Disturbios y penas

La opinión de…..

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Alfredo Ernesto Pascal


El ejercicio estatal de determinar qué conductas humanas son merecedoras de una sanción penal, desde que existe la conciencia social, ha sido un tema polémico. El penalista alemán, Claus Roxin llamó al procedimiento penal como el sismógrafo de la constitución del Estado. En nuestro caso, la reciente criminalización del uso de la violencia durante una manifestación o reunión ha prendido las alarmas en algunos círculos.

Obviamente, para los usuarios cotidianos de métodos violentos y sus acólitos reivindicadores de la lucha armada esta medida fue un golpe a la yugular. Dicen ellos que este gobierno es ilegítimo, que la democracia es solo una idea vana y propia de una burguesía adicta a su blackberry y centros comerciales; y todo acto, aunque sea violento, se ve justificado ante el contexto político-social actual.

Para muestra un botón, es la alérgica reacción a la reciente criminalización del uso de la violencia, donde argumentan, falazmente, que pronto seremos víctimas de un gobierno opresor y que la bota militar nos hará crujir nuestras tráqueas mientras damos gritos de libertad. Obviamente, lo que no quieren es abandonar la utilización metódica de la violencia. Por lo que argumentar que en la República de Panamá se justifica el uso de la fuerza para hacer valer sus derechos, es como siempre, un ejercicio estéril y provocador.

Dicen que la democracia es una idea vana, pero ahí están sus derechos, es más, el discurso de alguno de los dolidos por la sanción penal antes descrita, es igual o más violento que sus actos, pero nadie los persigue, ninguno está detenido ni perseguido ni mucho menos exiliado y al menos en el caso de los opositores sistémicos, la razón principal es que por 40 años en vez de consolidarse como un proyecto político viable, se profesionalizaron como defensores de la sustracción sistemática de libertades, cuya única forma viable de captar atención fue la de hacer retenes ilegales en las carreteras, de apedrear a quienes tuvieron la mala suerte de encontrárselos y en algunos casos, sujetos a toda clase de vejámenes; mientras devotamente hacen venia a dictadores tropicales que en sus feudos no permiten ni siquiera las reuniones sin el consentimiento estatal.

Los que justifican la violencia sacrifican los derechos de todos, dan discursos cargados de ira y envidia para luego, cínicamente, exigir paz y equidad social. Esto es inaceptable, por ende, todo desdén al Estado de derecho debe ser criminalizado; tampoco podemos aceptar la idea de que para obtener algo se deba crear un ambiente de zozobra sobre aquellos que están en desacuerdo.

Debemos entender que cualquier agresión, ya sea contra una parada de autobús, un automóvil o un policía, es un acto contra todos como sociedad.

No es el hecho de expresar una inconformidad en la calle, es utilizar la violencia. En palabras de Fernando Savater, “la convivencia democrática exige la derrota inequívoca de la violencia, de la ideología legitimadora de la violencia y de la cultura hagiográfica de la violencia”.

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Este artículo se publicó el  5  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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