De un mazazo y la UAF

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO A. ROGNONI

Fue exactamente hace un año cuando el presidente Ricardo Martinelli personalmente acudía a La Calzada de Amador y tomaba posesión de dos marinas que se suponía se estaban construyendo de forma ilegal. La una, propiedad del Grupo F; y la segunda, de un grupo inversionista liderado por Samuel Israel.   Se divulgaron profusamente los atrasos en pagos de las diversas concesiones de La Calzada y se fijó un plazo para que todos arreglaran sus cuentas.   En principio todo parecía sencillo, ‘tú tienes un contrato que te obliga a pagar, tú pagas o pierdes lo que te dieron’. Pero, como todo en Panamá, nada por sencillo que parezca, lo es.

En primer lugar, de por medio una cantidad de recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recursos que permanecen sin resolverse por años en un sistema diseñado para no fallar. Luego estaban las mismas condiciones de los contratos, donde en lugar de ser todos iguales y con las mismas reglas, cada uno tiene cláusulas negociadas a su conveniencia.   Por ultimo está el contrasentido de las posiciones de las partes, el estado buscando cobrar los alquileres, el concesionario que necesitaba legalizar su posición.

Al final, tras un año de tira y hala, el gobierno no llega a la solución esperada, que hubiese sido un modelo de alquiler por las concesiones igual para todos y en el que nadie hubiese podido argumentar desventajas con relación a otros, sino en cambio se dio una serie de arreglos y negociaciones caso por caso. En medio de los arreglos logrados y sin lograr, el controversial proyecto del Grupo F no se resolvió.

El Grupo F siempre tuvo razón en sus argumentos. Su contrato determinaba un pago de renta alto, siempre que nadie recibiera terrenos en el área por menos alquilar, en cuyo caso pagaría la cantidad menor. Ciertamente que es evidente que ni el grupo de Friday ni la Marina de Israel, ni el proyecto de Brisas pagaban lo que Grupo F pagaba. Se buscó legalmente que se adeudaba el arrendamiento y al no lograrlo se interpusieron recursos en la CSJ que ordenaron al Grupo no pagar hasta que se resolvieran los casos.   Con el nuevo gobierno se iniciaron nuevas negociaciones que llevaron el Grupo a hacer pagos sustanciales, más de 2.5 millones de balboas, aun cuando se mantenía el criterio de no pagar. Como un acto de buena fe, adicionalmente, el Grupo devuelve la parcela 6 al Estado, aun cuando se había rellenado a su costo.

¿Qué logró el Grupo F? Nada, absolutamente nada. Aunque se negoció que con los pagos se adelantarían el nuevo proyecto, un nuevo contrato y la adenda respectiva, el Estado procedió a cobrar e inmediatamente secuestrar los activos de la empresa, sin cumplir lo acordado. Mientras tanto, de alguna forma, se fueron resolviendo los demás contratos de La Calzada y se ‘legalizaron’ las marinas que antes habían sido también cauteladas.

Pero la lucha por los terrenos dados al Grupo F solo estaba empezando. Al estar amparados por los contratos en discusión, el Estado se ha jugado ahora una nueva carta.   Entra en juego la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acusa al Sr. Figali del Grupo F de blanqueo de capitales. De forma que de probarle los cargos podrían expropiarle los bienes y resolver así la liberación de los valiosos terrenos en su poder. Para el gobierno el interés es evidente, dado el macro plan de desarrollo del relleno de Barraza, un nuevo palacio de convenciones y la ampliación de La Calzada. Lo cuestionable es la forma de recuperar los terrenos. El Grupo F ha invertido millones de balboas en el proyecto, todo auditable y verificable. Lo mínimo que se esperaría es que si es de interés social el recuperar los terrenos se indemnice al inversionista por su inversión.

El caso del Grupo F es el típico caso de la satanización de un proyecto, que nunca tuvo una buena imagen porque desde su inicio se divulgó la idea de que había sido producto de amistad y prebenda y no asignado legítimamente por concurso.   Lo que pocos entienden es que desde su inicio ha tenido todos los contratiempos posibles por funcionarios que de paso por las instituciones en lugar de facilitar la inversión la dificultan, muchas veces buscando una participación por el solo hecho de ser funcionarios.   El caso del Grupo F está lejos de terminar, oiremos de él por años, en la Corte y en tribunales locales e internacionales.   Al final, un caso que debió resolverse en la mesa de negociación pasa a hacer crisis, por no existir un ministro interesado en resolverlo, sino en caer en el juego de imponer y no negociar.

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Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

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