Justicia y memoria histórica

La opinión de…..

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Belisario Rodríguez Garibaldo

La Comisión de la Verdad desempeñó su rol investigador, tal como demuestran los informes presentados por su director, Alberto Almanza, al gobierno de Mireya Moscoso. Los militares responsables de diferentes crímenes han sido juzgados, condenados y cumplen su pena en prisión. Si el régimen militar tuvo un centenar de muertos y desaparecidos comprobados por la Comisión de la Verdad, el gobierno de Guillermo Endara (q.e.p.d.), junto con el Gobierno de EU tuvo la co-responsabilidad moral sobre miles de muertos y desaparecidos por la invasión del 20 de diciembre de 1989. Estos también eran panameños, tanto como los otros.

De la misma forma se debe, en aras de lograr una justicia reparadora, promover a la memoria histórica, y en deber de dignidad patria, crear una Comisión de la Verdad II que investigue sobre los muertos, desaparecidos y fosas comunes de la invasión norteamericana; que haga una investigación rigurosa, con listados de muertos y desaparecidos; que recabe testimonios y de ser necesario se exhumen fosas comunes para hacer el recuento de algunos fallecidos, como medio para saber con exactitud cuántos panameños fueron asesinados y desaparecidos en los bombardeos aéreos y operaciones militares de la invasión. Así como presentar una demanda internacional contra EU para la indemnización de los sobrevivientes y víctimas de esa acción de guerra contra Panamá, más presentar en tiempo oportuno un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que declare el 20 de diciembre como día de duelo nacional.

La memoria histórica tiene un rol testimonial, documental e investigador para esclarecer los hechos históricos y los acontecimientos en el devenir de una nación; otro rol de importancia hace referencia a la justicia como instrumento de la paz, siendo una forma de reconciliación social y garantía de una paz duradera, que solo podrá ser realizada a cabalidad mediante una justicia reparadora. A través de la investigación cabal de la historia, como a través de la acción imparcial del estado de derecho se debe juzgar moral o judicialmente a los actos de crímenes de lesa humanidad, con el registro de la cifra exacta y los nombres de la víctimas, muertos y fosas comunes, con la sepultura de honra que merecen, así como la debida indemnización de los Estados a los familiares sobrevivientes y las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Mauricio Gabotrit, en Memoria e Historia: Relato desde las Víctimas, afirma que: “La memoria de lo acontecido, además de tener un valor terapéutico colectivo, sienta las bases para un respeto por los derechos humanos, desarma la impunidad y su sistema de privilegios continuados para los verdugos y la prolongada descalificación de las víctimas, y, en definitiva, posibilita la institucionalización –por así decirlo– de la verdad”. Martín Beristain, en Reconstruir el Tejido Social, plantea que “… para las poblaciones afectadas por la violencia, la memoria histórica tiene el valor de reconocimiento social y de justicia, por lo que puede tener un papel preventivo de secuelas psicológicas negativas, y de prevención de atrocidades en el futuro”.

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Este artículo se publicó el 23 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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