Cultura constitucional

La opinión de…..

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Raúl E. Olmos E.

En la sociedad panameña se desenvuelven múltiples actividades que son el reflejo meridiano del orden constitucional, siendo en el plano de la justicia penal donde se producen con mayor intensidad tales vivencias, pues en ese ejercicio se pueden limitar derechos fundamentales, tales como la libertad, la privacidad de las correspondencia, de las comunicaciones, del domicilio, para citar las más significativas.

De ahí la importancia de que los ciudadanos entiendan y conozcan cómo una autoridad puede limitar tales derechos y esto dentro del espacio que suscita un proceso penal.

En la actualidad, con el modelo inquisitivo, el fiscal tiene todos los poderes para allanar un domicilio, detener a una persona, en fin una serie de medidas que adopta con miras a lograr los elementos de convicción para acreditar el delito y la responsabilidad criminal de una persona.

En el esquema acusatorio, tales medidas serán debatidas y decididas ante un juez de garantías, quien de manera permanente tendrá que despachar tales solicitudes que al efecto le formule el fiscal.

Ello sin duda va a despertar el interés y la curiosidad de los asociados en cuanto a la cultura constitucional, en el sentido de que existirá un mayor control al momento en que las autoridades encargadas de perseguir el delito pretendan suprimir un derecho fundamental.

Ello impactará en la labor que realizan los entes que persiguen día a día el crimen, como son los estamentos policiales, quienes deberán ejercitar sus funciones cuidando que las actuaciones sean a tono con la Constitución Nacional y la ley.

Es simple, habrá más control a la hora de afectar un derecho constitucional y en ese marco el juez de garantías será el nuevo protagonista y la nueva cara de la justicia penal.   Por tanto, en las decisiones que estos adopten en el día a día, la sociedad podrá conocer y entender la importancia que tienen sus garantías consagradas en la carta fundamental.

El próximo año, en las provincias de Coclé y Veraguas entrará en vigencia la Ley No. 63 que implementa el sistema acusatorio, de contenido adversarial, y en el cual se ofrecen los espacios funcionales antes enunciados; solo queda que a las instituciones involucradas se les dote de los medios materiales y humanos que inicie esa nueva forma de tratamiento procesal del delito e ingresemos a la órbita de países que ya tienen el sistema.

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Este artículo se publicó el 18 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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