Conducta reprochable

La opinión de…

Roberto Luciano Sánchez Vallarino

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra saña se define como: 1. furor, enojo ciego; 2. intención rencorosa y cruel. La saña caracterizó la conducta de los miembros de la Unidad de Control de Multitudes en la feroz represión desatada contra los manifestantes en la hermosa provincia de Bocas del Toro; las numerosas víctimas de dicho castigo inmisericorde están frente a todos, cuestionando nuestra propia humanidad.

Son hechos repetitivos en nuestra república, que intenta salir del subdesarrollo con el trabajo honesto, respetando la dignidad humana. Se acaban los apelativos, tuvimos “Viernes Negro” (julio 1987), “Jueves Negro” (julio 2007) y ahora, una “semana de violencia institucional”, perpetrada por quienes juraron defender honra y vida de los ciudadanos.

Me pregunto qué hay en la mente y el corazón de un miembro de la Unidad de Control de Multitudes que pueda justificar la furia represora. Es un gran vacío en la conducta humana, falta completa de amor y respeto hacia sí mismo y por ende hacia los demás; obediencia ciega para dejar ciegos a los manifestantes. ¿Qué sentía un doberman cuando pateaba a niños y ancianos? ¿por qué la crueldad? La respuesta es siempre cobardía, para tan aberrante conducta, aun cuando en los tiempos de la dictadura se decía que a los soldados les daban sustancias psicotrópicas en los cuarteles previamente a sus incursiones contra la población inerme. Preguntemos qué estimula hoy a los uniformados, equipados de la última tecnología –botas, cascos, escudos, repelentes, etc., pero no instruidos ni convencidos del respeto a la humanidad e integridad física de los ciudadanos.

¿Se les entrenó con premeditación alevosa para disparar perdigones al rostro de los manifestantes, a distancias cortas? ¿Acaso no están prohibidas dichas armas en el manejo de manifestaciones? ¿Se sentían los que así actuaban como vengadores del orden? No se puede defender el orden, rompiéndolo en mil añicos.

Una cosa es controlar manifestaciones, abrir vías cerradas y otra diferente es perseguir cual perros rabiosos y castigar físicamente a quienes se involucren en tales manifestaciones. No es ético, punto; le corresponde al Poder Judicial juzgar las acciones que rompan leyes, y sépanlo aquellos que se jactaron en sus correrías de que “la ley somos nosotros”, como lo relató dramáticamente una docente que fue vejada por jenízaros uniformados al asistir a una reunión en hotel de la capital. ¿De cuándo acá la Policía puede interferir en el uso de las libertades ciudadanas? Estamos en democracia ¿recuerdan?

Que las autoridades pidan perdón al pueblo panameño por su conducta criminal, y no se excusen tras diálogos insulsos sin aceptar responsabilidad. A nosotros corresponde abogar hoy, ¡ya! por las víctimas de tanto desafuero, ¿qué expresarles, cómo ayudar a los familiares de quienes perdieron la vista o la vida si miramos para el otro lado?

Espero que al responder no justifiquemos estos hechos lamentables, apaguemos las noticias y nos retiremos cómodamente. No seamos como el avestruz cuando ve el peligro venir.

<>
Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá enredada en los cables

La opinión de….

Melquiades Valencia  

Panamá está enredada en los cables,  una frase popular para dibujar la situación revuelta, confusa, caótica, enmarañada, intrincada en que nos han  envuelto los malos políticos del patio, que mantiene confundida y  turbada  a la sociedad panameña con sus pifias y yerros que nos costará muy  caro.

Pero en esta ocasión no se trata  del folklorismo criollo que nos tiene aterrados. Se trata de los cables  enmarañados del sistema eléctrico, de teléfonos, fibra ópticas, cableado de televisión, circuitos cerrados de videos y sabrá Dios de que son los demás, que cuelgan como lianas a lo largo y ancho de la ciudad de Panamá afeándola.

Basta con alzar un poco la vista, cuando se transita por la ciudad, para comprobar que sigue el desorden.

A propósito de ello el gobierno ha anunciando pomposamente que se iniciará la primera fase del proyecto de soterrados del cableado en la ciudad de Panamá y otras ciudades importantes del país, con el ánimo de eliminar parte de la contaminación visual que ello significa, con una inversión de 38 millones de dólares en un lapso de 4 años

Esto lo vengo escuchando desde el gobierno de  la señora Mireya Moscoso, durante el Gobierno de Martin Torrijos incluso se le adjudicó a una empresa el trabajo en el centro de la ciudad , iniciando por el centro bancario pero nunca se hizo trabajo alguno, ¿quien sabe?.

Los panameños nos olvidamos de todo…

Miren, inmediatamente que fue inaugurada la cinta costara que le ha dado   un nuevo rostro a la ciudad de Panamá, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), señalo 21 defectos que habría que corregir, deficiencias de una  obra de $189.1 millones de dólares.  El gobierno pasado   le pidió a la empresa  Odebrecht-Cusa.   que los subsanara y no he visto que lo hayan hecho.

Solamente en el acceso a la cinta costera por la Avenida de los Mártires debieron corregir la alineación  de la vía…un distraído, un visitante o cualquier turista se la pasa… está en un recodo, que bastaba con correr la cerca de la Asamblea de Diputados unos dos metros y se solucionaba el problema.

La empresa  debería darle mantenimiento por no sé cuantos años y no lo hace…pero acá no hay ley ni autoridad para las empresas  grandes,,,se persigue y arrincona al pequeño y así  sigue nuestra  amnesia colectiva en los proyectos públicos.

Regresando a la madeja de los cables aéreos que adornan nuestra ciudad, el tema nos es nuevo, desde  1959, a través del ministerio de obras públicas y su JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA viene promulgando que el sistema sea bajo tierra.

Basados en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, dictaron la  Resolución No. 413 De 27 de Junio de 2001“Por la cual se adiciona el Artículo 300-5A al Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, para la instalación de Líneas Eléctricas Soterradas”. Que   RESUELVE: 300-5-A Instalaciones Bajo Tierra en Áreas de Uso Público (Soterradas). a) General.

Todas las líneas eléctricas, de telefonía y de comunicaciones instaladas bajo tierra en áreas públicas y de servidumbre, únicamente deberán instarse con conductos rígidos metálicos o no-metálicos, protegidos por un forro de concreto de un espesor mínimo de 5 cm y así  continua una lista de especificaciones técnicas que todas las empresas, con la benevolencia de los distintos gobiernos ,la desconocieron dando por fruto los enjambres enmarañados de cables aéreos por todas la ciudad-

Hay estudios científicos que indican que el cable soterrado evita la radiación que fluye del campo electromagnético. Los transformadores producen mucha radiación electromagnética , que a largo plazo  los residentes de las ciudades con cables y transformadores expuestos pueden sufrir cáncer y tumores por la radiación. Los transformadores son bombas en potencia que ya han cobrado varias vidas. Si el transformador sumergido explota, los daños son menores,

Otra ventaja de los cables enterrados es que hay menos posibilidades de robar electricidad. Anualmente el robo de energía deja un saldo aproximado de seis muertes y otras 20 personas mutiladas o quemadas al año.

El cableado soterrado disminuye las interrupciones eléctricas por causas atmosféricas, evita que los animales se trepen en el alambrado y se produzcan apagones. También se hacen imposibles los choques de autos contra los postes.

Los tendidos eléctricos, telefónicos y de la televisión por cable, junto con los transformadores, provocan un impacto sicológico en el comportamiento de las personas y hacen que la ciudad sea hostil. Aparte de esto, los postes colocados sobre las aceras impiden el libre tránsito de los discapacitados en muletas y sillas de ruedas, y de los ciegos.

Los bueno hoy es que La capital no será el único lugar donde se reducirá la congestión visual. También se soterrarán cables en la avenida central de Santiago de Veraguas  a un costo de 1.8 millón de dólares, la calle cuarta de David, Chiriquí  con una inversión de 836 mil 443 dólares y en la Zona Libre de Colón  con otros 16.9 millones de dólares, La inversión total asciende a 38.2 millones de dólares .Y que dicten la norma que a partir de hoy no me cuelgan un cable mas

El plazo inicial era de 30 días de la tan ansiada descontaminación, pero la Autoridad de los Servicios Públicos  concedió luego dos meses más a petición de las empresas, que se vencieron el 1 de julio. Veremos en los próximos días si la ciudad de Panamá al fin podrá deshacerse de  este enredo de cables y otras  hierbas que nos enloquecen.

<>

Este artículo se publicó el  12  de julio de 2010 en el diario digital  Hora Cero , a quienes demos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde está el regulador?

La opinión de…

Abdel Fuentes

Hace poco escribí un artículo publicado en este mismo diario, referente al fastidioso mercadeo telefónico que nos impone Cable & Wireless y que viola nuestro derecho a la intimidad. En reiteradas oportunidades he solicitado a la telefónica no enviar a mi móvil los conocidos spam o mensajes basura, pero hasta la fecha el bombardeo no se detiene y a esta empresa parece importarle un soberano rábano mi malestar.

¿Pero qué hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) en torno al mercadeo telefónico de C&W? En el referido escrito, cité el artículo 256 del Decreto Ejecutivo 73, de abril de 1997, que prohíbe a los concesionarios de telecomunicaciones permitir el telemercadeo. Han transcurrido 13 años y la Asep continúa sin reglamentar la norma. Eso es lo que hace la Asep, nada.

Ocasionalmente el regulador monta ruidosos circos mediáticos, para tratar de convencernos de lo que no hace, o para actuar como un defensor de la británica C&W y la española Unión Fenosa. Recientemente anunció la aprobación de soterrar los cables aéreos, supuestamente para evitar la contaminación visual. Los medios informaron que la iniciativa salió de Unión Fenosa.

Soterrar los cables eléctricos tendrá un costo total de 38.2 millones de dólares. ¿Quién lo financiará? Los usuarios. La Asep asegura que serán solo unos cuantos centavos. ¿Pero por qué no lo pagan las distribuidoras? Los contratos de concesión, suscritos en la administración del señor Pérez Balladares, no lo contemplaron. Con las telefónicas no ocurre igual. La Asep debería informar de dónde saldrán los fondos para soterrar los cables de telecomunicaciones y de televisión por cable, entre otros.

Los concesionarios de telecomunicaciones, distribuidores y generadores eléctricos están obligados a pagar a la Asep una tasa anual de los ingresos brutos que obtienen anualmente. El porcentaje se determina según el monto presupuestado por la Asep para operar. Los regulados entregan la fuente económica al regulador. Hay quienes alegan la existencia de conflictos de intereses. El regulador es juez o parte, se preguntan algunos.

La falta de regulación la vivimos todos. Hay más quejas silenciosas, que denuncias formales interpuestas por los usuarios de empresas como Unión Fenosa y Elektra Noreste, Cable & Wireless o Movistar y cualquier otra de las que también operan en Panamá. ¿La razón? La falta de credibilidad y respuesta de estas empresas y de la Asep. Piense usted en incrementos injustificados en las facturaciones eléctricas, daños de equipos ocasionados por interrupciones en el fluido eléctrico, sin previo aviso, mensajes de texto y audios que llegan 24 horas después, llamadas que se caen, telemercadeo y cualquier otro número y clase de abusos.

El Nuevo Diario de Nicaragua del 6 de julio de 2010 divulgó una noticia sobre denuncias de usuarios en ese país, debido a las supuestas irregularidades que presentan los medidores y el sistema de facturación de Unión Fenosa. Igual que acá, según El Nuevo Diario, los usuarios desconfían del regulador.

En España, varias organizaciones que velan por la defensa del trabajo mediante una campaña denominada “El Observatorio del trabajo en la globalización” en su sitio en internet” http://www.observatoriodeltrabajo.org, informan que a fines de 2009, más de 50 organizaciones, partidos políticos y sindicatos solicitaron al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y a ejecutivos de Fenosa asumir responsabilidades por la vulneración de derechos humanos cometidos por Unión Fenosa en Guatemala.

El sitio revela que una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó en noviembre de 2004 que Fenosa hacía cobros indebidos a través de un impuesto ilegal y que debía retornar a los usuarios los importes cobrados y dejar de cobrarlo, se trata de 260 millones de dólares, aproximadamente.

¿Qué importancia tiene citar a otros países? Resuelva usted esa interrogante. La pregunta que muchos nos hacemos ante el estado de indefensión en el que nos encontramos es: ¿dónde está el regulador?

<>

Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Verdades y conveniencia

La opinión de…

Francisco Díaz Montilla

Hay contextos en que los hechos pierden su condición de tales y devienen en otra cosa, sobre todo cuando se tienen intereses que satisfacer. A partir de ellos se puede decir cosas que no se creen o que no se sienten: incluso la mentira se traduce en ventajas que no pueden ser desatendidas. Maquiavelo tenía esto muy claro, y los políticos lo han entendido y aplicado a la perfección.  O si no, preguntémosle al actual Presidente.

En 2005, por ejemplo, cuando los manifestantes de Conusi, Suntracs y Frenadeso protestaban en las calles en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Social, sólo había un responsable: el Gobierno, que desatendía el clamor popular e imponía una ley inconsulta aprovechando la mayoría en la Asamblea.

Entonces, quienes protestaban no eran facinerosos, ni eran delincuentes, sino que constituían una expresión genuina de la manifestación de un pueblo hastiado de gobiernos corruptos y antidemocráticos.

Para los gobernantes de ese momento, las protestas eran expresión de intereses ocultos cuya finalidad era poner en jaque al sistema democrático.

Cinco años después, en una situación similar –salvo por los muertos y los tuertos– las opiniones son otras. Los hechos son formalmente similares: una ley absurda que se aprueba sin discusión y sin consulta, y se impone porque sí; pero las valoraciones son diferentes.

Quien hoy es Presidente y algunos de sus ministros han descubierto que estaban equivocados: los de Conusi, Sunctracs, Frenadeso –los mismos que ayer luchaban contra las reformas de Martín Torrijos– y otros representantes de la sociedad civil nunca fueron expresión de nada legítimo: ahora se trata de indígenas ignorantes y de delincuentes equiparables a narcotraficantes y terroristas que deben ser exterminados,  porque lo que está en juego es el sistema democrático. Un sistema democrático –por demás– excluyente, injusto, arbitrario; un sistema democrático que sólo ellos –los que “gobiernan”– entienden y comparten.

¿Hay contradicción aquí? Por supuesto que no: una cosa es lo que por conveniencia admito y afirmo hoy, y otra muy diferente lo que admití y afirmé ayer.

En una entrevista, la tristemente célebre ministra de Educación, Lucinda Molinar, señalaba que los hechos acaecidos en Bocas tenían ribetes políticos y económicos. Aunque la frase es de plano anfibológica, su sentido –dado el contexto– era claro: descalificar a un movimiento legítimo surgido como respuestas a las acciones de un Gobierno que –igual que el anterior– desatiende los intereses populares, es impositivo y arbitrario. Se ha acusado –igual que hace un lustro– a los manifestantes de perseguir intereses inconfesados y de vulnerar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

En una cultura poca democrática, es parte del rol del gobernante endilgar responsabilidades a terceros, descalificar a los críticos, y reprimir e imponer el orden (el orden, no la justicia), pero deliberadamente olvidan que lo que somete la institucionalidad y el Estado de derecho que dicen defender son sus propias actuaciones.

Hemos llegado a un estado de cosas en el cual el poder público no emana del pueblo, sino del capricho del Presidente;   el Estado no se funda en el derecho, sino en la voluntad de los lacayos de la Asamblea o de los Magistrados de la penosa y surreal Corte Suprema de Justicia. Continúe por ese camino, señor Presidente; siga confirmando que –como decía Einstein– la estupidez humana es infinita.

<>

Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘Yo no lo sabía’

La opinión del Abogado….

RAFAEL  FERNÁNDEZ  LARA

Me dijo una amiga que, recientemente, distraída mientras abastecía su auto de gasolina en una estación, le hurtaron su bolso del asiento delantero. Le señalé que en varias ocasiones los noticieros locales habían mostrado videos sobre casos similares y que, ante tal realidad, había advertido a mis familiares que tomaran las precauciones debidas.

Esto le pasó, me dijo, porque ella evita ver los noticieros televisivos por lo extenso, repetitivo e irrespetuoso de las informaciones sobre robos, violaciones, asesinatos y otras acciones violentas de la delincuencia.

De esta anécdota surge la interrogante: ¿Es correcta la manera en que los noticieros televisivos informan sobre hechos delictivos? Objetivamente reconocemos que la mayoría de las televisoras exageran en lo crudo de las imágenes e irrespetan a las víctimas en la divulgación de noticias de ese tipo.

Notamos que la misma noticia nociva es repetida en todos los noticieros y todas sus ediciones, lo cual genera reacciones de rechazo en los televidentes.

Algunos medios apelan al morbo, con el objetivo de atraer audiencia y aumentar sus ‘ratings’, sin consideración al ambiente enrarecido y la imagen negativa que queda en detrimento del país.

Recuerdo que hace unos dos años una presentadora de televisión, en pleno programa, criticó al corresponsal de la televisora en la Costa Atlántica, porque al transmitir informaciones sobre Colón absolutamente todo era negativo, como si todo lo que sucede allá es malo.    La presentadora era colonense, pero colonense o no su reacción fue lógica.

Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que divulgar hechos delictivos advierte a gran parte de la población que no todo es color de rosa, que la delincuencia es una realidad y que es necesario enterarse de sus métodos y sofisticación.

Por ejemplo, me alegro de saber que recientemente la Policía Nacional detuvo a una numerosa banda de extranjeros que se dedicaba a robar en residencias y barrios lujosos. Sus integrantes, mujeres y hombres, eran de aspecto impecable, vestían trajes formales y además identificaron a muchas de sus víctimas en casinos y centros nocturnos.

Del caso citado y de muchos otros se entera la ciudadanía a través de los noticieros, aunque también es cierto que algunos crímenes no son reportados por los medios y de esos se entera uno a través de amistades, en reuniones, en la calle y por Internet.

De estas sencillas reflexiones concluimos que lo gráfico y repetitivo de los noticieros es exagerado, más ocultar la situación de la seguridad no es conveniente para el país, porque es necesario que la población esté alerta.

No le pase a usted lo que a mi amiga, quien fue sorprendida por estar desconectada de la realidad y tenga usted también que decir: ‘Yo no lo sabía’.

<>

Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Debemos saber la verdad

La opinión del Periodista….

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA

Como periodista y estudiante universitario me tocó vivir la crisis de finales de los ochenta, cuando la feroz dictadura militar de Manuel Antonio Noriega decidia quién vivía o moría en Panamá. Las famosas represiones del Viernes negro, asalto a la Universidad de Panamá y muchas otras han quedado pequeñas con la brutal represión a punta de perdigones que ha hecho la supuesta policía civil de Panamá.

Más de 190 personas han sido afectadas por perdigones en los ojos, otras tantas han perdido el bazo, riñones y otros órganos vitales, la conclusión de muchos expertos ha sido que los disparos hechos por los policías fueron hacia la cara y a causar el mayor daño posible.

Esta es la fecha y aún no se ha escuchado al Ministerio Público que de oficio inicie una investigación de quién dio la orden, cuál es la cifra real de muertos, cuántos son los heridos, en fin que le diga al pueblo que se está haciendo algo para reprimir este ataque contra los seres humanos.

Debemos recordar que los crímenes contra la Humanidad no prescriben y que ya sea el procurador encargado o el que le siga las investigaciones y las posibles sanciones a los violadores de los derechos humanos serán perseguidas.

Muchos policías solo dicen que actuaron siguiendo órdenes superiores, pero hasta ahora no se sabe quién es ese superior. Por el bien de nuestra democracia, se debe saber la verdad de la barbarie cometida contra los hermanos bocatoreños y mandar el ejemplo que la obediencia debida no los exime de responsabilidad.

<>

Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Discapacidad, pobreza y orfandad

La opinión de la Comunicadora Social…

Elodia  Muñoz  

Desde su evolución la humanidad ha estado jalonada por fenómenos naturales, más no escapa de las miserias sociales tales como: discapacidad, orfandad y pobreza, e ineluctablemente van aparejadas, puesto que en este sistema desencarnado, subyugante e injusto donde solo triunfan los fuertes, se valora lo que se posee sin considerar capacidad, creatividad e intelecto.

La madurez de la sociedad es un proceso evolutivo y social que aún en el renombrado siglo del conocimiento no hemos alcanzado, todavía hoy las personas con discapacidad prácticamente no tienen cabida.   No obstante, es el eslabón de una cadena de problemas sociales conocido como discriminación, prejuicios e injusticia, patentes en la orfandad y pobreza del niño con discapacidad abandonado y no querido por sus padres, los que se enviarán a un albergue y si son pudientes inapelablemente serán enclaustrados en el hogar cuidados por nanas y por los facultativos.

El niño discapacitado en orfandad al someterse al proceso de adopción nuevamente será rechazado por sus padres adoptivos, puesto que el estereotipo social exige niños prefabricados y sobre todo hermosos con un cociente intelectual garantizado. Pero esta lúgubre situación se triplica, cuando este discapacitado para subsistir, está obligado a incorporarse a la vida productiva de su país y reiteradamente es marginado por un mercado laboral que exige productos perfectos.

Panamá no escapa de este oscurantismo y día a día millones de personas en todo el mundo no sólo ven vulnerados sus derechos, sino que son privados de necesidades tan básicas como comer, dormir o vestirse e incluso disfrutar de un núcleo familiar constituido.   Pero dentro de estos factores que van en paralelo a la pobreza, además de la discapacidad no podemos soslayar la orfandad acentuada en la carencia de apoyo moral, emocional y físico para un niño con discapacidad, la ausencia de sus progenitores en el hogar hace que la subsistencia sea mucho más dura, es un verdadero mazazo a la identidad e inclusión de un niño con discapacidad, pues involucra el 80% de el desarrollo psíquico del individuo. Es bien sabido que hay un fuerte vínculo entre pobreza y discapacidad y que está estrechamente relacionado con la situación económica general de un país y sus condiciones de vida. Los factores que causan la pobreza no tienen el mismo impacto en todos los grupos, ni las medidas para erradicarla tienen el mismo efecto sobre unos y otros. Entre todos debemos construir unas políticas que establezcan como meta, la creación de una sociedad inclusiva para todos, en la que las personas con discapacidad tengan un papel que desempeñar. En definitiva, una comunidad que celebre la diversidad, promueva la equidad y la justicia social.

<>

Este artículo se publicó el  16  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país en tregua

La opinión de…

Amarilis A. Montero G 

Después de varios días de zozobra por las violentas demostraciones de protesta de los obreros bananeros de Bocas del Toro, el país volvió a una aparente calma. La suspensión de algunos de los artículos de la polémica Ley 30 ha servido para bajar los ánimos de los airados trabajadores.   Si embargo, el presidente, Ricardo Martinelli, ha manifestado que dicha ley no va a ser suspendida.

Si esto es así, ¿qué pretende el Gobierno con esta medida de conformar una Comisión de Diálogo para revisar sólo tres artículos de la Ley?   No se puede ignorar que los temas de impacto ambiental y los penales con relación a la policía son delicados y altamente peligrosos para la seguridad de la ciudadanía.   Cada uno de los aspectos tratados en esta ley no se consultó debidamente y es precisamente la falta de consulta lo que ha provocado esta crisis.

Ahora que se registra una gran cantidad de obreros heridos por perdigones, que pueden perder la visión, y una comunidad destruida por 11 días de disturbios, el Gobierno ha podido corroborar que se cometieron errores en la aprobación de la Ley 30.  En otras palabras, pusieron la carreta delante de los bueyes.   Las consecuencias están en los hospitales con sus heridos vendados, en los muertos que lloran sus deudos y en las pérdidas económicas para la provincia.

Si mientras en Bocas del Toro se vivía el caos y la anarquía, en la capital se sentía la persecución. Los dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles se vieron amenazados con órdenes de conducción y hasta arrestos. El catedrático Juan Jované buscó refugio e inició un ayuno en los predios de la rectoría de la Universidad de Panamá, ya que fue uno de los requeridos por una fiscalía. Horas más tarde, se revocaron las órdenes de conducción para los dirigentes.

¿Qué necesidad había de formar todo este alboroto?  No veo la más mínima lógica en requerir a una persona para alguna indagatoria legal para después eliminar el procedimiento.   Este tipo de intimidación sólo trae más desasosiego para el país.

Panamá vive un ambiente de tregua. Todavía permanece un dirigente sindical de Chiriquí detenido y esto puede acarrear nuevas situaciones dentro de las bases obreras.   Los obreros de las bananeras están esperando que se revise toda la ley, no sólo los artículos que los afectan en el aspecto laboral.   Ellos también van a ser afectados si un policía en funciones comete un homicidio y no se le suspende.   Tampoco van a dejar de sufrir ante la eventual relajación de las regulaciones ambientales.   Nadie escapa de estos y otros aspectos tan controversiales en la nueva ley.

Es imperativo que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Pienso que esta es la génesis de todo el conflicto. Los derechos individuales y de grupo o sociedad se ven amenazados con leyes inconsultas y aberrantes como la Ley 30. El progreso no se debe desligar del respeto que todo ciudadano merece para la sana convivencia social.

Por otra parte, me llama la atención los niveles de violencia que puede alcanzar algún sector de nuestra sociedad. En esta ocasión fueron los obreros de las bananeras, pero quién sabe qué otro grupo se puede alzar violentamente la próxima vez. El pueblo panameño parece estar evolucionando de aquel que ondeaba pañuelos, se vestía de blanco y sonaba pailas.

Ya no es aquel pueblo que vivía bajo el terror de los militares y evitaba las confrontaciones. Es por esta razón que nuestros gobernantes no pueden dejar que el país caiga en la fosa de las inequidades sociales, la ruta más segura a una rebelión civil a gran escala.

¿Hasta cuándo será la tregua?   Si el Gobierno y el Órgano Legislativo continúan atacando los derechos ciudadanos, esta tregua se puede romper en cualquier momento.

<>

Este artículo se publicó el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Más sobre seguridad

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

JOSÉ  I.  BLANDÓN  C.


Ya terminó el Campeonato Mundial del Fútbol y el panameño vuelve a centrar su atención en los temas que realmente le preocupan. Durante un mes, este campeonato sirvió, entre otras cosas, para disminuir el número de delitos que se venían cometiendo en meses pasados. La retoma de la agenda nacional coincide con el segundo año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli, que enfrenta una serie de demandas sociales y una merma importante en la popularidad que tenía hace un año. Recordemos que el triunfo electoral del presidente estuvo enmarcado en el símbolo del cambio, más que en un programa del gobierno. Al terminarse este evento deportivo mundial y el primer año en el gobierno, se abre una nueva oportunidad para que el presidente Martinelli pueda sentar las bases de un estilo de gobierno más institucional que personalista y que, además, tome en cuenta todas las demandas y expectativas de los panameños, si quiere darle un fuerte impulso a la modernización política de nuestra sociedad.El tema más importante para emprender esta labor es la complicada y peligrosa situación que representa el crimen y el delito en todas sus manifestaciones. Recordemos que ante los diferentes escenarios de violencia que hay en nuestro país, se percibe un clima generalizado de inseguridad que está impulsando innumerables reclamos sociales, a través de los cuales la ciudadanía exige al gobierno protección y una política integral para atacar este flagelo.

Para abordar el tema de la criminalidad debemos entender que hay muchos sectores envueltos en el mismo: el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil, la justicia, las iglesias y los dirigentes políticos. Por ello, es importante recordar que debemos abordar el problema en forma multisectorial y a través de una estrategia coherente.

De acuerdo a múltiples análisis y experiencias recogidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel nacional e internacional, debemos atacar el problema en forma simultánea en cinco áreas específicas.

La primera, es la modernización institucional de la fuerza pública, que se conoce como el nivel de actualización que deberían tener los estamentos de seguridad en materia de investigación, análisis, equipamiento, inteligencia y tecnología. Ello implica determinar si disponemos de las últimas tecnologías y recursos para atacar el crimen organizado. Esta modernización institucional también conlleva una organización interinstitucional para compartir información e intercambiar políticas innovadoras de manera que nos permita conocer en qué áreas tenemos éxito, en cuáles necesitamos más esfuerzo y con precisión determinarán dónde estamos fallando.

La segunda, es la prevención que indica de manera oportuna cuáles son las situaciones sociales que abren el mayor riesgo a la delincuencia. Para abordar este tema debemos fortalecer a las comunidades para que retomen sus barrios y tomen medidas preactivas, como la educación de los niños y jóvenes sensibilizándolos en materia de seguridad. Se debería también, impulsar un programa de inteligencia comunitaria para tener una estructura que identifique dónde están y quiénes son los delincuentes.

Este aspecto de la prevención primaria debe promover el desarrollo de actividades que permita mejorar la calidad de vida en la comunidad. Para ello, se necesitan programas de iluminación en áreas de riesgo, cerrar avenidas de noche donde se practica la prostitución y venta de drogas, mejorar las infraestructuras deportivas y comerciales de la comunidad, mejorar la seguridad en estaciones de buses y particularmente en las paradas de los estudiantes.

Para prevenir el delito, debemos educar a nuestra niñez y juventud a través del deporte, la cultura y la participación en trabajos comunales. Nuestros barrios necesitan orientación para organizarse y promover el programa de vecinos vigilantes y para desarrollar otras actividades que enfrenten el problema.

La tercera, tiene que ver con la justicia. En una sociedad democrática es posible enfrentar con firmeza la lucha contra el crimen organizado, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y promoviendo el cumplimiento de la Ley. La historia demuestra que la libertad, la justicia y la paz, son los pilares básicos de una democracia justa.

La cuarta, es la resocialización de los delincuentes, que implica la existencia de un sistema carcelario adecuado y que promueva actividades dirigidas a la formación del detenido. Especial atención hay que brindarles a los jóvenes atrapados en la vorágine de la violencia y el pandillerismo. Esto implica establecer un código de conducta para internos, funcionarios y custodios y facilitar el enlace con las diversas iglesias y programas de autoayuda. Además, debe asegurarse el aprendizaje para los privados de libertad e introducir terapias innovadoras y exitosas en materia de resocialización.

La quinta y muy importante aspecto, es involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la criminalidad y por elevar el nivel de valores de nuestra sociedad.

<>

Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La gran huelga

La opinión de…

Guillermo Sánchez Borbón 

Pasé los primeros siete años de mi vida en Zegla, que fluía –mansa o tumultuosamente– entre los ríos Changuinola y Teribe. Allí transcurrió apaciblemente mi infancia, hasta que sonó la temible hora de ingresar a la escuela primaria, en la isla de Bocas del Toro.   Pero siempre me quedaba el consuelo de que durante los nueve meses de clases, volvería a regodearme –al menos durante los tres meses de nuestras vacaciones anuales– en el paraíso de mi infancia.

Sabido es que en los primeros años de nuestra vida el tiempo fluye con desesperante lentitud. A los 20 años de nuestra edad se acelera misteriosamente. Hasta que un día amanecemos con la aterradora novedad de que estamos viejos y de que ya nos quedan pocos años de vida sobre la tierra.

Cuando tenía 29 años de edad abandoné definitivamente la vida urbana que había llevado hasta entonces, y me fui a vivir a la finca en compañía de mi hermano Rodrigo.   Te hago gracia de nuestras aventuras campestres. Baste con decir que mi hermano y yo planeábamos vivir en esa finca el resto de nuestras vidas. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Por razones demasiado confusas (al menos para nosotros dos) nos vimos de pronto arrastrados al torbellino de la política.   En 1960 mi hermano fue elegido diputado por una inmensa mayoría de votos.

Después de tomar posesión del cargo, mi hermano hizo una gira por la provincia para darle personalmente las gracias a sus electores. Allí lo localicé por teléfono y le expliqué la situación. Los indígenas y los llamados “castellanos” me rodeaban dando grandes voces. Resulta que a un funcionario de la United Fruit Co, con el fin de ahorrarle dinero a la empresa, se le ocurrió la genial idea de pagarle a todos los empleados por destaje en vez de hacerlo por jornal, como era la norma. Ahora bien, en terrenos normales un buen obrero ganaba incluso más con este sistema, que en el otro. Pero ocurrió que les dieron a trabajar terrenos pedregosos, endurecidos, tan intratables que en ocho horas de duro trabajo no ganaban ni para mal comer. Esto, naturalmente, los llenó de indignación.

Cuando llegó mi hermano, fue rodeado por una multitud de obreros que le explicaron a gritos sus querellas y sus reclamos.   Comisionaron a Rodrigo que planteara sus reclamos a la empresa. Aspiraban a ganar 40 centavos la hora. La vida era a la sazón incomparablemente más barata que ahora. Los trabajadores calculaban que con 40 centavos la hora, podían vivir decorosamente. Mi hermano y yo convinimos en que las reivindicaciones eran asombrosamente modestas, y que la empresa no tendría ningún inconveniente en llegar a un acuerdo con los empleados sobre esas bases.

Pero nos equivocamos. La empresa se negó de plano a discutir la cosa, e hizo una contrapropuesta tan ofensiva (25 centavos la hora) que los trabajadores las rechazaron indignados, y se fueron a la huelga con el apoyo de toda la población.

Cuando el paro se hizo inminente, a petición de los mismos huelguistas les di unos consejos. Estaban tan exaltados, que se negaban a tratar con nadie. Yo les dije: hagan su huelga, pero tendrán que negociar, tarde o temprano, un acuerdo con la empresa, porque de lo contrario, cuando termine el conflicto ni siquiera ustedes sabrán si lo han ganado o perdido.

El segundo consejo que les di fue que vigilaran celosamente, de día y de noche, las instalaciones de la empresa, para evitar que provocadores (pagados por Dios sabe quién) les hicieran daño a las instalaciones de la empresa y les echaran el muerto a ellos. Además, cuando termine la huelga, ustedes volverán a trabajar en las mismas instalaciones de la empresa.

A mí nunca me cupo la menor idea de que ganarían la huelga y a ellos siempre les convino que encontraran las instalaciones en perfecto estado. Otros consejos les di y, como yo no era parte en el conflicto, me retiré. Posteriormente los esbirros de la empresa inventaron toda clase de estupideces, absolutamente falsas, para justificar su propia incapacidad. Según esta versión, yo provoqué el conflicto, obligando a los obreros (hasta ese momento encantados de que los explotaran) a ir contra su voluntad al conflicto laboral.

El presidente Chiari viajó a Bocas en un destartalado avión de pasajeros a tratar de resolver el conflicto (aún no había sonado la hora de los suntuosos aviones oficiales. Los mandatarios viajaban en los mismos vehículos que los obreros). En la casa de mi hermano Juan se reunieron huelguistas y Presidente. Y ahí resolvieron el conflicto.    Era –como se lo mirara– un triunfo de los trabajadores. En vez de los 40 que pidieron originalmente, transaron por 35 centavos.   Pero esto siempre es así. Por donde se la mirara, la huelga terminó con un gran triunfo de los obreros. Y, lo más importante de todo, no hubo ni un solo muerto, ni un solo herido. Los trabajadores se empeñaron en ganar el tiempo perdido, y a las dos semanas nadie habría sospechado que la región fue escenario de los dramáticos acontecimientos que todos recordábamos tan vívidamente.

<>

Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ley 29 de 8 de junio de 2010: Aspectos laborales

La opinión del Abogado….

JAIME A. PADILLA G.


Continuando con nuestros comentarios sobre la Ley No. 29 del 8 de junio de 2010, publicada en Gaceta Oficial No. 26552-B del 10 de junio de 2010: Que crea un régimen especial para el establecimiento y operación del Área Económica Especial Barú.   Expondremos ahora los beneficios que se le brinda a los Inversionistas en el área.

Beneficios personales de los inversionistas:  Esta legislación contempla que el inversionista deberá comprobar que ha invertido un capital de US$500,000.00 en base a lo que se desprende del Artículo 19 de la Ley, y por efecto de lo cual tendrá derecho a solicitar Visa de Residente en calidad de Inversionista del Área Económica Especial de Barú, ante el Servicio Nacional de Migración.

Este Artículo guarda relación con el Artículo 18, en el sentido de que las empresas que se establezcan en el área económica especial deberán contar y comprobar este capital mínimo antes referido, en una cuenta bancaria, preferiblemente en el Banco Nacional de Panamá. También tiene la ventaja de que el inversionista, pasados cinco (5) años desde que obtuvo su Visa, tendrá derecho a fijar su residencia permanente en Panamá y adicional a ello, se le ofrece el derecho de entrada y salida múltiple.   Al acogerse a una residencia permanente en Panamá, solicitando la Residencia definitiva, tendrá derecho a obtener cédula de identidad personal, para lo cual deberá cumplir con los reglamentos establecidos por el Órgano Ejecutivo.

Es importante destacar que si se llega a comprobar que el inversionista que se ha beneficiado con estas especialidades legislativas en materia migratoria retira, traspasa o en cualquier forma pierda su inversión, o que se le compruebe de cualquier manera que ha suministrado información o documentación falsa o fraudulenta, se le cancelarán automáticamente todos estos beneficios, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que sus acciones conlleven.

Por otra parte, tenemos el Artículo 7 sobre las Convenciones Colectivas de trabajo, donde se establece que ninguna de las empresas que operen en el área económica del Barú estará obligada a celebrar este tipo de Convenciones, por los menos durante los primeros ocho (8) años de operación.   Con este artículo tenemos serias reservas, porque sentimos que esta Ley no puede ir por encima de los Convenios Internacionales que regulan los derechos de los trabajadores a celebrar sus Convenciones Colectivas y pensamos que debió plantearse de otra manera, en el sentido de que los trabajadores pudieran negociar un período de gracia antes de que se celebre una Convención Colectiva.

Por otra vía, dentro del Reglamento Interno se pudiesen lograr las conquistas y aspiraciones que el Contrato de Trabajo no contempla. Por ejemplo, es peligroso e inaceptable que el trabajador tenga que esperar ocho (8) años para sentarse con el patrono en una Convención Colectiva, para exigirle que le tenga un baño higiénico o un área de descanso o para reclamar implementos de trabajo, como botas, cascos, guantes, máscaras, etc., y lo más importante, que se le revise su situación económica.

Todo ello para ejercer sus funciones en un ambiente digno de respeto de derechos y garantías, que es lo que finalmente busca el Derecho Laboral, nivelar la marcada desproporción entre el poder del empleador y las necesidades del trabajador.

El Artículo 9 de la Ley establece los cuatro (4) únicos Impuestos que tendrían que pagar las empresas adscritas al área económica, frente a las 12 exoneraciones de que gozan.

Otro punto importante es el hecho de que en el término de un (1) año, estas empresas tienen que estar produciendo.  Aquí es interesante definir qué debemos entender con ‘estar produciendo’, porque parece que el término ‘producir’ significa que debe haber una materia prima trabajada o transformada en el producto deseado, pero lo cierto es que como vendrán empresas de diferentes características, no sabemos cómo se aplicará este término de ‘producción’ a las empresas; por ejemplo, para aquellas que presten servicios. Por lo que hubiera sido mejor usar los términos ‘productividad’ u ‘operabilidad’.

Finalmente consideramos que esta es una Ley que vale la pena estudiar, y con la que esperamos lleguen muchos inversionistas a Panamá. Exhortamos a las partes involucradas a que busquen los beneficios y ventajas de esta Ley, flexibilizando sus intereses. Por otra parte, el Derecho Laboral es una ciencia jurídica dinámica y puede adaptarse a las nuevas relaciones de trabajo que las condiciones socio—económicas mundiales nos imponen, sin desnaturalizar los principios básicos del Derecho Laboral, que se logra aplicando un principio de flexibilidad para ambas partes.

<>

Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.