El momento político

La opinión del periodista…..

Miguel A Espino Perigault 


Un primer análisis de la situación política que conmueve al país desde hace algunos días, relacionada con la aprobada Ley 30, denominada, despectivamente, por sus detractores, la “Ley chorizo”,  nos lleva a reflexionar sobre las probables causas  de los disturbios atribuidos a su aprobación y de sus consecuencias.

Podríamos, así, alentar  la esperanza de que los acontecimientos se encarrilen, cuanto antes, por senderos que conduzcan al restablecimiento   de la tranquilidad en el orden.

Lo que a primera vista llama la atención es la denunciada  ausencia de  adecuadas comunicación y consultas previas  sobre el contenido de la ley.

Pero, estas supuestas carencias de comunicación y de consultas quizá hayan sido intencionadas,  lo cual es una legítima opción del gobierno, que no está obligado a consultar, o bien puede hacerlo con los grupos o asesores que quiera, en quienes reconozca idoneidad. Esta es una opción que, por supuesto suele pagarse con   un alto precio de merma en la  popularidad.

Esta merma  satisfará, seguramente,  a    los grupos políticos   adversos    y a los que ven amenazados sus intereses  por las políticas gubernamentales sin aparentes  compromisos pre-electorales con ellos.  De modo que cualquier medida gubernamental que  amenazase al mundillo político criollo  sería respondida  con fuertes reclamos típicos y propios   de nuestra democracia vocinglera.

Estos reclamos iban a darse de todos modos,  con información previa sobre la ley,  o sin la información previa,  ya que la  ley 30, bien conocida por los diputados de la oposición y por otros grupos interesados, representaba una oportunidad de oro que ningún grupo activo en la política, ni  ninguna figura adicta  al protagonismo, podía  desaprovechar.

Y esto no es censurable; sino, quizá deseable y conveniente, porque forma parte del  aceptable juego de intereses y de opiniones encontradas  que pueden fortalecer a la democracia, sobre todo a una como la nuestra, de poses histriónicas, del  rasgarse  de vestiduras y de lenguajes seudo revolucionario y populista. Pero no ha sido únicamente así.

Ha quedado muy claro que se manejó y se divulgó, muchas veces abierta y públicamente, información contradictoria, de modo que el ciudadano común, que seguía los sucesos en los medios, quedaba confundido y podía pensar que el gobierno mentía o, bien, que mentían sus críticos. Es obvio que en la opinión pública quedará claro,  al final,  quién dijo la verdad, quién mintió,  quién actuó con felonía y quiénes hicieron de tontos.

Según la lógica política criolla, entonces, los grupos interesados debían provocar  el descontento  y el temor entre los ciudadanos, frente a los anunciados, pero no probados, perjuicios y amenazas de una ley aprobada correctamente, pero denunciada como  inconsulta por  dirigentes de grupos que exigían, enérgicamente,  que se les consultase porque sí.

Estos,  por su parte, desconocían la autoridad y la responsabilidad que corresponde a los diputados, cuya decisión rechazan;  una actitud irrespetuosa y antidemocrática,   propia de grupos que rechazan el diálogo o lo condicionan a la absurda aceptación previa de sus demandas.

Pretender  que el gobierno y la oposición se guíen por el Bien Común, como debe ser,  puede resultar una “esperanza inútil y una flor de desconsuelo”, como cantaban los baladistas  de antaño. El Bien Común es la principal razón de ser del estado, de los gobiernos y de la oposición, en una democracia sin apellidos.

¿Quién actuaba en este caso con miras al Bien Común y quién no? ¿Quién pensaba en el  bien de la sociedad, el  bien de la patria, el gobierno o sus opositores? La magnitud de los dolorosos acontecimientos que se produjeron  con saldos de muerte, lesionados y destrucción de bienes, no guarda proporción  con el legal comportamiento del gobierno, gústese o no ese comportamiento.

Tampoco guardan relación los sucesos con la supuesta espontaneidad que se les quiere atribuir. Por otra parte, la intervención, de palabra y de obra,  ante los medios de comunicación, de parte de  dirigentes del  sector magisterial, del sector obrero, de los grupos estudiantiles, mayores y menores de edad, mostraron  el comportamiento  irresponsable y oportunista de  sus dirigentes.

Lo demás tenía que suceder.

Quizá los mismos   exhortadores a las acciones de rechazo no pretendían resultados tan dolorosos. Parece que se les salió de las manos el control. Pero, con una visión cínica de los sucesos, podría pensarse que hay quienes ven cumplidos en grado conveniente sus objetivos políticos presentes y  futuros.

El comportamiento represivo de la policía siempre será criticado  y juzgado como excesivo por los reprimidos. Pero, deben atenderse e  investigarse los posibles  abusos, denunciados o no.

Ningún gobierno puede aceptar una oposición que se exprese con acciones de violencia y destrucción, cuando existen todas las garantías para expresarse.  Sus reacciones ante estos problemas ponen a prueba la habilidad política del equipo de gobierno y   su futuro. El costo político será seguramente alto en aspectos de apoyo popular y simpatías. Sin  embargo, las altas y bajas en la opinión pública seguramente no han de mortificar mucho al gobierno, que cuenta con varios años todavía en el poder.    Pero, es su responsabilidad gobernar y debe hacerlo sin atarse al miedo a las encuestas; aunque  debe considerarlas, ya que pueden guiarlo para corregir rumbo en sus gestiones hacia el Bien Común.

Al final, quienes serán perjudicados  y podrán perderlo todo, probablemente por mucho tiempo, son  los campesinos, loa indígenas y obreros soliviantados y engañados por inescrupulosos lidercillos. Otros, iguales a ellos ,o quizá los mismos  acabaron, antes,  con Puerto Armuelles y ahora quieren acabar con Bocas del Toro, una región olvidada que en cinco siglos no ha visto el progreso que vive actualmente.

No se buscan soluciones racionales para los problemas pendientes; sino fomentar el odio, la lucha de clase,  el  caos a fin de mantener vivo el espíritu revolucionario, dañar a imagen del gobierno (sobre todo), aunque se ponga en peligro el bienestar del pueblo, para que la realidad cuadre bien con la ideología.

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Publicado el 18 de julio de 2010 en el Diario Digital Hora Cero y enviado a este medio para su publicación por el autor, a quienes damos, todo el credito que les corresponde.

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¡Ni un muerto más!

La opinión de….

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JORGE GAMBOA AROSEMENA ..


Tenemos que volver hacia los acontecimientos de la insurrección popular que se dio en Changuinola, porque los insensatos voceros del gobierno quieren desvirtuar los hechos. Lo ocurrido es grave y no debe encubrirse con mentiras, escándalos o regalos.

Antonio Smith, miembro del CD, fue asesinado el 8 de junio por exceso de fuerza contra los manifestantes producto de la estulticia del gobierno, que no entiende todavía que las imposiciones acarrean rechazos enérgicos. El Gabinete no calibró lo que una muerte significaba y, dos días después, el sábado 10 de julio, aniversario de la represión del Viernes Negro de 1987, la torpeza y el desprecio a una población que mostraba hidalguía en una lucha desigual, este gobierno, que bien se le puede llamar asesino, vuelve y mata a otro manifestante: Virgilio Castillo.

Que se produjera la primera muerte pudiera tener atenuantes tales como inexperiencia, que el ministro José Raúl Mulino no sabía el alcance de la represión, que el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, todavía creía que estaba jugando a UESAT y que al presidente de la República, Ricardo Martinelli, lo tenían mal informado unos asesores incompetentes. Pero la segunda muerte no tiene ningún atenuante, mas sí todos los agravantes. El asesinato de Smith debió disparar todas las alarmas y en las siguientes horas debió obligar al gobierno a parar la represión y encontrar caminos de avenencia. Pero fue todo lo contrario, cuando los negociadores gubernamentales estaban encontrando acuerdos, no tanto por las ofertas gubernamentales sino por el agotamiento de los manifestantes, el Presidente vocifera que la maldita “ley chorizo” no será derogada, enardeciendo a los manifestantes, que fueron nuevamente reprimidos con excesos causando la segunda muerte oficial.

Refieren que cuando el noriegato mató a Yito Barrantes, Noriega reprendió a los Doberman de aquella época, porque esa muerte no debió darse, ya que los agentes de Control de Multitudes, si usan perdigones, deben disparar al suelo delante de los manifestantes para que el perdigón atenúe su velocidad y en su rebote no suba más allá de la cintura de los manifestantes. También se cuenta que el Viernes Negro hubo solo tres manifestantes perdigoneados en los ojos y ahora más de cincuenta. Nefasta eficacia del gobierno de Martinelli, que no atendió a su esposa, quien le pidió, sensatamente, no sancionar la Ley 30, como él reveló.

¡Ni un perdigonazo más! ¡Ni un muerto más! Prohibido olvidar…

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Artículo publicado el  23 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mejoras necesarias en educación

La opinión de…

Gabriel Ortega 

La educación es todo un proceso multifacético, basado en programas para transmitir conocimientos, valores y buenas costumbres. Este conocimiento no solo se da a través de las palabras, sino con la ayuda de equipo técnico, libros, etc. Además forma parte de la educación el lugar, el área, la comodidad del salón de clases, el confort ergonómico (sillas, temperatura, espacios). La condición fisiológica de cada estudiante, su condición económica, etc.

A través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos y normas, modos de ser, cómo adaptarse a la vida futura con acierto.

Pero el Ministerio de Educación (Meduca) les tiene que dar esta oportunidad de prepararse adecuadamente. Como sabemos, existe una relación proporcional entre el acceso a la educación y el mejoramiento de los indicadores sociales. Esto significa que tengo en mis manos el formar nuevas personas.

¿Qué necesito para esto? Unos dicen que un estudio prospectivo para que las formas de educación se acoplen al futuro, otros apoyan la creación de normativas nacionales basadas en otras experiencias; hay quien señala la calidad de la educación; están los que abogan por el aumento de las horas y días de clase, y otros que apoyan el intercambio de conocimientos basados en investigaciones, al final, el complemento de cada parte formará la unidad deseada.

¿Pero, cómo logro avanzar si cada vez que compro mis libros, computadoras, útiles, retroproyectores, sistemas de aires acondicionados, grifos de agua, etc. los delincuentes se roban todo?   No se llevan la escuela porque está anclada en tierra.

Se habla que en el Meduca hay un buzón de sugerencias para la comunidad, ¿cómo es que nadie sugiere prevenir los robos millonarios que se dan todos, pero todos los años? Yo sugiero la creación de un departamento de protección y seguridad, que se encargue de desarrollar planes de prevención contra robos. Porque todo lo que se roban es comprado con el aporte mensual de la comunidad.

Una de las cosas que hay que decir es cuánto se pierde por año, hay que investigar por qué en las escuelas privadas no se roban nada, pero en las públicas desaparece de todo.

¿Qué sistema de vigilancia aplican las escuelas privadas que les da tanto éxito?

Como es que no podemos aplicar estas técnicas preventivas en las escuelas y colegios públicos? Será que habrá que privatizar la vigilancia en las escuelas y colegios, como en Estados Unidos? Lo cierto es que sale mucho más barato esto, que tener que comprar lo mismo todos los años.

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Este artículo se publicó el 23 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

En defensa de la historia

La opinión de…

Jorge Luis Macías Fonseca 

A menudo y con propiedad se invoca la historia para caracterizar algún suceso. Para algunos es cuento, es la narración de algo, de un conflicto, de una movilización, de cualquier asunto nacional e internacional, aún cuando sean intrascendentes. Es más de antemano le dan el carácter de histórico, sin precisar si lo tienen.

Por ejemplo hablar, sin que el suceso se haya dado de: histórica marcha, concentración o evento, es una impropiedad, como la realizadas por un comentarista radial que manifestaba en Colón, que: “estaba escribiendo el borrador de la historia”, sin expresar claramente el sentido de lo que afirmaba, y peor aún, sin explicar en qué consistía ese ejercicio.

Asimismo, otro comentarista frente a las consideraciones que se hacían sobre el abandonado edificio que sirvió en un momento a la iglesia ortodoxa griega, manifestó peyorativamente: que no tenía claridad , “sobre su carácter histórico”, porque a su entender : “ a todo se le consideraba histórico”.

Por otro lado, observamos, en programas televisivos, que muchos conductores se refieren al entrevistar a algún denunciante presente a que “cuenten la historia”, para referirse al tema que trata los que manifiestan alguna situación que los afectan.   Así el uso bastardeado del concepto historia, pareciera apropiarse de muchos, que sin la precisión del caso, lo usan sin las fidelidades debidas, pensando tal vez que le imprimen un carácter de importancia al suceso.

Recientemente el viernes 16 de julio del año en curso apareció en Panamá América un artículo de la autoría de Roberto Díaz Herrera con el título: “La historia se vuelve manca o tuerta”.   Tal expresión debe conllevar a la reflexión pues pareciera traer al debate el asunto respecto a que si la historia, tiene una finalidad juzgadora y moralizadora, por lo que importante sería indagar: ¿Su propósito ulterior es la ser juez? o ¿ es su fin dar lecciones morales?

En el caso del artículo aludido, es el mismo autor quien narra y además pondera los acontecimientos, tratando quizás de apurar una posición que moralmente lo exima e igualmente lo absuelva.   Por eso dice al inicio que: “La historia se vuelve manca o tuerta sino se explica bien ante tantas caras y mentes demasiados jóvenes”.

La explicación que forma parte del análisis es parte de un proceso que puede tener como fuente al o los actores de un acontecimiento, cuyas formulaciones no necesariamente constituyen la explicación absoluta del fenómeno. Dice al final de su escrito que: “ La historia es un montón de cosas, hay que juntarlas, y narrarlas antes del olvido”.

La historia como ciencia dejó de ser una simple narración. Cuenta con un instrumental teórico-metodológico para el análisis y comprensión de los fenómenos históricos. Los hechos históricos tienen sus caracterizaciones, no son un montón de cosas. Ni tuerta, ni manca, ni coja, ni inválida. Ella es objetiva, tratando siempre de transmitir el pasado al presente con toda su autenticidad para las valoraciones correctas, no subjetivas. El uso adecuado de hipótesis, teorías y métodos, permitirá conocer que: “No todo hecho es histórico, pero que todo lo histórico es un hecho”.

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Este artículo se publicó el  23  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A propósito de la minería

La opinión de…

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María Sabina Ah Chu Sánchez

Trato a diario con metales como el platino, que sometido a un proceso se convierte en medicamento;  el mercurio, que encerrado en una cámara de cristal nos sirve para medir funciones importantes del cuerpo humano, y el zinc, que hace parte de los elementos que necesitamos para vivir.

Escribo movida por el aprecio a estos ilustres miembros del reino mineral.   El oro, el rey de los metales, ha reposado durante millones de años en las laderas montañosas de nuestro istmo.

La ilusión que produce su brillo ha llevado al ser humano, desde tiempos inmemoriales, a conseguirlo a como dé lugar. Incluso a costa de su propia vida.   Aquí podríamos rememorar historias de guerras, raptos, piratas, vidas aventureras y muertes sangrientas. Síganme, por favor, sin soltar el hilo de estas líneas, en una historia que puede ser tumultuosa en otra forma.

Como decía, para arrebatar el oro de las entrañas de la roca se ha perfeccionado un proceso laborioso y tremendamente técnico. La historia refiere algunas maneras de obtenerlo, ya por excavación de vetas subterráneas o a través del lavado de la gravilla de ciertos ríos. Pero sucede con los recursos no sostenibles, las vetas en el planeta se están agotando. En muy pocos lugares de la Tierra se puede extraer oro por lavado.   Se desarrolla la minería a cielo abierto, en extensiones de terreno en donde se comprueba la presencia de oro.   La naturaleza, sin embargo, no se deja quitar lo que le pertenece.

¿Qué hay que hacer para extraer un gramo de oro por cada tonelada de tierra y roca removida? Ese oro, que está incrustado en pequeñísimas cantidades, dispersas en grandes extensiones de tierra y roca, se obtiene mediante un proceso químico en el que se emplea otro mineral que se adhiere al oro, capturándolo, pero que no tiene su brillo, ni su gracia, y que, cumplida su misión extractora, será separado del precioso metal y eliminado.    Así es la vida, lo bonito se queda, se aprecia y se luce.    ¡Lo feo, a la basura! A mí me gustan los feos. Hablemos de uno de ellos.    Entre los metales utilizados en ese proceso está el cianuro. El oro se extrae hoy mediante el método de lixiviación con cianuro. Existe la amalgamación con mercurio, pero es menos eficiente que el anterior.

Primero se obtienen toneladas de tierra y roca en las cuales hay incluido oro en pequeñas cantidades.   Luego todo este material es rociado con una solución de cianuro para separar el oro.   En la minería moderna hay, obviamente, normas de seguridad. El proceso implica el uso de contenedores debidamente construidos para que la solución de cianuro haga su trabajo sin filtrarse hacia la tierra.

Pero díganme, ¿qué filtro, malla, capa o contenedor no tiene huecos?   Continuemos, el cianuro lixivia, es decir, lava y amalgama las partículas de oro en un proceso que toma de días a meses.   Para recuperar el producto final, hay que añadir zinc con plomo a la mezcla de cianuro con oro. Por reacción química se produce un “precipitado” que luego se funde para recuperar el oro. El cianuro se transfiere a un embalse –recordemos que está diluido– y lo diluyen aún más hasta llegar a un nivel considerado seguro para el ambiente.   En algunos proyectos, el cianuro va a una especie de estanque, en otros se recicla de manera cerrada.

Según los libros especializados en minería, siguiendo las normas laborales estrictas no hay muchos accidentes atribuibles a la absorción de cianuro entre los trabajadores de minas.   Pero, sigamos el camino de ese cianuro que fue desechado en un estanque o que se filtró por un huequito a través de la malla que lo contenía y sigue en la tierra.

El cianuro sigue reaccionando y libera metales pesados al ambiente: arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio, talio, azufre. Como estos metales no son parte de lo que la mina quería “producir”,   no se sabe cuánto metal pesado de desecho se liberará en un año, o en 10.   Me pregunto: ¿cuánto se está liberando ahora mismo? ¿A dónde van a parar? La lógica me dice que la tierra, de la cual salieron, los recibe en sus capas superficiales que luego serán barridas por el viento o regadas por las lluvias, que en nuestro país son torrenciales y arrastran todo.

Los desechos de metal pesado irán al aire que respiramos, al río y al mar para encontrarse con el pez y el alga, con la rana dorada, con usted y conmigo.   Una vez entran al cuerpo, los metales pesados interactúan con nuestras células “precipitando” en pequeña cantidad nuestros propios minerales internos, reaccionando químicamente con nuestro material molecular; afectando más aquellas células que en ese instante se encontraban en división. Por ende, son más sensibles las células que se dividen más rápido, por ejemplo las de la piel, el cabello, mucosas, las sanguíneas y los espermatozoides.

Esta historia de oro y destrucción no es tan pintoresca como una aventura de piratas, pero igual que aquellas puede terminar lentamente en muerte por destrucción celular. O puede terminar con vida, si todos tomamos conciencia del problema.

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Este artículo se publicó el 23 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Educación superior y desarrollo

La opinión del Educador….

ROGELIO A. MATA GRAU

Los problemas centrales de la educación superior en Panamá parten del principio de que la formación del capital humano depende del funcionamiento, eficiente o ineficiente, actualizado o anacrónico, de su sistema educativo en todos los niveles, teniendo a la educación superior como principal protagonista, la que hasta ahora, no ha experimentado cambios importantes en el último tiempo, con lo que surge la necesidad de una política para la educación superior acorde al nivel de desarrollo de Panamá y que permita enfrentar las exigencias del mundo moderno.

Las instituciones de educación superior son las principales responsables de responder al reto de formar a las personas para este nuevo mundo. Por ello, resulta ineludible plantear hoy una profunda reforma al sistema de educación superior panameño para colocarlo a la altura que se necesita.

Las reformas del Sistema Educativo históricamente han abarcado la educación básica general con grandes logros para el país y modelo para América Latina, donde la equidad y la calidad han sido sus grandes objetivos. Como resultado de ello los estudiantes del Primer Nivel de Enseñanza o Educación Básica General cuentan con un nuevo currículum para responder a las necesidades educativas del siglo XXI, el 90% de ellos tiene acceso a la informática educativa, se ha aumentado la inversión en infraestructura educacional para que los niños y docentes tengan mejores condiciones de estudio y enseñanza. Nos estamos encaminando hacia una transformación curricular de la Educación Media.

Mi experiencia como docente me enseña que el entorno económico y social es mucho más dinámico y sus cambios se aprecian con mucha mayor velocidad que en nuestras instituciones de educación superior, presentando estas un desfase entre lo que el medio necesita y lo que la institución ofrece. El resultado de esto es que en el periodo en que nos tenemos que poner de acuerdo para diagnosticar y construir fórmulas para atender la necesidad de actualizar una malla curricular hasta lograr implementar los cambios apropiados, nos sorprenden nuevos cambios que exigen también actualizaciones de los programas y mallas, no pudiendo, de esta manera, en ningún momento cumplir las expectativas planteadas por la sociedad.

Leyendo las declaraciones de la ministra de Educación donde manifiesta que: ‘No bajen la calidad so pretexto de que tenemos que recibir a todos los muchachos que salen de la secundaria’ (La Estrella de Panamá, 21 de julio), debo señalar que de acuerdos a declaraciones internacionales suscritas por Panamá, estamos obligados a garantizarle a nuestra población estudiantil el derecho, acceso y la calidad social de la educación superior en sus dimensiones de enseñanza, investigación y extensión a todos los que la demanden.

La tendencia sobre esa reflexión está comenzando, pero no es solo de nuestro país, sino que es un tema universal que implica cambios muy significativos al interior de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Las universidades juegan un rol central en esta nueva manera de enfrentar la educación superior y para eso tienen que organizar la formación de los estudiantes de otro modo, ‘no para estudiantes que vienen una vez, sino para una formación a través de toda la vida’. (Asmanet P., 2006).

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Este artículo fue publicado el  23 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Ministerio Público vs. Seguridad Jurídica

La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris

Nuestra Constitución Política establece, como atribuciones del Ministerio Público, defender los intereses del Estado o del Municipio, promover el cumplimiento o ejecución de las Leyes, vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes, perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos y ejercer las demás funciones que determine la ley.

También señala nuestra Constitución Política, como una de las funciones especiales del Procurador General de la Nación, velar porque los demás agentes del Ministerio Público, desempeñen fielmente su cargo, y se les exija responsabiliedad por falta o delitos que cometan.

Las normas que establecen lo señalado anteriormente, se encuentran contenidas dentro del capítulo segundo, del título VII, de nuestra Constitución Política, que trata sobre la Administración de Justicia.

Siempre me he mantenido dentro del principio de que la Administración de Justicia es la columna vertebral de la democracia y de que de la seguridad jurídica que resulte, del mejor cumplimiento, aplicación y efectividad de las normas jurídicas depende el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo sostenible del país.

De todo lo afirmado anteriormente, se infiere que en esa institución tan importante del Estado Panameño, deben ser designados en sus cargos, funcionarios de reputada honorabilidad, capacidad académica indiscutible y con la firme convicción de lo que el fiel cumplimiento de sus atribuciones, representa, para el fortalecimiento de la democracia y de todas las instituciones de nuestro país.

Desafortunadamente, una triste realidad nos dice con hechos concretos que esa importante institución a la que nos estamos refiriendo, no se encuentra en las mejores manos y es manejada en sus despachos superiores por hombres que no mantienen el perfil que hemos mencionado.

Los despachos del Procurador General de La República y de La Fiscalía Auxiliar de la República, recientemente han llevado a cabo deplorables actuaciones, que atentan contra los más elementales Derechos Humanos y garantías constitucionales de los panameños. Los deplorables recientes hechos conocidos, con conductas criminales por parte de las autoridades, no serán debidamente investigados, porque pretenden sustentarse en la reciente mal querida Ley 30, que otorga a las fuerzas armadas el derecho de reprimir de cualquier forma y sin ninguna consecuencia legal para sus componentes, a quienes nos atrevamos a luchar por la democracia, la justicia y la libertad.

Todo lo aquí expresado, nos obliga a los que estamos dispuestos a luchar por el adecentamiento de la administración de justicia, y alcanzar la seguridad jurídica, a mantenernos vigilantes y denunciar las actuaciones de los funcionarios mencionados, por los hechos ya conocidos y por conocer.

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Este artículo se publicó el  23  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.