Informe de Gabinete – Gobierno Nacional de Panamá — Martes 6 de julio de 2010

El reportaje para el Grupo Oficial en Facebook del Gobierno Martinelli – Varela, realizado por la colaboradora de este medio y activista política….


Jennie  Gonzalez

Consejo de Gabinete aprueba presupuesto de la ACP

El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2010-2011, cuyos ingresos de operación se proyectan por el orden de los 2 mil 106 millones 332 mil balboas.

Ya este presupuesto había sido aprobado por la junta directiva de la ACP mediante acuerdo No. 211 de 24 de junio de 2010.

En la tarde de hoy martes, el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, Rómulo Roux, presentó el proyecto ante el Concejo, y dijo que para el programa de inversiones regulares se establece una partida de 234.9 millones de balboas, lo que no incluye el Programa de Ampliación.

Roux precisó asimismo que se ha presupuestado en ingresos de peajes mil 610 millones 238 mil balboas y en servicios relacionados al tránsito 332 mil 961 balboas.

El presupuesto del Canal, cuya vigencia se extiende entre el 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2011, propone aportes directos al Estado por 839 millones de dólares. En el presupuesto del año fiscal 2010, se aprobó aportes al Estado por 754 millones de balboas.

Durante la administración de la antigua Comisión del Canal de Panamá se efectuaron aportes al Estado por la suma de mil 878 millones de dólares. En la gestión panameña, incluyendo el año fiscal 2011, esa cifra alcanza los 6 mil 312 millones de balboas.

El Gabinete le dio cortesía de sala al administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, quien detalló en qué consistía cada uno de los componentes del presupuesto de la Autoridad.

Autorizan al Minsa contratar recolección de basura

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que exceptúa al Ministerio de Salud del procedimiento de selección de contratistas, y le autoriza contratar directamente la prestación de los servicios de aseo urbano y domiciliario por un período de siete meses prorrogables en el distrito capital.

Tal petición fue formulada por el ministro de Salud, Franklin Vergara, quien explicó que la contratación directa es de 4 millones 377 mil 942 balboas.

De acuerdo con la resolución en referencia, la contratación abarca la recolección y barrido, alquiler de equipo y el transporte de lo recolectado al relleno sanitario, para su tratamiento y disposición final con el propósito de de complementar las acciones que en meses anteriores inició el Gobierno Nacional, como medida para enfrentar la crisis de la basura en la capital.

Como se recuerda, en abril pasado, el Gabinete autorizó un crédito extraordinario de 3 millones 100 mil balboas para el alquiler de equipos y contratación de personal para la recolección de los desechos sólidos en los 21 corregimientos del distrito capital.

Gabinete aprueba crédito a favor del Prodec

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que aprueba un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2010 a favor del Programa de Desarrollo Comunitario e Infraestructura Pública (Prodec).

La petición fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, quien dijo que el crédito es hasta por la suma de 28 millones 358 mil 998 dólares.

El director del Prodec, Vladimir Herrera, quien obtuvo cortesía de sala, indicó que el referido crédito tiene como propósito incorporar recursos al Presupuesto de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir compromisos adquiridos con los proveedores que ya han culminado con sus obras en la vigencia de 2009.

Gobierno Nacional

¡ JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ !

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Reportaje publicado el 6 de julio  de 2010 en Facebook por la autora a quien damos todo el crédito, el mérito y la reponsabilidad que le corresponde.

Denuncia de acoso

Presentada mediante carta a la relatora para la libertad de Expresión de la OEA por la estudiante universitaria de Derecho y Ciencia Política….

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LACEY MILENA BROCE BARRIOS 

Señora Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la OEA.

Yo, Lacey Milena Broce Barrios, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-841-2443, por este medio concurro ante su digno despacho, a fin de presentar formal denuncia a fin de que se investiguen los hechos que violentan mi derecho a libertad de expresión, derecho que establece el artículo 37, del Capítulo 1, del Título III de la Constitución Política de la República de Panamá.

Presento esta denuncia, ya que tras haber publicado dos artículos (…) en el periódico La Estrella de Panamá, fechados, (…), el 15 de mayo de 2010, y (…), el 19 de junio de 2010, acerca de la corrupción y el Referéndum en la Universidad de Panamá, estoy siendo víctima de persecución y acoso por medio de mensajes electrónicos a una cuenta que mantengo en una famosa red social, mensajes con insultos y amenazas de ser expulsada de la Universidad, a no ser que cese de escribir en contra de la corrupción, y en el correo especifican que deje de escribir en contra del rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes.

Adjunto a esta denuncia evidencia gráfica de los mensajes enviados a mi persona a través del Internet, también adjunto copia de los artículos publicados y finalmente adjunto un compendio de artículos extraídos de la Declaración de Lima acerca de Libertad Académica y Autonomía de las instituciones de Educación Superior; (…).

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Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Alarmas ruidosas e inefectivas

La opinión de…

Juan Antonio de la Guardia E.  

Sé que tengo perdida esta causa, pero aún así, quiero levantar mi voz a ver si logro que más personas se me unan en la causa en contra de un invento que no tiene lógica y que, además, no soluciona el problema para el cual fue creado.

Recuerdo cuando salieron las alarmas para autos y me explicaban que en caso de que alguien intentara abrir el vehículo o robárselo la alarma sonaría, asustando al ladrón.  Yo no lo podía creer, no solo porque es una idea ilógica, sino porque no solucionaba el problema, más bien creaba otro, pero supongo que yo soy el único tonto que lo vio así.

La pregunta lógica sería: ¿Para qué quiero espantar al ladrón? ¿Acaso la idea no es apresar a los mismos? Ah, ya sé, soy el único tonto que piensa así. Es mejor pasarle el problema al vecino, y yo me limpio las manos. Por otra parte, las alarmas crean ruido innecesario, punto que no creo que debo aclarar. Suenan porque pasó un vehículo pesado y la vibración encendió la alarma, o porque un gato se subió al techo, o un niño lo tocó o cayó un rayo, o porque la lluvia es muy fuerte, etc.

¿No sería mejor que en vez de que suene una alarma sonara en nuestro celular? Así el ladrón no se da por enterado y podemos verificar si efectivamente hay alguien tratando de robar nuestro auto. De ser así, podemos no sólo llamar a las autoridades, sino que hasta podemos tomarle una foto con precisamente nuestro celular, porque ahora todos tienen uno y con cámara integrada.

Hoy en día, absolutamente nadie sale de su casa, oficina, centro comercial o cualquier lugar en donde se encuentre a verificar si es la alarma de su auto la que está sonando.   Peor aún, los buseros y taxistas las han incluido como parte de su repertorio de ruidos, algunos usándola a lo largo de la ruta. ¿Y las autoridades qué? Ah, y como si fuera poco, las alarmas de las empresas pueden sonar toda una noche o un fin de semana sin que nadie vaya a verificar, mientras los vecinos tienen que aguantarse el ruido porque al dueño o gerente le da pereza tener que ir a verificar o está de viaje.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panameño, general de fuerzas, ex jefe de gobierno y prisionero de guerra

La opinión de la Diplomática de Carrera….

THAYS NORIEGA

Hace unos meses leí un artículo que me llamo la atención, se llama ‘The French Trick’ (en español ‘El truco francés’), me impresionó, pues tenía mucho tiempo de no leer un artículo independiente que analizara e interpretara tan profundamente lo que le estaba sucediendo al general Noriega mientras se encontraba en un limbo jurídico desde el 2007 al 2010, antes de ser extraditado a Francia.

Para nadie fue sorpresa ver que el 27 de abril del 2010, el general Manuel Antonio Noriega llegara a Francia como resultado del ‘truco francés’. De nada valió que en Panamá hubiesen condenas superiores a la existente en Francia (condenas vs un supuesto lavado de dinero por menos de 3 millones de dólares); de nada valió la solicitud de extradición que se emitió bajo la administración del presidente Endara; de nada valió el Tratado de Extradición entre Panamá y EE.UU., y mucho menos valió la Convención de Ginebra de 1949 (repatriación de Prisioneros de Guerra al fin de su cautiverio).

El general Noriega fue condenado en Francia en 1999 en ausencia, puesto que las leyes francesas no permiten a los acusados tener defensa si no se presentan delante de un juez que valide la causa. Hoy, el general Noriega ya se ha presentado ante 3 magistrados franceses, quienes tienen la gran responsabilidad de validar o rechazar dicha acusación, luego de haber escuchado por primera vez los argumentos de la defensa de Manuel Antonio Noriega.

Tras escuchar el magistral cierre de argumentos de la defensa de Noriega, recuerdo el ‘French Trick’! Comienzo a analizar cada una de las piezas de este complicado rompecabezas, me traslado a un estado objetivo e imparcial y empiezo a estudiar lo que he escuchado durante estos 3 días.

Compruebo que la acusación corresponde a una FOTOCOPIA AUTENTICADA de la acusación en EE.UU., la cual, vale la pena mencionar, fue uno de los cargos en que Manuel Noriega salió absuelto, porque la Fiscalía norteamericana no encontró pruebas suficientes que vincularan los dineros en cuentas bancarias con dineros provenientes del supuesto narcotráfico.

Entre los documentos presentados por la defensa están: una carta de los fiscales norteamericanos informando al juez en Miami de su incapacidad de vincular los dineros de Noriega con la acusación; cartas de reconocimiento de la DEA al trabajo liderizado por Noriega en la lucha contra el narcotráfico de fechas 1983 al ‘88; testimonios de la CIA, donde también certifican la cooperación de Noriega; documentos de acuerdos secretos entre la Fiscalía norteamericana y jefes del Cartel de Cali y Medellín, para reducir la sentencia de los testigos a cambio de testimonios contra Noriega en el juicio de Miami y, en ese tenor, podría seguir enumerando documentos con argumentos que ponen en evidencia el principio de la ‘duda razonable’, y me pregunto… ¿Será cierto entonces que, el ‘truco francés’ es silenciar a Noriega!

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Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

El amor: locura y razón

La opinión del estudiante universitario…

Pedro J. Sarasqueta S.

Escribir sobre el amor romántico es caer en redundancias. Todos sabemos cómo se siente, todos conocemos la magia que el amor crea en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Más irónicamente por ser algo tan familiar, tan conocido no nos atrevemos a estudiar en profundidad su naturaleza. Una naturaleza dualista, que como una moneda, tiene dos lados.

Este humilde intento de describir el amor se inspira en el trabajo de Éric Rohmer, cineasta francés, conocido por su estilo lento, filosófico, ardiente de desmembrar los secretos del amor, su profunda naturaleza. En películas como “Pauline en la Playa” y “Noches de Luna Llena“ Éric Rohmer busca la esencia de este sentimiento humano.

El amor nace de dos fuentes: una irracional, instintiva, que se puede describir como locura. ¿Quién no ha estado locamente enamorado? Otra racional, decidida, hija de la pura razón. ¿Quién no se ha decidido a sólo amar una persona? Por un lado está el deseo carnal, esa indescriptible fuerza que nos hace desear a alguien más que a cualquier otra cosa en el universo, un poder que pareciera ser sobrenatural, más allá de lo explicable, resultado de millones de año de evolución.

Pero por si sólo esto no constituye amor, ya que ese sentimiento no está limitado a una sola persona, ese sentimiento siempre nos puede atacar, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por el otro lado para que de esa locura nazca el amor, el verdadero amor, tenemos que tomar una decisión racional. Tenemos que decidirnos por esa persona que nos hace sentir esa locura, esa decisión no la puede tomar el corazón, la tenemos que tomar conscientes de todo el rabo de consecuencias que trae consigo. Sin esa decisión fría, premeditada, el sentimiento irracional lleva por cauces que al final de la jornada llevan muy probablemente al desencanto, incluso al odio o la infidelidad.

El ideal de la mujer, el hombre de la vida pareciera ser entonces algo que es en parte innato y por el otro construido. Innato porque sin la locura no hay base para poder tomar la decisión de amar. Construido porque sin la decisión consciente siempre estaremos a la merced de un sentimiento que no podemos controlar. Cualquiera es potencialmente el amor de nuestra vida, pero sólo al decidirnos hacemos del potencial una realidad.

Amemos con el alma y con la cabeza. La naturaleza intrínseca del amor lo requiere. Tal vez por eso el amor jamás nos dejará de fascinar, conmover, impulsar; su dualidad toca las esferas más importantes del ser humano, su capacidad de sentir, su capacidad de pensar.

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Este artículo se publicó el  6  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Participación ciudadana constructiva

La opinión de…

Héctor Aparicio Jr. 

Con este artículo, pretendo reflexionar en torno a los conceptos de participación ciudadana y de sociedad civil, así como sobre sus posibilidades de realización y puesta en práctica dentro de Panamá.

En primer lugar, es mi intención que reflexionemos y hagamos una aproximación al concepto de “participación”, centrándonos en dos de sus manifestaciones más importantes: los movimientos sociales y el asociacionismo. De esta forma podremos continuar analizando los requisitos que involucran la participación, su justificación y sus objetivos.

¿Por qué y para qué nos asociamos?

La palabra “socio”, viene del latín socius (compañero), de ahí derivan también las palabras asociar, (que no es más que juntar personas para realizar un trabajo), asociado, (persona que ayuda a cumplir las metas) y consocio, (el socio del socio).

El resurgimiento de la participación ciudadana en la opinión pública es un fenómeno interesante y necesario ya que contribuye a concienciar sobre la necesidad y responsabilidad que todos tenemos para modificar nuestro país.

Dicho fenómeno ha contribuido a que se “quite el polvo” y salgan “a la luz” antiguos esquemas de participación ciudadana no constructivos, que hoy en día sólo sirven para ejercer resistencia sin dejar avanzar cualquier intento de desarrollo en temas como la educación, salud, trabajo y seguridad.

Cuando los noticieros difunden estos antiguos esquemas tratando de “revolver el río violentamente” puedo notar el total desenfoque de los objetivos para los cuales se asociaron inicialmente, y el mal ejemplo que están ofreciendo a la sociedad. También queda claro la falta de espacio que tienen los grupos que realmente están cumpliendo su labor con aportes constructivos.

Lo expresado anteriormente me motivó a investigar y a sacar mis propias conclusiones acerca de la participación ciudadana. Con optimismo encontré asociaciones de jóvenes artistas organizando festivales y llevando cultura y sano entretenimiento a pueblos del interior; fundaciones que trabajan contra la desnutrición; clubes de fomento a la ética, el estudio y la moral; movimientos de educación no formal como el movimiento scout entre otros. También pude percatarme de la existencia en Panamá de un sinnúmero de buenos ciudadanos que hoy en día están asociados trabajando por el bien común, entregando aportes concretos a nuestra sociedad.

Con orgullo puedo decir que hay asociaciones civiles que desde el silencio generan grandes impactos. Indagando sobre la operatividad de estos grupos descubrí que, si bien los recursos económicos siempre salen de uno o más bolsillos (individuos, empresa privada y sector gubernamental), hay una mayor dificultad en el reclutamiento de los recursos humanos dispuestos a construir.

Quiero hacer hincapié en la importancia y necesidad que implica el involucrarnos en algún tipo de trabajo social. Además de donar dinero, es necesario donar tiempo. Estamos frente a una buena oportunidad para dejar de quejarnos, romper con la apatía y pasar de la palabra a la acción.

Áreas de trabajo como la educación informal, la cultura, el fomento del trabajo y la ética, la niñez, el hambre, la drogadicción y el alcoholismo son asuntos que estarán siempre esperando por tu aporte.

Opciones sobran, buscando encontrarás y te involucrarás.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

A un año de gobierno

La opinión del Analista Político….

RAMIRO VÁSQUEZ CH

Ha transcurrido un año de gestión del Gobierno del presidente Martinelli. Semanas atrás di mi opinión. Ahora cabe reflexionar sobre el comportamiento de la sociedad y de sus organizaciones políticas. Más allá del discurso inflamatorio de la oposición, que compromete las decisiones de los futuros dirigentes que encabezarán la contienda electoral del 2014, vale la pena insistir sobre cosas que trascienden los intereses mediáticos de los políticos.

He leído y estudiado el Plan Estratégico de Desarrollo del actual Gobierno. Documento que ha tenido una pobre divulgación y del que nadie se ha ocupado en revisar, aunque sea para tener una idea de sus intenciones o para refutar y contraproponer responsablemente su propuesta.

El día de este primer año se consumió entre excusas y acusaciones. Ni una sola palabra sobre patria o sobre pueblo, sobre cómo avanzar en los temas comunes, temas de salud, trabajo, educación y seguridad.   Eso es muy grave y muy peligroso, porque significa que la confrontación de ahora, que será igual durante los próximos cuatro años, es simplemente por el control de los resortes y privilegios del poder.

Todos saben que el modelo político actual colapsó. Que se requiere de un esfuerzo único de toda la sociedad para abordar esa realidad y asumir responsablemente un cambio, cuyos costos no estén empañados por las lágrimas y la sangre de nuestro pueblo. Pero pareciera que a esos ‘todos’ no les interesa en lo más mínimo ese riesgo y ese costo.

Volviendo al Plan estratégico. Reconozco que ningún Gobierno de los últimos veinte años había podido presentar un documento de esa magnitud y elaboración. En su introducción se señala que ‘el mismo conjuga las metas consensuadas en el marco del Diálogo para la Concertación Nacional con sus propios compromisos electorales’.  La logística, el turismo, la agricultura y los servicios financieros fueron identificados como los motores del crecimiento en los que el Gobierno debe concentrar la intención inicial.   Allí se presenta el compromiso —en detalle— de una inversión para los próximos años que supera los diez mil millones.   Un total de 135 páginas que van identificando las áreas de inversión y los proyectos comprometidos.

Hasta ahí todo bien. El tema es cuando nos adentramos al factor humano, que desde los niveles de mando y de la burocracia gubernamental debe aplicar tan ambicioso plan estratégico de Gobierno.

Cuando desde la sociedad y desde la clase política, unos defienden su individualismo social y otros su oportunismo político, para que todo fracase y para hacer posible su retoma ‘democrática’ del poder.

Cuando los funcionarios públicos se debaten en una furiosa lucha intestina entre los sobrevivientes de la vieja burocracia y la nueva, que aún no sabe hacer las cosas correctamente.

Cuando las familias que han tomado sus cuotas de poder como verdaderas parcelas de caza, al margen de los partidos de donde provienen, aplican una despiadada operación de tierra arrasada sin medir las consecuencias que tiene esa conducta en la vida de toda la nación.

Cuando un año después de iniciado el Gobierno los mandos medios de esa alianza continúan promoviendo la división y la lucha intestina entre los bandos políticos de la Alianza por el Cambio. El ambicioso Plan Estratégico de Gobierno va camino al colapso.

De buenas intenciones no se construye ni un castillo de arena. A un año de la gestión del Gobierno del presidente Martinelli, deben producirse serios correctivos y establecer un verdadero manual de cumplimiento que mida la presencia de un funcionario de mando en base a sus resultados y a su rendimiento.

Un año supera con creces la curva de aprendizaje. Sería una falta imperdonable que un plan de esa magnitud sucumba por la miseria, el individualismo y el egoísmo de quienes tienen en sus manos los instrumentos de ejecución de la estrategia de desarrollo.

No solo se afecta la gestión de Gobierno, también se dañan las esperanzas de un pueblo… y una nación en desesperanza es el inicio del caos y la anarquía.

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Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

La democracia arbitraria

La opinión de…

Paco Gómez Nadal 

La democracia tiene sus cosas buenas. Algunas de ellas son el sustento de su esencia y, sin ellas, el sistema político se diluye en leyes sin sentido y ejecuciones arbitrarias. Considero que una de las principales tiene que ver con la institucionalidad y las normas. Es decir, tenemos procedimientos escritos y leyes aprobadas que nos hacen iguales ante las autoridades y que minimizan el riesgo de arbitrariedades o de aplicaciones caprichosas de dichas normas.

Esta institucionalidad de los procedimientos era débil en Panamá, pero existía. Ahora es historia. Todo depende de “una llamada”, de las amistades que se tengan, de los contactos, del “capricho” de un funcionario o del mismísimo Presidente de la República, que decide hasta sobre el color de las camisetas que su familia borda para el Ejecutivo. Siempre estamos pendientes de las “órdenes” de un “superior”, de la benevolente decisión del mismo.

Así está el periodista Carlos Núñez, a sus 70 años durmiendo sobre un escritorio de la mugrienta subestación de El Chorrillo por culpa de una sentencia vieja que lo condena por el peligrosísimo acto de escribir.   Nadie hace que se cumpla la ley que, como mínimo, ordena casa por cárcel debido a su edad.   El escarmiento es parte de la política oficial y el mensaje es claro: el que rechiste lo va a pasar mal.

Así ocurrió conmigo el domingo, cuando fui retenido cuatro horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen sin explicación alguna, cuando fui “liberado” por el mismo no–procedimiento y cuando las autoridades reaccionan a la presión mediática con una excusa fiscal sin siquiera habérmelo notificado a mí y no dándose cuenta del ridículo que hacían al dictar un impedimento de entrada al país a alguien que supuestamente tiene deudas en el mismo.

El problema no es la retención, si es que se tenía que dar, ni si hay o no problemas fiscales –que no los hay– sino la arbitrariedad, el estilo finquero en el que las normas tienen importancia nula frente a las decisiones individuales de los funcionarios.

Vivir en una democracia arbitraria es subsistir en la zozobra, en la duda, en la “inseguridad jurídica”. Una inseguridad que, además, no tiene consecuencia alguna:   nunca nadie paga por los “errores” y cuando el Ejecutivo pone cartas en el asunto destituye a dedo sin permitir que los procesos legales contra los funcionarios lleven su ritmo adecuado.   Es la ley de la selva, el sálvese quien pueda,   el “yo tengo el correo de Martinelli” como medida de protección.

Los hechos se van sumando y el cuadro parece cada día más claro, pero es tanto el aluvión de noticias preocupantes que unas ocultan a otras.

En los últimos meses hemos conocido de acoso “fiscal” a representantes de la sociedad civil, de presión mediática a líderes sindicales y ambientalistas,  detención arbitraria de activistas… No es juego lo que acontece en Panamá y nuestra actitud, por tanto, no puede ser liviana.

En mi caso, el “aviso” del domingo no ha tenido efecto. Es decir: el miedo, esa arma perversa del poder, no ha medrado ni en mi pluma ni en mi entorno.

Espero que así sea con la mayoría. Tenemos el derecho y el deber de expresar el disenso, de salir a las calles cuando lo consideremos adecuado, de defender esta precaria democracia que tanta sangre ha costado, de fiscalizar al Gobierno elegido por la mayoría, de cogobernar porque el gobierno, según el pacto social, es del pueblo y los funcionarios solo ejercen una “delegación” temporal.

Callar no es una opción; esconderse, tampoco. Repite el abogado Félix Wing sin cesar en las últimas semanas las palabras de Bety Cariño, la activista mexicana asesinada hace poco por su actividad antiminera: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.

Hoy las suscribo y apelo al Ejecutivo para que entienda que un país es su gente, no sus autoridades ,y que el respeto se gana, no se impone.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El cambio: ¿De gobernantes o de verdad?

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

¡Es hora de un cambio! ¡Necesitamos un cambio! ¡Cambio Ya! La consigna ha sido recurrente en nuestras campañas políticas y, hasta ahora, ha sido muy útil para los candidatos de oposición. Los malos gobernantes, el oficialismo de turno, debían ser desalojados del poder para que los reemplazaran “los que prometían ser buenos.”

También es una constante de nuestra historia política, en buena hora fracasada, que los gobernantes, o quienes ellos escogen para sucederles, intenten perpetuarse en el poder “con ánimo de dueños”, invocando aquella falacia, “de la que creo llegan a autoconvencerse”, de que ellos son imprescindibles para que no se interrumpan las “obras de su gobierno”.

En la última campaña las cosas no fueron diferentes. El candidato, que logró la victoria electoral, hizo de “la consigna del cambio” su principal slogan. Y esa apelación tuvo efectos favorables, garantizados, principalmente, por el mayoritario rechazo del PRD.    Por tanto, no es exagerado afirmar que en nuestras contiendas electorales los mejores aliados de los candidatos de oposición han sido los fracasos de los gobernantes de turno.    Y la historia, como solía repetir el caudillo panameñista, se ha repetido “en espiral”. Y en el 2014, quienes eran “oficialistas en el 2010”, en el papel de opositores, reclamarán que “es hora de un cambio”.

Desgraciadamente, esa sustitución en cada elección de los oficialistas de turno por los antiguos oficialistas se ha tornado un círculo vicioso en el que seguiremos atrapados, a menos que nos decidamos a romperlo, con reformas profundas a nuestro sistema electoral, que abran posibilidades a otras alternativas diferentes a las que ya se vislumbran para el 2014.

De una reciente entrevista del ciudadano presidente, puede concluirse que en sus reiterados propósitos de “cambiar este país” no está cambiar (valga la redundancia) las reglas y prácticas del pasado sino seguir jugando con ellas.    En el curso de este mes de julio, según se ha dejado saber, se concretará la fusión de (mejor llamarla absorción o engullimiento por) Cambio Democrático y sus aliados menores, y muy menores, de Molirena y Unión Patriótica. Surgirá, así se ha pronosticado, “el más grande partido del país”.

También dijo el mandatario, en la misma entrevista, que no está previsto que el Partido Panameñista se fusione a Cambio Democrático. La razón: pura aritmética. “Es mejor que existan tres fuerzas políticas, pues la unión de dos de ellas, CD y panameñistas se entiende, les aseguraría el triunfo, o sea, que se queden los buenos y que no regresen los malos.

¿Son los actuales lo bueno que prometieron ser? ¿Han realizado el prometido cambio? Su fracaso, al cabo de todo un año, en resolver problemas como la inseguridad y las crisis de la Salud y de la Educación, evidencian que no. Y a la par, aumento de impuestos, de la Deuda Pública, la misma incompetente Asamblea y las mismas prácticas antes criticadas.  El pueblo ya lo percibe y lo reflejan encuestas recientes; pero el curso se mantiene.

Si nada dramático ocurre, en el 2014 volveremos a la disyuntiva perversa: O los pregonados buenos de ahora o los que, reencauchados prometen serlo. Así de simple; así de preocupante.

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Este artículo se publicó el  6  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por falta de sintonía

La opinión de…

Javier A. Zaragoza Aguado 

Entre los principios básicos del Estado de Derecho debe destacarse la necesidad de observar de forma escrupulosa las reglas del debido proceso. Esto quiere decir que en un proceso criminal los procedimientos de investigación que se empleen para obtener medios de prueba, y su incorporación como tales al proceso debe hacerse respetando las formalidades legales y evitando la vulneración de derechos fundamentales.

Es grave que esto pueda suceder, y por eso el propio ordenamiento jurídico establece sus propios filtros y controles para apartar del proceso aquellas pruebas que puedan verse contaminadas por tal motivo. Pero todavía lo es más que se pueda utilizar torticeramente el proceso penal para apartar a quien cumpliendo con su obligación de investigar resulte incómodo para el poder político.

Esta reflexión enlaza directamente con la extraña situación que actualmente vive la Procuraduría General de la Nación de Panamá, cuya titular se ha visto envuelta en un proceso penal, y apartada provisionalmente de su cargo, por autorizar la investigación de un gravísimo delito de corrupción presuntamente cometido por un funcionario auxiliar del Ministerio Público bajo su cargo.

Desde el más absoluto respeto a la institución judicial panameña, y muy particularmente a la Corte Suprema como órgano competente para resolver semejante disparate jurídico, me parece oportuno formular dos breves consideraciones sobre el caso en cuestión.

La primera tiene relación con las propias competencias del Ministerio Público en la legislación panameña. Algunas normas legales legitimaban a la Fiscalía para intervenir las comunicaciones (en casos de narcotráfico y de delitos contra la libertad sexual y sus conexos), hasta que una interpretación restrictiva del pleno de la Corte Suprema adoptada en 2007 en relación con el Art. 29 de la Constitución limitó el concepto de autoridad judicial a los integrantes del organismo judicial.   Es obvio que, al igual que las leyes desfavorables carecen de carácter retroactivo, un criterio interpretativo restrictivo de la Corte no puede deslegitimar lo que se hizo anteriormente conforme a la ley.

La segunda, a mi juicio la más relevante para la adecuada resolución del caso, tiene mucho que ver con el alcance y el ámbito de protección del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Al igual que la Constitución panameña, la norma fundamental española sólo permite su interceptación con autorización judicial.   Pues bien, tanto la doctrina constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Supremo han entendido de modo uniforme que el secreto de las comunicaciones garantiza la impenetrabilidad de la comunicación por terceros ajenos a la misma, sean estos ciudadanos o agentes de los poderes públicos, pero en ningún caso puede oponerse frente a los intervinientes en la comunicación, de manera que no podrá entenderse vulnerado el derecho fundamental y, en consecuencia, tampoco podrá considerarse ilícita la prueba obtenida por esta vía.

Si tenemos en cuenta que la grabación en cuestión se hizo con el beneplácito de la víctima del chantaje, la cual podía proceder a la grabación directa de su conversación como medio para acreditar la extorsión a la que era sometida, difícilmente podremos concluir que la actuación fuera ilegal, ya que no era necesaria la autorización judicial.

Y desde esta perspectiva, la actuación de la Fiscalía, como responsable de la investigación, representaba un plus de garantía para el proceso, pues no tenía más objetivo que contribuir a la obtención de las pruebas del delito sin conculcación de derechos fundamentales.

Es de esperar que finalmente la razón jurídica se imponga. Cualquier otra solución violaría gravemente la independencia del Ministerio Público y condicionaría en términos inaceptables el ejercicio de sus funciones constitucionales. Si todo apunta, como parece, a una falta de sintonía entre Gobierno y Fiscalía, habrá que recordar necesariamente que esta es una institución autónoma e independiente, y que estos valores son la mayor garantía de la igualdad y de la justicia para la ciudadanía panameña.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El poder en las manos de Martinelli

La opinión de….

RAFAEL  CARLES

Ricardo Martinelli ya cruzó el hito de su primer año en el poder. Y deja una conclusión difícil de objetar: este tramo ha transcurrido mejor que lo que de antemano permitía vislumbrar la realidad. Los presagios pesimistas no tenían origen en la nada; influía la dimensión de una crisis de inacción para resolver problemas medulares que nos han cercado por muchos años.

¿Qué sucedió entonces? Dos cosas básicas que enderezaron el rumbo:   El presidente apareció dispuesto a ejercer el poder a pleno, reparando en general de igual modo en el fondo que en la forma de cada decisión. Algunas de ellas pudieron haber sido más efectivas, pero todas surgieron del ámbito natural de una administración que es impulsada por un hombre que asume con celos y obsesión su enorme responsabilidad política.

Martinelli cumplió también con el abecé del manual de subsistencia de cualquier dirigente que llega en las condiciones en que llegó él: cada uno de sus movimientos apuntó a ensanchar su base política partidista, lo cual le permitió acortar el espacio opositor. Esa estrategia sirvió para desatar todo lo demás.   La percepción pública del Gobierno escaló hasta niveles impensados.   Quizás el presidente pueda disponer ahora del crédito en el cual nadie creyó hasta hace poco, a pesar de la histórica y profunda desconfianza que tiene la sociedad en todos los asuntos que atañen a Palacio.

Martinelli ha logrado atravesar el vado inicial de su gestión aferrado a la receta que más conoce y le gusta, que le permitió reinar por más de dos décadas en Importadora Ricamar.

Trata que nada que tenga relación con la política y el poder se escurra de sus manos: vive obsesionado por no perder la delantera pública y, en ese plano, por evitar que alguna decisión suya sea anticipada y malinterpretada por los diarios.

El presidente anda por aquí y por allá. Las resoluciones del poder le absorben todo el tiempo y con mucha discreción navega también las aguas de las relaciones internacionales, aunque con frecuencia también desorienta.

Concede vía libre al vicepresidente, por ejemplo, para que consolide una línea férrea de vendedores de espíritus en sedes diplomáticas. Pero trata con deferencia, que concede a pocos, a los tránsfugas y recién llegados.   Pueden incidir la especulación y ciertas pasiones personales, pero el presidente disfruta cada vez que logra incomodar al PRD.

Su estilo de conducción va moldeando sin pausas un gobierno hermético, cuya referencia casi excluyente es él mismo. Ninguna administración anterior —incluyendo a todas las anteriores y posteriores a la dictadura— tuvo un protagonismo público tan bajo del equipo de ministros.   En verdad, hay solo un puñado que parece tener vida propia. Vallarino es uno de ellos, con quien el presidente ha afilado su relación desde la época de la campaña electoral. Otro ministro de alta exposición es Mulino, quien responde más que nada a la característica de su cargo, porque su libreto y su iniciativa política están sujetos a la disposición presidencial. Molinar parece asentada en un sube y baja; debutó con bríos con la propuesta de una reforma educativa, luego atenuó su papel y más tarde volvió a la carga contra la dirigencia de maestros. Papadimitriu, convertido en vocero, acostumbra ser quien con más fidelidad y frecuencia comunica las ideas del presidente y las intenciones del Gobierno. Henríquez insiste en negociar acuerdos de libre comercio y dar luz propia a las leyes de fomento comercial. Pero el resto del elenco oficial prefiere desenvolver sus tareas casi en el anonimato.

Tanta sobrecarga de decisiones y compromisos encierra varios riesgos para Martinelli. Que deba estar al mismo tiempo en todos lados y que la vorágine pueda llevarlo, a lo mejor, a no tomar el mejor camino o a no madurar debidamente cada acción. De allí que, sin cuestionar la matriz de decisión presidencial, es más aconsejable una conducta prudente y menos teatral. La moderación debería ser su mejor acompañante.

Por ese horizonte imprevisto podrían despuntar otros de los numerosos frentes de conflicto que le aguardan al Gobierno. Y no sería uno nada más. Al mandatario se le ha olvidado totalmente que es imprescindible no agitar resentimientos en una sociedad que recuerda muy bien los años en que las arcas públicas se devoraban en aras del desarrollo y las buenas intenciones, tiempos en que se legislaba arbitrariamente desde la borrachera del poder. A Martinelli le conviene tomar su respectiva dosis de Dramamine, para evitar los mareos del poder y tratar de distinguir sus viejos amigos de los inoportunos enemigos. Desafortunadamente ahora, cuando está en la esfera del poder, es difícil diferenciar unos de otros.

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Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Más de lo mismo en materia de seguridad ciudadana

La opinión de…

Magaly Janneth Castillo 

Ha pasado un año del gobierno de Ricardo Martinelli y el país sigue sin un plan de seguridad ciudadana y sin definir una política criminológica de Estado. Lo que sí hemos visto son más de tres reformas al procedimiento penal panameño y dos reformas a la legislación de menores en un periodo corto de un año.  Todas ellas sin sentido y contrariando normas constitucionales.

Hemos visto una agresiva acción policial focalizada en los barrios más pobres de la ciudad con alta incidencia delictiva y el uso del “pele police” como si todos fuésemos sospechosos,  pero no vemos con claridad una política de fortalecimiento de las instituciones del sistema de seguridad, ni vemos un plan con acciones a corto, mediano y largo plazo.   Toda esta improvisación ya la hemos vivido en los últimos tres gobiernos.   Las recomendaciones, planes y programas que se han discutido en comisiones presidenciales en los últimos ocho años quedan en nada.

En el año 2002 el Consejo de Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso creó una Comisión Intersectorial de alto nivel para la elaboración de una política criminológica. Desde esa fecha existe una propuesta, como resultado del consenso entre actores públicos y de la sociedad civil, pero que no fue asumida como política de Estado por el Consejo de Gabinete de aquel momento.

Este documento fue discutido nuevamente en el año 2005, por la Comisión de Estado por la Justicia y presentado al Órgano Ejecutivo como una propuesta de Estado, que tampoco fue adoptado por el gobierno del presidente Martín Torrijos.

Finalmente, la Concertación Nacional para el Desarrollo enumeró una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana que tomaban en cuenta los aportes de la Comisión de Estado por la Justicia. Es decir, el país cuenta con un listado largo de propuestas y proyectos de ley que nunca han sido asumidos como políticas de Estado.

Ahora, nuevamente el Gobierno, luego de una gran marcha por la seguridad ciudadana, ha solicitado que la sociedad civil le presente propuestas para enfrentar el problema de la inseguridad; pero al día siguiente de la marcha se reformó de nuevo la Ley 40 sobre justicia penal juvenil en la misma línea represiva de siempre. Días después se aprobó la ley 9 en 1 (Ley 30) en que le otorga a la Policía licencia para extralimitarse de funciones y hacer un uso abusivo de la fuerza.

La semana pasada se sancionó otra ley para mejorar la acción del Estado contra el delito, donde nuevamente se hacen reformas que contradicen las normas constitucionales y se retrocede en materia de derechos humanos. Seguimos con la misma práctica de todos los gobiernos.   Por una parte se distrae a la sociedad civil en comisiones de trabajo y al mismo tiempo se realizan reformas que contradicen cualquier política científica y coherente de seguridad ciudadana.   En días pasados se entregaron los proyectos de ley sobre agencias de seguridad privada y ley de uso de armas, que también se habían discutido en el gobierno pasado, pero que al final no se aprueban debido a las presiones de personas o empresas dedicadas a estos negocios.

Las propuestas sobre seguridad ciudadana existen, lo que hace falta es voluntad política y que el Gobierno con su equipo de expertos revise todos estos aportes y elabore un plan de seguridad ciudadana que debe ser sometido a consulta. Pedir a las organizaciones ciudadanas que presenten propuestas es seguir dándole largas a una responsabilidad que tiene el gobierno y que debió emprender desde el día primero de su mandato.

En ese plan de seguridad debe establecerse claramente un ente rector que coordine y lidere toda la política de seguridad ciudadana, que involucre claramente a todos los actores del sistema de justicia, a los municipios y a la sociedad civil.

Se supone que el ente rector de la política de seguridad ciudadana debe ser el Ministerio de Seguridad Pública, pero para ello se requiere tener al frente de ese Ministerio a una persona con valores democráticos que crea en la nueva visión de seguridad democrática y que crea en el rol de los ciudadanos y de los municipios. No estoy segura de que esta sea la realidad que hoy tenemos.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.