¿Necesitamos otro aeropuerto?

La opinión de…..

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Jaime I. Fabrega P.

En días pasados han salido publicaciones en varios periódicos del país referentes al tema del aeropuerto internacional que quieren hacer en algún lugar –aún sin definir– del interior del país.  Para mí no tiene sentido construir un aeropuerto internacional adicional.

En primer lugar, en Panamá carecemos de capacidad para dar el mantenimiento que corresponde a los aeropuertos existentes. Para sorpresa de algunos, Tocumen no es el único, contamos con el de David, Changuinola, Isla Bocas y el Marcos A. Gelabert, de Albrook. Éstos presentan deterioro tanto en el exterior como en el interior de sus terminales, en las pistas, en el sistema de señalización y rajaduras en las calles de acceso o rampas.

El hecho de que se haga una copia idéntica del aeropuerto de Londres, New York o Miami en cualquier lugar de Panamá no aumentará la frecuencia ni el número de vuelos o de pasajeros.   Un aeropuerto es, ni más ni menos, la conexión que hay entre el land side y el air side de una operación aeronáutica.

Con anterioridad, varias empresas de aviación trataron de mantener operaciones desde Guararé, Chitré y Santiago hacia Panamá, pero no fueron operaciones rentables. Los posibles pasajeros mencionaron, en un sondeo, que para ellos era más cómodo manejar en su propio vehículo a la ciudad de Panamá, porque le tomaba como mucho tres horas.

Se intentó hacer vuelos tipo charter hacia el área de Río Hato, proyecto que fracasó dado que el perfil del turista que visita la región lo hace con el plan “todo incluido” y no quiere pagar por el traslado en avión hacia esa zona hotelera, que es la que tiene más clientes potenciales.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, de forma integral, ya ha excedido su capacidad.   Sería más sensato invertir en su mantenimiento y ampliación. En el área de la “pista vieja” (de carga), por ejemplo, las líneas que marcan el centro de las calles de rodaje y demás no se ven claramente, bajo ciertas condiciones climatológicas; darle mantenimiento no cuesta 50 millones de dólares.

El ministro Alberto Vallarino, al ser cuestionado sobre su interés personal en el nuevo aeropuerto internacional, mencionó a un medio de comunicación que para él sería más interesante que se desarrollara en Río Hato. Habría que preguntar si algunos de los hoteles del área ya le tienen el ojo puesto a los terrenos del aeropuerto de Río Hato, para comprarlos baratos y hacer inversiones por millones de dólares para su beneficio.

Es la misma historia que se viene manejando con el Aeropuerto Marcos A. Gelabert y el supuesto desarrollo de centros comerciales desde hace décadas.

Aeronáutica Civil tiene, en teoría, un Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario Nacional desde hace muchos años. La gran pregunta es: ¿Dónde está y cómo se ha desarrollado?   De igual manera, habría que preguntarse cómo esta iniciativa encaja actualmente en el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario Nacional.

Es importante preguntar: ¿Cuál es la verdadera “historia detrás de la historia”?

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Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Demandas de la sociedad civil

La opinión de la Economista y Educadora…..

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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

La delincuencia común, cometida por nacionales o extranjeros, se acrecienta. Los secuestros, robos, violaciones carnales, narcotráfico, asesinatos, guerra de pandillas y todo tipo de desmanes, atentan contra la seguridad ciudadana; independientemente de las acciones ejecutadas por la Policía y el Gobierno Nacional.

Los delincuentes cuentan con recursos económicos que les permiten la adquisición de armas, bienes y “ aliados bien ponderados ”, que les facilitan todo tipo de argucias (quizás legales, pero no éticas ni morales). Esta situación, les permite mejorar significativamente la logística de sus operaciones y amedrentar a la población. Este dramático escenario que viene viviendo nuestro país, durante los últimos años.

La acometida de organizaciones delictivas cobra más vidas humanas, sobre todo jóvenes adolescentes y hasta niños, mediante la malsana práctica del sicariato. Esto causa un profundo desasosiego e incertidumbre en la ciudadanía, que ve en peligro su seguridad personal y estabilidad emocional, producto de la endeble seguridad pública, donde ocasionalmente se han infiltrado malhechores.

Ante la inminente amenaza, grupos organizados de la sociedad civil realizaron una gran caminata por la paz, en la Cinta Costera, el 23 de mayo. Esta convocatoria fue ampliamente apoyada por la comunidad, miembros de diversas congregaciones religiosas, empresas, medios y autoridades gubernamentales, quienes se unieron haciéndose eco del llamado de la población a tomar acciones que restituyan la seguridad pública como medio para garantizar la paz social.

Es indiscutible que la crisis de valores se profundiza más y con ella el inhumanismo, por ello, es necesaria la cohesión social, de manera que la acción emprendida con la caminata cívica, el domingo pasado, represente el inicio de acciones consistentes que de manera mancomunada, ejecute el gobierno (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), con la sociedad civil. Es imprescindible rescatar el valor de la familia (como columna vertebral de nuestra sociedad), por ello todos los integrantes de la sociedad debemos actuar responsable y solidariamente frente a la educación y orientación de nuestros niños y jóvenes.

Es preciso actuar con madurez y conciencia. Implementar leyes efectivas y estrategias eficaces, dirigidas a salvaguardar a la población. Frenar a los facinerosos, mayores o menores de edad, independientemente de su nivel social o político (delincuentes de cuello blanco), a fin de impedir que logren burlar la justicia bajo argucias legales que les permiten consumar delitos y quedar impunes.

La seguridad y paz social compete a todos, por ello, encontrar una solución viable es responsabilidad ciudadana, impulsada por el Ejecutivo. Es apremiante implementar políticas de Estado, que nos lleven a sustituir el sesgado crecimiento económico actual, a corto plazo, por un esquema de desarrollo económico vinculado a las demandas y exigencias de la población, de forma tal, que se garantice un adecuado desarrollo humano. Esta debe ser la aspiración primordial de nuestros gobernantes para situar a Panamá como un país modelo de democracia y cultura de paz.

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Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Salud, expresión de la administración pública

La opinión de…..

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César Quintero Sánchez

La salud sin duda es un derecho y un deber de toda persona. Todos los gobiernos de los 200 estados que conforman el planeta, tienen el deber indeclinable de asegurarle a sus poblaciones y en especial a aquellas que se encuentran en los niveles de postergación y pobreza, quienes en nuestro país constituyen el 40% de la nación, servicios de salud integrales y de óptima calidad.

Para mí, la puerta de entrada y punto inicial de contacto del ciudadano común con la gestión real del gobierno de turno es sin duda, los servicios de salud que recibe de manera directa su persona y el medio ambiente que le rodea.

Es por esto que se hace indispensable que los gobernantes prioricen no solo los recursos financieros para dar respuestas con suficiencia y oportunidad a las necesidades y demandas que se presentan, sino también con la designación y asignación de sus mejores cuadros profesionales, técnicos y administrativos, para hacerle frente a través de la negociación permanente, a un universo sanitario que se caracteriza universalmente por transitar por caminos de dependencia, complejidad, conflicto, incertidumbre y fragmentación de su capacidad integral de respuesta.

Y es que todos sabemos que la salud no es solo ausencia de enfermedades, sino la resultante de múltiples factores entre los que destacan los estilos de vida, el medio ambiente y laboral, la herencia biológica y los servicios de salud. Es decir que si no hay vivienda, educación, alimentación, transporte, trabajo, recreación, vestimenta y un sistema de provisión de servicios de salud que se ofrezcan con plena accesibilidad a todos los panameños, es imposible que tengamos una nación sana, por más que el promedio del ingreso per cápita y el Producto Interno Bruto aumenten geométricamente.

Al individuo de la calle, lo único que le interesa es que produzcan resultados concretos que hagan posible disminuir la insatisfacción de esta deuda sanitaria acumulada en términos de atención primaria integral, recetas despachadas, exámenes de laboratorio y radiología, cirugías, consultas con especialistas y técnicos, producto de la falta de la comprensión cabal y sistematización de los deberes y la ausencia de un Plan Nacional de Salud con normas y estándares claros y con una Red de Servicios definida y con óptima capacidad instalada, de acuerdo a la responsabilidad de su espacio-población y a los niveles de prevención y de complejidad.

Entiendo que se hace impostergable en el sector salud, el rescate del orgullo, la mística y la vocación de servicio de nuestros predecesores, pero esta tarea deberá empezar desde los niveles de alta jerarquía y rango, respetando al funcionario institucional y dando el ejemplo con su compromiso, transparencia y rendición de cuentas.

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Este artículo se publicó el  26  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Monarquías y repúblicas

La opinión de…..

Carlos Guevara Mann

Una columna de opinión publicada el domingo en otro diario aludió a la “majestad del presidente de la República”.    No es la primera vez que se emplean fórmulas monárquicas para referirse a cargos públicos de alto rango en nuestro sistema de gobierno.

Habría que averiguar si la práctica, totalmente ajena a la tradición republicana, viene de la manía nobiliaria trasladada a los territorios americanos durante la dominación española o si encuentra sus orígenes en los reinados del dios Momo que anualmente consumen las energías de gran parte de nuestra población (incluyendo las de muchos políticos).    Lo cierto es que además de exhibir mal gusto al recurrir a semejante cursilería, el personaje que la empleó –un alto funcionario de uno de los órganos del Estado– reveló muy poca familiaridad con nuestro régimen de gobierno y su cabal funcionamiento.

Esto es grave, pues implica que la conducción del Estado está en manos de gentes poco idóneas. Mal anda un país cuando su dirigencia desconoce los elementos básicos del sistema político que rige a la colectividad.

Pienso que al presidente Martinelli –individuo accesible y campechano– debió incomodarle la extravagancia del funcionario que, obviamente, quería congraciarse con el mandatario y no se le ocurrió mejor forma para lograrlo que atribuirle una grandeza, superioridad y autoridad propias del sistema monárquico.    El Presidente, que ha viajado a muchas repúblicas y monarquías y acaba de regresar de una de las últimas (España), sabe bien que en el gobierno republicano no hay monarcas ni majestades.

En las monarquías tradicionales la totalidad del poder público se ejerce por el monarca, quien legisla, ejecuta y juzga (y también ajusticia). En el transcurso de los siglos 19 y 20, la mayoría de los regímenes de ese tipo fueron eliminados por levantamientos populares o evolucionaron hacia sistemas parlamentarios y constitucionales, donde el monarca reina pero no gobierna.

Quedan todavía algunas monarquías absolutas, sobre todo en la península arábiga, caracterizadas por la concentración de los poderes del Estado en la persona del rey (o emir o sultán). En esos países, como es bien sabido, toda decisión sobre los asuntos públicos corresponde al monarca, lo cual constriñe significativamente el ejercicio de las facultades naturales que –según lo aprendimos en la escuela– competen naturalmente a cada ser humano.

En nuestra porción del planeta predomina el sistema republicano. Ésa es una característica de la América llamada “latina”, aunque en la práctica, muchos dirigentes de gobiernos supuestamente republicanos actúan como sátrapas orientales: acaparan los poderes públicos y abusan de ellos impunemente, usurpando –a tales efectos– todas las atribuciones del Estado.

La historia les reserva un rincón especial a esos tiranos de pacotilla.    Allí tiene amontonados a sujetos de la calaña de Juan Vicente Gómez, Jorge Ubico, Rafael Leonidas Trujillo, Anastasio Somoza (padre e hijo), François Duvalier, Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla y tantos otros, contando –por supuesto– a Omar Torrijos, Rubén Paredes y Manuel Noriega,  “combatiente de guerra” en virtud del fallo de un despistado juez estadounidense y “jefe de Estado” por obra y gracia de un desorientado magistrado francés.

La república es el régimen en que el poder emana del cuerpo ciudadano y está distribuido entre varios órganos del Estado, a fin de evitar abusos y arbitrariedades.   En una república, el poder se ejerce por funcionarios elegidos por la ciudadanía y responsables ante ella.

En el régimen republicano no hay “majestades” que aíslan al jefe del Estado del escrutinio ciudadano, como en las monarquías, donde la persona del monarca es inviolable. Inclusive en monarquías constitucionales como Inglaterra y España, al monarca no se lo puede juzgar.

Esa inviolabilidad responde a circunstancias especiales en dichos países, que nuestra experiencia y realidades no comparten. Aquí no hay reyes y las reinas que tenemos, durante el Carnaval, lo son de otro tipo y por tiempo limitado.

En las repúblicas, el jefe del Estado es un ciudadano entre iguales y está sometido a las leyes tanto como el resto de la población. Los gobernantes responden ante la justicia –lo mismo que usted y yo– por las ilegalidades que puedan cometer (señaladas en el artículo 191 de la Constitución), como extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, aprovechar los recursos estatales en beneficio propio u obstaculizar la expresión de la voluntad popular.

Aludir a la supuesta “majestad” de un gobernante republicano es un error garrafal, con consecuencias negativas para el bienestar de la comunidad. Bajo una constitución republicana, cualquier inclinación monárquica, despótica o tiránica plantea una grave ruptura con el contrato social que fundamenta el régimen político.

Así debemos recordarlo todos los ciudadanos, pero sobre todo quienes han sido elegidos o designados para ejercer funciones oficiales de acuerdo con parámetros republicanos.

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Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Bioeconomía, el ejemplo a seguir

La opinión de…..

Mauro Zúñiga Araúz

La evolución nos indica que cualquier error cometido por una especie puede significar su extinción, para lo cual tiene que ser eficiente: utilizar al máximo sus escasos recursos.

A mí siempre me llamó la atención que los genetistas encontraran en el ADN, que es la molécula de la vida, lo que denominaron “ADN basura”: fragmentos importantes del ADN a los cuales no se les encontraba función. Según ellos, esta molécula se limitaba a producir las proteínas celulares y a definir sus funciones.

Recientemente se ha descubierto que esto no es cierto, que tales fragmentos tienen la finalidad de regular todos los procesos celulares. La naturaleza no produce excesos.

Esto nos debe llevar a concluir que ningún crecimiento puede mantenerse sin mecanismos reguladores. Esto parece elemental, pero esa elemental norma de economía biológica no se extrapola al modelo económico vigente.

Desde que se desregularizó el dólar del patrón oro, ha habido un crecimiento económico sin precedentes. Las ambiciones de acumulación capitalista son desbordantes. Ese proceso no admite regulación. Camina con un afilado machete abriéndose camino entre la gente y la naturaleza. Ambas están supeditadas a él. Ambas son sus víctimas. Como le sucede a cualquier organismo no regulado, va a perecer. No puede haber un crecimiento infinito en un planeta finito. La crisis económica mundial es una clara señal.

Toda actividad económica sostenible debe tener dos objetivos: mejorar las condiciones de vida de la población y respetar la naturaleza. Eso es justo lo que no ha hecho el modelo actual. Cada día hay más pobres, más enfermedades emergentes, más calentamiento global, más especies desaparecidas, en fin más de lo malo y casi nada de lo bueno. Hay muchos foros mundiales, pero escasas respuestas. No puede mantenerse un sistema económico que se fundamente en la producción y el consumo.

El calentamiento global es un hecho cierto.   Todos lo estamos sintiendo a pesar de que las grandes empresas petroleras traten de ocultarlo, en su defecto tratan de acusar a las víctimas, señalando que la causa de este calentamiento es debido a los estilos de vida individuales. No dudo que eso contribuya, pero la emisión de gases tóxicos a la atmósfera proviene principalmente de las megaindustrias.

Pero el asunto no termina allí. Hay una nueva materia, llamada la geoingeniería, dedicada a manipular el agua, la tierra y el aire para neutralizar los efectos del cambio climático. Hay empresas dedicadas a verter en los mares partículas de hierro alegando que así se puede capturar el carbono emitido a la atmósfera. Es decir, el modelo quiere replicarse a sí mismo haciendo negocio con su fracaso natural.

En esa misma línea está la colocación en la estratósfera de azufre, para disminuir los efectos de la energía solar.    Para refractar la luz, la colocación de plástico blanco en los océanos y de películas reflectantes en los desiertos. También hay fuertes evidencias de que se están lanzando a la atmósfera productos con aluminio y bario.   Al aluminio se le vincula con la enfermedad de alzheimer. La inhalación de partículas de aerosoles también puede causar enfermedades pulmonares y cardiacas.   Pero esto, los gobiernos de los países del tercer mundo lo niegan. Hay otra mano invisible. ¿Y el protocolo de Kioto? Bien gracias, y usted.

Es en esta etapa de crisis del sistema económico dominante, donde van a aflorar los mayores peligros. Un sistema intrínsecamente deshumano y antinatural carece de la capacidad de reflexión. Se va a mantener a toda costa. Va a hacer uso de su tradicional arma de mantenimiento: la militar. La carrera armamentista se va a fortalecer.

La represión será a escala mundial. Aunque parezca una paradoja, el peor enemigo del sistema es el propio sistema. Santiago Alba Rico, escritor, ensayista y filósofo español sostiene que “el capitalismo es un sistema que cuando las cosas van bien, mata de hambre a mil millones de personas y si van mal, puede acabar con todo el resto”.

Ante este futuro pesimista, ¿qué nos cabe hacer? En primer lugar, los que pensamos así no estamos solos, pero estamos dispersos.   Veo que los distintos grupos de la sociedad civil persiguen objetivos genuinos, pero cada uno en su tema (ambiente, derechos humanos, étnicos, sociales, civiles, etc.). Esto es a nivel nacional e internacional. Si cada uno persigue su propio objetivo van a terminar por desgastarse, sin logro alguno.

En Panamá, la sociedad civil ya dio el primer paso. Ahora, el segundo es definir en qué tipo de sociedad queremos vivir.   Presentar una propuesta alternativa aglutinante. Los dogmas ideológicos ya fueron enterrados. La ruta ha de ser dentro de la democracia y la participación ciudadana.

Olvidémonos de los partidos políticos: son cascarones ahogados en el sistema hegemónico. Lo que existe es un fracaso político, económico, social y moral. Hay que reemplazarlo.

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Este artículo se publicó el 27 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cruzada por la paz

La opinión del Periodista…..

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DEMETRIO OLACIREGUI Q.

Los millares de panameños que marcharon el domingo, aglutinados en la Cruzada por la Paz, pidieron al presidente Ricardo Martinelli que potencie, dentro del sistema democrático y respetando los derechos humanos, la lucha contra el crimen, y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción. Demandaron al jefe de Estado adoptar una política criminológica fruto del consenso nacional que adquiera la jerarquía de política de Estado. El principio fundamental es que la lucha contra el crimen comprenda la prevención del delito, la represión institucional y la resocialización del delincuente.

La Cruzada por la Paz planteó que la participación ciudadana es pieza esencial para frenar la violencia y la inseguridad que golpea a todos los estratos de la Nación. De allí la urgencia de un amplio debate con todas las fuerzas vivas del país, los organismos de orden público y los operadores de justicia, con miras a lograr un acuerdo nacional sobre el tema de la seguridad pública. Como medidas concretas propusieron la adopción de una política criminológica, cuyo propósito fundamental sea promover la justicia social, de manera que se garantice la seguridad ciudadana a través de la atención oportuna y científica del fenómeno delictivo en todas sus manifestaciones.

Dentro de sus facultades, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública deberá tener bajo su cargo el Sistema Penitenciario Nacional. Aquí se llama con urgencia a crear la Ciudad Penitenciaria, con los más altos estándares de seguridad y de garantía de los derechos humanos, lo mismo que reforzar los controles migratorios para los países vecinos que puedan representar un riesgo para la seguridad de la ciudadanía.

La Cruzada por la Paz pidió al presidente Martinelli que retome los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, en particular lo que respecta a los derechos de las víctimas del delito, de acuerdo a una legislación que data de 1998.

La aprobación de proyectos de ley sobre el porte, tenencia, importación y comercialización de armas de fuego, y el que regule las agencias de seguridad privada del país, junto con la adopción de una política de Estado de cero tolerancia ante toda manifestación o forma de violencia y la reducción de los altos índices de impunidad existentes, también forma parte de las propuestas.

La Cruzada por la Paz reconoció la necesidad de elevar el nivel de vida, el equipamiento y la capacitación de la Fuerza Pública, paralelo a una campaña masiva de promoción de la carrera policial y de respeto a la institución. Una completa reingeniería del sistema de recepción de denuncias ciudadanas, debe contemplar la reactivación de los programas Vecinos Vigilantes y Policía Comunitaria, con el propósito de vitalizar la participación ciudadana e integrar a los agentes a las comunidades en las que presten servicios.

También propusieron la revisión y discusión de la Ley de Menores, buscando eliminar privilegios que apadrinan la delincuencia juvenil y que a la vez se garantice la resocialización de estos infractores, integrando programas y proyectos de prevención primaria que contemplen la atención de niños, adolescentes y jóvenes. Ello demanda disponer de recursos para el desarrollo de proyectos como centros juveniles de recreación, cultura y capacitación en los distritos que registran altos índices de delincuencia y violencia.

La implementación del Programa de Seguridad Vial No más corazones Azules perdidos en las vías, que abarque las escuelas primarias y secundarias mediante charlas que induzcan a conocer las consecuencias de no respetar las normas que rigen el tránsito en Panamá, forma parte de las propuestas.

La Cruzada por la Paz se comprometió a participar de manera propositiva con el Gobierno Nacional y los órganos Legislativo y Judicial, para que los puntos antes señalados se materialicen cuanto antes, con el interés de que las personas que habitan en Panamá gocen del sagrado derecho a la paz, la seguridad y la libertad.

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Este artículo se publicó el 27   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Consulta estilo panameño

La opinión de…..

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Rolando Anguizola Brenes

La actividad de consultar se manifiesta en dos vertientes, la que busca opinión de expertos en determinada ciencia o arte y por otra parte, la que pretende indagar el parecer o preferencia de la población en asunto que le afecta. Tomo de ejemplo la pena de muerte, materia de estudio para técnicos como sociólogos y criminólogos, pero también compete al pueblo y principalmente a las víctimas de homicidas, secuestradores y violadores.

La consulta por vía de una encuesta es el método más racional, técnico y efectivo para averiguar la opinión de una colectividad humana. Sin embargo a los panameños nos resulta difícil digerir resultados obtenidos con el escaso muestreo de 1300 – 1500 cabezas en 3 millones de habitantes; la encuesta imparcial y científica es tan precisa que no veo lejano el día en que la selección de los más importantes funcionarios del orbe se realicen con un simple muestreo de la que anticipadamente estoy bautizando con el nombre de Autoridad Encuestadora Oficial. En las elecciones presidenciales panameñas ya estamos acostumbrados a que el Tribunal Electoral “cante” al invariable ganador cuando a las 7 de la noche se manifiesta la tendencia del electorado con un 5 a 10 por ciento de los votos escrutados. Ojo, no estamos sugiriendo dar valor a empresas chuecas que venden sus resultados al mejor postor para dar crédito a mentiras, cuyos responsables debieran ser castigados con pena de cárcel.

No conozco un país en que las encuestas tengan valor vinculante como si fuesen ley, pero son instrumento de uso generalizado por industriales y comerciantes así como políticos, en campañas electorales o persiguiendo conocimientos u objetivos propios del oficio. En Panamá está de moda el tema por el abierto interés del gobierno de recurrir a la consulta pública (¿referéndum?) para determinar el querer o deseo de la población en algunos asuntos todavía no precisados. Líneas arriba he mencionado la pena de muerte, pero también están vivitas en política activa, cuestiones como la reelección, la estatización de las provincias, cambios en el método de escogencia de los supremos magistrados, libre postulación presidencial, el Tapón del Darién, la basura del alcalde.

Numerosos temas de probable “consulta” enrarecen la política nacional al extremo de que algunas personas los resumen en la necesidad de una nueva Constitución Política, lo que es igual a: todo un país saltando sobre el fijo de la navaja. En el asunto constitucional no estamos navegando en un mar electorero, es el caldo político más agitado del país, que – con o sin consulta – se ha tragado más de un Titanic. Ruego a Dios que nuestros gobernantes se iluminen y retiren o modifiquen sustancialmente el proyecto de ley de la consulta popular, recién presentado por el ejecutivo, a consideración de la Asamblea Nacional, que al rozar el tema constitucional toca la esencia política de nuestra Nación.

No hay lugar sobre la tierra, libre de terremotos y tsunamis cuando un grupo o clase dominante intenta por medios directos o indirectos, cambiar la Carta Fundamental. Tocando estructuras jurídicas primarias por vía de la consulta popular, pretendiendo obviar el referéndum constitucional, caemos de cabeza en la Atenas de Pericles. Pero en este siglo XXI, el país queda hollando arena movediza que más asemeja un guacho hirviente al estilo panameño.

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Este artículo se publicó el  27  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.