La anacrónica notificación judicial

La opinión de…

Eugenio L. Morice 

El nuevo Código Procesal Penal introduce una innovadora modalidad de notificación ajustada a la contemporaneidad, al dictar que las decisiones que no se adopten en audiencia se realizarán por telegrama, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo.

Pero, aparte de lo anterior, la Ley 15 de 7 de febrero de 2008 que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, y que a la fecha ha sido letra muerta para las secretarías de nuestros juzgados, fiscalías y sus rectores, dicta en su artículo 20 que el sistema de gestión judicial podrá enviar aviso por cualquier medio electrónico, comunicando a la parte que se ha emitido una resolución que está pendiente de notificación.

Nuestros jueces toman el tiempo que les permita su agenda o voluntad para decidir las apelaciones o incidentes, sin dejar por fuera a nuestros fiscales; ello obliga a los abogados ir y venir a esos estrados o a contratar a un caro pasante para que se dedique a indagar y revisar, diaria o semanalmente, los murales para conocer si se formuló la decisión que únicamente se notifica a través del posteo por edicto.

Pero, si aquella semana, por un sinfín de motivos, el jurista no asiste, sorpresivamente fijan y desfijan el edicto y se inicia el breve término de apelación y, por desconocimiento del abogado, se niega por extemporaneidad el derecho de apelación. Me atrevo a afirmar que son pocos los abogados que puedan decir que no han sido víctimas (por ende, sus representados) de la retrógrada notificación por edicto, posiblemente con la salvedad de los bufetes de alcurnia que pueden financiar el salario de un pasante idóneo y hasta costearle un vehículo.

Si el abogado llama telefónicamente para conocer el estado de una apelación o incidente, le suelen contestar que no dan información por esa vía; o sea, que nos lleva a preguntarnos: ¿para qué el Estado malgasta en suplirlos de ese medio, computadora y acceso a la internet? Colmando las pésimas consideraciones deparadas a los abogados en la obtención de copias del expediente, varios han establecido determinados días de la semana, lo cual significa pérdida de valioso tiempo frente al apremio que puede conllevar un proceso.

No pedimos que se elimine el edicto, lo que decimos es que la realidad tecnológica es muy distinta a las pretoriales de la antigua Roma, donde no existía teléfono ni correo electrónico. Hoy son contados los abogados que no disponen de correo electrónico; quien suscribe acostumbra a incluir todas mis generales, a fin de facilitar la notificación y, por supuesto, el e-mail. El abogado que es ajeno a las bondades de la informática se encontrará en larga desventaja en los procesos que representa.

Toma pocos minutos acceder a internet y transcribir un aviso al abogado, advirtiéndole que está disponible la decisión.   Sería bueno que la oficina de notificación judicial adoptara esa modalidad para mejorar su efectividad, puesto que se ahorraría tiempo, esfuerzos y recursos.

Debo elogiar a la Secretaría del Segundo Tribunal Penal de Adolescentes, que tuvo la iniciativa, nunca antes experimentada, de avisar a mi e-mail sobre la fecha de audiencia y requerido de notificación personal; al día siguiente me apersoné. La actuación de la secretaría contribuyó a la economía procesal que, definitivamente, adversa la imposición del edicto como exclusivo medio de advertencia o notificación en ciertas acciones o instancias.

Desde luego que las dilaciones de los jueces en el dictado de sus decisiones y notificación sorpresiva por edicto pueden dar el ineludible sabor de que se da cabida al inesperado posteo y desfije del edicto para favorecer a determinada parte en detrimento del debido proceso.

Hay muchos inocentes en nuestras atroces cárceles, y un número incontable de ciudadanos que han recurrido a la jurisdicción civil o de familia, donde se les ha negado justicia, debido a la anacrónica y exclusiva notificación por edicto.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Celebrando los bicentenarios

La opinión de la Arquitecta y Ministra de Estado….

MARIELA SAGEL

Durante el año 2010 se está celebrando, en diversos países latinoamericanos, el bicentenario de la independencia de España.  El proceso de emancipación de las entonces colonias españolas se inició dos años antes, en 1808, debido a las luchas intestinas que se tejían en los entresijos de la monarquía española. Su dominio había permanecido casi intacto desde el siglo XVI, pero los frentes que había abierto España, tanto con Francia como con Inglaterra (Trafalgar) y las derrotas que le infringieron, facilitaron que se gestaran liderazgos en las olvidadas colonias allende los mares.

No hay que olvidar también que los ejemplos de Estados Unidos y Francia, con sus ideas ilustradas y actos revolucionarios, contribuyeron a inspirar a los aguerridos líderes independentistas, aunado al interés mercantilista de los mismos Estados Unidos e Inglaterra en tener su peso específico en ese conglomerado que eran las colonias americanas. La primera en constituir una Junta de Gobierno fue Venezuela, el 19 de Abril de 1810. En Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, el general Belgrano se hace de una junta que desplaza al virrey, y lo mismo ocurre en Colombia (el 20 de julio) y Ecuador (el 10 de agosto). En México, el cura Hidalgo es recordado por su ‘Grito de Dolores’, el 16 de septiembre de 1810 y así sucesivamente se van dando otras proclamas, como en Chile (18 de septiembre), y Uruguay, Paraguay, que obtienen su ansiada independencia al año siguiente. En el caso peruano el virreinato de ese país se jugó un riesgo que ha de recordarse en los últimos años de la colonia. Se convirtió en un núcleo hispánico llamado a ahogar cualquier intento revolucionario y se puede decir que desempeñó el triste papel de policía colonial a favor a España, hasta que, un par de años posterior a la proclama regional, se une a los países vecinos en su libertad de la España colonialista.

En Panamá, los embajadores de Argentina y Colombia han tirado la casa por la ventana en las fechas que celebraban el Bicentenario, y es así como el ilustre embajador Jorge Arguindegui organizó el pasado 25 de mayo una tremenda conmemoración, de gala y por todo lo alto, donde no faltó la carme más exquisita que jamás yo haya probado, incluyendo el cordero patagónico, variedad de vinos y la presentación de la cantante María Marta Serra Lima y de unos campeones de tango.

Cuando se estaba llevando a cabo el Mundial de Fútbol le escribí al embajador para darle ánimos y sugerirle que si ganaban el mundial, lo exhortaba a repetir la fiesta que hizo para el Bicentenario. Jocosamente me contestó, sin anticiparse al desenlace futbolístico, que una réplica de esa fiesta le dejaría hacerla a su sucesor cuando Argentina celebrara sus 300 años.

Más recientemente, la distinguida representante del gobierno de Colombia, Ginna Benedetti, que en virtud de los dos períodos del presidente Uribe tiene el mismo tiempo de estar al frente de la misión de ese país en Panamá, ofreció una magnífica fiesta de Bicentenario donde no faltó tanto la bebida típica de la región de Los Llanos, la comida exquisita y hasta los sombreros llaneros.

Doña Ginna, muy conocida por el dinamismo que le ha impreso a una gestión que tiene tantas aristas, porque involucra desde temas migratorios, de seguridad, de turismo, moda y aspectos culinarios, como de belleza y hasta de compras, tuvo la noche de la celebración a dos misses, que eran tan altas que una superaba en altura al mismísimo canciller y vicepresidente, y una representación artístico—folklórica de mucho lujo y variedad.

Nuestra cantante Yomira John interpretó el himno nacional de una manera que nunca lo había escuchado y que arrancó aplausos a los presentes por el sentimiento que Yomira le puso.

Y aunque esto pareciera una crónica social, no lo es. El día de la celebración de Colombia se anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y ese país, de parte del impulsivo presidente que tiene la patria de Bolívar. Ojalá que ambos países logren un acuerdo pronto para que en medio de todas estas conmemoraciones no se ahonde en un conflicto que nos afectaría a todos los que queremos vivir en un mundo de paz y respeto.

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Este artículo fue publicado el  25 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Noriega en París: epílogo

La opinión de…


Betty Brannan Jaén 

PANAMÁ, R.P. – Antes de escribir más sobre el juicio a Manuel Antonio Noriega en París, estuve esperando que sus abogados anunciaran si iban a apelar la condena, porque pensé que a la vez se conocería exactamente cuánto tiempo adicional de prisión el ex dictador tendrá que servir.

Él fue sentenciado a siete años y le darán crédito por los 34 meses que lleva preso desde que acabó con la condena estadounidense, pero entiendo que en el sistema francés (como en el norteamericano) ningún reo cumple el tiempo completo.

El día que dictaron el veredicto, en los pasillos del Palacio de Justicia en París hubo quien comentara que una sentencia de seis años sería equivalente a libertad inmediata; pero desde entonces, nadie ha dicho cuál es el efecto exacto de una sentencia de siete años. Solo podemos suponer que es poca cosa, dado que los abogados defensores han decidido que no vale la pena interponer una apelación.

Que esta información no esté disponible ilustra lo primitivo del sistema procesal penal en Francia, que tiene un sorprendente retraso tecnológico.   En Estados Unidos, la fecha en que Noriega terminaría su sentencia estuvo disponible por internet y en los últimos años, también estaban disponibles por internet los documentos principales del caso. Aun durante el juicio en Miami, hace casi 20 años, era relativamente fácil ver el expediente y copiar de allí los documentos que uno quisiera. Los documentos presentados como prueba en el tribunal llegaban con fotocopia para todos los abogados y para los periodistas también. Además, los micrófonos y el aire acondicionado funcionaban maravillosamente, los traductores trabajaban cómodamente, y los servicios sanitarios para el público no eran unisex.

En París, por contraste, los micrófonos en el tribunal no funcionaban el día que Noriega dio sus declaraciones. Se perdió tiempo tratando de arreglar el problema y por fin obligaron que Noriega hablara sin micrófono; afortunadamente pudo hacerlo en voz alta y clara, y de pie, aunque a las finales pidió permiso para sentarse.  No era de sorprenderse que él estuviera agotado al final de la faena porque su traductora parecía estar al borde del colapso. En Estados Unidos, los traductores usualmente trabajan sentados y se rotan cada cuantas horas, pero a la de París la tuvieron parada y sin relevo por sesiones de hasta seis horas. En una sala sin aire acondicionado o abanicos.

Por razones que no comprendo, los tribunales franceses detestan la fotocopiadora. Un día, mientras esperábamos que retomaran el caso Noriega, el tribunal dictó sentencia a unos 16 miembros de un complot. Pero la presidenta del tribunal anunció que no daría copia del veredicto y sentencia a cada uno de los acusados; solo habría una copia para cada dos. Esa misma magistrada se pasó un tarde interminable leyendo del dossier Noriega en vez de repartir copia a todos los interesados; cuando en el dossier habían gráficas mostrando el movimiento de los fondos, ella tuvo que describirlas verbalmente en lugar de tener una pantalla o cartulina en grande para mostrarlas. Al final del juicio, un abogado defensor me mencionó un alegato escrito que ellos habían presentado con argumentos adicionales; pedí copia del alegato pero se me negó por considerarse confidencial. En Estados Unidos, los alegatos no son confidenciales y son fácilmente obtenibles por internet en los tribunales federales.

Otro aspecto confidencial es cómo se pagó la defensa de Noriega en París. En Miami se sabía que el Gobierno norteamericano le estaba pagando la defensa a Noriega, por considerarlo indigente. En París, Olivier Metzner, el abogado principal, es uno de los juristas más prominentes de Francia; las cámaras de televisión lo persiguen como si fuera un rock star y figura casi a diario en los titulares sobre juicios de alto perfil. Su defensa de Noriega, aunque infructuosa, debe haber costado caro y sería interesante saber quién le pagó.

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Este artículo se publicó el 25 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Se unieron el agua y el aceite

La opinión del empresario y político…

Samuel Lewis Galindo

No hay duda de que el gobierno nacional viene actuando con muy poca habilidad política frente a los últimos acontecimientos que se vienen dando en el país.

Fue el Presidente indudablemente muy mal asesorado, me imagino que por sus consejeros, en la presentación a la Asamblea Nacional de importantes y diferentes proyectos que culminaron en la Ley 30.

Si bien, como he dicho anteriormente, los medios de comunicación en un 95% se oponen a todo lo que haga el gobierno, la nueva Ley 30 les dio argumentos de sobra, que no desperdiciaron, para oponerse a la misma.

Con esa determinación del Ejecutivo se unieron varios grupos que, por razones ideológicas, eran como el agua y el aceite, cada uno de ellos en defensa de lo que consideraban que los afectaba.

Ellos tienen sus propios problemas que deben ser tratados por separado. No es lo mismo la ley de la policía, que la de los ambientalistas o la del Código de Trabajo.

Ojalá que en la mesa del diálogo, que se va a dar a iniciativa del gobierno, se encuentre una solución sabia que pueda corregir algunas partes que los involucrados consideran que afectan sus intereses.

Los izquierdistas han aprovechado inteligentemente la actual situación para disfrazar sus verdaderas intenciones que es el control político del país, vinculándose a otros sectores de la oposición, que no son ideológicamente afines a ellos.

Hay un dicho muy conocido que dice: “divide para vencer”. Aquí en este caso el gobierno ha hecho todo lo contrario, ha unido todas las fuerzas de por sí antagónicas.

El gobierno por su parte ha tenido la intención de terminar con una realidad que ha venido viviendo el país y es el secuestro de la nación por ciertos gremios, según han manifestado analistas políticos, en diversas ocasiones.   Y si bien hay personas en este asunto muy bien intencionadas, las hay también que buscan imponer su filosofía ideológica, para hablar más claro el comunismo y el momento les fue propicio.

De triunfar estas últimas; en su afán los que hoy –no comunistas- unidos a ellos en su propósito de combatir al gobierno, serán los primeros en arrepentirse.

La historia de varios países en los cuales la democracia se ha debilitado debe ser tomada en cuenta tanto por el gobierno como por ciertos que se vienen oponiendo a él, no importa con quien se juntan.

Los comunistas lo primero que atacarán es la “libertad de expresión”. Ojalá que a tiempo piensen en esto quienes mañana serán los más afectados.

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Este artículo se publicó el  25  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Elegancia

La opinión de….

ELIS  CABALLERO

Algunas veces debemos seguir conductas elementales de imagen acorde con nuestra sociedad; sin embargo, en esta cultura moderna de igualdad, las reglas de cortesía y elegancia parecen cosas del pasado.

La elegancia, definida por el diccionario de la Academia Española, se muestra como la forma bella de expresar los pensamientos, además de significar gracia, nobleza y sencillez. Pero para algunos, en especial los que dicen ser representantes del pueblo (diputados) esta gracia social de elegancia deja mucho que desear cuando se expresan y visten.

Esta cultura de imagen, que debe hacer valer todo funcionario, se incrementa en forma negativa cuando algunos personajes aparecen ante los medios de comunicación social vestidos de guacamaya o parecidos a un semáforo.

A un año del primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, si bien hemos visto una mejora en la educación y vestir de los honorables diputados (principales y suplentes) aún algunos dejan mucho que desear al momento de escoger sus combinaciones para estar ante la prensa o sus comunidades.

El vestir con elegancia, como forma elemental para expresar imagen, ofrece una perspectiva al pueblo sobre las cualidades de sus representados. Como ejemplos puedo citar a Miguel Fanovich, Noriel Salerno, Crispiano Adames, Marylin Vallarino, Dana Castañedas, Manuel Cohen, José Muñoz y el suplente José Moreno, entre otros.

La elegancia como sinónimo de prestigio, debe ser asumida por cada uno como un estilo propio con variantes sociales y educativas, que forman un patrón de conducta, el cual debe ser aceptado o rechazado por la sociedad.

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Este artículo fue publicado el  24 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

“Gatozky” por “liebrezky”

La opinión del político y Director Nacional del PRD…

Rafael Pitti 

El 25 de octubre de 1990, como funcionario activo, me presenté a la Procuraduría General de la Nación a denunciar al entonces Director General de Aduanas, “Por corrupción o el delito en que haya incurrido” con relación a la expedición del documento “Permisos Previos” que eran utilizados de manera irregular, como un mecanismo disfrazado para retirar mercancías sin el pago de los respectivos impuestos.

Saqué copias para pruebas, pero no recibí amenaza de sustracción de documento por irrelevante. Esta denuncia acarreó represalias y como dirigente gremial que participó el 4 de diciembre en La Gran Marcha por el Derecho a la Vida, fui separado del cargo, basándose en la Ley 25 del 90 que presumía colaborar con “el golpe de Estado”.

Posteriormente fui eximido y reintegrado a la posición, aunque aún no me han pagado los emolumentos dejados de percibir por motivo de la injustificada acción. Producto de mi denuncia, el Estado recuperó cerca de 4 millones de dólares, pero obvió imponer las multas que andaban por encima de B/ 300,000 del cual me correspondía el 50% por Ley Fiscal.

(Abro paréntesis: Hay que reconocer que la Directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Dra. Gloria Moreno de López, está cumpliendo con el pago de los incentivos fiscales a los funcionarios que en esa institución se desempeñan.   Ello contribuye al estímulo y superación de los mismos, igual que a la eficiencia y honestidad en la labor. Felicitaciones. Cierro paréntesis).

Traigo a colación mi caso, porque pareciera que el Lic. Gustavo Barahona, corre el riesgo de quedar detenido por atreverse a denunciar la presunta irregularidad. El ministro del MIDES tiene que aclarar y demostrar al propio gobierno y la opinión pública, la justificación de tan elevados precios en los bienes adquiridos y posteriormente si lo amerita actuar.

Muy mal mensaje para el resto de funcionarios subalternos en todas las entidades del Estado, quienes por temor incumplirán su deber ante incidentes y pensarán que la Transparencia y Rendición de Cuentas, no es más que una sutil cuña publicitaria, sobre todo por las sorprendentes declaraciones que escuchamos para defender esta voluminosa distorsión.

No se el desenlace en este entuerto, lo que si diré es que aunque no voté por la oferta electoral del Cambio, una vez el apabullante resultado, no me quedó más esperanza que el Presidente Ricardo Martinelli cumpliera lo prometido;  principalmente en la seguridad y el combate a la corrupción,   “el impuesto a los pobres” como dijeran por allí.

Sin embargo hay preocupación por el estilo, pues un cambio hacia la decencia y honestidad política es utópico y evidente al fomentar y alimentar el transfuguismo.   Extremada muestras de improvisación en el uso de recursos públicos y bienes del Estado al distribuirlos coyunturalmente.

Es riesgoso señalar esto, pero aspiro sirvan para la reflexión y cambio de rumbo. El 60% de electores de mayo de 2009, y el resto de la población, no admiten otro castigo de aceptar gato por liebre.

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Este artículo se publicó el  24  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Compra de corredores ¿buen negocio para quién?

La opinión de…

Eduardo Linares

En días pasados, la prensa escrita informó acerca del acuerdo firmado para la compra del Corredor Sur, entre el Gobierno e ICA, por 420 millones de dólares. Igualmente, que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, mantendría una reunión con los representantes de Pycsa (Corredor Norte) para firmar un memorando de entendimiento para comprar el 100% de las acciones por 650 millones.

El financiamiento de estas dos operaciones está aparentemente estructurado con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y del programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ambicioso plan de inversiones en una infraestructura que tiene, en el caso de ICA, 14 años de vida, y en el caso de Pycsa, 16 años transcurridos desde la firma de los respectivos contratos. Ambas concesiones se otorgaron por 30 años, lo que significa que ya transcurrió la mitad de su vida contractual y prácticamente lo mismo en su vida útil, que es lo que se estima para el pavimento de concreto.

Cualquier lector, medianamente enterado de los temas legales y contractuales, no escapará el hecho de que los contratos con estas dos empresas, en varias de sus cláusulas, fueron lo que podría calificarse de “leoninos” para el Estado panameño; ICA y Pycsa, los leones.

Por ejemplo, la auditoría revela que las tasas de descuento o cantidad aplicable a la amortización de la suma invertida es de 12.5%, en el caso de Pycsa, y de 12%, en el caso de ICA; estas harían prácticamente imposible la recuperación de la inversión en el plazo estipulado, ya que equivale a aplicar aproximadamente 16 y 18 centavos de cada dólar recuperado a la fecha.

Igualmente, el informe reveló otros desbalances en contra del Estado, tales como ambigüedad en la redacción, lo que abre margen para interpretaciones en contra del Estado; falta de cumplimiento en la construcción de los tramos acordados; deficiencias en el diseño y mantenimiento de las vías y, por supuesto, embotellamientos y lenta circulación en entradas y salidas.

El mismo informe señala que los montos recuperados, a la fecha, son de 180 millones para ICA, y 197 millones para Pycsa, estimados hasta el año 2009. Entonces, si un contrato firmado entre dos partes, resulta en el tiempo, el práctico abuso de poder de una de las partes (los concesionarios), lo lógico debería ser denunciar el contrato y pedir su resolución, por resultar oneroso para nuestros intereses.

Si, también, la auditoría comprueba que del total de 306 millones acordados originalmente como monto recuperable de la inversión de ICA, queda un saldo de 126 millones de dólares por recuperar, y para Pycsa de la cantidad original, ahora ajustada a los tramos efectivamente construidos por 307 millones, queda un saldo de 110 millones, no se explica la propuesta de comprar los corredores al precio que han acordado.

Nos preguntamos, ¿cuáles son las “terribles” consecuencias legales que tendría para Panamá rescindir los contratos por incumplimiento y por resultar onerosos para los intereses del país? ¿Debe comprometerse la salud financiera de la Caja de Seguro Social invirtiendo en un negocio netamente comercial no contemplado por su ley orgánica?; ¿cómo se explica que de los saldos por recuperar, 126 millones para ICA, se acuerde pagar 420 millones; y a Pycsa, por 110 millones, se acceda a pagar, por el 51% de las acciones, 280 millones? ¿Cómo entender que el Presidente en su discurso ante la Asamblea citó las cifras arriba mencionadas y posteriormente el viceministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia, informe que el precio acordado con Pycsa es de 650 millones?

Señor Presidente, con tantos millones en juego, este panameño y muchos más que opinan igual, piden que ésta sea una de las promesa de campaña, que no tiene que cumplir.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.