Minas antipersonales, reto humanitario

La opinión de…

Roberto Montañez  

Las áreas contaminadas con explosivos, que en el pasado fueron escenarios de conflictos en la región, parecían distantes a nuestra realidad. Sin embargo, la tragedia se asoma a nuestro país, cuando dos miembros del Servicio Nacional de Fronteras sufrieron heridas de gravedad por la detonación de una mina antipersonal en playa Isaías, en las cercanías de Jaqué, Darién.

Esto confirma la existencia de áreas minadas en áreas fronterizas con Colombia, país que tiene la mayor cifra de víctimas mundiales por estos artefactos. El conflicto colombiano parece extenderse al territorio panameño, ante la posibilidad de insurgentes o narcotraficantes, en protección de sus estratégicos santuarios, hayan sembrado artefactos que son serias amenazas para la población darienita.

Estrategas militares estiman que estas armas defensivas soportan las inclemencias del tiempo, y que pueden permanecer activas por más de 50 años. En muchos casos las víctimas no solo son afectadas por la muerte fulminante sino por mutilaciones que requieren de cirugías múltiples, amputaciones, rehabilitación física y psicológica, quedando los sobrevivientes discapacitados de por vida; mientras el país asume las consecuencias sociales y económicas.

Panamá, que no está preparada para este tipo de emergencias, tendrá que sumarse a la campaña de 68 países amenazados por la contaminación de explosivos. La Convención de Ottawa, que fue ratificada desde 1998, es la respuesta para atender esta crisis humanitaria. Una vez se declare su existencia y se delimiten las áreas afectadas, podría solicitarse asistencia técnica para elaborar un plan nacional de acción contra las minas e iniciar la limpieza en los términos establecidos por la Convención.

Estamos en presencia de una amenaza que no discrimina a sus víctimas; su producción no sobrepasa los tres dólares por unidad, mientras su extracción podría costar hasta mil dólares.

Es imperativo unirnos al clamor de la comunidad internacional y la sociedad civil de 156 estados miembros que se han movilizado para afrontar la problemática derivada de 160 millones de minas diseminadas en el mundo. Panamá, que no tiene ejército, precisa recurrir a Colombia y a Nicaragua que han tenido logros en la limpieza de campos minados. La Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, establecida mediante Decretos Ejecutivos de 1997 y 1999, podría contribuir al plan de difusión para advertir a estas comunidades los peligros que se derivan de esta letal arma, cuya onerosa erradicación es uno de los principales retos humanitarios a los que se enfrenta el país.

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Este artículo se publico el 7 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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