Jueces, seguridad jurídica y corrupción

La opinión de…..

.

Hernán A. De León Batista


Desde el inicio de la República, podemos encontrar nombres de magistrados y jueces que le han dado prestigio al Órgano Judicial como institución encargada de velar por la aplicación del justo derecho, conforme a investigación realizada por Carlos Cuestas, secretario general de la Corte Suprema de Justicia, en La evolución de la Organización Judicial Panameña durante la República: los primeros 50 años e, igualmente, en una continuación de los últimos 50 años, con motivo de la celebración del centenario de la República, donde incluso varios jueces de circuito de los primeros 50 años de vida republicana llegaron a ocupar cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, gracias a que mantenían una hoja de vida intachable y quienes, pese a la inexistencia de una Ley de Carrera Judicial, obtuvieron una permanencia indefinida en la institución.

Sin embargo, ha quedado en la historia que en los años siguientes prácticamente los magistrados y jueces eran sumisos a las decisiones de los cuarteles, salvo algunas excepciones. Ahora podría darse esa sumisión frente a poderosos intereses económicos y políticos, lo que afectaría la seguridad jurídica y el combate a la corrupción, del cual el Órgano Judicial tal vez no se escapa.

Como un medio de fortalecer el Órgano Judicial, y de manera especial la independencia judicial, nace en 1991 (siendo presidente de la Corte en ese entonces Carlos Lucas López) el Reglamento de Carrera Judicial que todavía rige y cuyo contenido, específicamente en materia de selección de magistrados y jueces, debería modernizarse por el hecho de que, en mi humilde criterio, el mecanismo de obtención de puntaje tal vez no sea el más apropiado para ponderar o valorar muchos aspectos que deben rodear a un verdadero juzgador, como son la comprobada honestidad, ética, independencia de criterio, conocimiento exhaustivo de la lógica y hermenéutica jurídica, entre otros.

Aunado a lo anterior, en la etapa de exámenes –actualmente de escoger la mejor respuesta– se corre el riesgo de que ocurran filtraciones.

No obstante lo anterior, considero que el paso dado por el actual presidente de la Corte, Aníbal Salas Céspedes, en cuanto a cambiar los exámenes para aspirantes de distintos cargos en el Órgano Judicial, así como de divulgar públicamente los resultados de puntaje e impugnaciones en la página web del Órgano Judicial (www.organojudicial.gob.pa ), son muestras del avance de la institución en materia de transparencia.

Lo criticable es la obsolescencia del procedimiento de selección de jueces, ya que al fin y al cabo se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva, porque lo importante no es participar sino ganar. Hay mucho esfuerzo en juego y el premio suele ser un trabajo vitalicio.

Al designarse un juez, entramos inmediatamente en el plano de la seguridad jurídica –certeza del derecho–, ya que sus decisiones tienen una amplia repercusión e impacto en la actividad económica de un país, así como en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. De ahí que los beneficios derivados de la seguridad jurídica en el marco de la gobernabilidad y el progreso económico han sido reconocidos desde hace tiempo por parte de organismos internacionales, instituciones públicas, entidades del sector privado y de la sociedad civil en su conjunto. Tanto así es la importancia que empresas calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s o Moody’s realizan un amplio examen al desarrollo del sistema de justicia de un país.

En cuanto a la corrupción, es un mal existente en todos los tiempos, pero que ahora se hace más notorio gracias a la divulgación de los medios y el establecimiento de mecanismos para contrarrestarlo, pero aun así es difícil combatirlo. Y para ello, las partes en un proceso tienen la vía de presentar quejas o denuncias contra los jueces, aunque muchas veces algunas son infundadas con el propósito de tomar venganza.

Ejemplo de ello es el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien en la actualidad enfrenta ante sus jueces –el Supremo– la tercera querella por prevaricación, esta vez a causa de supuestas escuchas en la cárcel de las conversaciones mantenidas entre los letrados del caso Gürtel y sus clientes. En este sentido, sólo una decisión prudente, equitativa y responsable sobre su eventual suspensión podría salvar la honorabilidad de la justicia española.

Ojalá en Panamá los nuevos jueces sean escogidos en el estricto apego a la ética más que por un mero favoritismo sin causa, ya que aparece incluso en los registros noticiosos la existencia de un magistrado de Tribunal Superior que supuestamente no tenía título de abogado.

¡Amanecerá y veremos!

<>

Este artículo se publicó el  30  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: