De la Ley 30 y otros demonios

La opinión del Activista de los Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal  

La Ley 30, acompañada de la arremetida gubernamental, garrote en mano, y su defensa a ultranza de ese bodrío jurídico son desafiantes e inquietantes. Son, además, muy peligrosas para nuestras libertades, garantías fundamentales y nuestros Derechos Humanos, Económicos y Sociales.

Impuesta en flagrante violación del debido proceso legislativo y, aprobada a tambor batiente por un Órgano Legislativo genuflexo y acrítico, dependiente y cómplice del delito de violación constitucional, la bautizada “9 en 1”, más conocida como “ley chorizo, se llevó de calle sin contemplación alguna la Ley 6 de 1997, Marco Requisitorio para la prestación de los Servicios de Electricidad; la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional; la Ley 41 de 1998, General del Medio Ambiente; la Ley 21 de 2003, Regulación de la Aviación Civil en Panamá; la Ley 22 de 2006, Contrataciones Públicas; la Ley 67 de 2008 que crea el Tribunal de Cuentas.

Además su imposición y defensa ha dejado una estela de muertos, heridos, lisiados, tuertos, ciegos, huerfanos, desamparados, desempleados… En tres palabras “sangre, sudor y lágrimas”.

La actuación de la policía en Bocas del Toro, durante las dos primeras semanas de este mes de julio que finaliza, nos ha permitido recordar las afirmaciones hechas hace un par de años por Robert Gates, entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos, cuando declaró urbi et orbi: “la Fuerza Pública panameña es una fuerza militar en todo, menos el nombre…

” La remilitarización del Estado panameño ha quedado probada con las actitudes, declaraciones, afirmaciones y actuaciones de los militares nombrados primero por Martín y luego por Martinelli. Son conductas muy peligrosas, además de desafiantes, porque no solo le dan la espalda a los logros y progresos alcanzados en la materia, a nivel universal y local, sino también porque forman parte del método “populista” y poco me importa que caracteriza a los representantes de la alianza partidista en el gobierno.

Y ahora que han vuelto a enseñarnos sus garras: ¿quién los detiene? Los constantes y más recientes ataques y las afrentas, sin reparos, a nuestras libertades, a la dignidad humana, a los derechos humanos y a la seguridad ciudadana, marcan un ascenso superior al del combustible, al del alto costo de la vida y al de la corrupción gubernamental.

Cada día se nos obliga a distanciarnos más de nuestro compromiso y deber ciudadano de buscar mecanismos e instrumentos de consolidación de nuestras libertades, para llevarnos hacia el terreno donde puedan vigilarnos, espiarnos, escucharnos, reglamentarnos, sermonearnos, “los mismos con las mismas” funcionarios que no tienen autoridad moral, ni tampoco ética para ello.

La nueva ola de arrogancia, de soberbia, de autoritarismo y demagogia se apresta, con los enemigos de la democracia penetrados en el poder, a reprimir a la primera palabra de queja. Se arman y atrincheran para volver a amenazar ultrajar, deshonrar, perseguir, multar, golpear, manguerear, encarcelar, exiliar.

Esa es su moral. Esa es su “justicia”. “Denme tres años y van a ver que este va a ser el país más seguro de América Latina”, sostuvo Ricardo Martinelli Berrocal, presidente de la República, Cabría preguntarse: ¿de qué seguridad se trata?

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Este artículo se publicó el  30  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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