Solución al problema de los estacionamientos

La opinión del Estudiante de Ingeniería…..

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MARIO QUINTERO

Estacionarse en la ciudad de Panamá es un verdadero dolor de cabeza. No hay día ni hora en que uno pueda estacionarse tranquilamente en un estacionamiento público o privado. Tan solo en los centros comerciales se puede estacionar con relativa comodidad, porque estos centros han entendido que la comodidad se traduce en ganancias.

Los estacionamientos son fundamentales en una ciudad, cuyo parque vehicular consta de unos 650000 vehículos y que recibe del interior del país y los distritos satélites, a diario, aproximadamente 140000 vehículos más. ¿Dónde se estacionan tantos autos?

Como muchos conductores, en varias ocasiones, he estado condenado a dar vueltas por las calles o estacionamientos, hasta encontrar algún lugar. Pensando en este panorama desolador para los conductores, leo el anuncio aparecido en los diarios del 19 de mayo, en el que se señala que el alcalde Bosco Vallarino ha dado “ un paso en firme para la construcción de estacionamientos subterráneos en la ciudad capital ”.

De concretarse el interés de la empresa Fomento de Construcciones y Contratos, F.C.C., principal constructora de infraestructuras en Europa, de construir plazas de estacionamientos en vía Argentina y avenida Cuba, entre otras, se beneficiaría inmensamente a la ciudad.

En efecto, la construcción de estacionamientos mejoraría la oferta de lugares para aparcar en varias áreas de la ciudad y de paso aliviaría el tráfico en las zonas altamente congestionadas, modernizaría la infraestructura urbana, dando a la ciudad un clima apropiado a una urbe activa y de gran movimiento comercial y, finalmente, como dice el anuncio, “ dotará de estacionamientos más seguros para los contribuyentes ”.

En fin, la construcción de estacionamientos subterráneos viene a resolver un problema de infraestructura, al tiempo que atraerá la inversión privada extranjera que, y esto es lo mejor, fortalecerá la empleomanía en la capital y no nos costará nada.

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Este artículo se publicó el 25   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Solo cuatro gatos

La opinión de…..

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Paco Gómez Nadal

¿Y ahora, qué hacemos? Si es que se los tengo dicho, la Iglesia católica tiene razón y hay que evitar los condones como al demonio.

Somos cuatro gatos y, según el presi, a veces montando un zaperoco.

O puede ser que los genios del censo se hayan equivocado y hayan preguntado menos de lo debido, que el bochinche es fuente confiable y ellos la descartan.

Que si fulanita parió pero escondida, que si hay 28 senegaleses debajo de la mesa, que si Punta Pacífica estaba vacía porque los blanqueadores no gustan de empadronamiento,  que si los ngäbes no entendían las preguntas y se dividían por cuatro, que si las amantes y los amantes podían ponerse como parte de la familia…

Somos pocos o estamos mal contados mientras el Canal ampliamos.   Lo grave es que la cifra que salga del recuento de papelitos es la que determinará las políticas durante los próximos 10 años, los presupuestos, las ayudas escasas internacionales… así que si la amiga del presi ha metido la pata hay que esperar que alguien meta las manos para arreglar el entuerto.

Claro que, visto con frialdad, esto es bueno.   Hará falta menos sociedad civil organizada para representar a tan poca gente. Es decir que con la partida discrecional de Presidencia podemos solventar los problemillas:   una operación en Estados Unidos, un cajón para el muertecito del interior, una ayuda para los niños cantores de la parroquia de no sé dónde, y un par de micrófonos para los que tienen debilidad artística y hablan como si cantaran.

También deberemos adaptar todas las estadísticas del país: seguro que ahora somos menos pobres, más felices, nos sobran tierras, ya no hace falta construir más hidroeléctricas, se redactará un decreto congelando el crecimiento de la construcción y el final del hacinamiento.   Nos sobra razones para estar contentos y nos falta gente para justificar tanto ministerio y tanta policía.   Es más, podemos fusionar y dejar que el Presidente descanse mientras la pareja de la buena educación Mulino–Cortés gobierna el país (si somos pocos, ellos se bastan y sobran).

También podemos hacer que el Conep se haga cargo de la seguridad del país, ya que organizan marchas por la paz (¿de dónde? ¿desde cuándo estamos en guerra? ¡Avisen!) que encantan al poder y que a pesar de ser inútiles y vacías logran que las cadenas de televisión inicien una guerra para hacerse con el show.   Llenarán en la cinta costera, eso sí, el vacío existencial en el que nos tiene el alcalde Bosco (tan discreto que no sabemos si tenemos alcalde) y con un poco de suerte pueden organizar para diciembre la cantada orgiástica de Noche de Paz a ver si a pesar de ser pocos logramos un récord mundial que no sea el de la estupidez.

Pero, sigamos viendo las ventajas del pírrico recuento: la seguridad alimentaria está garantizada por los Súper 99; nadie va a trabajar mucho porque una vez ampliado el Canal nos repartirán las utilidades a todos los censados y con eso podremos disfrutar de hamaca y brisa; podemos invitar a miles de gringos y europeos a que ocupen las casas vacías; se puede seguir con el plan de regalar costas y ríos porque no nos van a hacer falta y en caso de construir la carretera de Darién podemos volver a solicitar el ingreso en la Gran Colombia y nos ahorramos tomar decisiones; el Presidente podrá hacer audiencias públicas con todos los habitantes y para eso se contratará a Oderbrecht (parte de la familia panameña) para que construya una gigantesca plaza de reuniones en Mañanitas a donde llegará el metro para permitir el cómodo acceso de las masas a los diligentes oídos presidenciales…

Yo estoy orgulloso de ser uno de los pocos que vive acá, uno de los orgullosos cuatro gatos de los que el presi tan mal hablaba y que ahora parece que somos todos… Tenía la estúpida percepción de que éramos más y he asistido a algunos nacimientos, pero debe ser que no me están invitando a los funerales… Mi vida social está mal enfocada en este desierto humano en el que las tendencias son contrarias a las del resto del planeta.

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Este artículo se publicó el 25 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Acumulación por desposesión

La opinión de…..

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Juan Jované

El modelo concentrante y excluyente que caracteriza a la economía panameña, que ha permitido al polo dominante de la misma concentrar beneficios equivalentes a más de 9,000 millones de balboas anuales, gracias, entre otras cosas, a una caída inducida de la participación de los salarios en el valor agregado.

Este modelo, sin embargo, no solo genera una creciente acumulación de capital a partir de esta presión sobre el valor de la fuerza de trabajo, sino que el mismo, además, lo ha venido haciendo por medio de un sistemático proceso de desposesión de la población, el cual tiene el perfil de un efectivo movimiento de saqueo.

El elemento más visible de este movimiento es el abultamiento de las ganancias especulativas generadas a partir del presente episodio inflacionario, el que ha significado un incremento del costo de la canasta básica familiar alimentaria de cerca del 33.0%, hecho que se manifiesta en el creciente empobrecimiento de la población más vulnerable.

La desposesión, sin embargo, no solo se ha venido desarrollando por medio de la modificación de los flujos de ingresos.  Esta también ha tomado la forma de un traslado de activos propiedad de la comunidad nacional al poder del capital privado transnacional dominante, el cual abusa sistemáticamente de la población gracias a su poder monopólico.

Esto es claro, por ejemplo, en el caso de la privatización de la energía eléctrica y de la telefonía, así como en las concesiones leoninas de los espacios públicos para la construcción y explotación de los corredores. Esta dinámica, que el actual gobierno busca acelerar, también se expresa por medio los llamados procesos de cercamiento de los sitios comunes, cuando, por ejemplo, expulsa violentamente a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales con el fin de desarrollar represas, expropiar a la población de sus recursos hídricos y dañar ese bien común básico que es el ambiente, por la vía del desarrollo de los proyectos mineros.

La utilización de las palancas del poder del Estado para reducir los impuestos de los sectores dominantes y elevárselos a los sectores medios y populares, la priorización de proyectos de inversión pública, principalmente constructivos, destinados a beneficiar a determinados sectores del capital, así como la corrupción abierta son, desde luego, parte del proceso de acumulación originaría que hemos venido describiendo.

Ni siquiera los medianos y pequeños productores del campo y la ciudad son inmunes a esta forma de acumulación, tal como lo demuestra la disposición que tiene el capital comercial de sacrificarlos a cambio de los beneficios que espera recibir de los llamados tratados de libre comercio.

Todo esto significa que estamos frente a un modelo de funcionamiento que contiene profundas contradicciones con amplios sectores de la población.   En esto radica su debilidad y la posibilidad de una amplia alianza nacional, con capacidad de superar el esquema neoliberal y dirigir el país hacia una economía de contenido humano. Construir esa alianza es nuestra tarea prioritaria.

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Este artículo se publicó el  25  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La retórica de la complacencia

La opinión de…..

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Ramón Barreiro

En el debate político hemos asumido una manera de hablar, una retórica llena de frases populares que cuando aparecen en cualquier discurso logran la aprobación inmediata de muchos, la absoluta perplejidad de algunos y la repugnancia de pocos.   Me refiero a ese discurso al que llaman “políticamente correcto”, que más bien debiera ser tildado sencillamente como demagogia, y que  yo voy a llamar una retórica de la complacencia.

Cuando alguien se para y habla de “los consensos”, de la “democracia participativa”, del “derecho al desarrollo”, de “humanizar al mercado”, frases reiteradas una y otra vez en debates televisivos y discursos políticos, contenemos la respiración y asentimos verdaderamente complacidos; hemos encontrado la difícil y misteriosa solución a los “grandes temas”… Y nuevamente, le hemos dado la espalda a lo que necesita solucionarse, eso que sí es importante, los “pequeños temas”, los temas de las personas.

Los “grandes temas” son un engaño, ¡más de lo mismo!   Decir que tenemos derecho al desarrollo es sencillamente una mentira.   Los derechos implican que alguien está obligado a hacer algo para cumplir el objeto de esos derechos; en definitiva, si yo tengo derecho al desarrollo, alguien está obligado a dármelo, y una y otra vez aparecen políticos más que dispuestos a la faena. ¿Y qué es lo que nunca me dan entre promesa y promesa de desarrollo? El reconocimiento de verdaderos derechos que me van a permitir a mí desarrollarme: mis derechos de propiedad, mi derecho al comercio; es decir, el reconocimiento de que soy dueño de mi persona y bienes y que puedo disponer de ellas como me parezca.

“Humanizar el mercado” es otra de las favoritas. Como si éste fuera la creación de algunos para ser impuesto a todos, y como funciona, debemos preservarlo, pero haciéndolo más humano. Señores, un mercado no es una creación de nadie, es un fenómeno, es algo que sucede cuando las personas se juntan a comerciar. El mercado que tenemos es el resultado de nuestros usos de comercio. Si usted y yo percibimos que el mercado no es humano, será porque un político no nos reconoce nuestros derechos humanos, especialmente aquellos importantes en el ejercicio del comercio. Por supuesto, se reconoce que tenemos un “derecho al desarrollo”, o sea, a recibir la caridad del Gobierno.

“Los consensos” y la “democracia participativa” son frases siempre bienvenidos. Para empezar, ningún Estado puede subsistir si no existieron en su momento de fundación consensos muy concretos; básicamente una visión de país. Para saber cuáles son, no necesitamos hacer “comisiones” y “pactos sociales”, solo necesitamos estudiar historia, leer esos documentos apolillados que solo reconocemos por su nombre y no por su contenido, me refiero, a las dos declaraciones de independencia, a la Constitución de 1904, a las constituciones federales de nuestra etapa de unión a Colombia, y a obras como El Estado Federal de Justo Arosemena. Allí hay consensos muy concretos, como la igualdad ante la ley, o el derecho a comerciar, sobre los que ya podemos ir trabajando.

Y la nueva panacea, “la democracia participativa”… Recuerdan cuando los expertos decían que la transición a la democracia y su consolidación era lo que necesitaba América Latina para que llegara el desarrollo, ¿y qué pasó? Todos nos democratizamos y unos se desarrollaron y otros no. ¿Por qué? La democracia tiene poco que ver con el desarrollo. El desarrollo se consigue a través del trabajo y respetando que cada uno aproveche como quiera de sus frutos. La democracia, con todos los adjetivos que a usted se le ocurran, es un sistema de toma de decisiones, no es el edén político; es una manera de hacer que los políticos se esfuercen por convencer al resto de los ciudadanos, lo que parece ser mejor que dejar que sencillamente decidan entre ellos qué hacer con los ciudadanos. Lo que sí puedo asegurarle es que ningún político le va a dar a usted o a mí “el desarrollo”, o “un mercado más humano”; esas cosas las logramos usted y yo en la ausencia de los políticos.

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Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El poder del consumidor

La opinión de…..

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PEDRO MEILÁN


En los últimos años ha habido una tendencia a extrapolar el presente para anticipar el futuro y explotar sus beneficios. Con esto en mente, se han escrito decenas de libros y dictado cientos de seminarios para ilustrar a investigadores y pensadores sobre las nuevas ventanas de oportunidades y así construir los mapas que habrán de recorrer las próximas generaciones.

Como funcionario de la Acodeco, institución garante de despertar en la comunidad la conciencia del consumo responsable, siento el deber de confrontar algunas de estas proyecciones para tener una idea de hacia dónde vamos y qué podemos hacer.

Una de las situaciones que impactará rotundamente a los consumidores es la relacionada con el envejecimiento de la población. Cada segundo dos personas en el mundo cumplen 50 años. En Japón, por ejemplo, el porcentaje de personas arriba de los 75 años se estima aumentará en un 40% en los próximos diez años. También en Panamá, de acuerdo a la Contraloría, el segmento de la tercera y cuarta edad crecerá esta década a un ritmo elevado del 30%.

Las implicaciones de estos cambios demográficos ejercen también una enorme presión porque los consumidores tendrán que redoblar sus esfuerzos en materia de alimentación saludable para enfrentar la obesidad que este año afecta a un tercio de la población mundial y que en el 2025 alcanzará a más de la mitad. Igualmente, las garras del marketing no sólo ahora incluyen a las liposucciones y a las codiciadas cirugías rejuvenecedoras y tratamientos para detener las arrugas, sino que cada vez son más comunes los “bypasses” y cintas gástricas, con las consecuencias funestas que éstas puedan involucrar.

Otra situación que influirá a los consumidores en el futuro es el aumento de personas que vivirán solas. Actualmente, en los países industrializados, un promedio de 15% de las viviendas tienen un solo inquilino, con una tendencia de alcanzar el 30% en el 2020 y el 50% en el 2030. En Panamá, aunque los datos son preliminares, cada día existen más “solitarios”. Y las razones son variadas: la gente no quiere casarse, divorciarse es relativamente sencillo, las personas viven más años y cada día tienen menos niños.

A este ritmo, de menos nacimientos y menos defunciones, la población comenzará a declinar en el 2050, terminando así el ciclo apocalíptico de que el plantea iba rumbo a la superpoblación. Ya incluso aquí en el terruño se observan los primeros indicios en esta dirección: cerca del 15% de las mujeres panameñas no espera tener hijos y el 20% de los adultos están solteros (un aumento significativo se lo comparamos con el 8% de los años 70).

Todas estas observaciones ponen de manifiesto una gran verdad. Y es que, a pesar de los innumerables pronósticos que apuntan hacia un mundo globalizado, interconectado y ultra tecnificado, los consumidores —como especie sociológica— no parecen tener fecha de expiración.

Y aunque puedan existir dudas sobre si la ley de la oferta y demanda permanece, si las monedas nacionales desaparecen o si los factores de producción prevalecen, en lo que sí hay certeza es que los consumidores informados pueden convertirse algún día en los reyes del mercado.

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Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Celos que “matan”

La opinión de la periodista…..

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Adelita Coriat

El fin de la guerra fría y la proliferación en los métodos de terrorismo internacional han forzado cambios inéditos en torno a los servicios de inteligencia. Las amenazas actuales descansan en organizaciones terroristas internacionales y criminales, disposición de armas de destrucción masiva, inseguridad y migración que pueden convertirse en caldo de cultivo para actividades ilegales y, entre este variado menú, también preocupan las fuerzas armadas al margen de la ley.

Estos retos, y la constante búsqueda por el protagonismo informativo ante los altos mandos gubernamentales, ha provocado un celo indignante entre quienes luchan por la obtención de datos difíciles y peligrosos.

Esta lucha de procesamiento de datos motiva a muchos países a conseguirla y proporcionar a sus pares un mayor acceso a información más amplia; lo que se traduce en poder político, económico y control.

La dimisión de Dennis Blair, jefe de inteligencia de los EU, es una señal clara de que la lucha contra el terrorismo en ese país fracasó y requiere un replanteamiento.

La gota final la puso el frustrado atentado en Times Square hace un par de semanas. En diciembre el nigeriano Omar Faruk abordó un avión a Detroit como cualquier pasajero, pese a la información sospechosa que se tenía de él, no aparecía en la lista de restringidos. Un claro ejemplo de la falta de coordinación y participación de la información inter agencial norteamericana, que parece no haberse superado a pesar del atentado del 9/11.

Si a eso sumamos que el crimen organizado ha logrado infiltrarse y penetrar a altos mandos de las principales organizaciones antinarcóticos de EU, como recientemente lo reconoció el presidente Obama, podríamos estar presenciando las primeras señales de decadencia de una de las principales potencias mundiales.

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Este artículo se publicó el  24  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Leyes a favor del hampa

La opinión de…..

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JUAN R. MORALES

Hace algunas semanas, se dictó una ley que tiene que ver con el uso de las motos, a simple vista todo parece un paso necesario y positivo, pero si nos adentramos en las consideraciones que anotaré, encontraremos que dista mucho de su propósito.

Estas medidas de reglamentación en el uso de las motos lo que harán es limitar a mucha gente humilde en el uso de este transporte, que, además de adecuado para ellos, les soluciona un problema económico. Pero salta a la mente de muchos: ¿Cumplirán los sicarios con las disposiciones de esta Ley? Claro que no, el día que los sicarios quieran hacer uso de las motos, les importará un rábano lo dispuesto por la citada Ley.

No conozco el contenido de la Ley y no la necesito para esbozar los criterios que estoy presentando. Me pregunto, ¿cuales serán las sanciones que le aplicarán a los sicarios al ser sorprendidos en el uso indebido de las motos? La violación a la citada Ley, me imagino, tendrá sus castigos, pero qué puede significar para ese sicario esa sanción, si el propósito de ellos es matar y el crimen ya está tipificado en las leyes y tampoco les importa un rábano. Con penas muy por encima de lo que puede significar el uso indebido de las motos.

En otro orden de cosas, pero siguiendo la misma línea de pensamiento, pude ver que hay intenciones de reglamentar el uso de las armas, más de lo que están. Conste, no tengo armas, pero los sicarios, los hampones, los maleantes sí las tienen y las seguirán teniendo y podrán dictar leyes con todas las medidas que quieran y lo único que haría dicha ley es más engorrosos los trámites para quienes le dan el uso correcto: Su defensa personal, preservar su vida y la de los suyos.

Entonces, tendremos una sociedad indefensa y un bajo mundo armado hasta los dientes, porque ellos siempre tendrán armas. Dicten las leyes que dicten, ¿les importará algo?, definitivamente no.

Sería conveniente que la Asamblea Nacional se dedique a dictar leyes de beneficio social, de creación de obras que generen empleos, de incentivos a la juventud para que se aíslen de los malos hábitos y dejar de perder el tiempo en leyes que a la postre terminan beneficiando al bajo mundo y ello no es lo que queremos.

Hay que cerrar el cerco a los maleantes, no encerrar a la gente de bien en la indefensión, en el miedo, en la desesperación, porque con ello estaremos aniquilando el último resquicio de tranquilidad y ello no es lo que queremos.

Así son las cosas.


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Este artículo se publicó el 24   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Régimen carcelario, las cosas por su nombre

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Alfredo López Lewis

Desde nuestra perspectiva, para enfrentar los problemas lo primero que hay que hacer necesariamente es identificar integralmente su justa dimensión y diferenciar cada una de sus componentes causales para priorizar, sin embargo, más allá de la simple semántica la denominación que otorguemos de acuerdo a las circunstancias puede distorsionar la realidad de tal manera que nos imposibilite realizar esa tarea, por lo tanto conviene llamar las cosas por su nombre.

La propia ley define Sistema Penitenciario como “… el conjunto organizado, funcional y estructurado de elementos normativos, técnicos y científicos que definen la naturaleza de los centros penitenciarios” y obliga a que el mismo se fundamente en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social consagrados en la Constitución Política.

Lo cierto es que Panamá no cuenta con un Sistema Penitenciario sino con un régimen (modo en que se gobierna o se rige algo) carcelario cuyas decisiones poco o nada tienen que ver con aspectos técnicos o científicos, de otra forma las autoridades hubieran podido anticipar la crisis que actualmente se desata dentro de sus instalaciones carcelarias y discriminar entre aquello que constituye “urgencia” y lo que no.

El sistema de video vigilancia y la cerca perimetral en el centro penal con un costo que supera con creces los 700 dólares el metro (3.3 millones en total) que según advirtiera el ministro de Gobierno y Justicia era considerado prioridad y debía evitar cualquier intento de fuga, ha quedado claramente evidenciado como inoperante, por tanto, habría que concluir que no se justificaba esa inversión, mucho menos obviando los procedimientos de contratación pública vigentes.

De acuerdo a la Ley 55 de 2003, en su momento fue catalogada como una ley de vanguardia, el cumplimiento de la pena, el tratamiento aplicable a los privados y privadas de libertad, responderá a un sistema progresivo-técnico y será de carácter individual, de gradualidad por niveles previo estudio de personalidad; historial o antecedente de conducta criminal; diagnóstico, pronóstico y recomendación del tratamiento individualizado correspondiente, emitidos por una junta técnica del centro penitenciario, bajo el prisma de que fuera de los derechos suspendidos o limitados por el acto jurisdiccional que le priva de libertad, la condición jurídica del detenido es idéntica a la de las personas libres.

A pesar de ello y de haberse desarrollado la ley en mención a través del respectivo decreto, nada dentro de las actuaciones y decisiones de las autoridades carcelarias parece indicar intención alguna de dar cumplimiento a lo normado, así las cosas, la Ley de Sistema Penitenciario deviene en letra muerta.

Insistimos en que este problema, al igual que otros muchos que nos aquejan, cuenta con marco legal suficiente para una pronta solución, pero su cumplimiento requiere de voluntad y ejercicio de la autoridad conferida. Es necesario que comencemos a caminar en esa dirección, ya que el asunto merece más que paños tibios bajo el entendimiento de que se trata de un asunto de seguridad ciudadana y de interés público que requiere de un verdadero sistema penitenciario más que de un simple y antagónico régimen carcelario.

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Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inseguridad y cables cruzados

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Juan Manuel Castulovich

Desde que nació la República, existe un Órgano Judicial, encargado de “administrar la Justicia”, que debe actuar separadamente del Legislativo y el Ejecutivo, especialmente de éste. También existe, desde siempre, el ministerio de Gobierno y Justicia, aunque de esto último haga muy poco, que debe ser el competente para instrumentalizar “la armónica colaboración” entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial. Así debiera ser, pero no en Panamá. Y esa es una de las principales razones de que el problema de la inseguridad siga montado en una flecha ascendente.

El pasado domingo, una importante manifestación expresó la frustración de la sociedad panameña frente al aumento de la inseguridad y demandó acciones y resultados. El gobierno, asumamos que sin el ánimo publicitario que se ha convertido en su nota más distintiva, supuestamente se hizo eco de la protesta y el mismo día, en horas de la tarde, se reunió en Consejo de Gabinete e invitó a los organizadores para “escuchar sus planteamientos”, y a renglón seguido “hizo llamados y prometió medidas inmediatas”. Hasta allí, sonaba bien.

El presidente Martinelli, aunque fuera de perogrullo, reconoció que el problema es muy grave. Y, seguidamente, apeló a la “cooperación de la ciudadanía” para enfrentarlo, porque dijo “es un problema de todos”. Como retórica la frase puede sonar bien; pero no es válida, en tanto en cuanto equipara a gobernantes y gobernados en la responsabilidad de su solución.

“Las autoridades de la República (reza el Artículo 17 de la Constitución), están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. Y, para ello, se las dota de los recursos humanos, armas, equipos y toda la logística necesaria para que “los agentes” de la autoridad: la policía y todas las otras dependencias, que no son estamentos como es moda denominarlas, cumplan los fines del artículo citado. Además, solo el gobierno puede poseer armas de guerra (Art. 312 de la Constitución) y controla la posesión de otros tipos de armas, mediante su registro obligatorio.

La lucha contra la inseguridad es responsabilidad primaria de las autoridades; la capacidad de la ciudadanía, aparte de denunciar la comisión de algún hecho delictivo, es no solo limitada sino precaria. ¿Qué seguridad pueden garantizar las autoridades a quienes viven bajo el temor en las zonas y barrios de alta peligrosidad para que asuman el riesgo de ser denunciantes y poner en peligro su vida y las de sus familiares?

La prioridad en la lucha contra la inseguridad es la prevención. Y para prevenir hay que tomar acciones efectivas como, por ejemplo, “limpiar al país de armas ilegales” y castigar con severidad su posesión ilícita. Y como segunda prioridad, atacar las causas de la delincuencia que no es solamente el narcotráfico. También lo es la pobreza que castiga y condena a una vida miserable a un alto porcentaje de nuestra población.

Además, es urgente que cada ministerio y agencia, dentro de una “estrategia nacionalmente coordinada”, que no existe, cumpla sus funciones sin cruces de cables y sin imprudencias retóricas motivadas por la improvisación o el afán de figuración, cuyo último ejemplo es que después de la reunión del Gabinete, un seudo “ministro de Turismo” fue el encargado de opinar e informar sobre el “Sistema Acusatorio”.

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Este artículo se publicó el  25  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Retornemos al poder popular

La opinión de…..

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MARIO A. ROGNONI

En 1970 el general Torrijos tenía frescas en la mente las experiencias de la democracia que mantuvo Panamá hasta la revolución del 68. La Asamblea Nacional de Diputados había sido parte del deterioro de la democracia, los poderes económicos determinaban los candidatos y vencedores de los comicios, sesionaba solo tres meses al año y el resto una escuálida Comisión Legislativa Permanente se encargaba de legislar. Diputados electos en costosas campañas por provincia limitaban las opciones de la clase media.

Omar pidió a varios diseñar un nuevo sistema, el que eventualmente nace como Poder Popular. Se subió de nivel la figura del corregimiento y se crea un sistema con los 505 representantes de corregimiento como base. Se crean las Juntas Comunales y las Juntas Locales. Lo más innovador fue la forma de elegirlos, sin partidos políticos, simplemente se inscribían los interesados con firmas de apoyo y los cinco más respaldados iban a la elección con colores sorteados al azar para su campaña. El Poder Popular recogía así los líderes naturales del corregimiento.

De no haber muerto Torrijos, quizás el experimento hubiese podido seguirse y mejorarse, para garantizar un verdadero sistema democrático y popular. Pero la fuerza de la sociedad civil y el resurgimiento de los partidos políticos acabaron el experimento. La Asamblea de Legislación y luego la Asamblea Nacional de Diputados retornaron al pasado. Hoy, nuevamente, no legislan los líderes naturales ni siquiera los mejores hombres, hoy se da una combinación de figuras con apoyo económico mezclado con rellenos de papeletas, donde la capacidad, experiencia, integridad no son parte del perfil necesario. Se requiere una dosis de popularidad acompañada de recursos y la maquinaria partidista hace el resto. Los liderazgos que hoy vemos en la Asamblea son efímeros en su gran mayoría, los discursos distan de piezas de oratoria, los debates más producen penas que glorias.

Y, curiosamente, las comunidades cada vez más buscan al representante de corregimiento para resolver sus problemas. Hoy un gobierno que realmente desee apoyar al pueblo debería trabajar más cerca al representante que al diputado. Es con el representante que puede hacerse una verdadera evaluación de necesidades y proyectos que la comunidad quiere y necesita. Si yo fuese ministro de Planificación basaría todas mis proyecciones en sus requerimientos, entonces, ¿por qué no darle igualmente el poder de legislar mediante algunas fórmulas que reemplacen a los diputados?

El tiempo ha dado la razón a Omar, hoy tenemos que reconocerle la visión al crear el Poder Popular. Tenía razón, aún cuando nos fracasó en el primer intento, creo amerita volver a intentarlo. Dejemos la demagogia, si ahora le toca al pueblo, demos al pueblo el poder. No podemos seguir en la escalada de costos electorales que obligarán a invertir más de varios cientos de miles de dólares para ser diputado, lo que los obliga posteriormente a entrar en negociados para recuperar lo invertido. Retomemos el poder popular, volvamos ahora a los 505, aunque sean 565, y demos una lección al mundo en lo que es democracia popular participativa, agradecidos de la visión del general.


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Este artículo se publicó el 25 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El etanol como combustible

La opinión de…..

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Wolfram E. González M.

He escuchado rumores y algunos periodistas me han estado preguntando acerca de mis impresiones acerca de una ley, que parece estar en evaluación, para aprobar mezcla de gasolinas con etanol. Me sorprende dicha iniciativa y me impacta que no hayan consultado con los involucrados en el tema. Por ejemplo, la ADAP (que agrupa a los distribuidores de autos), las petroleras, las estaciones de servicio, las zonas libres de combustibles y con los que somos propietarios de autos y debemos tener la libertad de decidir el tipo de combustible con el cual abastecemos nuestros autos.

Es importante verificar nuestro parque automotriz y establecer si los fabricantes permiten usar combustibles con alcohol. De ser así, se debe conocer el porcentaje de la mezcla, establecer dónde se mezclará el combustible con el etanol y si las instalaciones en las estaciones de combustibles son adecuadas para manejar etanol.

Como conocedor del tema invito a los propulsores de tal iniciativa a dialogar, incluso, a un debate de altura que sume a todas las partes que pueden resultar afectadas.

El proyecto de etanol, me parece un negocio para alguien, más que una verdadera idea para conservar el medio ambiente. Respecto a la mezcla de alcohol con gasolina enumeró mis inquietudes:

1. ¿Se cuenta con el visto bueno de los fabricantes de autos, al menos de los que más se importan a Panamá?

La mayoría de los vehículos no soporta más del 10% de alcohol en sus líneas de combustible, ello ocasionaría daños al sistema. Los autos modernos son sensitivos y vienen calibrados para la mezcla en la cámara de combustión. Inyectores y líneas de combustible, al igual que el cerebro electrónico, pueden sufrir daños.

2. ¿Sería otra oferta de gasolina, adicional a las existentes, la que se mezclaría con alcohol? o ¿tanto la actual, de 91 y 95 octanos, serían mezcladas obligatoriamente con etanol? ¿Sería la única oferta al consumidor?

Esto último impediría al consumidor decidir el producto y el precio a pagar. Por ende, limitaría la libertad de quien pagó por el vehículo y le acarrearía problemas y reparaciones.

3. En cuanto a la producción de caña ¿hay suficientes terrenos dedicados a cultivar caña para producir etanol en Panamá o se importaría de otro país? En este caso se beneficiarían los importadores. Además, ¡sería lo mismo! Importaríamos alcohol en lugar de gasolina.

4. El precio de producir etanol no es necesariamente más barato, además, compite con la azúcar de caña. ¿Qué pasaría si el mercado internacional tiene un precio mayor para el azúcar que para el etanol? ¿Mantendrían los productores el suministro de etanol para consumo interno?

5. El alcohol rinde menos por kilómetro que las gasolinas. ¿Han tomado esto en cuenta?

6. El alcohol absorbe agua y esto afecta la combustión en un motor. Además es corrosivo a los materiales del auto y de los dispensadores.

7. Al momento en que se dé un desperfecto en un auto, ¿quién es el responsable? Lo lógico sería reclamar a la marca de estación donde se abasteció ¿correcto? Hoy día es así, pues la estación de servicio es responsable por el producto que venden. Bajo esta nueva ley, serían dos suplidores para su combustible, uno provee la gasolina y el otro el alcohol. ¿A quién se le reclamará? ¿Al Gobierno?

8. No existirá tal ahorro. La ventaja sería solo menor contaminación. Tal vez se crearían nuevas fuentes de trabajo, siempre y cuando no se importe el producto.

9. El alcohol es mezclado con gasolina solo cuando sale hacia la estación de combustible. Esto se debe a sus propiedades y a la capacidad de absorber agua, especialmente en Panamá donde es alta la humedad relativa. ¿Existe alguna facilidad dentro de una zona libre de combustibles adecuada para dicho proceso de mezcla?

Les recuerdo que los tanques actuales no son aptos para almacenar alcoholes.

10. De llevarse adelante el proyecto, ¿bajaría el Gobierno el impuesto de los combustibles en igual proporción?

Por último, me quiero referir al tema de Brasil, que conozco bien. Brasil inició este proyecto de promover etanol para consumo de sus autos durante la crisis petrolera de la década de 1970.

Aunque Brasil tiene petróleo, decidió vender el crudo, porque obtiene buenas ganancias de ello, pero internamente consume alcohol para los automóviles. Incluso, importan gasolina para sus mezclas con alcohol para el mercado doméstico.

Un aspecto importante es que Brasil tiene vastas extensiones de terreno en donde siembra caña, además cuenta con industrias automotriz y aeroespacial propias. Los motores de sus vehículos son diseñados en función del combustible que van a usar. Nuestro caso es totalmente diferente (a menos que nos obliguen a conducir autos brasileños).

Brasil lleva 40 años de aprendizaje. De igual manera, el equipo dedicado la siembra y cosecha de la caña de azúcar consume combustibles derivados del petróleo: diésel, que contamina más al cubrirse mayor área de cultivo.

Mi recomendación es bajar el consumo de combustibles mediante una ley que incentive el uso de vehículos con motores eficientes y de menor cilindrada. Promuevan la importación de autos híbridos a Panamá. Premien a los autos eficientes y de menor consumo con ventajas en el registro y pago de impuestos. Esto es lo que se hace en países del primer mundo.

Hay alternativas para reducir la contaminación pero tienen que ser bien pensadas y planificada su implementación. “Esta pobre iniciativa no es una de ellas”.

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Este artículo se publicó el 25   de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Justicia y memoria histórica

La opinión de…..

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Belisario Rodríguez Garibaldo

La Comisión de la Verdad desempeñó su rol investigador, tal como demuestran los informes presentados por su director, Alberto Almanza, al gobierno de Mireya Moscoso. Los militares responsables de diferentes crímenes han sido juzgados, condenados y cumplen su pena en prisión. Si el régimen militar tuvo un centenar de muertos y desaparecidos comprobados por la Comisión de la Verdad, el gobierno de Guillermo Endara (q.e.p.d.), junto con el Gobierno de EU tuvo la co-responsabilidad moral sobre miles de muertos y desaparecidos por la invasión del 20 de diciembre de 1989. Estos también eran panameños, tanto como los otros.

De la misma forma se debe, en aras de lograr una justicia reparadora, promover a la memoria histórica, y en deber de dignidad patria, crear una Comisión de la Verdad II que investigue sobre los muertos, desaparecidos y fosas comunes de la invasión norteamericana; que haga una investigación rigurosa, con listados de muertos y desaparecidos; que recabe testimonios y de ser necesario se exhumen fosas comunes para hacer el recuento de algunos fallecidos, como medio para saber con exactitud cuántos panameños fueron asesinados y desaparecidos en los bombardeos aéreos y operaciones militares de la invasión. Así como presentar una demanda internacional contra EU para la indemnización de los sobrevivientes y víctimas de esa acción de guerra contra Panamá, más presentar en tiempo oportuno un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que declare el 20 de diciembre como día de duelo nacional.

La memoria histórica tiene un rol testimonial, documental e investigador para esclarecer los hechos históricos y los acontecimientos en el devenir de una nación; otro rol de importancia hace referencia a la justicia como instrumento de la paz, siendo una forma de reconciliación social y garantía de una paz duradera, que solo podrá ser realizada a cabalidad mediante una justicia reparadora. A través de la investigación cabal de la historia, como a través de la acción imparcial del estado de derecho se debe juzgar moral o judicialmente a los actos de crímenes de lesa humanidad, con el registro de la cifra exacta y los nombres de la víctimas, muertos y fosas comunes, con la sepultura de honra que merecen, así como la debida indemnización de los Estados a los familiares sobrevivientes y las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Mauricio Gabotrit, en Memoria e Historia: Relato desde las Víctimas, afirma que: “La memoria de lo acontecido, además de tener un valor terapéutico colectivo, sienta las bases para un respeto por los derechos humanos, desarma la impunidad y su sistema de privilegios continuados para los verdugos y la prolongada descalificación de las víctimas, y, en definitiva, posibilita la institucionalización –por así decirlo– de la verdad”. Martín Beristain, en Reconstruir el Tejido Social, plantea que “… para las poblaciones afectadas por la violencia, la memoria histórica tiene el valor de reconocimiento social y de justicia, por lo que puede tener un papel preventivo de secuelas psicológicas negativas, y de prevención de atrocidades en el futuro”.

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Este artículo se publicó el 23 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.