrativos es menor al número de profesores, lograron que el voto de un administrativo valiera más que el voto de un docente y que el de un estudiante.

Se cometieron diversas faltas electorales al abusar de la autoridad para beneficiar al SÍ, colocando propaganda con el nombre del rector, lo que vició todo el referendo. Ya fue reconocido oficialmente por el organismo electoral que en algunas unidades, personas que no estaban habilitadas para votar ejercieron el voto, lo que hace dudosa y poco transparente las cifras finales.

Sin embargo, pese a la desigualdad de condiciones, reglas amañadas y vicios electorales, 10 mil 851 estudiantes votaron NO, mientras que sólo 9 mil 27 aprobaron el SÍ. A pesar de todas las imposiciones, sólo acudió a las urnas el 40% de los universitarios, y únicamente el 20.9% del total de los universitarios aprobó la modificación del Artículo 34 de la Ley, para que se permita la reelección perpetua del rector y demás autoridades universitarias.

Oponerse a la reelección perpetua es luchar por la democracia. Decirle no a la reelección del rector es poner la institución por encima de un capricho personal. Es necesario que la Universidad mejore su calidad académica y siga cumpliendo con su misión de ser la universidad de la nación panameña en el siglo XXI, pero para que ello ocurra se requiere un escenario democrático, sin reelección, que propicie la más amplia participación y convocatoria de talentos.

Esto incluye la democratización del propio equipo de la actual administración, permitiendo la libre participación a quienes pudieran aspirar a la máxima magistratura de la Universidad, pero por temor no se atreven a enfrentar al rector. Sin la presencia del fenómeno reeleccionista, existe la posibilidad de convertir la elección del próximo rector en un gran debate de propuestas y de compromisos institucionales para construir una universidad renovada con responsabilidad social y que rinda cuentas a la sociedad, ya que es de ahí de donde provienen los fondos que se le asignan.

El hecho de solicitar al Ejecutivo y al Legislativo reformar el artículo de la ley que prohíbe la reelección, puede tener graves consecuencias. Esto debilita la autonomía universitaria y posibilita reformas a otros artículos de la Ley. El costo de tener que someter nuestra Ley al rejuego de la Asamblea de Diputados podría significar que se tenga que responder a las exigencias de contraprestaciones, convirtiendo la universidad en un botín político.

Es un hecho notorio que el actual rector ha recibido una ola de críticas públicas sin precedentes, que es suficiente para que en un acto de sensatez y de ética política, desista del afán de reelegirse. Lo más peligroso es que se ha expuesto a la universidad, incluso a los ataques de personas que no han comprendido el valor de la educación superior pública.

Frente a los peligros que se ciernen sobre nuestra universidad, nos queda el camino de la unidad para defender su naturaleza pública, su autonomía y nuestro derecho a renovarnos con pertinencia.   Debemos convertir la educación en un instrumento de justicia social, de desarrollo nacional y de liberación económica.

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Este artículo se publicó el 7 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Empresas responsables

La actividad sancionadora del Estado no debe ser la finalidad primaria en derecho del consumo.  Conozcamos la opinión completa sobre el tema por el Administrador de ACODECP….

PEDRO  MEILÁN

El Estado tiene la obligación de definir y promover la realización o cumplimiento de los valores y estándares deseados para los integrantes de la sociedad. No obstante, el sector empresarial debe propiciar y practicar conductas socialmente responsables, motivadas no sólo por el respeto al ordenamiento jurídico y la eventual imposición de una sanción o porque la sociedad así lo desea, sino porque tal comportamiento cimienta una base sólida y segura capaz de generar, para la misma empresa, estabilidad y éxito a largo plazo.

Un enfoque moderno del concepto presupone que una empresa socialmente responsable debe preocuparse por el bienestar de la comunidad y del ambiente en torno al cual se desarrolla, además, de implementar acciones concretas con la finalidad de mejorar dichos aspectos, por encima del estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las reglas que gobiernan las prácticas de libre mercado.

La responsabilidad social empresarial implica, adicionalmente, la puesta en acción de gestiones comerciales y medidas operativas dirigidas a mejorar y optimizar la atención al consumidor, como, por ejemplo, coadyuvar a la integridad en la fabricación del producto, en las estrategias de uso y difusión de la información y en las técnicas de venta y de distribución.

Partiendo de la premisa de que el Derecho del Consumidor es, en principio, de naturaleza preventiva y no represiva, debe tenerse presente que la conducción de negocios con sanas políticas empresariales, generan la confianza de los consumidores en los proveedores y sus productos, siendo ésta un importante incentivo para el sector empresarial de administrar sus comercios en forma responsable de cara a los consumidores.

La actividad sancionadora del Estado no es ni debe ser la finalidad primaria en materia de derecho del consumo, por el contrario, resulta necesario aspirar a la vigencia de una ‘jurisdicción no coactiva’, que facilite la implementación de una cultura de protección a los consumidores y que, correlativamente, promueva el cumplimiento empresarial de ciertos parámetros de conducta que beneficien a los destinatarios finales de sus actividades, en términos de seguridad, calidad y óptimo servicio.

En algunos países se ha recogido la tendencia descrita a través de los Manuales de Buenas Prácticas de Protección a los Consumidores, instrumentos que, unidos a la regulación legal correspondiente, mantienen vigentes un catálogo de medidas no coactivas, cuyo propósito fundamental consiste en sugerir la práctica de buenas costumbres, tanto a proveedores como a consumidores.

Entre las prácticas más relevantes se recomienda a los empresarios: ofrecer bienes y servicios que respondan a las necesidades de los consumidores y, por ende, al bienestar general; comportarse más allá del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, con un sentido de ética comercial y procurando altos estándares de satisfacción de los consumidores; emplear buenas prácticas comerciales de respeto y consideración a los consumidores; y capacitar a su personal en materia de derecho del consumo.

Todo lo argumentado conlleva, a nivel local, a adoptar actitudes, reformular conceptos e implementar conductas que fomenten una cultura de protección al consumidor, concretizada en la responsabilidad social empresarial, entendida ésta como la cuota de participación de ese importante sector en los compromisos que como sociedad tenemos todos, en la preservación de nuestro entorno y en la procura del bienestar general.

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Este artículo fue publicado el  7 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Con la voz de la conciencia

La opinión del médico…

Juan Carlos Ansin

Un aforismo muy popular dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ese tipo de sordera voluntaria es típica de los malos políticos. Los buenos, se anticipan y escuchan todo, antes que se lo digan. Los mediocres no quieren oír críticas, pero hacen lo imposible para que su red de asesores escuche lo que dicen por ahí y creen sólo lo que le arriman a la oreja buena, en este caso, la derecha, aunque sea exactamente lo contrario a lo que se dijo, se vio o se escuchó.

Los gobiernos están integrados por cuatro clases de personas, en diferentes proporciones: 1- Por malos políticos que son buena gente. 2- Por mala gente que son buenos políticos. 3- Por malos políticos que además son mala gente y por último: 4- Por buena gente que son buenos políticos.

La segunda categoría la conforman apóstatas del “anciene régime”, malos empresarios con negocios turbios y charlatanes sin diccionario. La tercera, tiene nombre y apellido, pero el ejemplar no está en Panamá, vive en La Santé de París. En la cuarta, habría que consultar los manuales de historia patria.

A este gobierno, con gente de la primera categoría, le urge hacer limpieza y apertrecharse de políticos con experiencia, dispuestos a ver la realidad tal como es y no como desean que fuera. Eso evitaría cometer errores de interpretación y de hecho.

Aceptar la realidad es indispensable para no caer reiteradamente en situaciones absurdas y bochornosas. Las cosas, casi siempre tienen sus causas. Sugiero, eso sí, dejar de escuchar las sirenas asesoras republicanas, pues han demostrado, sobradamente, que son inútiles para construir consensos legítimos y duraderos. Para ellos la política es para hacer negocios.

En Bocas del Toro la gente pobre, lo único que ha aprendido en su trabajo es que “la pelea es peliando”. A los obreros bocatoreños -ni a mí tampoco- nos gustan los chorizos rellenos de leyes surtidas, por más que los vendan como “éclair au chocolat”.   Los sindicatos y los obreros actúan por acto reflejo.   Saben, y no se equivocan, que los gatos no pueden hacer leyes para ratones.   Los diputados del cambio, si fueran buenos políticos, antes de legislar, debieron haberlo anticipado.

Señores críticos antisindicalistas, no inventen fantasmas.   Sólo existen en la imaginación infantil y en las conciencias culpables.   Las injusticias sociales no las inventó Chávez,  ni las solucionó Uribe.   Existen desde antes del 3 de noviembre de 1903.   La lucha de clases no termina cuando todos seamos ricos, sino cuando dejemos de producir injusticias.

La “libre competencia” es una furibunda lucha de clases capitalista, librada por el deseo natural de controlar el mercado y como en toda guerra, en un tratado de paz -en este caso de “libre comercio”- las reglas las impone el poderoso.   El que quiera escuchar, que primero oiga la voz de su conciencia. Tal vez tampoco le guste, pero por ahí se empieza.  Por escuchar para entender.

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Este artículo se publicó el  8  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hospitales: necedad o necesidad

La opinión de…

Xavier Sáez-Llorens 

Afortunadamente, nunca he dependido de nadie.  Todo lo alcanzado se debe a esfuerzo familiar y personal.   No soy afín a gobierno alguno, no pertenezco a partidos o gremios, no deseo cargos públicos, tampoco busco popularidad. Procedo de progenitores honestos y trabajadores, ni ricos ni pobres. He socializado con gente muy humilde y muy pudiente. Soy extremadamente sensible a los sufrimientos de cualquier ser humano, independientemente de su estrato social o económico.

Mis opiniones, por tanto, no están contaminadas por intereses sectarios o particulares. Soy alérgico a políticos de oficio, sindicalistas, gremialistas, vagos e hipócritas. La mayoría comparte rasgos sicopatológicos.

Los temas plasmados en mis columnas surgen de noticias, deducciones, intuiciones y ponderaciones de sucesos relevantes. En el mejor escenario, mis conjeturas son aproximaciones a una realidad que cada vez se torna más inaccesible debido a los maniqueísmos de las partes en conflicto. A aquellos que les desagradan mis ideas, tienen la opción de no leerlas o padecer irritación colónica.   Me divierten los ataques contra mi persona, fiel reflejo de que levanto costra de llagas.   Prefiero crítica a halago. Declararme persona no grata ayuda a mejorar el currículo de un escritor aficionado.

El Minsa construirá cinco hospitales. No tengo clara su intempestiva necesidad. A mi juicio, el mensaje que damos a la población es erróneo. Llevamos décadas de insistir más en prevención que en curación y de repente varios nosocomios nuevos. ¿Por qué no remodelamos y equipamos mejor las instalaciones ya existentes antes de cimentar adicionales? Parte del problema es que hay infraestructuras viejas, desgastadas, carentes de tecnología y recurso humano adecuado en número y especialidad. Los centros de atención terciaria de la capital están saturados de pacientes del interior que pueden ser manejados exitosamente en el lugar de origen.

¿De dónde sacaremos tanto personal capacitado para poblar las novedosas arquitecturas?   Cuando se decide la ejecución de un proyecto, debe haber sustentación técnica que avale la decisión. ¿Cuál es la relación de camas hospitalarias por cantidad de habitantes que tienen las regiones beneficiadas? ¿Se ajusta la cifra a estándares ideales? Gran culpa del caos en atención sanitaria se debe a las asimetrías y duplicidades de nuestro irracional sistema bicéfalo. La CSS ya cubre el 80% de los panameños.

El Minsa tiene suficiente trabajo con actividades de planificación, promoción, prevención, vacunación, control de vectores, enfermedades emergentes, calidad de medicamentos, seguridad hídrica y alimentaria, currículos profesionales, salud sexual y reproductiva, etc. ¿Por qué no dejamos la administración de todos los hospitales a la CSS y la rectoría de las políticas de salud al Minsa?

Analicemos evidencias. Según el boletín “Panamá en cifras”, contamos con 61 hospitales a lo largo del país. Sólo las comarcas emberá y ngäbe carecen de nosocomios.   Informes de la OMS indican que el número de camas hospitalarias de los países más desarrollados varía entre 3 y 20 por cada mil habitantes.   Estados Unidos, Canadá y España poseen cifras cercanas a 4 x 1000.   Cuba tiene 5, Brasil y Chile 3, Uruguay 2 y Costa Rica 1.5. Panamá reporta 2.5 x mil.   No estamos tan mal. Nuestra nación tiene 4 mil 500 médicos, es decir 1.3 galenos por cada mil habitantes.

EU, Canadá, España, Cuba, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica tienen entre 1.1 y 5.9 x 1000. La distribución geográfica es, sin embargo, desigual. La provincia de Panamá muestra 1 facultativo por cada 560 ciudadanos, Bocas del Toro 1 por mil 300, Darién 1 por 2 mil, Kuna Yala 1 por 2 mil 500 y región ngäbe 1 por 11 mil 500. Estamos muy rezagados en cantidad de enfermeras. En los países más avanzados existen aproximadamente 3 enfermeras por cada médico mientras que aquí la cifra es inversa (4 mil 100 o 1.2 x mil).

Considero que las prioridades nacionales en salud incluyen mayor inversión en la red primaria, mejor cubrimiento de áreas rurales e indígenas, remodelación y equipación de unidades hospitalarias ya disponibles, formación de enfermeras y unificación del sistema de atención.

Dos adicionales necesidades son la construcción de un hospital para Colón (el Amador Guerrero es una pocilga) y, como recientemente anunciada, una moderna ciudad hospitalaria ecológica (con accesos al MetroBus, cafeterías, áreas de esparcimiento, oficinas bancarias, etc.) que incluya otro Complejo Metropolitano (espacioso y alejado de tranques estudiantiles), un pabellón geriátrico, un instituto de cardiología, una sede nacional de trasplantes y un único hospital infantil, para asegurados y no asegurados. Si se ejecutan todas estas tareas, el impacto en nuestros índices de salud será tangible.

Mientras el pueblo sea el máximo beneficiado, no me importa que los protagonistas obtengan réditos políticos o graben sus nombres en placas doradas. Manos a la obra.

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Este artículo se publicó el 8 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Carga de la prueba

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

En el reclamo sobre la aplicación de la ley hay muchos vericuetos creados por el Hombre y la costumbre. Es ese camino recto del Derecho, que, seguramente, proviene de la irradiación divina y perfecta, pero que se distorsiona con la manipulación de la gente. Si la excelencia es genuina no necesita de reglas que debemos crear para regular cosas que nacen primero, de la exigencia para enderezar entuertos, para emparejar la fuerza o la razón, para alcanzar el equilibrio, o para que cada cual tenga lo que le corresponda. Dicho esto así, parece muy sencillo, pero no lo es.

Debemos probarlo a conveniencia, aun con la cosa cierta. El asunto es que el todo en lo puro, es limpio o natural, pero tampoco en los extremos, lo podemos calificar como impuro, sucio, contaminado, tal vez habrá que diseccionarlo sobre el justo medio para de allí, plantear el juicio de valores, y es aquí donde aparece la Ley como el árbitro, mecida bajo la dirección de un pensamiento cultivado por las reglas para proferir el veredicto que nuestro sistema procesal penal estira a la doble instancia, más los recursos ordinarios y extraordinarios, en una discusión de altura, para recibir dos veces con la sentencia, la respuesta que el régimen legal le ofrece a los particulares.

Esto no quiere decir que con la mencionada saga se pulverizan o desaparecen los inconvenientes, que por cierto abundan en estos menesteres, por aquello de los fantasmas de las imperfecciones, lo que más bien es una lucha de aciertos y constancias sobre lo que deseamos y lo que conseguimos, si la ley es apropiada, y es debidamente analizada y aplicada, sin descontar toda la trayectoria del proceso, con el juicio debido y la legalización apropiada.

Nos vanagloriamos de gozar de ese principio del Debido Proceso, casado con el Principio de Legalidad, para en primera instancia, exigir a la Ley que se cumpla, de acuerdo a lo que está programado en el Código Judicial, sobre los pasos a seguir y a la igualdad de derechos en la discusión particular, sin menoscabar aquellas garantías consagradas en la Constitución, Tratados Internacionales suscritos y nuestra propia Ley: Visto en la práctica, el asunto tiene más ribete moral que legal y ni siquiera gozamos del mecanismo para exigir al paso que se cumpla para la tranquilidad de todos y la salud de la credibilidad de la justicia, que a propósito está por encima de la Ley.

Si somos los ofendidos, tenemos el procedimiento para que de una forma apropiada se pueda derramar nuestra insistencia, en caso contrario y con una contada excepción, es el Estado el que debe probar la acusación, mientas el señalado sospechoso goza de la refulgente aureola del Principio sobre la Presunción de Inocencia, cuyo extremo es el de presumir la culpa, con el agravante de la incomunicación y de la inversión en la carga de la prueba. Esta desviación ha costado mucho sufrimiento, lágrima y vidas.   Mientras avanza la impunidad delincuencial, y naufragan y ahogan las conquistas procesales sobre las garantías individuales y los derechos humanos.

En avanzada y al sur de nuestro Continente, la descomunal delincuencia ha hecho retroceder a la autoridad y para atajarlos han creado jueces y testigos sin rostros, amén de otros actos ilegales como sacos de arena en contención. Nosotros heredamos el testigo oculto, una aberración jurídica trasladada al nuevo sistema acusatorio, cuando en su origen ya fue superado, aunque la espiral de violencia no merma.

Tenemos en Panamá una escasa inversión de la carga de la prueba, como en la calumnia e injuria y en el narcotráfico, más las pruebas para demostrar los hechos que se abanderan en los reclamos judiciales.   Siempre el acusado espera que el Ministerio Público o el querellante y hasta el juez para condenar al justiciable, accionen y practiquen las pruebas de oficio.

En nuestro medio tenemos enjaulado al 60% de los presos sin condenas, un asunto insólito, pero es una verdad de Perogrullo, como lo patentizó el asturiano mencionado por Francisco Quevedo y Villegas.   Y para rematar, nos parece hasta gracioso el inusitado interés mundial por aligerar la población carcelaria con el novedoso implante corporal del brazalete electrónico.   Lo que significa que un interno se resta del recinto carcelario, mientras debe permanecer estrictamente en su casa, con ese aparato eslabonado a un satélite o red electrónica, con el que se monitorea al sujeto. Un asunto en que, si lo analizamos ampliamente, hay una transferencia en la carga de la prueba, puesto que la confianza está depositada en la persona sujeta a perder esa bondadosa facilidad, pero para ahorrar, lo mismo se puede lograr con un BlackBerry.

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Este artículo fue publicado el  8 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Pelea por tu beca

La opinión del Profesor Titular de Psicología Clínica y miembro de la Asociación Panameña de Psicólogos…

Jorge I. Cisneros

Desde todos los ángulos que la inteligencia y el conocimiento permiten, se han hecho observaciones sobre “Pelea por tu Beca” y lo voy a decir en las palabras del Doctor Miguel Antonio Bernal, es una estupidez. Defiendo la rudeza del término y la justa indignación del jurista, porque cuando se promueven acciones desacertadas y lesivas a la seguridad de cualquier ser humano, pero en este caso de los niños, enmascaradas en ideales de educación y promoción de valores, se atenta contra la dignidad y el respeto de la Nación entera. Teresita de Arias, psicóloga y conocedora de los derechos humanos, elevó con nitidez sus objeciones.

Desde el plano biológico, específicamente neurológico, sabemos que la edad para la cual se convocó este evento, está caracterizada por la falta de madurez y que lesiones incipientes pueden tener consecuencias inmediatas o a largo plazo. Desconocen o niegan los promotores de este proyecto, que en el plano psicológico también existen procesos y que los niños y niñas, ya que en la primera puesta en práctica, (pues hubo combates de niñas), existe un proceso de maduración, lo cual ubica a las personas de estos grupos etarios, como incapaces de consentir.

Las razones científicas abundan, las jurídicas han sido expuestas por la Defensoría del Pueblo y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Mides, advierte de los: “efectos que podrían dejar entre los niños.” Las voces que han cuestionado esta decisión piden que se respete la Convención de los Derechos del Niño.   Alejandro Ganci, de la Asociación Conciencia Ciudadana escribió que: “Se han detectado anomalías cerebrales en un 41% de los practicantes de boxeo versus el 14 % entre los practicantes de otros deportes de “colisión”; es más, un 87% de boxeadores padecerá algún grado de lesión cerebral e lo largo de su vida.”   El Arzobispo elevó su voz diciendo que “no es la forma de incentivar a un niño.” y en el caso de los concursos de bellezas de las niñas, dijo:   “Estos concursos matan la inocencia de los niños.” Igualmente la Gobernadora de la Provincia Mayín Correa, manifestó su desacuerdo.

Que más se necesita para convencer a personas que hacen del desacierto su modus operandi.   Si mirásemos con indulgencia -más allá de la que permite la razón- el fondo de este programa y valorásemos la intención de que el objetivo primordial de que esto apunta a apoyar la educación, como una herramienta de movilidad social, hay si quiere, miles de otras formas de lograrlo sin exponer al riesgo los niños y niñas que participan.

El Informe de Desarrollo Humano 2010, que edita el PNUD, trata sobre la reproducción de la desigualdad, y las opciones que se puedan crear para romperla. En el informe se hace énfasis en cómo: “el nivel de educación de los padres está estrechamente relacionado con el nivel de educación que alcanzan los hijos.” Para seres humanos que viven la agonía de la pobreza, en programas como el de marras, se promueve la desigualdad o como bien se preguntara el Doctor Bernal, este programa será llevado a las escuelas privadas. En el Informe del PNUD 2010, se expresa: “la desigualdad se hereda en América Latina”. En muchos casos, ciertas gestiones públicas fomentan, es nuestra opinión, la convicción de tener que vivir por siempre inmersos en ese universo y crean planes que se convierten en mecanismos de transmisión de la desigualdad, este es uno de ellos.

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Este artículo se publicó el  6  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Urgencia, en el Complejo Metropolitano, del Cuarto de Urgencia

La opinión del paciente asegurado….

DAVID A. OCALAGÁN B.

Transcurrido dos años de la inversión de 25 millones de dólares de un nuevo cuarto de urgencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano (CHM), la nueva Dirección Nacional de los servicios de la salud, no ha logrado sacarlo de su URGENCIA Administrativa, operativa y funcional. En el cuarto de urgencias del CHM encontramos una imagen de hospital de campaña en plena guerra civil.

Es un área que combina atención primaria, atención de urgencias y hospitalización, es un generador de ansiedad e insatisfacción al usuario que llega en busca de ayuda, al encontrar: Salas de espera saturadas; gente buscando desesperadamente camillas; pacientes en camillas o sillas de rueda inapropiadas para una enfermo grave; escuchar lamentos por su enfermedad o quejas por la atención prestada; ver pacientes abordados y examinados por médicos en la privacidad del pasillo; inmovilizados que hacen evacuación de excretas en los pasillos, frente de otros pacientes y algunos familiares; soportar largas esperas para su atención por los especialistas y subespecialistas, que tienen turnos por disponibilidad; encontrar familiares llevando a pacientes a radiología por falta de mensajeros; tiempos infinitos para realizar estudios de radiología; esperas para subir a las salas de hospitalización, si es que lo logra; escuchar gente preguntando por sus parientes y la respuesta de los funcionarios ‘por allí debe estar el paciente y el médico que lo vio ya subió a sala, venga mañana’.

No hay dudas de que esta situación desconoce las declaraciones universales de los derechos del paciente, la bioseguridad del área hospitalaria, y el costo para el sistema de la insatisfacción de usuario.

La atención en urgencias es en esencia extraordinaria, asociado a una condición que a juicio del usuario le compromete la vida o le genera gran incomodidad, en la práctica esto no ocurre siendo los porcentajes en promedio de urgencias verdaderas en el CHM menor de un tercio.

En el Complejo Hospitalario Metropolitano el problema es de causas múltiples entre ellos podemos enumerar:

Del sistema: Movimiento lento de las camas hospitalaria con la consecuencia de poca disponibilidad de camas para hospitalizar; la ingeniosa idea de hospitalizar pacientes en los cuartos de urgencias y en camillas, sitios estos no habilitados para este fin; lenta respuesta y evaluación de los especialistas y subespecialistas por turnos de disponibilidad a los pacientes de urgencias, quienes usualmente no le dan la cara al usuario, pues mandan a los residentes; lenta llegada de los resultados de laboratorios y radiología; no hay estrategias de desconcentración y descentralización de los servicios de salud (todo lo opuesto, nombran más médicos para ver pacientes no urgentes en el Complejo Hospitalario Metropolitano), uso inadecuado de las herramientas de gestión.

Del usuario externo: que lo utilizan como atajos, como una forma de evitar el paso por la atención primaria o por la falta de cupos en la atención primaria o para la atención especializada, y en otras ocasiones su mal uso está asociado a problemas de percepción de la gravedad de la enfermedad o somatización por ciertas realidades sociales, todo lo mencionado tiene como efecto la disminución de la accesibilidad de estos servicios destinados para quienes la vida está en peligro.

Asegurados, la mala administración de los servicios de salud que brinda la Caja de Seguro Social, es una responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de los Servicios de Salud, bajo la supervisión del administrador general y de la Junta Directiva, no podemos seguir permitiendo que algunos piensen que es suya y nos mantengan en URGENCIA permanente con sus amiguitos administrando.

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Este artículo fue publicado el  7 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.