Conducta reprochable

La opinión de…

Roberto Luciano Sánchez Vallarino

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra saña se define como: 1. furor, enojo ciego; 2. intención rencorosa y cruel. La saña caracterizó la conducta de los miembros de la Unidad de Control de Multitudes en la feroz represión desatada contra los manifestantes en la hermosa provincia de Bocas del Toro; las numerosas víctimas de dicho castigo inmisericorde están frente a todos, cuestionando nuestra propia humanidad.

Son hechos repetitivos en nuestra república, que intenta salir del subdesarrollo con el trabajo honesto, respetando la dignidad humana. Se acaban los apelativos, tuvimos “Viernes Negro” (julio 1987), “Jueves Negro” (julio 2007) y ahora, una “semana de violencia institucional”, perpetrada por quienes juraron defender honra y vida de los ciudadanos.

Me pregunto qué hay en la mente y el corazón de un miembro de la Unidad de Control de Multitudes que pueda justificar la furia represora. Es un gran vacío en la conducta humana, falta completa de amor y respeto hacia sí mismo y por ende hacia los demás; obediencia ciega para dejar ciegos a los manifestantes. ¿Qué sentía un doberman cuando pateaba a niños y ancianos? ¿por qué la crueldad? La respuesta es siempre cobardía, para tan aberrante conducta, aun cuando en los tiempos de la dictadura se decía que a los soldados les daban sustancias psicotrópicas en los cuarteles previamente a sus incursiones contra la población inerme. Preguntemos qué estimula hoy a los uniformados, equipados de la última tecnología –botas, cascos, escudos, repelentes, etc., pero no instruidos ni convencidos del respeto a la humanidad e integridad física de los ciudadanos.

¿Se les entrenó con premeditación alevosa para disparar perdigones al rostro de los manifestantes, a distancias cortas? ¿Acaso no están prohibidas dichas armas en el manejo de manifestaciones? ¿Se sentían los que así actuaban como vengadores del orden? No se puede defender el orden, rompiéndolo en mil añicos.

Una cosa es controlar manifestaciones, abrir vías cerradas y otra diferente es perseguir cual perros rabiosos y castigar físicamente a quienes se involucren en tales manifestaciones. No es ético, punto; le corresponde al Poder Judicial juzgar las acciones que rompan leyes, y sépanlo aquellos que se jactaron en sus correrías de que “la ley somos nosotros”, como lo relató dramáticamente una docente que fue vejada por jenízaros uniformados al asistir a una reunión en hotel de la capital. ¿De cuándo acá la Policía puede interferir en el uso de las libertades ciudadanas? Estamos en democracia ¿recuerdan?

Que las autoridades pidan perdón al pueblo panameño por su conducta criminal, y no se excusen tras diálogos insulsos sin aceptar responsabilidad. A nosotros corresponde abogar hoy, ¡ya! por las víctimas de tanto desafuero, ¿qué expresarles, cómo ayudar a los familiares de quienes perdieron la vista o la vida si miramos para el otro lado?

Espero que al responder no justifiquemos estos hechos lamentables, apaguemos las noticias y nos retiremos cómodamente. No seamos como el avestruz cuando ve el peligro venir.

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Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá enredada en los cables

La opinión de….

Melquiades Valencia  

Panamá está enredada en los cables,  una frase popular para dibujar la situación revuelta, confusa, caótica, enmarañada, intrincada en que nos han  envuelto los malos políticos del patio, que mantiene confundida y  turbada  a la sociedad panameña con sus pifias y yerros que nos costará muy  caro.

Pero en esta ocasión no se trata  del folklorismo criollo que nos tiene aterrados. Se trata de los cables  enmarañados del sistema eléctrico, de teléfonos, fibra ópticas, cableado de televisión, circuitos cerrados de videos y sabrá Dios de que son los demás, que cuelgan como lianas a lo largo y ancho de la ciudad de Panamá afeándola.

Basta con alzar un poco la vista, cuando se transita por la ciudad, para comprobar que sigue el desorden.

A propósito de ello el gobierno ha anunciando pomposamente que se iniciará la primera fase del proyecto de soterrados del cableado en la ciudad de Panamá y otras ciudades importantes del país, con el ánimo de eliminar parte de la contaminación visual que ello significa, con una inversión de 38 millones de dólares en un lapso de 4 años

Esto lo vengo escuchando desde el gobierno de  la señora Mireya Moscoso, durante el Gobierno de Martin Torrijos incluso se le adjudicó a una empresa el trabajo en el centro de la ciudad , iniciando por el centro bancario pero nunca se hizo trabajo alguno, ¿quien sabe?.

Los panameños nos olvidamos de todo…

Miren, inmediatamente que fue inaugurada la cinta costara que le ha dado   un nuevo rostro a la ciudad de Panamá, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), señalo 21 defectos que habría que corregir, deficiencias de una  obra de $189.1 millones de dólares.  El gobierno pasado   le pidió a la empresa  Odebrecht-Cusa.   que los subsanara y no he visto que lo hayan hecho.

Solamente en el acceso a la cinta costera por la Avenida de los Mártires debieron corregir la alineación  de la vía…un distraído, un visitante o cualquier turista se la pasa… está en un recodo, que bastaba con correr la cerca de la Asamblea de Diputados unos dos metros y se solucionaba el problema.

La empresa  debería darle mantenimiento por no sé cuantos años y no lo hace…pero acá no hay ley ni autoridad para las empresas  grandes,,,se persigue y arrincona al pequeño y así  sigue nuestra  amnesia colectiva en los proyectos públicos.

Regresando a la madeja de los cables aéreos que adornan nuestra ciudad, el tema nos es nuevo, desde  1959, a través del ministerio de obras públicas y su JUNTA TÉCNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA viene promulgando que el sistema sea bajo tierra.

Basados en la Ley 15 de 26 de Enero de 1959, dictaron la  Resolución No. 413 De 27 de Junio de 2001“Por la cual se adiciona el Artículo 300-5A al Reglamento para las Instalaciones Eléctricas (RIE) de la República de Panamá, para la instalación de Líneas Eléctricas Soterradas”. Que   RESUELVE: 300-5-A Instalaciones Bajo Tierra en Áreas de Uso Público (Soterradas). a) General.

Todas las líneas eléctricas, de telefonía y de comunicaciones instaladas bajo tierra en áreas públicas y de servidumbre, únicamente deberán instarse con conductos rígidos metálicos o no-metálicos, protegidos por un forro de concreto de un espesor mínimo de 5 cm y así  continua una lista de especificaciones técnicas que todas las empresas, con la benevolencia de los distintos gobiernos ,la desconocieron dando por fruto los enjambres enmarañados de cables aéreos por todas la ciudad-

Hay estudios científicos que indican que el cable soterrado evita la radiación que fluye del campo electromagnético. Los transformadores producen mucha radiación electromagnética , que a largo plazo  los residentes de las ciudades con cables y transformadores expuestos pueden sufrir cáncer y tumores por la radiación. Los transformadores son bombas en potencia que ya han cobrado varias vidas. Si el transformador sumergido explota, los daños son menores,

Otra ventaja de los cables enterrados es que hay menos posibilidades de robar electricidad. Anualmente el robo de energía deja un saldo aproximado de seis muertes y otras 20 personas mutiladas o quemadas al año.

El cableado soterrado disminuye las interrupciones eléctricas por causas atmosféricas, evita que los animales se trepen en el alambrado y se produzcan apagones. También se hacen imposibles los choques de autos contra los postes.

Los tendidos eléctricos, telefónicos y de la televisión por cable, junto con los transformadores, provocan un impacto sicológico en el comportamiento de las personas y hacen que la ciudad sea hostil. Aparte de esto, los postes colocados sobre las aceras impiden el libre tránsito de los discapacitados en muletas y sillas de ruedas, y de los ciegos.

Los bueno hoy es que La capital no será el único lugar donde se reducirá la congestión visual. También se soterrarán cables en la avenida central de Santiago de Veraguas  a un costo de 1.8 millón de dólares, la calle cuarta de David, Chiriquí  con una inversión de 836 mil 443 dólares y en la Zona Libre de Colón  con otros 16.9 millones de dólares, La inversión total asciende a 38.2 millones de dólares .Y que dicten la norma que a partir de hoy no me cuelgan un cable mas

El plazo inicial era de 30 días de la tan ansiada descontaminación, pero la Autoridad de los Servicios Públicos  concedió luego dos meses más a petición de las empresas, que se vencieron el 1 de julio. Veremos en los próximos días si la ciudad de Panamá al fin podrá deshacerse de  este enredo de cables y otras  hierbas que nos enloquecen.

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Este artículo se publicó el  12  de julio de 2010 en el diario digital  Hora Cero , a quienes demos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde está el regulador?

La opinión de…

Abdel Fuentes

Hace poco escribí un artículo publicado en este mismo diario, referente al fastidioso mercadeo telefónico que nos impone Cable & Wireless y que viola nuestro derecho a la intimidad. En reiteradas oportunidades he solicitado a la telefónica no enviar a mi móvil los conocidos spam o mensajes basura, pero hasta la fecha el bombardeo no se detiene y a esta empresa parece importarle un soberano rábano mi malestar.

¿Pero qué hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) en torno al mercadeo telefónico de C&W? En el referido escrito, cité el artículo 256 del Decreto Ejecutivo 73, de abril de 1997, que prohíbe a los concesionarios de telecomunicaciones permitir el telemercadeo. Han transcurrido 13 años y la Asep continúa sin reglamentar la norma. Eso es lo que hace la Asep, nada.

Ocasionalmente el regulador monta ruidosos circos mediáticos, para tratar de convencernos de lo que no hace, o para actuar como un defensor de la británica C&W y la española Unión Fenosa. Recientemente anunció la aprobación de soterrar los cables aéreos, supuestamente para evitar la contaminación visual. Los medios informaron que la iniciativa salió de Unión Fenosa.

Soterrar los cables eléctricos tendrá un costo total de 38.2 millones de dólares. ¿Quién lo financiará? Los usuarios. La Asep asegura que serán solo unos cuantos centavos. ¿Pero por qué no lo pagan las distribuidoras? Los contratos de concesión, suscritos en la administración del señor Pérez Balladares, no lo contemplaron. Con las telefónicas no ocurre igual. La Asep debería informar de dónde saldrán los fondos para soterrar los cables de telecomunicaciones y de televisión por cable, entre otros.

Los concesionarios de telecomunicaciones, distribuidores y generadores eléctricos están obligados a pagar a la Asep una tasa anual de los ingresos brutos que obtienen anualmente. El porcentaje se determina según el monto presupuestado por la Asep para operar. Los regulados entregan la fuente económica al regulador. Hay quienes alegan la existencia de conflictos de intereses. El regulador es juez o parte, se preguntan algunos.

La falta de regulación la vivimos todos. Hay más quejas silenciosas, que denuncias formales interpuestas por los usuarios de empresas como Unión Fenosa y Elektra Noreste, Cable & Wireless o Movistar y cualquier otra de las que también operan en Panamá. ¿La razón? La falta de credibilidad y respuesta de estas empresas y de la Asep. Piense usted en incrementos injustificados en las facturaciones eléctricas, daños de equipos ocasionados por interrupciones en el fluido eléctrico, sin previo aviso, mensajes de texto y audios que llegan 24 horas después, llamadas que se caen, telemercadeo y cualquier otro número y clase de abusos.

El Nuevo Diario de Nicaragua del 6 de julio de 2010 divulgó una noticia sobre denuncias de usuarios en ese país, debido a las supuestas irregularidades que presentan los medidores y el sistema de facturación de Unión Fenosa. Igual que acá, según El Nuevo Diario, los usuarios desconfían del regulador.

En España, varias organizaciones que velan por la defensa del trabajo mediante una campaña denominada “El Observatorio del trabajo en la globalización” en su sitio en internet” http://www.observatoriodeltrabajo.org, informan que a fines de 2009, más de 50 organizaciones, partidos políticos y sindicatos solicitaron al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y a ejecutivos de Fenosa asumir responsabilidades por la vulneración de derechos humanos cometidos por Unión Fenosa en Guatemala.

El sitio revela que una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó en noviembre de 2004 que Fenosa hacía cobros indebidos a través de un impuesto ilegal y que debía retornar a los usuarios los importes cobrados y dejar de cobrarlo, se trata de 260 millones de dólares, aproximadamente.

¿Qué importancia tiene citar a otros países? Resuelva usted esa interrogante. La pregunta que muchos nos hacemos ante el estado de indefensión en el que nos encontramos es: ¿dónde está el regulador?

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Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Verdades y conveniencia

La opinión de…

Francisco Díaz Montilla

Hay contextos en que los hechos pierden su condición de tales y devienen en otra cosa, sobre todo cuando se tienen intereses que satisfacer. A partir de ellos se puede decir cosas que no se creen o que no se sienten: incluso la mentira se traduce en ventajas que no pueden ser desatendidas. Maquiavelo tenía esto muy claro, y los políticos lo han entendido y aplicado a la perfección.  O si no, preguntémosle al actual Presidente.

En 2005, por ejemplo, cuando los manifestantes de Conusi, Suntracs y Frenadeso protestaban en las calles en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Social, sólo había un responsable: el Gobierno, que desatendía el clamor popular e imponía una ley inconsulta aprovechando la mayoría en la Asamblea.

Entonces, quienes protestaban no eran facinerosos, ni eran delincuentes, sino que constituían una expresión genuina de la manifestación de un pueblo hastiado de gobiernos corruptos y antidemocráticos.

Para los gobernantes de ese momento, las protestas eran expresión de intereses ocultos cuya finalidad era poner en jaque al sistema democrático.

Cinco años después, en una situación similar –salvo por los muertos y los tuertos– las opiniones son otras. Los hechos son formalmente similares: una ley absurda que se aprueba sin discusión y sin consulta, y se impone porque sí; pero las valoraciones son diferentes.

Quien hoy es Presidente y algunos de sus ministros han descubierto que estaban equivocados: los de Conusi, Sunctracs, Frenadeso –los mismos que ayer luchaban contra las reformas de Martín Torrijos– y otros representantes de la sociedad civil nunca fueron expresión de nada legítimo: ahora se trata de indígenas ignorantes y de delincuentes equiparables a narcotraficantes y terroristas que deben ser exterminados,  porque lo que está en juego es el sistema democrático. Un sistema democrático –por demás– excluyente, injusto, arbitrario; un sistema democrático que sólo ellos –los que “gobiernan”– entienden y comparten.

¿Hay contradicción aquí? Por supuesto que no: una cosa es lo que por conveniencia admito y afirmo hoy, y otra muy diferente lo que admití y afirmé ayer.

En una entrevista, la tristemente célebre ministra de Educación, Lucinda Molinar, señalaba que los hechos acaecidos en Bocas tenían ribetes políticos y económicos. Aunque la frase es de plano anfibológica, su sentido –dado el contexto– era claro: descalificar a un movimiento legítimo surgido como respuestas a las acciones de un Gobierno que –igual que el anterior– desatiende los intereses populares, es impositivo y arbitrario. Se ha acusado –igual que hace un lustro– a los manifestantes de perseguir intereses inconfesados y de vulnerar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

En una cultura poca democrática, es parte del rol del gobernante endilgar responsabilidades a terceros, descalificar a los críticos, y reprimir e imponer el orden (el orden, no la justicia), pero deliberadamente olvidan que lo que somete la institucionalidad y el Estado de derecho que dicen defender son sus propias actuaciones.

Hemos llegado a un estado de cosas en el cual el poder público no emana del pueblo, sino del capricho del Presidente;   el Estado no se funda en el derecho, sino en la voluntad de los lacayos de la Asamblea o de los Magistrados de la penosa y surreal Corte Suprema de Justicia. Continúe por ese camino, señor Presidente; siga confirmando que –como decía Einstein– la estupidez humana es infinita.

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Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘Yo no lo sabía’

La opinión del Abogado….

RAFAEL  FERNÁNDEZ  LARA

Me dijo una amiga que, recientemente, distraída mientras abastecía su auto de gasolina en una estación, le hurtaron su bolso del asiento delantero. Le señalé que en varias ocasiones los noticieros locales habían mostrado videos sobre casos similares y que, ante tal realidad, había advertido a mis familiares que tomaran las precauciones debidas.

Esto le pasó, me dijo, porque ella evita ver los noticieros televisivos por lo extenso, repetitivo e irrespetuoso de las informaciones sobre robos, violaciones, asesinatos y otras acciones violentas de la delincuencia.

De esta anécdota surge la interrogante: ¿Es correcta la manera en que los noticieros televisivos informan sobre hechos delictivos? Objetivamente reconocemos que la mayoría de las televisoras exageran en lo crudo de las imágenes e irrespetan a las víctimas en la divulgación de noticias de ese tipo.

Notamos que la misma noticia nociva es repetida en todos los noticieros y todas sus ediciones, lo cual genera reacciones de rechazo en los televidentes.

Algunos medios apelan al morbo, con el objetivo de atraer audiencia y aumentar sus ‘ratings’, sin consideración al ambiente enrarecido y la imagen negativa que queda en detrimento del país.

Recuerdo que hace unos dos años una presentadora de televisión, en pleno programa, criticó al corresponsal de la televisora en la Costa Atlántica, porque al transmitir informaciones sobre Colón absolutamente todo era negativo, como si todo lo que sucede allá es malo.    La presentadora era colonense, pero colonense o no su reacción fue lógica.

Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que divulgar hechos delictivos advierte a gran parte de la población que no todo es color de rosa, que la delincuencia es una realidad y que es necesario enterarse de sus métodos y sofisticación.

Por ejemplo, me alegro de saber que recientemente la Policía Nacional detuvo a una numerosa banda de extranjeros que se dedicaba a robar en residencias y barrios lujosos. Sus integrantes, mujeres y hombres, eran de aspecto impecable, vestían trajes formales y además identificaron a muchas de sus víctimas en casinos y centros nocturnos.

Del caso citado y de muchos otros se entera la ciudadanía a través de los noticieros, aunque también es cierto que algunos crímenes no son reportados por los medios y de esos se entera uno a través de amistades, en reuniones, en la calle y por Internet.

De estas sencillas reflexiones concluimos que lo gráfico y repetitivo de los noticieros es exagerado, más ocultar la situación de la seguridad no es conveniente para el país, porque es necesario que la población esté alerta.

No le pase a usted lo que a mi amiga, quien fue sorprendida por estar desconectada de la realidad y tenga usted también que decir: ‘Yo no lo sabía’.

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Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Debemos saber la verdad

La opinión del Periodista….

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA

Como periodista y estudiante universitario me tocó vivir la crisis de finales de los ochenta, cuando la feroz dictadura militar de Manuel Antonio Noriega decidia quién vivía o moría en Panamá. Las famosas represiones del Viernes negro, asalto a la Universidad de Panamá y muchas otras han quedado pequeñas con la brutal represión a punta de perdigones que ha hecho la supuesta policía civil de Panamá.

Más de 190 personas han sido afectadas por perdigones en los ojos, otras tantas han perdido el bazo, riñones y otros órganos vitales, la conclusión de muchos expertos ha sido que los disparos hechos por los policías fueron hacia la cara y a causar el mayor daño posible.

Esta es la fecha y aún no se ha escuchado al Ministerio Público que de oficio inicie una investigación de quién dio la orden, cuál es la cifra real de muertos, cuántos son los heridos, en fin que le diga al pueblo que se está haciendo algo para reprimir este ataque contra los seres humanos.

Debemos recordar que los crímenes contra la Humanidad no prescriben y que ya sea el procurador encargado o el que le siga las investigaciones y las posibles sanciones a los violadores de los derechos humanos serán perseguidas.

Muchos policías solo dicen que actuaron siguiendo órdenes superiores, pero hasta ahora no se sabe quién es ese superior. Por el bien de nuestra democracia, se debe saber la verdad de la barbarie cometida contra los hermanos bocatoreños y mandar el ejemplo que la obediencia debida no los exime de responsabilidad.

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Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.